HISTORIA DE EXIGENCIAS

Por Armando Maya Castro

Enrique Peña Nieto compareció ante la Conferencia del Episcopado Mexicano

Tras la promulgación de la Constitución de 1857, la Iglesia católica enfrentó al gobierno por considerar que algunos de los artículos de esa ley constituían una amenaza para sus intereses. En respuesta al proceder del clero, Benito Juárez promulgó las Leyes de Reforma, donde se estableció, entre otras cosas, la separación entre la Iglesia y el Estado. 

La Cristiada fue el segundo enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia católica. Este conflicto fue originado por la entrada en vigor de la ley que reforma el Código Penal, llamada también Ley Calles, cuya pretensión era llevar a la práctica los artículos 3°, 5°, 24, 27 y 130 de la Constitución de 1917. 

Como respuesta a la Ley Calles, “algunos obispos protestaron y formaron su brazo político: la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa (LNDLR); el Episcopado Mexicano consultó a la Santa Sede para llevar a cabo la suspensión de cultos en las iglesias el mismo 31 de julio como forma de presión al gobierno; el Papa aprobó la medida. Al conocer las intenciones de los católicos, el Estado ordenó que las iglesias fueran cerradas e inventariadas en los casos que se suspendiera el culto religioso”.

De 1926 a 1929, el conflicto cristero ensangrentó al país y acrecentó la polarización de la población mexicana, además de provocar un deterioro en las condiciones de vida de un elevado número de mexicanos. 

Desde entonces, la jerarquía católica no ha cesado de exigir al Estado mexicano la modificación de los artículos constitucionales ya mencionados. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el clero logró la reanudación de relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano, así como los cambios constitucionales efectuados en 1992. Logró la modificación del marco legal vigente desde 1917, pero no las reformas liberales efectuadas por Juárez y los hombres de la Reforma.

En las últimas dos décadas, los jerarcas católicos han seguido presionando a los poderes ejecutivo y legislativo en el afán de lograr los cambios constitucionales que les permitan recuperar y ampliar los privilegios de antaño. En el 2000, Vicente Fox se comprometió mediante el llamado “decálogo de campaña” a realizar las reformas constitucionales que exigía el clero. La conformación del Congreso de la Unión impidió que el guanajuatense le cumpliera al episcopado. 

El 15 de diciembre de 2011, los diputados del PRI y del PAN aprobaron la reforma del artículo 24 constitucional; los senadores de ambos partidos hicieron lo propio el pasado 28 de marzo, luego de emitir un dictamen que contradice al de los Diputados, asegurando en el mismo que el Estado laico está bajo buen resguardo. El proceder del PAN a nadie sorprendió, pero sí la postura del PRI, partido que –según su Declaración de Principios– “considera al Estado laico como un compromiso histórico irrenunciable y factor básico de la convivencia y la vida republicana”.    

Hay quien ha dicho que aunque los legisladores de ese partido puedan estar a favor del Estado laico, “ante instrucciones precisas que vienen de arriba, léase Enrique Peña Nieto, doblegan su voluntad e ideales y apuran una reforma pactada en la cúpula, entre el virtual candidato de su partido y el episcopado católico”.

Preocupan los comentarios vertidos por Peña Nieto durante su comparecencia ante los obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el pasado 19 de abril. En esa ocasión, señaló que dicha libertad “beneficia sobre todo a las personas, más que a las instituciones. A la libertad religiosa plena la considero un gran logro social”. 

Elio Masferrer Kan declaró recientemente al periodista Rodrigo Vera del semanario Proceso que “el episcopado mexicano se alió con Televisa y con el PRI en lo que respecta a la construcción de la imagen del candidato presidencial priista. Peña Nieto le debe mucho a la Iglesia en su carrera por llegar a Los Pinos”, aseguró el investigador. 

El entrevistado habló también de Ricardo López Pescador, autor de la iniciativa de reforma del artículo 24 constitucional, cuyo proyecto “contemplaba reformas a los artículos tercero, 24 y 27 de la Constitución. Éstas incluían dar instrucción religiosa en las escuelas públicas. Y no es que López Pescador se haya inspirado por el Espíritu Santo, sino más bien por el equipo de Peña Nieto, ya que el legislador tiene vínculos con el Grupo Atlacomulco”, señaló Masferrer. 

El rechazo a la reforma del artículo 24 por parte de muchos legisladores priístas en los congresos locales demuestra que los diputados del PRI sí pueden actuar libremente, más allá de las líneas o consignas que pudieran existir.