Por Armando Maya Castro
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| Juárez y los hombres de la reforma limitaron el poder de la Iglesia católica, no sus libertades |
"La historia de muchas libertades en
México es la historia de la limitación del poder de la institución católica",
afirma Roberto Blancarte, investigador de El Colegio de México. Al ejemplificar
su aseveración, el especialista en temas de religión y laicidad, señala:
"Una de las primeras libertades civiles fue precisamente la libertad de
creencias y de culto, misma que debió
ser impuesta en contra del parecer de la jerarquía católica".
En varios países, y en diferentes momentos
de la historia, los jerarcas católicos se han opuesto a las leyes que han sido
creadas para garantizar las llamadas libertades fundamentales. Casi siempre, sus
protestas han sido enérgicas y se han hecho bajo el argumento de que dichas leyes intentan
limitar las libertades de la Iglesia católica, en vez de reconocer ante la
gente que han impugnado leyes que entorpecen sus aspiraciones políticas y
económicas.
Sobre este punto en particular, conviene que
veamos lo que ha dicho el teólogo brasileño Leonardo Boff, una de las voces más
críticas de la Iglesia católica en Latinoamérica, y quien fue juzgado en 1984
por la Congregación para la Doctrina de la Fe, presidida en ese tiempo por Joseph
Ratzinger: "La Iglesia-institución tuvo que defenderse de quienes
propugnaban libertades. De ahí que, especialmente a partir del siglo XVI, la
Iglesia se definirá por los 'contra': contra la reforma (1521), contra las
revoluciones (1789), contra los valores hoy consagrados, como la libertad de
conciencia, condenada todavía en 1846 por Gregorio XVI como ‘deliramentum’ (DS 2730),
la libertad de opinión, anatematizada como 'pestilentísimo error' por el mismo
Papa (DS 2731), contra la democracia, etc.” (Leonardo Boff, Iglesia, carisma y poder: ensayos de eclesiología militante, Sal
Terrae, Cantabria, 1982, p. 105).
En nuestro país el clero se definió
también por los “contra”: contra la independencia de México, contra la
Constitución de 1857, contra las Leyes de Reforma de 1859-1860 (elevadas a
rango constitucional en 1873) y contra la Constitución de 1917. Es importante
mencionar que la intención de los liberales de mediados del siglo XIX no era
limitar las libertades de la Iglesia católica, sino crear leyes capaces de consolidar
la independencia nacional y el crecimiento económico de México. Esto último se
logró cuando entraron en circulación las riquezas acumuladas por la Iglesia
católica.
En la lucha contra los liberales,
encabezados por Juárez y Santos Degollado, la Iglesia católica no estuvo sola;
contó con el apoyo decidido e incondicional de las clases sociales
privilegiadas y del Partido Conservador, quien ganó algunas batallas en el
marco de la Guerra de Reforma (1857-1860), pero terminó siendo derrotado por el
ejército liberal.
No se necesita un análisis muy minucioso para
darnos cuenta que ninguna de las leyes liberales limitaban las libertades de la
iglesia católica. Limitaban, eso sí, el afán de ganancias y la sed de poder de la
jerarquía romana, poseedora –en ese tiempo– de las dos quintas partes de la
riqueza de la nación.
“No debe olvidarse –afirma Sergio Guerra
Vilaboy– que hasta la aplicación de la Reforma, la Iglesia católica poseía en
México casi la mitad de las tierras de cultivo, y las que no le pertenecían
pagaban cuantiosos censos o capellanías o en gran parte estaban en manos de
terratenientes señoriales, que constituían una especie de aristocracia
enfeudada vinculada al clero por las leyes canónicas y mediante el vínculo de
las deudas" (Adalberto Santana y Sergio Guerra Vilaboy (compiladores), Benito Juárez en América Latina y el Caribe,
UNAM, México, 2006, p. 47).
Insisto: las leyes que crearon Juárez y
los hombres de la reforma nunca impidieron el quehacer religioso de la iglesia
católica; no eran contrarias a la libertad religiosa, sino a los intereses de
un clero ávido de riqueza y dominación, vinculado irremisiblemente a los
poderosos de la época. La historia se repitió en la segunda década del siglo XX:
la Constitución de 1917 generó insatisfacción en la jerarquía católica, quien
se opuso a la redacción de los artículos 3°, 5°, 24, 27 y 130 de ese código.
Acostumbrados a los privilegios y
prerrogativas que recibieron durante el porfiriato, los obispos católicos protestaron
al proclamarse la Carta Magna que actualmente nos rige: "Ese Código hiere
los derechos sacratísimos de la Iglesia católica, de la sociedad mexicana y los
individuales de los cristianos; proclama principios contrarios a la verdad
enseñada por Jesucristo, la cual forma parte del tesoro de la Iglesia y el
mejor patrimonio de la humanidad; y arranca de cuajo los pocos derechos que la
Constitución de 1857 (admitida en sus principios esenciales como ley
fundamental por todos los mexicanos) reconoció a la Iglesia como sociedad y a
los católicos como individuos" (El
Universal, 24 de febrero de 1917).
La oposición del clero a la Constitución de 1917 se
repitió en la administración de Plutarco Elías Calles, quien buscó limitar la
participación del clero en la vida pública. Las medidas callistas
desencadenaron la furia de los altos jerarcas de la Iglesia católica, quienes
dispusieron el cierre de los templos, provocando un clima de inconformidad que
ocasionó el estallido de la guerra cristera.
Sólo hay algo que puede evitar que el
clero romano recupere los privilegios y poder que tuvo en el pasado: el Estado
laico, régimen jurídico que limita el poder de las iglesia, garantiza la
libertad de conciencia, combate la intolerancia religiosa, brinda un trato
igualitario a las asociaciones religiosas y garantiza el ejercicio de nuestros
derechos.
