Por Armando Maya Castro
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| El temor de la población es que la política eclesial de EPN favorezca a la Iglesia católica en exclusiva |
Enrique
Peña Nieto es el presidente de todos los mexicanos: católicos, evangélicos,
libres pensadores, agnósticos, etcétera. Sus acciones de gobierno deben
orientarse a favorecer a todos por igual; a los que votaron por él, a los que
sufragaron a favor de otras opciones políticas, así como a quienes han
protestado en su contra a lo largo de los últimos meses. El nuevo gobierno debe
ser ajeno en absoluto a sentimientos de encono y venganza.
Estoy
convencido de que Peña Nieto asume la Presidencia de la República consciente de
que representa no sólo a los que están con él, sino a la totalidad de los
mexicanos. Su gobierno debe ser a favor de quienes piensan, creen y sienten
como él, pero también en pro de los que no comparten sus creencias y opiniones.
En
lo que concierne a la cuestión religiosa, algunos analistas han hecho públicos
los vínculos y cercanía del presidente de México con la Iglesia católica.
Aparte de haber nacido en un entorno de religiosidad católica y de ser
practicante de dicha religión, está emparentado con el extinto Maximino Ruiz y
Flores, quien se desempeñó como obispo de Chiapas a partir del 24 de octubre de
1913. Su estancia en Chiapas no duró siquiera un año: “apenas se enteró que
llegaba el ejército carrancista a Chiapas, se exilió en Guatemala para después
ir a la ciudad de México en 1919 y renunciar a su cargo de obispo de
Chiapas”.
Otro
obispo que tiene parentesco con Peña Nieto es Arturo Vélez, consagrado obispo
de la diócesis de Toluca en abril de 1951. Respecto a éste, el periodista
Miguel Ángel Granados Chapa escribió en su columna “Plaza Pública” lo
siguiente: “Se trata de Arturo Vélez Martínez, primo hermano de Alfredo del
Mazo Vélez, el primero de ese nombre, que fue gobernador del estado [de
México], senador de la República y secretario de Recursos Hidráulicos”
(Reforma, 21 de diciembre de 2009).
El
temor de millones de mexicanos, integrantes de otras asociaciones religiosas,
es que en el transcurso del actual sexenio el clero intente sacarle provecho a
cada uno de los aspectos que vinculan al presidente Peña Nieto con la Iglesia
católica: su fe, su cercanía, su familia, etcétera. Cualquier condescendencia
de Peña Nieto con la Iglesia católica en ese sentido significaría un acto
inaceptable y de clara violación a la Constitución General de la República y a
la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
Diversos
reportajes realizados por destacados periodistas indican que la jerarquía
católica brindó su apoyo al presidente de la República a cambio de que éste la
favoreciera suprimiendo el carácter laico de la educación pública, así como
aquellas prohibiciones constitucionales que limitan la participación política
de los ministros de culto. Satisfacer las demandas de la Iglesia católica en
este particular sería pasar por encima de la naturaleza laica del Estado
mexicano.
Sería
muy lamentable que la política en materia eclesial del nuevo gobierno tenga la
intención de favorecer en exclusiva a la jerarquía católica. El Congreso de la
Unión, el presidente Peña Nieto y los integrantes de su gabinete deben tener
presente que la razón de ser del Estado laico es la de proteger las libertades
de las minorías.
Desde
hace algún tiempo, México dejó de ser un país predominantemente católico, como
lo fue hasta finales del siglo XIX. Actualmente, cerca de 8 mil asociaciones
religiosas cuentan con su registro constitutivo ante Gobernación. El Censo de
Población y Vivienda 2010 revela que la Iglesia católica sigue siendo en México
la religión mayoritaria, pero está claro que en materia de derechos humanos las
mayorías no pueden suprimir los derechos de las minorías.
La
nueva administración sabe muy bien que ante la Ley todas las iglesias son
iguales. Sabe, asimismo, que todo Estado democrático está obligado a garantizar
la libertad religiosa de todos sus gobernados, sin ceder a presiones
clericales, como ocurre actualmente con el tema de la reforma del artículo 24
constitucional, que busca llevar a buen puerto el proyecto de mayor prioridad
para el clero: la reforma educativa, con la que pretende que se le brinde la
oportunidad legal de impartir religión católica en las escuelas públicas.
El
Estado tiene el deber de salvaguardar y fortalecer Estado laico, sin el cual
resultan afectadas nuestras libertades, produciéndose un tránsito peligroso hacia
el Estado confesional, lo que se traduce en la pérdida de importantes
conquistas sociales que le costaron a México torrentes de sangre. Quiero creer
que el Jefe del Ejecutivo Federal se conducirá en los próximos seis años con
altura de miras, evitando acciones que terminen de polarizar a la sociedad
mexicana.
@armayacastro
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