INTACTA, LA POLÍTICA ECLESIAL DE ENCUBRIMIENTO

Por Armando Maya Castro

El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, en una foto de archivo (EFE)

Luego de una semana de estar en el centro de la polémica por su intento de impedir la investigación de los posibles abusos sexuales  en agravio de menores por parte de sacerdotes de la arquidiócesis de Granada (España), el arzobispo de esa ciudad, Francisco Javier Martínez, se postró junto con otros religiosos para implorar perdón "por la conducta de la Iglesia".

La información que sobre este infame acto ha fluido indica que fue la intervención del papa Francisco la que permitió que el caso fuera destapado, pues tras recibir la misiva de un joven que fue víctima de reiterados abusos sexuales ente los 13 y los 17 años en una parroquia de Granada, el pontífice romano dio seguimiento al caso impulsando la investigación de los delitos que el arzobispo granadino mantuvo en secreto por tanto tiempo. 

El denunciante, que actualmente tiene 24 años, es supernumerario del Opus Dei y profesor en una ciudad del norte de España. El diario El País señala que fue éste quien alertó ante la Fiscalía Superior de Andalucía sobre “la existencia de la amplia red de pisos de la que disponía este grupo de curas para cometer supuestamente los abusos y las orgías que organizaba periódicamente bajo el argumento de que “el amor es libre y eleva el espíritu”. Estará de acuerdo conmigo, estimado lector, que el argumento empleado es por demás absurdo, pues san Pablo enseñó que “el amor no hace mal al prójimo” (Romanos 13:10); también dijo que el amor “no hace nada indebido” (1 Corintios 13:5). En síntesis, el amor nada tiene que ver con atropellos, abusos o violaciones. 

La súplica de perdón del arzobispo Francisco Javier Martínez, quien pertenece al movimiento Comunión y Liberación y a los obispos españoles de la vieja guardia, es un gesto auténticamente mediático, pues si el propósito fuera remediar el desenfreno sexual de los clérigos de su diócesis, desde hace tiempo hubiera denunciado ante las autoridades civiles la serie de delitos que se han perpetrado bajo su cobijo. 

El caso en cuestión prueba que a pesar de que el papa Francisco instruyó a la Congregación para la Doctrina de la Fe a proceder con energía y determinación en lo que concierne a los abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos, la política eclesial de encubrimiento en varias diócesis del mundo sigue vigente e intacta. El caso de Granada nos lleva a preguntarnos, ¿cómo estamos en México al respecto? La respuesta nos la da la escritora Sanjuana Martínez en su columna Daños Colaterales del pasado 29 de septiembre, publicada en Sinembargo bajo el título “Obispos y Cardenales encubridores”. En dicho texto, la multipremiada periodista menciona a Norberto Rivera Carrera, Juan Sandoval Íñiguez y Carlos Cabrero como presuntos obispos encubridores de curas pederastas en nuestro país, y pide que el papa los suspenda.

Esta perniciosa política de encubrimiento, causante del drama, dolor, angustia, rabia y vergüenza en miles de niños, echa por tierra la línea adoptada por Jorge Mario Bergoglio en el sentido de promover “medidas de protección a los menores y una mayor cercanía y ayuda a las víctimas sexuales. 

Varios obispos, entre ellos el de Granada, insisten en defender y proteger a los pervertidos sexuales con sotana, sacerdotes que buscan la cercanía de pequeños indefensos en proceso de formación para satisfacer sus más bajos instintos. Para estos criminales encubridores es más importante preservar la imagen de sus diócesis que darle importancia a los daños físicos y psicológicos que los curas pederastas provocan en sus inocentes víctimas. 

En el caso específico de Granada, afortunadamente la Policía Nacional arrestó ayer a tres sacerdotes y a un seglar, profesor de religión, por su presunta relación con los abusos denunciados. Lamentablemente, el criminal silencio de varios cardenales y obispos permite que muchos sacerdotes pederastas estén en libertad y sigan siendo un peligro para la seguridad de miles de niños y adolescentes. 

Twitter: @armayacastro

http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/editoriales/3/16/editorial/2014/11/25/805803/en-plan-reflexivo

ESTAMOS CANSADOS

Por Armando Maya Castro 

Al ser capturado, José Luis Abarca dijo estar cansado de esconderse. El pueblo de México también está cansado, no de esconderse, sino de soportar políticos corruptos y asesinos como el ex edil de Iguala, Guerrero

“Estoy cansado de esconderme. Ya no aguantaba la presión”. Estas fueron las palabras que José Luis Abarca Velázquez expresó al momento de ser capturado por elementos de la Policía Federal la madrugada de este 4 de noviembre en la Ciudad de México, específicamente en la calle Cerrada de Cedro número 50, colonia Tenorio, delegación Iztapalapa. 

El pasado 22 de octubre, la Procuraduría General de la República (PGR) había señalado al tristemente célebre ex alcalde de Iguala, Guerrero, y a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, como los presuntos autores intelectuales del ataque que policías de Iguala y sicarios al servicio de un cartel del narcotráfico perpetraron la noche del 26 de septiembre en contra de decenas de normalistas de Ayotzinapa. 

Si Abarca estaba cansado de esconderse y de soportar la presión que dijo ya no aguantar, ¿se imagina usted el nivel de cansancio y dolor de los familiares de los estudiantes desaparecidos? Ellos también están cansados de tocar puertas para ser escuchados, de ir y venir en busca de respuestas y de sus amados hijos, de escuchar promesas de justicia que hasta ahora han sido incumplidas, de exigir que se los devuelvan como se los llevaron, es decir vivos. 

Los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, que se han caracterizado por defender la educación pública y el normalismo rural, han declarado que también ellos están cansados de que se sigan ignorando sus protestas y demandas, “y que sólo sepamos por televisión que andan buscando muertos y no a nuestros compañeros vivos”, señalaron en un mensaje emitido el pasado 18 de octubre en la radio oficial del municipio de Chilpancingo, Guerrero. A pesar de su evidente cansancio moral, todos ellos han señalado que nada los cansará para seguir alzando la voz hasta que aparezcan, porque “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, manifestaron durante la jornada denominada “Una luz por Ayotzinapa”, evento que se realizó el 23 de octubre, y en el que numerosos planteles educativos marcharon con veladoras y antorchas del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. 

Si bien es cierto que con la detención de Abarca el caso Iguala entra en su etapa final, esto no significa que se vaya a terminar el cansancio y hartazgo de los familiares de los tres normalistas asesinados y de los 43 desaparecidos. Tampoco significa el fin de las reacciones de inconformidad e indignación de miles de estudiantes de diversas universidades que han hecho suya la desgracia de los desaparecidos, exigiendo al gobierno mexicano acciones categóricas para dar con el paradero de todos ellos.   

Yo no estoy tan seguro de que la captura de Abarca y de su esposa vayan a contribuir decisivamente al esclarecimiento de la investigación que realiza la PGR, como lo señaló el presidente Enrique Peña Nieto, pero hago votos para que durante los interrogatorios se llegue al fondo de la verdad. Y lo digo porque México está cansado de especulaciones y de escuchar verdades a medias, esas que fomentan la impunidad y que terminan por incrementar el justificado malestar de la población.

Habrá que esperar para ver si la detención de Abarca contribuye a la despolitización del caso y logra disminuir la presión internacional a la que ha sido sometido el gobierno mexicano en las últimas semanas, con llamados y enérgicas condenas de organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la  Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA), el Parlamento Europeo, así como diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, algunas de las cuales han culpado al Estado mexicano, ya sea por acción o por omisión”, de la masacre de la noche triste de Iguala.

Twitter: @armayacastro


Publicado en El Occidental

http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n3599203.htm

UNA INICIATIVA QUE FORTALECE AL ESTADO LAICO

Por Armando Maya Castro 

Ante organismos como Foro Cívico México Laico, Cátedra Extraordinaria Benito Juárez del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Foro Intereclesiástico Mexicano y República Laica, el diputado federal Víctor Raymundo Nájera Medina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó el pasado 23 de octubre la iniciativa Ley General de Laicidad, que “tiene por objeto reglamentar las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de laicidad" (Artículo 1o.).

Gracias a la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados pude conocer los pormenores de dicha iniciativa, que “encuentra como principal finalidad establecer las disposiciones normativas referentes a fortalecer la naturaleza laica del Estado mexicano y sus instituciones, por medio de la  creación de un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propio denominado Consejo Nacional para la Laicidad, el cual, para el desarrollo de sus competencias, gozará de autonomía técnica y de gestión para dictaminar las resoluciones que se desprendan del ejercicio de sus funciones”, se explica en la exposición de motivos (http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2014/sep/20140904-IV.html#Iniciativa12).

El México de hoy, que se caracteriza por su diversidad religiosa, necesita está ley para acabar con "los casos de violaciones del Estado laico por diversas autoridades en diversos lugares del país y la ausencia total de sanciones" por parte de la Secretaría de Gobernación. La necesita “para dotar de contenido lo referente al Estado laico, desde una perspectiva de derechos humanos en congruencia con el artículo 1o. constitucional, donde el Estado tiene obligaciones y deberes en materia de derechos humanos en su respeto y tutela, por lo que desde la perspectiva laica, esto es una base sustancial de los principios de igualdad y no discriminación” (Ídem).

De aprobarse la iniciativa en comento, los mexicanos comenzaremos a presenciar el fin de la impunidad de los políticos y servidores públicos que se llenan la boca hablando de las bondades de la laicidad, para después participar con carácter oficial en ceremonias donde entregan a Jesucristo las llaves de alguna ciudad, o en las que consagran una entidad federativa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado de María, vulnerando así el artículo 40 constitucional que establece el carácter laico de la República Mexicana en los siguientes términos: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.

Hasta el día de hoy no se han aplicado sanciones a los funcionarios que, en el ejercicio de sus funciones públicas, han procedido como si México fuese un Estado confesional, en cuya vivencia se suprimió, por más de tres siglos, la diversidad religiosa al establecer a la religión católica como la única, sin tolerancia de ninguna otra; tampoco se ha sancionado a los clérigos que violan flagrantemente las leyes que prohíben la participación de los ministros de culto en actividades de índole política. De ahí la necesidad de robustecer el Estado laico, que “está anclado en el principio de soberanía popular, sostenido en valores de la ética pública, de los derechos humanos, en el cual las autoridades y servidores públicos de todas las entidades, poderes u órganos, tienen la responsabilidad de asumir en su ejercicio el régimen de laicidad” (Ídem).

Me parece justo reconocer, por último, el trabajo y aporte de Foro Cívico México Laico en la elaboración de esta importante iniciativa de ley. Hablamos de un movimiento ciudadano sin filiación política, preocupado porque en México se respete el Estado laico, el cual surgió luego del albazo constitucional que se diera el 15 de diciembre de 2011 en la Cámara de Diputados, donde, con una prisa sospechosa, se aprobó la reforma del artículo 24 constitucional, cuyo dictamen contemplaba el desmantelamiento del Estado laico y la educación laica en perjuicio de las libertades de las minorías. De entonces a la fecha, Foro Cívico México Laico no ha cesado de realizar e impulsar acciones orientadas al fortalecimiento y consolidación de la laicidad del Estado.

Los mexicanos confiamos que la actual Legislatura tendrá altura de miras y se colocará más allá de los intereses de grupos a la hora de analizar y discutir la iniciativa Ley General de Laicidad, tan necesaria en un país como el nuestro, donde el Estado laico es fundamental para lograr la erradicación de la discriminación religiosa y la convivencia armónica de los mexicanos plurales y diversos, así como para impedir el retorno del clero a su antigua posición de privilegio económico y social que tuvo en el virreinato y en las primeras décadas del México independiente.

Twitter: @armayacastro 

LOS OTROS RESPONSABLES DE LA INTOLERANCIA RELIGIOSA

Por Armando Maya Castro

Desde hace algún tiempo, los nuevos grupos religiosos suelen ser conceptuados como sectas por quienes son reconocidos como estudiosos y expertos del fenómeno religioso, sin que éstos tomen en cuenta que la Iglesia que Jesucristo fundó fue, en el siglo primero de nuestra era, una religión nueva, con un mensaje nuevo, que el fundador del cristianismo llamó Evangelio, palabra que proviene del griego “evangelion”, que quiere decir “buena nueva” o “buena noticia”.

Los religiosos intolerantes de aquella centuria nunca vieron con buenos ojos al cristianismo; persiguieron con saña desmedida a su fundador y a quienes lo profesaban, al grado de complicarles la vida a los miembros y autoridades de la Iglesia primitiva, algunas de las cuales experimentaron el martirio, como lo padeció también Jesucristo, el Hijo de Dios.  

Hoy en día, bajo el argumento de que las llamadas sectas religiosas son altamente peligrosas, y de que la sociedad necesita estar protegida contra las “actividades nocivas” de éstas, la historia de discriminación y violación a los derechos humanos de los integrantes de las minorías religiosas se repite, sin que a los investigadores y a sus fuentes les interese el daño que provocan a los miembros de las comunidades religiosas que califican como sectas. Esto ocurre en nuestro país a pesar de las leyes y de una serie de tratados internacionales de derechos humanos y otros instrumentos adoptados desde de 1945, mismos que han conferido una base jurídica a los derechos humanos inherentes.

Si consideramos que los más perjudicados por esta intolerancia son los menores de edad, hijos e hijas de quienes profesan una fe distinta al catolicismo, nos daremos cuenta que no se trata de un daño menor o insignificante, sino de un daño mayúsculo, que podemos y debemos evitar, si es que en verdad nos interesa que reine la paz social y la convivencia armónica en las escuelas y demás sitios públicos donde concurre la diversidad.

Y cuando hablo de daño me refiero a las diversas expresiones y acciones de intolerancia y discriminación religiosa que padece la población evangélica a lo largo y ancho de México, con actos de crueldad que forman un amplio catálogo: expulsiones masivas, cortes de suministro de agua y energía eléctrica, violaciones, amenazas, lesiones, asesinatos y otros crímenes que, por la inacción de la Secretaría de Gobernación, han quedado, en su inmensa mayoría, sin solución y sin castigo. 

Me parece oportuno señalar que es justamente este tipo de impunidad la que anima a varias personas y grupos a mantener su inflexible postura de intolerancia religiosa en contra de las personas y familias que, en pleno ejercicio de la libertad religiosa, deciden incorporarse a determinado credo religioso.

En Chiapas, el estado mexicano con más conflictos basados en motivaciones de índole religiosa, la intolerancia de los llamados católicos tradicionalistas es un fenómeno en franco ascenso. Esto a pesar de que los números demuestran que se trata de la entidad federativa con la diversidad religiosa más amplia del país, con una población no católica que, según el Censo de Población 2010, alcanza ya el 42 por ciento, incluido el 12.1 por ciento que se declaró sin religión (El Universal, 18 de abril de 2014).

Desde los años sesenta hasta la fecha, los católicos tradicionalistas de Los Altos de Chiapas han expulsado de sus comunidades a más de 40 mil evangélicos por sus creencias religiosas. Estos casos de violencia religiosa, que en la administración de Juan Sabines Guerrero tuvieron un alarmante repunte, han obligado a miles de evangélicos a emigrar a otros estados de la República mexicana y, a muchos de ellos, a la Unión Americana.

Lo realmente sorprendente es que cuando ocurren estos lamentables eventos, los sociólogos que indilgan a los evangélicos el epíteto de secta, son los primeros en salir a descalificar en medios este tipo de acciones, sin admitir que, en cierta medida, ellos también son responsables de dicha intolerancia, por calificar como sectas a varias minorías religiosas, exhibiéndolas ante la sociedad como grupos dedicados a actividades turbias, que “distorsionan valores e ideas tradicionales: la convivencia, la dependencia familiar, el trabajo, la propiedad individual o las ideas propias”. 

Una manera de contribuir a la disminución de estos actos de intolerancia religiosa sería legislar para que en México se sancione y prohíba terminantemente el uso del término secta cuando con éste se haga referencia a las asociaciones religiosas que son respetuosas de las leyes del país y que cuentan con su correspondiente registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación.

Twitter: @armayacastro

EL INM Y LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES

Por Armando Maya Castro 

El pasado lunes 13 de octubre viajé a la Ciudad de México por motivos de trabajo. A mi regreso a Guadalajara pude confirmar que la revisión en materia de migración es más estricta que en materia de tráfico de estupefacientes, esto a pesar de que está debidamente documentado que algunos grupos dedicados al narcotráfico han llegado a utilizar autobuses de pasajeros para el traslado ilícito de drogas.

Y lo digo porque personal del Instituto Nacional de Migración  (INM), que tiene la misión de fortalecer la protección de los derechos y la seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros, realizó dos revisiones –por cierto muy amables– al autobús en que retorné a esta ciudad, pidiendo a los que viajábamos a bordo de la unidad probar con cualquier credencial nuestra identidad mexicana.

Estas acciones de revisión son necesarias, lo mismo que los operativos que se realizan en varios estados de la República con el propósito de reducir el éxodo de migrantes a la Unión Americana, logrando con este tipo de actividades el rescate de miles de personas que no pueden acreditar su estancia ilegal en México. Estará de acuerdo conmigo, estimado lector, que con estos operativos se brinda protección a los migrantes centroamericanos, además de impedir que sean objeto de extorsiones, secuestros y violaciones por parte de policías corruptos y miembros del crimen organizado.

Siempre he estado convencido de que ningún problema hay en la ejecución de este tipo de operativos. El problema sería que en el desarrollo de los mismos se cometieran atropellos a los derechos humanos de los migrantes, como ha ocurrido en operativos que se han realizado en el estado de Tabasco y en la zona limítrofe de Oaxaca y Chiapas; esto según información periodística y denuncias de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes se han dado a la tarea de documentar y denunciar tales abusos.

¿Son estos atropellos hechos aislados, como han sido calificados por quienes aplauden y defienden el trabajo del Instituto Nacional de Migración? Para organizaciones no gubernamentales como el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), las violaciones a los derechos humanos perpetrados por agentes del INM no son hechos aislados, sino “prácticas institucionalizadas”. Así lo señala el Insyde en su “Informe sobre estaciones Migratorias del Instituto Nacional de Migración, en el que, a través del Observatorio Ciudadano de los Derechos Humanos del Migrante, recaba 171 testimonios de indocumentados para conocer los abusos a los que han sido sometidos.

Hace algún tiempo, el Centro de Derechos Humanos del Usumacinta, A.C., señaló a los agentes del INM y a las autoridades policiacas como los principales protagonistas de las prácticas xenofóbicas y de la criminalización hacia los migrantes centroamericanos. En esa ocasión la Asociación Civil antes mencionada dijo que los abusos en contra de los centroamericanos en suelo mexicano “son parte de una política migratoria xenofóbica”, ejemplificándolo con el caso Tultitlán, Estado de México; Matías Romero, Oaxaca; Chiapas, etcétera.

Lo cierto es que cada vez que se cometen abusos de esta naturaleza aparece la reacción expedita de personas y organizaciones que exigen el cese de la discriminación en contra de los migrantes. Son estas personas y grupos los que han propuesto mecanismos de control externo y la capacitación de los agentes del Instituto Nacional de Migración, exigiendo que se difundan los derechos de los migrantes y se dé acceso a periodistas y defensores a las estaciones migratorias, además de demandar la agilización de los mecanismos de denuncia ante instancias oficiales que permitan la sanción de agentes que abusan de sus funciones.

En anteriores colaboraciones lo he dicho y hoy lo repito: la lucha de las organizaciones defensoras de los derechos humanos debe seguir hasta lograr la plena erradicación del trato cruel y arbitrario que se inflige a los migrantes procedentes de Centroamérica. Las autoridades mexicanas, en vez de molestarse o pensar en tomar represalias contra los defensores de los derechos humanos, deberían de comenzar a reconocer que los migrantes son, ante todo, seres humanos con derechos que merecen ser respetados.

Publicado el sábado 18 de octubre en los diarios La Prensa Jalisco y El Mexicano de Tijuana

http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/editoriales/3/16/editorial/2014/10/18/796591/en-plan-reflexivo

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UN CUENTO DE NUNCA ACABAR

Por Armando Maya Castro

A pesar del Estado laico, el gobernador de Oaxaca asistió a la coronación de la Virgen de Juquila. Fue acompañado por Alfredo Laguna Rivera, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), así como por varios secretarios, senadores y diputados federales y locales

La sangrienta Guerra de Reforma fue consecuencia de la intervención del clero del siglo XIX en prácticamente todos los asuntos civiles, situación que le otorgaba prerrogativas y le permitía tener un poder enorme en el conjunto social.

Benito Juárez y los hombres de la Reforma realizaron una serie de esfuerzos orientados a lograr una separación efectiva entre el Estado y las iglesias, pues estaban convencidos de que una sana distancia entre ambas instituciones es necesaria para lograr la verdadera independencia, así como una República donde reine la igualdad y se acaben los privilegios para unos cuantos.

Es una verdadera pena que los esfuerzos legislativos de los liberales del siglo XIX hayan sido minimizados por la clase política que gobernó México del año 2000 al 2012, dos sexenios en los que el Estado laico fue atropellado impunemente por varios funcionarios panistas, comenzando por Vicente Fox Quesada, quien no fue capaz de respetar el Estado laico, pese a que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan.

No está por demás recordar que Vicente Fox, el primer día de su mandato, acudió a la Basílica de Guadalupe para demandar la ayuda de la imagen que se venera en ese santuario. Así comenzó la administración foxista, que se caracterizó por su opacidad y por los constantes atropellos a las leyes que establecen el carácter laico del Estado.

Fue en ese tiempo cuando el presidente de origen guanajuatense “comprometió a los panistas a impulsar una reforma que le quite todos los candados constitucionales a la Iglesia [católica]…”. Aunque en su sexenio no logró su propósito, sus esfuerzos prepararon el camino para que en la administración de Felipe Calderón Hinojosa comenzara el proceso de reforma del artículo 24 constitucional, cuya finalidad es el otorgamiento de privilegios y prerrogativas a la Iglesia católica, lo que se traduce en discriminación para las demás asociaciones religiosas y, por ende, en un sinnúmero de obstáculos e inequidades para el ejercicio pleno de la auténtica libertad religiosa.

El Estado laico tampoco fue respetado por Felipe Calderón Hinojosa, pese a que como candidato presidencial se comprometió a respetarlo y fortalecerlo. Lo hizo así el 31 de mayo de 2006, en una reunión con integrantes de la comunidad judía, ante quienes señaló: “No se debe confundir religión y política. No debe trasladarse el credo propio a la actividad del servicio público, tiene que distinguirse”.

En esa administración, los sectores más retrógrados de la ultraderecha mexicana procuraron el tránsito de México hacia un Estado confesional, basándose en el argumento de que la mayoría de los mexicanos son católicos y guadalupanos. Los políticos que trabajaron en dicho proyecto minimizaron en hecho de que la confesionalidad estatal es incompatible con el trato igualitario, equitativo y justo que merece una sociedad religiosamente plural como la nuestra.

Fue en ese sexenio cuando Calderón intentó “guadalupanizar” por decreto a todos los mexicanos, afirmando sin mesura que “la señora de Guadalupe es un signo de identidad y de unidad”. Y prosiguió: “Somos guadalupanos independientemente, incluso me atrevería a decir, mucho de la fe, de las creencias y las no creencias y, desde luego, lo es para quienes profesamos la fe católica, a quienes congrega desde luego esta imagen tan representativa de México y de los mexicanos”.

Las declaraciones del entonces presidente de México violentaron el carácter laico del Estado mexicano, intentado establecer prejuiciosamente su fe guadalupana a la totalidad de los mexicanos, lo que resulta anticonstitucional y violatorio de nuestros derechos, toda vez que, por mandato constitucional, no se pueden “dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna” (artículo 24 constitucional).
Ya no están Fox ni Calderón, pero muchos funcionarios federales, estatales y municipales de nuestro tiempo siguen atropellando impunemente el principio de separación iglesias-Estado. El problema es que lo hacen a pesar de la reforma del artículo 40 constitucional, que reafirma el carácter laico del Estado.

El ejemplo más reciente en ese sentido lo tenemos en Gabino Cué Monteagudo, quien ha participado, en su carácter de gobernador constitucional del estado de Oaxaca, en actividades religiosas, poniendo en riesgo el principio de laicidad que caracteriza al Estado mexicano.

El mandatario oaxaqueño asistió a la ceremonia de coronación pontificia de la Virgen de Juquila que se celebró en el cerro de “El Azufre”; acompañó al arzobispo José Luis Chávez Botello y al nuncio apostólico, Christophe Pierre, participando en una ceremonia cien por ciento religiosa, en la que participaron diversos servidores públicos y funcionarios del gobierno del estado, entre ellos el secretario de salud, Germán Tenorio Vasconcelos, el defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, los senadores del PRD y PRI, Benjamín Robles Montoya y Eviel Pérez Magaña.

Esta vez fueron los funcionarios antes mencionados, mañana serán otros, pero lo cierto es que esto de los atropellos al Estado laico parece ser un cuento de nunca acabar, con repetidas violaciones a las leyes mexicanas, sin que la Secretaría de Gobernación inicie el procedimiento administrativo al que se refiere el artículo 30 de la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público.

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CLIMA DE DIVISIÓN EN EL SÍNODO DE LA FAMILIA

Por Armando Maya Castro

Bernardo Barranco, sociólogo de las religiones y articulista del diario La Jornada, se refiere en su más reciente artículo al "ambiente enrarecido" que existe en el Vaticano, donde –asegura– “las tensiones se han vuelto a crispar”, como lo demuestra la “insurrección de sectores tradicionalistas que ya no toleran los contenidos ni las insinuaciones del papa Francisco, así como su forma de gobernar, respaldada en una enorme popularidad”.

¿A qué y a quiénes se refiere el experto en religiones cuando escribe sobre lo anterior y asegura que la insubordinación conservadora ha iniciado una campaña contra Francisco, a través de medios de comunicación, sitios web, redes sociales, edición de libros y declaraciones periodísticas que reprueban la actitud reformista del Papa argentino? (La Jornada, miércoles 8 de octubre de 2014).

Se refiere, sin lugar a dudas, a los cinco cardenales que escribieron el libro “Permanecer en la verdad de Cristo: Matrimonio y comunión en la Iglesia Católica”, en el que hacen un llamado a no flexibilizar las reglas por las que se excluye del sacramento de la comunión a los divorciados que se vuelven a casar. Entre los autores de la citada obra –a la venta desde el 1 de octubre en Italia y Estados Unidos– destaca Gerhard Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, un dicasterio que estuvo a cargo del conservador Joseph Ratzinger de 1993 al día que fue elegido como pontífice romano, el 19 de abril de 2005.

Barranco se refiere también al intelectual y periodista católico Antonio Socci, autor del libro titulado Non è Francesco: la Chiesa nella grande tempesta (No es Francisco: la Iglesia en la gran tempestad), en el que cuestiona la legitimidad de la elección al papado de Jorge Mario Bergoglio, acaecida el 13 de marzo de 2013, así como la histórica renuncia de Benedicto XVI, el 11 de febrero de  ese año. Socci,  quien pertenece al movimiento laico Comunione e Liberazione, argumenta que “en el cónclave no se respetaron las reglas de la constitución apostólica Universi Dominici Gregis”, además de poner en duda “la legitimidad jurídica del pontificado de Francisco, concluyendo que Benedicto XVI declara renunciar al ministerium, no al papado. Por tanto, Benedicto XVI sigue siendo el legítimo romano pontífice, aunque sin el ejercicio activo del ministerio petrino” (Ibíd).

Se refiere, en definitiva, a los sectores conservadores que le han mostrado los dientes al papa argentino, llamándole de izquierda y presionándole para que el Vaticano no haga cambios en su tradicional postura sobre temas espinosos. El papa ha respondido a este tipo de presiones llamando a los disidentes a “no ser indiferentes a la suerte de muchos de nuestros hermanos, sino abiertos y solidarios hacia ellos”, y a “rechazar siempre las posiciones parciales, unilaterales, que nos encierran en nosotros mismos”.

En este clima de alta tensión por las divisiones entre tradicionalistas y conservadores de un lado, y aperturistas y progresistas del otro, se desarrolla en la sede papal la III Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de obispos sobre la Familia, en la que participan 253 personas, entre obispos, presidentes de Conferencias Episcopales del mundo entero, jefes de iglesias católicas orientales o miembros de la Curia Romana.

Al referirse a las divisiones existentes en la Iglesia católica, el cardenal canadiense Marc Ouellet señaló que obispos “divididos según partidos no es algo propio de la Iglesia y por eso debe ser evitado durante el próximo sínodo”. Este purpurado manifestó su preocupación de que “los ecos mediáticos de estas últimas semanas de preparación al Sínodo podrían dejar creer que los obispos y cardenales están también ellos divididos en partidos y que el Papa se identifica con uno de ellos, pero esta lógica de debate, propia del campo político, es extraña al modo de pensar de Cristo y de la Iglesia y como consecuencia debe ser evitada si se quiere responder adecuadamente a los objetivos de la asamblea sinodal” (Vatican Insider – La Stampa, 2 de octubre de 2014).

Por lo pronto, y de acuerdo con las posturas externadas hasta el momento en el sínodo, “no se ve ninguna posibilidad de que sean aprobadas las familias formadas entre personas del mismo sexo”, refiere una nota publicada ayer en proceso.com.mx. En este sentido, se señala en la citada publicación, la Iglesia católica mantiene su postura tradicional.

Twitter: @armayacastro