Por Armando Maya Castro
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A pesar del Estado laico, el gobernador de Oaxaca asistió a la coronación de la Virgen de Juquila. Fue acompañado por Alfredo Laguna Rivera, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), así como por varios secretarios, senadores y diputados federales y locales
La sangrienta Guerra de Reforma fue consecuencia de la intervención del clero del siglo XIX en prácticamente todos los asuntos civiles, situación que le otorgaba prerrogativas y le permitía tener un poder enorme en el conjunto social.
Benito Juárez y los hombres de la Reforma realizaron una serie de esfuerzos orientados a lograr una separación efectiva entre el Estado y las iglesias, pues estaban convencidos de que una sana distancia entre ambas instituciones es necesaria para lograr la verdadera independencia, así como una República donde reine la igualdad y se acaben los privilegios para unos cuantos.
Es una verdadera pena que los esfuerzos legislativos de los liberales del siglo XIX hayan sido minimizados por la clase política que gobernó México del año 2000 al 2012, dos sexenios en los que el Estado laico fue atropellado impunemente por varios funcionarios panistas, comenzando por Vicente Fox Quesada, quien no fue capaz de respetar el Estado laico, pese a que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan.
No está por demás recordar que Vicente Fox, el primer día de su mandato, acudió a la Basílica de Guadalupe para demandar la ayuda de la imagen que se venera en ese santuario. Así comenzó la administración foxista, que se caracterizó por su opacidad y por los constantes atropellos a las leyes que establecen el carácter laico del Estado.
Fue en ese tiempo cuando el presidente de origen guanajuatense “comprometió a los panistas a impulsar una reforma que le quite todos los candados constitucionales a la Iglesia [católica]…”. Aunque en su sexenio no logró su propósito, sus esfuerzos prepararon el camino para que en la administración de Felipe Calderón Hinojosa comenzara el proceso de reforma del artículo 24 constitucional, cuya finalidad es el otorgamiento de privilegios y prerrogativas a la Iglesia católica, lo que se traduce en discriminación para las demás asociaciones religiosas y, por ende, en un sinnúmero de obstáculos e inequidades para el ejercicio pleno de la auténtica libertad religiosa.
El Estado laico tampoco fue respetado por Felipe Calderón Hinojosa, pese a que como candidato presidencial se comprometió a respetarlo y fortalecerlo. Lo hizo así el 31 de mayo de 2006, en una reunión con integrantes de la comunidad judía, ante quienes señaló: “No se debe confundir religión y política. No debe trasladarse el credo propio a la actividad del servicio público, tiene que distinguirse”.
En esa administración, los sectores más retrógrados de la ultraderecha mexicana procuraron el tránsito de México hacia un Estado confesional, basándose en el argumento de que la mayoría de los mexicanos son católicos y guadalupanos. Los políticos que trabajaron en dicho proyecto minimizaron en hecho de que la confesionalidad estatal es incompatible con el trato igualitario, equitativo y justo que merece una sociedad religiosamente plural como la nuestra.
Fue en ese sexenio cuando Calderón intentó “guadalupanizar” por decreto a todos los mexicanos, afirmando sin mesura que “la señora de Guadalupe es un signo de identidad y de unidad”. Y prosiguió: “Somos guadalupanos independientemente, incluso me atrevería a decir, mucho de la fe, de las creencias y las no creencias y, desde luego, lo es para quienes profesamos la fe católica, a quienes congrega desde luego esta imagen tan representativa de México y de los mexicanos”.
Las declaraciones del entonces presidente de México violentaron el carácter laico del Estado mexicano, intentado establecer prejuiciosamente su fe guadalupana a la totalidad de los mexicanos, lo que resulta anticonstitucional y violatorio de nuestros derechos, toda vez que, por mandato constitucional, no se pueden “dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna” (artículo 24 constitucional).
Ya no están Fox ni Calderón, pero muchos funcionarios federales, estatales y municipales de nuestro tiempo siguen atropellando impunemente el principio de separación iglesias-Estado. El problema es que lo hacen a pesar de la reforma del artículo 40 constitucional, que reafirma el carácter laico del Estado.
El ejemplo más reciente en ese sentido lo tenemos en Gabino Cué Monteagudo, quien ha participado, en su carácter de gobernador constitucional del estado de Oaxaca, en actividades religiosas, poniendo en riesgo el principio de laicidad que caracteriza al Estado mexicano.
El mandatario oaxaqueño asistió a la ceremonia de coronación pontificia de la Virgen de Juquila que se celebró en el cerro de “El Azufre”; acompañó al arzobispo José Luis Chávez Botello y al nuncio apostólico, Christophe Pierre, participando en una ceremonia cien por ciento religiosa, en la que participaron diversos servidores públicos y funcionarios del gobierno del estado, entre ellos el secretario de salud, Germán Tenorio Vasconcelos, el defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, los senadores del PRD y PRI, Benjamín Robles Montoya y Eviel Pérez Magaña.
Esta vez fueron los funcionarios antes mencionados, mañana serán otros, pero lo cierto es que esto de los atropellos al Estado laico parece ser un cuento de nunca acabar, con repetidas violaciones a las leyes mexicanas, sin que la Secretaría de Gobernación inicie el procedimiento administrativo al que se refiere el artículo 30 de la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público.
Twitter: @armayacastro
Benito Juárez y los hombres de la Reforma realizaron una serie de esfuerzos orientados a lograr una separación efectiva entre el Estado y las iglesias, pues estaban convencidos de que una sana distancia entre ambas instituciones es necesaria para lograr la verdadera independencia, así como una República donde reine la igualdad y se acaben los privilegios para unos cuantos.
Es una verdadera pena que los esfuerzos legislativos de los liberales del siglo XIX hayan sido minimizados por la clase política que gobernó México del año 2000 al 2012, dos sexenios en los que el Estado laico fue atropellado impunemente por varios funcionarios panistas, comenzando por Vicente Fox Quesada, quien no fue capaz de respetar el Estado laico, pese a que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan.
No está por demás recordar que Vicente Fox, el primer día de su mandato, acudió a la Basílica de Guadalupe para demandar la ayuda de la imagen que se venera en ese santuario. Así comenzó la administración foxista, que se caracterizó por su opacidad y por los constantes atropellos a las leyes que establecen el carácter laico del Estado.
Fue en ese tiempo cuando el presidente de origen guanajuatense “comprometió a los panistas a impulsar una reforma que le quite todos los candados constitucionales a la Iglesia [católica]…”. Aunque en su sexenio no logró su propósito, sus esfuerzos prepararon el camino para que en la administración de Felipe Calderón Hinojosa comenzara el proceso de reforma del artículo 24 constitucional, cuya finalidad es el otorgamiento de privilegios y prerrogativas a la Iglesia católica, lo que se traduce en discriminación para las demás asociaciones religiosas y, por ende, en un sinnúmero de obstáculos e inequidades para el ejercicio pleno de la auténtica libertad religiosa.
El Estado laico tampoco fue respetado por Felipe Calderón Hinojosa, pese a que como candidato presidencial se comprometió a respetarlo y fortalecerlo. Lo hizo así el 31 de mayo de 2006, en una reunión con integrantes de la comunidad judía, ante quienes señaló: “No se debe confundir religión y política. No debe trasladarse el credo propio a la actividad del servicio público, tiene que distinguirse”.
En esa administración, los sectores más retrógrados de la ultraderecha mexicana procuraron el tránsito de México hacia un Estado confesional, basándose en el argumento de que la mayoría de los mexicanos son católicos y guadalupanos. Los políticos que trabajaron en dicho proyecto minimizaron en hecho de que la confesionalidad estatal es incompatible con el trato igualitario, equitativo y justo que merece una sociedad religiosamente plural como la nuestra.
Fue en ese sexenio cuando Calderón intentó “guadalupanizar” por decreto a todos los mexicanos, afirmando sin mesura que “la señora de Guadalupe es un signo de identidad y de unidad”. Y prosiguió: “Somos guadalupanos independientemente, incluso me atrevería a decir, mucho de la fe, de las creencias y las no creencias y, desde luego, lo es para quienes profesamos la fe católica, a quienes congrega desde luego esta imagen tan representativa de México y de los mexicanos”.
Las declaraciones del entonces presidente de México violentaron el carácter laico del Estado mexicano, intentado establecer prejuiciosamente su fe guadalupana a la totalidad de los mexicanos, lo que resulta anticonstitucional y violatorio de nuestros derechos, toda vez que, por mandato constitucional, no se pueden “dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna” (artículo 24 constitucional).
Ya no están Fox ni Calderón, pero muchos funcionarios federales, estatales y municipales de nuestro tiempo siguen atropellando impunemente el principio de separación iglesias-Estado. El problema es que lo hacen a pesar de la reforma del artículo 40 constitucional, que reafirma el carácter laico del Estado.
El ejemplo más reciente en ese sentido lo tenemos en Gabino Cué Monteagudo, quien ha participado, en su carácter de gobernador constitucional del estado de Oaxaca, en actividades religiosas, poniendo en riesgo el principio de laicidad que caracteriza al Estado mexicano.
El mandatario oaxaqueño asistió a la ceremonia de coronación pontificia de la Virgen de Juquila que se celebró en el cerro de “El Azufre”; acompañó al arzobispo José Luis Chávez Botello y al nuncio apostólico, Christophe Pierre, participando en una ceremonia cien por ciento religiosa, en la que participaron diversos servidores públicos y funcionarios del gobierno del estado, entre ellos el secretario de salud, Germán Tenorio Vasconcelos, el defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, los senadores del PRD y PRI, Benjamín Robles Montoya y Eviel Pérez Magaña.
Esta vez fueron los funcionarios antes mencionados, mañana serán otros, pero lo cierto es que esto de los atropellos al Estado laico parece ser un cuento de nunca acabar, con repetidas violaciones a las leyes mexicanas, sin que la Secretaría de Gobernación inicie el procedimiento administrativo al que se refiere el artículo 30 de la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público.
Twitter: @armayacastro
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