Por Armando Maya Castro
El pasado lunes 13 de octubre viajé a la Ciudad de México
por motivos de trabajo. A mi regreso a Guadalajara pude confirmar que la
revisión en materia de migración es más estricta que en materia de tráfico de
estupefacientes, esto a pesar de que está debidamente documentado que algunos
grupos dedicados al narcotráfico han llegado a utilizar autobuses de pasajeros
para el traslado ilícito de drogas.
Y lo digo porque personal del Instituto Nacional de
Migración (INM), que tiene la misión de
fortalecer la protección de los derechos y la seguridad de los migrantes
nacionales y extranjeros, realizó dos revisiones –por cierto muy amables– al
autobús en que retorné a esta ciudad, pidiendo a los que viajábamos a bordo de
la unidad probar con cualquier credencial nuestra identidad mexicana.
Estas acciones de revisión son necesarias, lo mismo que los
operativos que se realizan en varios estados de la República con el propósito
de reducir el éxodo de migrantes a la Unión Americana, logrando con este tipo
de actividades el rescate de miles de personas que no pueden acreditar su
estancia ilegal en México. Estará de acuerdo conmigo, estimado lector, que con
estos operativos se brinda protección a los migrantes centroamericanos, además
de impedir que sean objeto de extorsiones, secuestros y violaciones por parte
de policías corruptos y miembros del crimen organizado.
Siempre he estado convencido de que ningún problema hay en
la ejecución de este tipo de operativos. El problema sería que en el desarrollo
de los mismos se cometieran atropellos a los derechos humanos de los migrantes,
como ha ocurrido en operativos que se han realizado en el estado de Tabasco y
en la zona limítrofe de Oaxaca y Chiapas; esto según información periodística y
denuncias de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes se
han dado a la tarea de documentar y denunciar tales abusos.
¿Son estos atropellos hechos aislados, como han sido
calificados por quienes aplauden y defienden el trabajo del Instituto Nacional
de Migración? Para organizaciones no gubernamentales como el Instituto para la
Seguridad y la Democracia (Insyde), las violaciones a los derechos humanos
perpetrados por agentes del INM no son hechos aislados, sino “prácticas
institucionalizadas”. Así lo señala el Insyde en su “Informe sobre estaciones
Migratorias del Instituto Nacional de Migración, en el que, a través del
Observatorio Ciudadano de los Derechos Humanos del Migrante, recaba 171
testimonios de indocumentados para conocer los abusos a los que han sido
sometidos.
Hace algún tiempo, el Centro de Derechos Humanos del
Usumacinta, A.C., señaló a los agentes del INM y a las autoridades policiacas
como los principales protagonistas de las prácticas xenofóbicas y de la
criminalización hacia los migrantes centroamericanos. En esa ocasión la
Asociación Civil antes mencionada dijo que los abusos en contra de los
centroamericanos en suelo mexicano “son parte de una política migratoria
xenofóbica”, ejemplificándolo con el caso Tultitlán, Estado de México; Matías
Romero, Oaxaca; Chiapas, etcétera.
Lo cierto es que cada vez que se cometen abusos de esta
naturaleza aparece la reacción expedita de personas y organizaciones que exigen
el cese de la discriminación en contra de los migrantes. Son estas personas y
grupos los que han propuesto mecanismos de control externo y la capacitación de
los agentes del Instituto Nacional de Migración, exigiendo que se difundan los
derechos de los migrantes y se dé acceso a periodistas y defensores a las
estaciones migratorias, además de demandar la agilización de los mecanismos de
denuncia ante instancias oficiales que permitan la sanción de agentes que
abusan de sus funciones.
En anteriores colaboraciones lo he dicho y hoy lo repito: la
lucha de las organizaciones defensoras de los derechos humanos debe seguir
hasta lograr la plena erradicación del trato cruel y arbitrario que se inflige
a los migrantes procedentes de Centroamérica. Las autoridades mexicanas, en vez
de molestarse o pensar en tomar represalias contra los defensores de los
derechos humanos, deberían de comenzar a reconocer que los migrantes son, ante
todo, seres humanos con derechos que merecen ser respetados.
Publicado el sábado 18 de octubre en los diarios La Prensa Jalisco y El Mexicano de Tijuana
Publicado el sábado 18 de octubre en los diarios La Prensa Jalisco y El Mexicano de Tijuana
Twitter: @armayacastro
No hay comentarios:
Publicar un comentario