Por Armando Maya Castro
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| El los últimos sexenios las violaciones al Estado laico han sido constantes |
Doce años del Partido Acción
Nacional (PAN) en Los Pinos han sido suficientes para mermar considerablemente
el Estado laico, régimen que surge a mediados del siglo XIX, gracias a los
esfuerzos de Benito Juárez, quien expidió las Leyes de Reforma con el propósito
de “organizar jurídicamente a la nación en un Estado republicano, federal,
representativo y democrático, anulando la intervención de la Iglesia y de
cualesquiera otras corporaciones”.
El Estado laico recibió la
primer embestida, no de un político panista, sino del priísta Carlos Salinas de
Gortari, en cuya administración “se formalizaron las relaciones con la Iglesia
católica, y el Estado laico fue perdiendo progresivamente esa condición…”. De
Salinas a Calderón han sido constantes las agresiones al Estado laico,
principio que ha sido el pilar de nuestra democracia y de la paz social que
disfrutamos.
Con la llegada de Vicente
Fox Quesada a Los Pinos, los golpes al Estado laico fueron contundentes. Fue en
la administración del guanajuatense cuando “el clero católico comprometió a los
panistas a impulsar una reforma que le quite todos los candados
constitucionales a la Iglesia...”. El propio Fox, a lo largo de su sexenio,
violentó en varias ocasiones la Constitución y la condición laica del Estado
mexicano, llegando al extremo de inclinarse ante el papa Juan Pablo II para
besar su sortija, acto de sumisión indigno de un Estado que se presume laico.
El sexenio de Fox fue
prolífico en violaciones al Estado laico. El beso al anillo papal fue de lo más
grave, pero no lo único; podemos incluir entre las provocaciones de su gestión
los “arrebatos verbales” de quien en ese sexenio se desempeñó como secretario
de Gobernación. Me refiero a Carlos Abascal Carranza, un político de quien
Carlos Monsiváis dijera; “apenas toma la palabra instala su púlpito virtual”.
El fallecido escritor entendía y justificaba el proceder de Abascal “como
ciudadano y creyente”, pero no como secretario de Estado, “porque no hay tal
cosa como un señor que mientras vigila el proceso electoral es laico, y que
deja de serlo al menospreciar por completo la estructura ética de la
institución en donde devenga salarios y tribunas” (Milenio, 14 de febrero de
2006).
En la actual gestión, el
presidente Felipe Calderón ha violentado en repetidas ocasiones el Estado
laico. Entiendo que en este espacio no es posible hablar de todas y cada una de
esas violaciones, pero me referiré a la más reciente de ellas: su viaje al
Vaticano para invitar al papa Benedicto XVI a Guanajuato, estado donde no
únicamente lo acompañó, sino que participó en la misa y tomó, inclinado y
sumiso, la comunión de manos de Joseph Ratzinger.
La peor estocada al Estado
laico tuvo lugar el 15 de diciembre de 2011. Ese día, con 119 votos del PRI y
PAN, la Cámara de Diputados aprobó en “fast track” la reforma del artículo 24
constitucional, abriendo la puerta para la realización de actos de culto en los
edificios oficiales o la impartición de enseñanza religiosa en las escuelas
públicas.
Dada la postura pro clerical
del Partido Acción Nacional, la actuación de los diputados de ese organismo
político se esperaba a favor de la reforma, no así la de los legisladores
priístas, quienes al votar a favor de dicha modificación transgredieron no sólo
la Carta Magna, sino también la Declaración de Principios del Partido
Revolucionario Institucional: “Garantizada por la Constitución la libertad de
creencias, el PRI considera al Estado laico como un compromiso histórico
irrenunciable y factor básico de la convivencia social y la vida republicana” (Principio
25).
El PAN, a quien el pueblo de
México le dio la espalda en las pasadas elecciones, está a punto de salir de
Los Pinos, pero quiere llevarse la satisfacción de haberle cumplido a la
jerarquía católica dándole una reforma cuya intención es otorgar prerrogativas
a la Iglesia mayoritaria en detrimento de las minorías religiosas del
país.
Es urgente que los congresos
estatales saquen de la congeladora la reforma del artículo 24 y den respuesta a
las voces que, a lo largo y ancho del país, exigen su rechazo. Los diputados de
las legislaturas que tienen congelada la referida modificación deben de tomar
en cuenta que en una sociedad plural como la nuestra, el Estado no debe tomar
partido por ninguna concepción moral y/o religiosa en particular, pues, de
hacerlo, estaría faltando al principio de no discriminación con el que debe
gobernarse todo Estado laico.
