Por Armando Maya Castro
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| México necesita la Ley General de Laicidad para acabar con la impunidad en materia de violaciones al Estado laico |
El pasado miércoles 3 de diciembre,
el semanario Proceso publicó en su portal (proceso.com.mx) una nota titulada
"Edil de Veracruz obliga a empleados a asistir a peregrinación guadalupana".
Esta información aparece firmada por el periodista Noé Zavaleta, quien reseña
un nuevo atropello al carácter laico de la República Mexicana, esta vez
perpetrado por Tomás Ríos Bernal, alcalde panista de Córdoba, Veracruz.
Resulta que este edil, sin respeto
alguno a las disposiciones constitucionales en materia de laicidad y separación
del Estado y las Iglesias, "giró una circular dirigida a directores,
coordinadores y empleados municipales a asistir por 'obligatoriedad' a la
'tradicional peregrinación municipal' en honor a la Virgen de Guadalupe en el
santuario ubicado en el barrio La Estación", refiere la nota periodística
en cuestión.
En nuestro país, por la ausencia de
sanciones a los servidores públicos que atentan contra el Estado laico, este
tipo de violaciones a la ley por parte de quienes juraron cumplir y hacer
cumplir nuestra Carta Magna, son cada vez más frecuentes y preocupantes. De ahí
la necesidad de que, privilegiando el interés de una nación religiosamente
plural como la nuestra, se analice y discuta con celeridad y altura de miras la
iniciativa Ley General de Laicidad, presentada el pasado 23 de octubre en la
Cámara de Diputados por el perredista Víctor Raymundo Nájera Medina.
Se trata de una propuesta de ley interesante,
que “tiene por objeto reglamentar las disposiciones contenidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de
laicidad" (Artículo 1°), y que intenta poner fin a "los casos de
violaciones del Estado laico por diversas autoridades en diversos lugares del
país y la ausencia total de sanciones, a pesar de la promulgación de la reforma
al artículo 40”, que define al Estado mexicano como una República
representativa, democrática, laica y federal.
De aprobarse la iniciativa en los
términos en que fue presentada, se crearía el Consejo Nacional para la Laicidad
“como órgano rector en la materia y responsable de la tramitación de las quejas
por violación al Estado laico por servidores públicos”. Esta entidad se
encargaría de vigilar “que la actuación de los servidores públicos se dé con
respeto a los principios constitucionales de la laicidad de la República,
referidos a la separación del Estado y las Iglesias, neutralidad del Estado en
la materia y propugnará por el fomento al respeto a la diversidad y pluralidad
religiosa, ética e ideológica” (http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2014/sep/20140904-IV.html#Iniciativa12).
El Consejo Nacional para la
Laicidad, de acuerdo a sus competencias legales, investigaría y sancionaría a los
servidores públicos de los tres niveles de gobierno que violenten el carácter
laico del Estado y de la educación, impidiendo que queden sin castigo casos similares
al del alcalde Ríos Bernal.
Urge esta ley no sólo para meter en
cintura a los depredadores de la laicidad estatal, sino también para terminar con
los privilegios clericales que entran en contradicción con la naturaleza laica
de la República mexicana. Me refiero a esas prerrogativas que la jerarquía
católica ha ido recuperando en las últimas décadas mediante algunas modificaciones
constitucionales en materia religiosa: la reforma de los artículos 5°, 24, 27 y
130 durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari; y la reforma del artículo
24 constitucional en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, una
modificación cuyo dictamen contemplaba el desmantelamiento del Estado laico y
la educación laica en detrimento de las libertades de las minorías.
El primer paso ya lo dieron el diputado
federal Nájera Medina y Foro Cívico México Laico, una organización comprometida
con la defensa del Estado laico, y quien colaboró activa y responsablemente en
la elaboración de la iniciativa en comento. El resto lo tendrán que hacer las y
los legisladores de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, quienes
están obligados a discutir y analizar seriamente la propuesta de ley que busca
acotar las gestiones de los políticos con evidente inclinación católica, esos que
aspiran y suspiran por el retorno del Estado confesional, con ese cúmulo de privilegios
políticos, sociales y financieros en beneficio de los jerarcas del catolicismo.
Twitter: @armayacastro
Publicado en El Occidental
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