Por Armando Maya Castro
Excelentes noticias en materia
de libertad y diversidad religiosa nos llegan desde Chiapas, un estado que
desde hace más de cinco décadas ha sido golpeado con excesivo rigor y crueldad por
el flagelo de la intolerancia religiosa.
En esa entidad, una de las más
pobres y rezagadas de México, comenzó el despliegue del programa “Educar para
el respeto, la tolerancia y la paz”, que busca proteger y fomentar el respeto,
la tolerancia y la no discriminación entre las personas y grupos que practican
diferentes creencias religiosas en una misma comunidad o municipio.
Con la implementación de dicho
programa en las instituciones educativas de nivel básico, la administración del
gobernador Manuel Velasco Coello reafirma su compromiso con los ciudadanos de
los 122 municipios de Chiapas, buscando inculcar en los niños y adolescentes de
las casi 20 mil escuelas de la entidad, el respeto a las distintas creencias
religiosas.
La noticia es buena porque
abona a la paz social. Es buena porque los habitantes de esa entidad sufren
demasiado con los problemas derivados de la pobreza y la marginación como para
estar sufriendo también los estragos de la intolerancia religiosa, práctica criminal
que es muy frecuente en el estado de Chiapas, sobre todo en las comunidades de
la llamada región de Los Altos.
La violencia desplegada por los
grupos y personas intolerantes ha hecho de Chiapas el estado más prolífico en
casos de intolerancia religiosa, un mal que ha obligado a decenas de miles de
evangélicos a abandonar sus lugares de origen al estar en peligro su integridad
física, sus familias y su libertad.
La sociedad chiapaneca espera el
cabal cumplimiento del programa “Educar para el respeto, la tolerancia y la
paz”. Espera que, por encima de intereses personales y de grupos, el programa se
mantenga activo y vigente en las instituciones educativas y logre responder a
las expectativas de paz que ha generado a nivel mediático. Si lo consigue, como
esperamos todos los mexicanos, dicho programa logrará ser un coadyuvante en la
formación de nuevas generaciones de chiapanecos, dotados de valores que les permitan
respetar y aceptar la existencia de otras formas de vida, creencias e ideas.
La intolerancia religiosa es el
resultado del concepto que de su credo tienen los miembros de las religiones
mayoritarias: “mi religión es la verdadera, la única; las demás iglesias son
falsas, por lo tanto no tienen derecho a existir”. Este penoso mal comenzó a
hacer de las suyas en Chiapas el 29 de junio de 1962. Ese día, incumpliendo lo
ordenado por el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los fundamentalistas católicos de la comunidad de Chanal,
perteneciente al municipio de San Juan Chamula, expulsaron a 48 evangélicos de
esa localidad.
Hoy, a casi 52 años de ese
lamentable acontecimiento, el desprecio y las violaciones de los derechos
humanos en varias comunidades de ese estado siguen siendo una constante. Me
refiero, evidentemente, a las innumerables expulsiones, la quema y destrucción
de casas, los cortes de agua y energía eléctrica, las amenazas y despojos en
agravio de los integrantes de las minorías religiosas, etcétera.
El programa del Gobierno de
Chiapas responde (aunque sea parcialmente) al llamado que diversas
organizaciones civiles y grupos evangélicos dirigieron en junio de 2013 al
gobernador Velasco Coello. A través de una misiva, los firmantes denunciaron
firmemente y en los siguientes términos el incremento de la intolerancia
religiosa: “Derivado de la administración anterior (de Juan Sabines), en los
últimos años han ido creciendo los casos de intolerancia religiosa en Chiapas,
sin que algún funcionario público haya tomado en serio la atención de esta
problemática que lastima de manera considerable a la sociedad chiapaneca. En
muchos de los casos se han esperado acciones concretas para la atención y la
aplicación de la ley para el restablecimiento del Estado de Derecho, pero esto
nunca ha sucedido” (Proceso, 25 de
junio de 2013).
Los habitantes de Chiapas
esperan que en lo sucesivo todo sea distinto. Esperan que sus autoridades se
empleen a fondo para acabar con la impunidad que rodea a la mayoría de los
casos de intolerancia religiosa. En mi opinión, esto sólo se logrará si las instancias
competentes dejan de ser omisas y aplican las sanciones correspondientes a
quienes promueven de diferentes maneras la intolerancia religiosa, un mal que,
por bien de todo México, debe ser erradicado.
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