jueves, 2 de mayo de 2013

POR LA CONSOLIDACIÓN DE LA EDUCACIÓN LAICA



 Por Armando Maya Castro
Los jerarcas católicos han desconocido siempre las bondades de la educación laica, a la que han calificado exenta de valores
En diversas ocasiones, los altos jerarcas del catolicismo han solicitado a las autoridades mexicanas incluir la educación religiosa en las escuelas públicas. En enero de 2011 lo hizo el ahora arzobispo emérito José Guadalupe Martín Rábago, quien señaló que la decisión no corresponde a una entidad, sino que debía darse paso a una reforma constitucional. Se pensaba, desde entonces, en la reforma del artículo 24 constitucional. 

En ese tiempo, el gobernador guanajuatense Juan Manuel Oliva, pese a lo que establece el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le tomó la palabra al prelado leonés para analizar dicha propuesta.

En sus declaraciones, Martín Rábago invocó el derecho a la libertad religiosa de los padres de familia en los siguientes términos: “No se trata de que la Iglesia católica esté pidiendo que le entreguen la educación. Se trata más bien de reconocer el derecho de los padres de familia, ellos son los primeros responsables de la educación de sus hijos”.

Años atrás (febrero de 2008), Carlos Aguiar Retes, faltando a la verdad, señaló que las iglesias en México están excluidas y marginadas de muchos espacios públicos porque no existe, dijo, libertad religiosa. Esta supuesta marginación y exclusión no corresponden a la realidad de las iglesias establecidas en México, quienes tienen plena libertad para llevar a cabo su actividad cultual, tanto dentro como fuera de los templos.

En el marco de esas declaraciones, la CEM propuso cambiar el término “libertad de culto” (planteado en el artículo 24 constitucional) por el de “libertad religiosa”, por ser, en la opinión del citado prelado, un concepto más amplio y respetuoso de los derechos humanos. 

La Cámara de Diputados satisfizo la demanda episcopal el 15 de diciembre de 2011. Ese día, en una accidentada sesión, las bancadas del PRI y PAN avalaron la reforma del artículo 24 constitucional, que permite la realización de actos de culto en espacios públicos sin dar aviso a la Secretaría de Gobernación, lo que incluye la difusión de ceremonias religiosas en medios masivos de comunicación y la impartición de educación religiosa en las escuelas públicas. 

En diversas ocasiones he señalado que nuestra Carta Magna no prohíbe la educación religiosa, que es elemental para la formación de nuestros hijos. Prohíbe, eso sí, que esta educación se imparta en las escuelas públicas, espacios que responden a la diversidad religiosa del alumnado y que contribuyen a hacer realidad la aspiración democrática de nuestra nación. El Estado puede y debe educar, pero tiene que hacerlo respetando las diferentes creencias religiosas de los alumnos, sin privilegiar a una Iglesia en particular.

Desde hace 150 años, la intención del clero es recuperar el monopolio educativo que comenzó a estar en riesgo años después de consumada la independencia de México. Para Silvia González Marín, el primer impulsor de la educación laica y popular fue José María Luis Mora, quien proponía la destrucción del monopolio educativo del clero  mediante el establecimiento de nuevos criterios pedagógicos. 

El artículo tercero de la Constitución de 1857 confirmó la libertad de enseñanza y consagró, por tanto, “esta primera forma de laicismo, o sea, la supresión del monopolio educativo del clero”. Ernesto Meneses Morales refiere que “el segundo sentido más estricto apareció en la república restaurada con Juárez: la escuela laica, además de ser independiente de las autoridades eclesiásticas, se abstiene de impartir enseñanza religiosa de cualquier credo”.

El 10 de diciembre de 1874, el presidente Lerdo de Tejada suprimió la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y estableció, mediante decreto, la enseñanza laica, que fue una aspiración de los liberales desde el inicio del México independiente. Este decreto, afirma Meneses Morales, “prohíbe la enseñanza religiosa y las prácticas de cualquier culto en todos los establecimientos de la federación, de los estados y de los municipios”. 

A pesar de estos ordenamientos tan valiosos para la vida de México, las autoridades clericales y algunos grupos conservadores insisten en el retorno de la educación confesional a las escuelas públicas. Me queda claro que ellos seguirán presionando e insistiendo en el tema, pero nosotros tenemos el deber de preservar intacta la educación laica, cuyos valores y principios son esenciales para mantener lejos de las escuelas públicas el flagelo de la discriminación religiosa.

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