Por Armando Maya Castro
Los ataques a periodistas y medios de comunicación tienen el objetivo de intimidar el trabajo de investigación y denuncia que éstos realizan, e influir sobre su labor periodística |
El Día Mundial de la Libertad de Prensa celebró ayer su 20°
aniversario. Como usted recordará, el 3 de mayo de 1993 la Asamblea General de las
Naciones Unidas declaró que cada año, en esta fecha, se efectuara esta
celebración con la idea de “fomentar la libertad de prensa en el mundo al
reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente
esencial de toda sociedad democrática”. La fecha recuerda la instauración de la
Declaración de Windhoek, emitida en Namibia en 1991, con el propósito de promover
la libertad del ejercicio periodístico.
En el marco de
esta celebración, la UNESCO informó que más de 600 periodistas han sido
asesinados en la última década alrededor del mundo, y tan solo uno de cada 10
crímenes ha sido castigado. Esta vergonzosa impunidad me permite asegurar que en
la celebración de ayer no hubo mucho que festejar y sí mucho que demandar.
En nuestro país la
situación también es preocupante en materia de libertad de expresión.
Reporteros Sin Fronteras publicó ayer una lista de los 39 “depredadores” de la
libertad de prensa a nivel mundial. Al referirse al caso México, la
organización internacional indicó que se trata de un país “especialmente peligroso
para los periodistas, ya que desde el 2000 a la fecha, existen 86 trabajadores
de la comunicación muertos y 17 desaparecidos”. Reporteros Sin Frontera aseguró
que todos estos casos están cubiertos por el velo de la impunidad, pues en
ninguno de ellos se hizo justicia.
Estas cifras coinciden con
las que dio a conocer Gabriel Soto Climent, activista de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal, quien informó que las agresiones a
periodistas y medios de comunicación aumentaron en más del doble en el primer
cuatrimestre del presente año con respecto al mismo periodo del año pasado.
En los primeros cuatro meses de 2012 se registraron 38 casos de
agresión a periodistas a lo largo y ancho de México. Este año, en el mismo
periodo, se han cometido 89 ataques a periodistas, lo que indica que el número
de agresiones a periodistas, medios de comunicación y organizaciones
protectoras de la libertad de expresión se ha duplicado.
La actitud prepotente de los grupos acostumbrados a controlar la
información nos permiten asegurar que la libertad de prensa enfrenta serios
retos. El debilitamiento de esta libertad a través de los ataques en contra de
los y las comunicadoras que se han distinguido por su verticalidad y valor para
investigar, criticar y exponer sus ideas libremente, constituye una prueba contundente
de la fragilidad de nuestra democracia.
Es innegable que en las últimas décadas se han dado avances en materia
de libertad de expresión, pero éstos, como podemos ver, han sido insuficientes.
El Estado está obligado a hacer mucho más si quiere acabar realmente con esta
impunidad. Su deber es efectuar una investigación completa, imparcial y efectiva
de cada agresión, a fin de juzgar y poner tras las rejas a los autores de estos
atropellos.
La libertad de expresión sigue estando amenazada por los funcionarios
corruptos y por la delincuencia organizada, quienes están interesados en
impedir que los periodistas de México expresen sus opiniones y las comuniquen a
la sociedad. Esto explica el porqué del
crecimiento exponencial de la violencia contra el periodismo, y por qué México
ya ha sido considerado como el país más peligroso para ejercer esta actividad.
De acuerdo con el artículo 19 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (1948), la libertad de expresión –de la que se deriva la
libertad de prensa– es un derecho humano. Las constituciones de las naciones
democráticas, incluida la de nuestro querido México, lo señalan como tal.
El deber nuestro es redoblar esfuerzos si queremos preservar incólume
la libertad de expresión. Sería triste que por un descuido nuestro volviéramos
a vivir una situación similar a la que se vivió en el siglo XVI, época en que
la Iglesia católica sometió a censura los libros que consideraba un riesgo para
la fe católica. En aquella centuria, la Sagrada Congregación de la Inquisición distribuyó el "Index Librorum Prohibitorum et
Expurgatorum" (Índice de Libros Prohibidos), con la finalidad de controlar
e informar qué libros no debían ser leídos y cuáles autores estaban prohibidos.
Los países católicos de entonces, incluida nuestra nación, vivieron sometidos
por leyes que vulneraban la libertad de expresión y el derecho a la información.
Nuestro deber es impedir que esto se vuelva a repetir.
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