SIN AFANES PROPAGANDÍSTICOS

 

La Fundación Samuel Joaquín Flores, al igual que las demás fundaciones que han sido creadas bajo el auspicio e impulso del Director Internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, han realizado una admirable labor social, digna del reconocimiento de propios y extraños

En México se pondera a los hombres y mujeres que han realizado hazañas notables en pro de la patria, pero no se hace justicia a los hombres y mujeres que contribuyeron a la realización de esos proyectos de libertad. En las grandes celebraciones nacionales, pocos, muy pocos recuerdan a la gente próxima a los protagonistas de los actos heroicos que le han dado lustre y grandeza a nuestra nación.

Sin estos héroes anónimos, que por amor a México derramaron su sangre en los campos de batalla, no se entenderían las conquistas que se atribuyen en exclusiva a los personajes que tienen un lugar bien ganado en la memoria de los mexicanos.

Nadie desconoce la grandeza y los méritos de Hidalgo, el Padre de la Patria, ni de Morelos, el Siervo de la Nación, hombres que a comienzos del siglo XIX fueron acusados por el gobierno virreinal de alta traición, aparte  de ser perseguidos por su propia Iglesia, la católica, quien los consideró herejes y traidores de lesa majestad.

Pero el mérito no fue exclusivo de los anteriores próceres, ni de otras figuras como Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Aldama, Ignacio Allende, López Rayón, Vicente Guerrero y muchos más, cuya aporte a la independencia está fuera de cualquier duda. El mérito es también de aquellos cuyos nombres no figuran en los libros de historia ni en la memoria de la mayoría de los mexicanos, pero que pusieron su granito de arena en la lucha que inició el 16 de septiembre de 1810.

En el México de hoy, el problema sigue siendo el mismo. Los hombres y mujeres que con su dedicación diaria y con su trabajo honrado contribuyen a la grandeza de nuestro país, permanecen en el anonimato, siendo desconocidos por el resto de los mexicanos. 

Durante las campañas electorales, como las que han comenzado a realizarse en algunos estados de la República, la televisión y la radio nos bombardea, día con día, de spots bien pagados en horario triple A, donde los funcionarios públicos, que fueron elegidos para gobernar y administrar honestamente el erario, nos hablan de las “hazañas” y “proezas” realizadas en sus respectivas administraciones. 

Pero nadie dice nada de la gente que aporta los recursos con que se edificaron escuelas, hospitales y carreteras, así como las demás obras de beneficio social. Es lamentable que esos recursos económicos, aportados por los ciudadanos, que cumplen con el pago puntual de sus impuestos, sean utilizados como trampolín en las aspiraciones personales de muchos políticos mexicanos. Los mensajes de éstos pretenden generar en sus gobernados un sentimiento de gratitud que los induzca a votar por los candidatos del partido político al que pertenecen.

¿No es justo que se reconozca la contribución de los mexicanos y mexicanas que día con día aportan lo mejor de sí mismos por amor a México? Por supuesto que sí; y no me refiero sólo a quienes tradicionalmente han cumplido con sus contribuciones fiscales, esperando que cada peso aportado sea administrado con transparencia y honestidad, sino a aquellos que, disponiendo de su propio peculio, lo imparten generosamente en obras de beneficio social, ayudando a disminuir las carencias de miles de necesitados.

Al respecto, me permito mencionar la desinteresada labor altruista que a lo largo del año realizan los grupos comprometidos con el bienestar de las clases marginadas. Hablo, evidentemente, de aquellas instituciones que, sin afanes propagandísticos ni fines de lucro, actúan generosamente, brindando amor y asistencia social a quienes más lo necesitan.

Al hablar sobre este tema, es imperioso destacar la extraordinaria labor de las fundaciones “Maestro Samuel Joaquín Flores, A. C., y “Eva García de Joaquín, A. C.”, que bajo el auspicio e impulso del Doctor Samuel Joaquín Flores, Director Internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, realizan una extraordinaria labor social en beneficio de los que menos tienen.  

Durante décadas, estas instituciones, sin asignación ni presupuesto gubernamental, se han dedicado a brindar apoyo en materia de asistencia social y de educación a los grupos sociales con más necesidad. ¿Quién reconoce la labor social que de manera continua realizan estas fundaciones? Nadie dice nada de la labor altruista de instituciones como estas, que se dedican a aliviar males y a darle a México ciudadanos cuyo nivel académico ha de contribuir al engrandecimiento de nuestro querido México.

OFENSIVA CONTRA LAS MINORÍAS RELIGIOSAS

Por Armando Maya Castro

Durante décadas, las minorías religiosas de México y el mundo se han pronunciado por la paz y el respeto a sus convicciones, así como por el cese del acoso del que han sido objeto

Para las minorías religiosas de México y el mundo debe ser muy preocupante el encuentro que se realizó el pasado 16 de mayo en el Vaticano (Domus Santa Marta), en el que representantes de varios dicasterios vaticanos y de la Iglesia en Italia reflexionaron sobre las respuestas para enfrentar el fenómeno de los nuevos movimientos religiosos. 

Antes de ser elegido pontífice romano, el obispo Jorge Mario Bergoglio tuvo algunas alusiones al fenómeno de las sectas (como él llama a algunos grupos religiosos no católicos). En una de ellas señaló que, a pesar de la vigencia de la piedad popular, “en las últimas décadas notamos una cierta desidentificación con la tradición católica, la falta de su transmisión a las nuevas generaciones y el éxodo hacia otras comunidades (en los más pobres hacia el evangelismo pentecostal y algunas sectas) y experiencias (en las clases medias y altas hacia vivencias espirituales alternativas) ajenas al sentido de la Iglesia y su compromiso social”.

Aunque hoy por hoy la Iglesia católica no lo proclama  a los cuatro vientos, en el pasado una de sus consignas fue esta: los errores no tienen derechos. Ese fue durante muchos siglos el pensamiento de quienes proclamaban a la Iglesia católica como la poseedora única e indiscutible de la verdad, concepto que motivó el rechazo de los católicos a la existencia y desarrollo de los grupos religiosos no católicos.

Bajo ese principio, el romanismo negó a lo largo de varios siglos el derecho fundamental de libertad religiosa, promoviendo simultáneamente la intolerancia y la discriminación religiosa, fenómenos causantes de violentos conflictos y de innumerables persecuciones en agravio de las personas y comunidades no católicas.

Se equivoca quien piense que la larga y prolongada lucha en pro del reconocimiento de los derechos humanos ha logrado la completa erradicación de la intolerancia religiosa, misma que alcanzó su cenit durante la vigencia de la “santa inquisición”, que controló de manera arbitraria y cruel las vidas de quienes disentían del dogma católico, teniendo incluso la potestad de privar de la vida a los herejes y blasfemos.  

La repulsa a lo diferente apareció en el seno de la Iglesia católica desde sus mismos orígenes, cuando Constantino el Grande comenzó a tipificar como delitos anticristianos la blasfemia y la herejía. De entonces a la fecha, la diversidad religiosa no es bien vista por quienes creen que el error –o lo que ellos conceptúan como tal– no tiene derecho a existir.

La extinción de la intolerancia religiosa sería lo ideal, pero lo real es que ésta sigue estando presente en nuestro tiempo, esperando el momento en que los vientos del fanatismo soplen y que la mecha vuelva a encenderse para devorar con sus implacables llamas todo lo que es opuesto al dogmatismo romano. Tenemos que admitir que, a pesar de los nuevos aires de libertad, el sentido de pluralismo y tolerancia de la sociedad actual es, por desgracia, débil, superficial y sin raíces profundas. En mi opinión, las constantes violaciones del Estado laico por parte de la clase política mexicana coadyuvan al debilitamiento de nuestras preciadas libertades. 

Nadie puede negar que en la actualidad existen grupos y personas que suspiran por el retorno de aquellos tiempos, en los que a través de leyes, amenazas y prohibiciones se impedía la difusión de la doctrina de otras religiones. La intransigencia dominante en aquellos tiempos era de tal dimensión que a los judíos se les prohibía propagar sus creencias religiosas y tener en sus manos la Tora. Trato similar recibían los integrantes de otras confesiones religiosas, a quienes se les prohibía el libre ejercicio de su religión y la práctica de sus ritos y ceremonias.

En el siglo XIX, la “libertad de conciencia” llegó a ser considerada en documentos pontificios como una derivación del indiferentismo. En su Encíclica “Mirari vos arbitramur”, el papa Gregorio XVI decía: “De esa cenagosa fuente del indiferentismo mana aquella absurda y errónea sentencia o, mejor dicho, locura, que afirma y defiende a toda costa y para todos, la libertad de conciencia. Este pestilente error se abre paso, escudado en la inmoderada libertad de opiniones que, para ruina de la sociedad religiosa y de la civil, se extiende cada día más por todas partes, llegando la impudencia de algunos a asegurar que de ella se sigue gran provecho para la causa de la religión” (15 de agosto de 1832).

Habrá quien diga que el contenido intolerante de esta encíclica, que rechaza de manera frontal las libertades de religión y de conciencia, en nada nos perjudica. Puede que esto sea así, pero nuestro deber será permanecer alertas, sobre todo al saber que el papa busca contener el avance de las minorías religiosas establecidas en América Latina.

EL NUEVO PAN

 Por Armando Maya Castro

Los diputados del Partido Acción Nacional votaron en bloque a favor de la reforma del artículo 24 constitucional

El Congreso de Jalisco aprobó el pasado 9 de mayo la reforma del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contribuyendo a elevar a rango constitucional la libertad de convicciones éticas. Al amparo de esta nueva libertad constitucional se convalidará, para regocijo de los grupos proabortistas, la interrupción del embarazo.

El Partido Acción Nacional (PAN), que hasta el 15 de diciembre de 2011 se había caracterizado por su lucha a favor de las mujeres embarazadas y sus acciones en contra del aborto, se granjeó con su voto en bloque a favor de la reforma del artículo 24, la simpatía, reconocimiento y gratitud de los grupos proabortistas, que se encuentran entre los que pidieron que se incorporara a nuestra Carta Magna el término libertad de convicciones éticas.

La versión estenográfica de la sesión ordinaria del jueves 15 de diciembre de 2011, relativa al dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, revela que la libertad de convicciones éticas fue propuesta por la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz del PRD, en los siguientes términos: “Hay modificaciones a todo el artículo 24, básicamente porque ha quedado fuera uno de los elementos fundamentales de la laicidad y es el que se refiere al de la libertad de las convicciones éticas. La posibilidad, de que acompañado del Estado laico, quede establecido que la moral de cada uno de los pobladores de este país no le pertenece a ninguna fe, a ninguna religión, que los principios éticos se fundan a partir de las propias convicciones individuales y no a partir de los decretos de ninguna verdad absoluta, venga de donde venga” (http://www.diputados.gob.mx/articulo24/docs/anexo10.pdf).

¿Ignoraban los diputados federales y locales del PAN la verdadera intención de incorporar en el texto del artículo 24 constitucional la libertad de convicciones éticas? Por supuesto que no. Lo sabían porque desde un principio los partidarios de la libertad de convicciones éticas han argumentado que la penalización del aborto limita un principio ético fundamental: la libertad individual, y que “mediante una postura penalizadora y restrictiva sobre el aborto, se le impide a la mujer el ejercicio pleno de su derecho a la maternidad voluntaria”. Los diputados blanquiazules sabían que su voto a favor de la citada reforma coadyuvaría a fundamentar constitucionalmente el aborto. 

¿Dónde quedó el PAN de postura conservadora, que se opuso con firmeza a las reformas aprobadas al Código Penal y a la Ley de Salud, ambas del Distrito Federal, que despenalizaban la interrupción del embarazo dentro de las 12 primeras semanas de gestación? No olvidemos que este organismo político llegó a presentar en aquel tiempo a cada uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las 14 razones sobre la inconstitucionalidad de la despenalización del aborto.

Al abandonar su tradicional lucha, apoyando una reforma que favorece el activismo de los grupos proabortistas, los legisladores de Acción Nacional renunciaron a su lucha histórica en defensa de la vida y han hecho una importante contribución para que se institucionalice el aborto como un derecho. 

Lo cierto es que, luego de su aporte a la consumación de la reforma del artículo 24 constitucional, el PAN no podrá seguir con sus discursos antiabortistas ni exigir con la frente en alto que el derecho a la vida, desde su concepción hasta su muerte natural, sea tutelado y protegido por el Estado mexicano.

Hace apenas unos días, algunos medios de comunicación señalaban que el Partido Acción Nacional se congratuló por el fallo de los Ministros de la SCJN a favor de las reformas de Oaxaca y Guanajuato que protegen y garantizan el derecho a la vida desde el momento de la fecundación.  ¿Le creerán al PAN los mexicanos que vieron a los legisladores de este partido votar a favor de la libertad de convicciones éticas, la cual se toma como apoyo para justificar el aborto? La verdad, no lo creo.

EN MANOS DE LA SEGOB

Por Armando Maya Castro

Los mexicanos, en especial los chihuahuenses, le preguntan a César Duarte, ¿Qué tiene de privado el acto religioso en el que se consagró a la virgen e hizo lo propio con el estado que gobierna?

 

El 9 de mayo del presente año, el senador panista Javier Corral Jurado presentó ante la Secretaría de Gobernación (Segob) y Subsecretaría de Asuntos Religiosos una denuncia en contra del gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, por participar con carácter oficial en un acto de la Iglesia católica, celebrado el pasado 20 de abril. Como en su momento lo dije, este hecho constituye una violación flagrante a la Constitución General de la República y a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, ordenamientos jurídicos que establecen el principio de laicidad estatal.

En la citada ceremonia religiosa, el mandatario chihuahuense, pasando por alto que el Estado mexicano –por su naturaleza laica– no profesa religión alguna, expresó en público: “Yo, César Duarte Jáquez, por este medio me consagro a mí mismo, a mi familia, a mi servicio público a la sociedad: pido al Sagrado Corazón de Jesús que escuche y acepte mi consagración, que me ayude y por intercesión del inmaculado Corazón de María, le entrego a Dios y a su divina voluntad, todo lo que somos, todo lo que tenemos en el estado de Chihuahua”.

De acuerdo con nuestras leyes, el Estado mexicano debe mantenerse al margen de todas y cada una de las asociaciones religiosas. Su obligación es tratarlas por igual, dejando a la esfera privada de los hombres la decisión de comprometerse o no con cualquiera de ellas. El gobernador de Chihuahua actuó sin respeto a la diversidad religiosa; procedió en alianza abierta y cínica con la jerarquía católica, intentando favorecer los intereses de expansión de una Asociación Religiosa cuyo crecimiento debe ser resultado de sus esfuerzos, no  del apoyo del Estado.

En su demanda, Corral Jurado –quien solicitó iniciar el procedimiento a que se refiere el artículo 30 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público para sancionar a Duarte y a los demás involucrados– señaló: “Más allá de la vergonzosa utilización político-electorera de lo sagrado para el pueblo católico de  Chihuahua y la penosa connivencia de los principales jerarcas del clero con la clase política priísta, la ceremonia y las declaraciones tanto del gobernador como de los obispos constituyen uno de los mayores actos de provocación al Estado laico en la vida pública de México, por lo menos en las últimas cuatro décadas”.

Ahora que el asunto está en manos de la Segob, el temor de muchos es que la dependencia responsable de la política interior de México vaya a proceder como lo hizo en el sexenio anterior, cuando llegó a declararse incompetente para juzgar a clérigos como Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis Primada de México, quien violó la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público al hacer un llamado para no votar por el PRD. De esta manera, el gobierno de Felipe Calderón favoreció la impunidad y demostró su falta de compromiso con el Estado laico, anteponiendo por encima de nuestras leyes los intereses de la Iglesia católica.

En su oportunidad señalé en este mismo espacio que las creencias personales de César Duarte son dignas de respeto, como lo son también las convicciones de las demás personas. Lo cuestionable en el caso que nos ocupa no es su credo, sino que al profesarlo públicamente quebrantó lo que dispone el artículo 25 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que prohíbe a los funcionarios públicos asistir con carácter oficial a cualquier acto religioso. 

Es grave, asimismo, que el gobernador haya faltado a la verdad al declarar a los medios de comunicación que al consagrar su servicio público al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen María no violó el Estado laico “porque fue un acto privado”. Esta declaración ofende, además, la inteligencia de un pueblo que se enteró del carácter público del acto, el cual se realizó ante diez mil personas, ante los tres poderes del estado de Chihuahua, ante todo el gabinete de gobierno y la jerarquía católica de esa entidad. ¿Tiene esto algo de privado?

Es muy importante que antes de hacer algo así, nuestras autoridades recuerden lo que establece nuestra Carta Magna y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, cuyo artículo 3° establece: “El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio a favor de religión alguna”. Este mandato deja en claro que nuestras autoridades están obligadas a conducirse sin preferencias ni compromisos hacia una iglesia en particular. Un Estado independiente de cualquier tipo de influencia religiosa es el único que puede dar a las iglesias un trato igualitario, garantizando a todas ellas el principio fundamental de libertad religiosa.