Por Armando Maya Castro
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| Los niños de la Nueva Jerusalén y de todo México demandan educación laica en las escuelas |
En el actual sexenio,
Michoacán ha sido noticia por los enfrentamientos entre el Ejército mexicano,
la Policía federal y los miembros de grupos criminales, así como por el número
de homicidios que en los últimos 12 meses han tenido lugar en ese estado de la
República: de agosto 2011 a julio del presente año se registraron 2 mil 621
homicidios tanto culposos, como dolosos, que han dejado un saldo de 2 mil 945
víctimas, reveló el informe que Plácido Torres Pineda, procurador de justicia
de Michoacán, presentara ante la Comisión de Justicia del Congreso del Estado.
En los últimos dos meses,
una nueva crisis del prolongado conflicto religioso que se libra en el poblado Nueva
Jerusalén ha ocasionado que Michoacán vuelva a ser noticia internacional. Me
refiero concretamente a la destrucción de una escuela primaria y un centro de
educación prescolar, delito que fue cometido por los seguidores de Martín de
Tours, quienes de esa manera impidieron el inicio del ciclo escolar en la
citada localidad.
Este proceder arbitrario busca
erradicar de la Nueva Jerusalén la educación laica, la cual amenaza los
intereses de los líderes de la Iglesia Católica Tradicional de la Ermita, sobre
cuyos miembros se han impuesto –desde el año de su fundación, en 1973– estrictas
normas de control y sumisión, así como prohibiciones tales como ver televisión,
leer periódicos, jugar fútbol, entre otras muchas.
Este grupo debería saber que
en México, desde el 5 de febrero de 1917, el artículo 3° de la Constitución
General de la República estableció la educación laica en los siguientes
términos: “La enseñanza es libre pero será laica la que se dé en los
establecimientos oficiales de educación, lo mismo en la enseñanza primaria,
elemental y superior que la que se imparta en los establecimientos
particulares… Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto, podrán
establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria”.
Tras la promulgación de la
Carta Magna vigente, la Iglesia católica protestó contra el artículo 3°
constitucional, así como en contra de los artículos 5°, 24, 27 y 130 de la
Constitución, los cuales consideró como opuestos a la libertad religiosa. El
papa Benedicto XV apoyó las acciones de protesta realizadas tiempo después por el
episcopado mexicano: la suspensión –por parte de la Mitra– de los servicios
religiosos de los templos de Jalisco; el mandato a los católicos de observar
luto general; la realización de un boicot a los espectáculos, compras, uso de
vehículos, etcétera.
El 2 de julio de 1926, el
presidente Plutarco Elías Calles promulgó la Ley que reforma el Código Penal
para el Distrito y Territorios Federales sobre delitos del fuero común y
delitos contra la Federación en materia de culto religioso y disciplina
externa, en donde se establecían penas a los infractores. Lo anterior provocó
el estallido de la Cristiada, conflicto armado que inició el 15 de agosto de
1926 en Valparaíso, Zacatecas, extendiéndose en poco tiempo a los estados de
Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato y Querétaro, con un saldo aproximado de
250 mil muertos.
Cuando Lázaro Cárdenas del
Río asumió la Presidencia de la República, en diciembre de 1934, el Congreso de
la Unión aprobó la iniciativa de modificación del artículo 3° constitucional,
quedando de la siguiente manera: “La educación que imparte el Estado será
socialista y, además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo
y los prejuicios…”.
Para Jean Meyer, el
establecimiento de “la educación socialista provocó la segunda ‘Cristiada’.
Dicho movimiento se opuso a los maestros rurales y a los dirigentes de los
comités agrarios”. Pascual Díaz, a la sazón arzobispo de México, “había
exhortado a los católicos a luchar en contra del establecimiento de dicha
educación por medios lícitos, tales como el ausentismo escolar”. El clero
prohibió a los padres enviar a sus hijos a las escuelas, advirtiendo “que
pecaban mortalmente si no los retiraban de tales establecimientos” (Roberto
Blancarte Pimentel, Historia de la
Iglesia en México 1929-1982, Fondo de Cultura Económica, 1992, p. 46).
En una actitud por demás
intolerante, y como medida de presión al gobierno cardenista, los cristeros
castigaban cruelmente a los maestros socialistas, quienes recibieron del clero
y de los cristeros el calificativo de “corruptores de la niñez”. El implacable
Luis Ibarra, jefe cristero en Sonora, obligaba a los mentores a renunciar al
magisterio para siempre, dando muerte a quien no obedecía sus disposiciones.
Los fanáticos a las órdenes de Lauro Rocha desorejaron a muchos maestros y
maestras que impartían la educación ordenada por el Estado (Édgar González Ruiz,
La Última Cruzada, de los cristeros a Fox,
Grijalbo, 2002, p. 18).
Desde que perdió el
monopolio educativo –a mediados del siglo XIX– la Iglesia católica ha realizado
innumerables esfuerzos por recuperarlo. Actualmente lo hace en el terreno
legislativo, buscando que se consume la reforma del artículo 24 constitucional,
que busca, entre otras cosas, que en las escuelas públicas se imparta educación
religiosa. Si no queremos problemas de intolerancia como los acaecidos en la
Nueva Jerusalén, lo más sano es que los Congresos estatales rechacen la reforma
del artículo 24 constitucional.
@ArmayaCastro
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