domingo, 23 de septiembre de 2012

LAS INTENCIONES DEL CLERO EN MATERIA EDUCATIVA



Por Armando Maya Castro 

La carta pastoral “Educar para una nueva sociedad: reflexiones y orientaciones sobre la educación en México”, fechada el 6 de junio del presente año, deja en claro que el objetivo de los obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano es que la educación confesional retorne a las escuelas públicas, hecho que constituiría un atropello a las libertades religiosas y de conciencia de los alumnos y de los padres de éstos.

Lo mismo pretende –aunque los interesados lo nieguen– la reforma del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada por la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2011, y por el Senado de la República el pasado 28 de marzo. Actualmente, dicha reforma es objeto de análisis y discusión en la mayoría de los congresos estatales, algunos de los cuales han postergado inexplicablemente su votación. 

El hecho de que nuestras instituciones cedan a las presiones del episcopado mexicano para que se incluya la enseñanza religiosa en el sistema de educación pública nacional, constituye una evidente regresión en materia de libertades y derechos humanos. Significa volver a los tiempos del México virreinal, que estuvieron marcados por el reconocimiento del catolicismo como religión oficial del Estado con exclusión de cualquier otra expresión religiosa. 

Luego de la reforma protestante iniciada por el monje Martín Lutero en Alemania, a principios del siglo XVI, se aplicó en muchos países europeos el principio “Cuius regio eius et religió” (los súbditos deben practicar la religión del gobernante).  Así las cosas, España y sus colonias (incluida la Nueva España) tenían que ser católicas, así como Inglaterra y sus habitantes tenían que ser anglicanos. 

En el caso particular de México, la educación impartida en aquellos siglos estuvo a cargo de las órdenes religiosas pertenecientes a la Iglesia católica y sirvió en exclusiva a los intereses del clero mexicano. Sobre el objetivo de dicha educación, el escritor Jorge Franco, en su libro “Educación y Tecnología: Solución Radical”, apunta: “Desde 1776, el gobierno de la Nueva España había establecido las primeras escuelas en los cerca de 4 mil ‘pueblos indios’ para cumplir con el objetivo de la Corona de que los nativos aprendieran la doctrina católica, y leyeran y escribieran el idioma castellano”.

Franco, luego de señalar que “las escuelas indígenas no tenían un edificio propio, y que las clases se daban en las parroquias, en los conventos o en las casas de los mentores”, afirma: “La educación de la mayoría de la población de entonces tenía el objetivo expreso de adoctrinar en la fe católica, no desarrollar alguna habilidad para el trabajo. La mayoría de los habitantes era analfabeta, dedicada principalmente a la agricultura y al servicio de los terratenientes". 

Los primeros intentos por terminar con el monopolio educativo de la Iglesia católica tuvieron lugar al inicio del México independiente. José María Luis Mora, uno de los primeros exponentes del liberalismo en México, fue el primer impulsor de la educación laica y popular, “la que pensaba podía lograrse destruyendo el monopolio educativo del clero y estableciendo nuevos criterios pedagógicos”.

La educación laica fue, desde las Leyes de Reforma (expedidas entre 1859 y 1860), la única admitida en las escuelas públicas de México. "Sin embargo no fue sino hasta 1874, con el presidente Lerdo de Tejada cuando se suprimió la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y estableció, mediante decreto, la enseñanza laica". 

La ventaja de la educación laica está en que “no cuestiona los fundamentos de las religiones, pero tampoco se basa en ellos, sino en los resultados del progreso de la ciencia, cuyas conclusiones no pueden ser presentadas sino como teorías que se cotejan con los hechos y los fenómenos que las confirman o refutan. Prescinde así, de pretensiones dogmáticas y se ubica en la libertad" (Miguel Limón Rojas. "Educación, laicismo y vida cotidiana". En Laicidad. Texto presentado en El Colegio de México, 6 de abril de 2000). 

En nuestro país, la educación laica fue elevada a rango constitucional el 5 de febrero de 1917. El artículo 3° de la Carta Magna de ese año establecía la enseñanza laica y la prohibición a los religiosos de impartir clases en las escuelas primarias, en los siguientes términos: “La enseñanza es libre pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo en la enseñanza primaria, elemental y superior que la que se imparta en los establecimientos particulares… Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto, podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria”.

La única manera de salvaguardar este importante legado laicista es que la mayoría de los congresos locales rechacen de manera definitiva la reforma del artículo 24 constitucional, cuyo objetivo esencial es la supresión del carácter laico de la educación y el perjudicial retorno de la instrucción religiosa a las escuelas públicas.

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