Por Armando Maya Castro
Una buena noticia en
materia de protección a periodistas y medios de comunicación: la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha anunciado que el día de hoy,
14 de mayo, instalará un comité especializado para la Evaluación y Otorgamiento
de Medidas de Prevención y Protección de Riesgos, con el propósito de proteger
a quienes realizan sus actividades periodísticas en la Ciudad de México.
El pasado 29 de
marzo, la Secretaría de Gobierno, Seguridad Pública (SSPDF), la Procuraduría
General de Justicia (PGJDF) y el Tribunal Superior de Justicia el Distrito
Federal (TSJDF), suscribieron el Convenio de Colaboración Institucional, con el
fin de implementar el Mecanismo de Prevención y Protección a Periodistas,
Colaboradores Periodísticos, así como a Defensoras y Defensores de Derechos
Humanos en el Distrito Federal.
Con la instalación
del citado comité, se da un paso importante en la reducción de las agresiones
contra periodistas, algo que debieran imitar aquellos estados de la República
donde las agresiones contra los profesionales de los medios de información son
recurrentes. Veracruz se convirtió en el 2011 en el estado más violento para
ejercer el periodismo. Hablamos de 15 agresiones de diferente tipo: asesinatos,
desapariciones, amenazas, ataques contra instalaciones de algunos medios y
abusos de funcionarios contra reporteros, así como detenciones arbitrarias y acciones
penales del propio gobierno estatal contra la libertad de expresión.
Algo urgente se debe de
hacer en ese estado, donde ocho comunicadores de diversos medios han perdido la
vida en menos de un año, entre ellos Regina Martínez del semanario “Proceso”.
Los últimos cuatro asesinatos tuvieron lugar el pasado 3 de mayo, justo el día
en que a nivel internacional se conmemoraba el “Día Mundial de la Libertad de
Expresión”. El gremio periodístico veracruzano y del país demanda a las
autoridades competentes celeridad en las investigaciones, así como la
aplicación de todo el rigor de la ley para quienes resulten responsables del
asesinato de estos periodistas.
Aunque Veracruz haya sido
considerada por la CDHDF como la entidad más peligrosa para ejercer el
periodismo, tenemos que reconocer que los casos de violencia en agravio de las
y los comunicadores se producen también en otros estados de la República
mexicana. En Cuernavaca, Morelos, la tarde del pasado domingo fue encontrado
muerto René Orta Salgado, quien por más de 20 años cubrió la fuente policiaca
para el periódico “El Sol de Cuernavaca”. Su cuerpo fue hallado en el interior
de su camioneta, en cuyo asiento trasero se encontró también propaganda política
a favor de Enrique Peña Nieto. Orta Salgado se retiró de la actividad
periodística hace aproximadamente tres meses, luego de ser nombrado presidente
de “Jóvenes emprendedores”, organismo creado para promover al candidato del PRI
a la Presidencia de la República.
Las autoridades
mexicanas deben reconocer que los mecanismos de Estado para proteger y
garantizar la seguridad de los periodistas no están siendo efectivos. Los
trabajadores de la información siguen siendo agredidos a pesar de la existencia
de un organismo especial que ha creado recientemente el gobierno mexicano, el
cual está conformado por las secretarías de Gobernación, de Seguridad Pública,
de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la
República, la Procuraduría Social y Atención a Víctimas del Delito, además de
cuatro representantes de la sociedad civil y periodistas.
Los ataques en contra
de los trabajadores de los medios de información, independientemente de quien
los perpetre, constituyen un atentado a la libertad de expresión, así como una
seria amenaza a la gobernabilidad democrática, al Estado de Derecho y a
nuestras libertades fundamentales. El medio periodístico del país ha levantado
la voz firme y unánimemente para pedir el cese de la violencia en contra de las
mujeres y los hombres que se dedican con profesionalismo a la difícil tarea de
informar.
Twitter: @ArmayaCastro
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