Por Armando Maya Castro
México está considerado como “el país
más peligroso para el ejercicio del periodismo en las Américas”. Así lo
demuestran los 70 homicidios cometidos contra comunicadores entre los años 2000
y 2010, así como los 13 asesinatos registrados entre enero y octubre de 2011 en
los cuales no se ha descartado un vínculo con la actividad profesional. Lo
anterior fue informado en octubre pasado por Frank La Rue y Catalina Botero,
relatores para la libertad de expresión de la Organización de Naciones Unidas
(ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
respectivamente.
Se trata de dos informes distintos
pero que coinciden en lo esencial. En ambos se reconocen mínimos avances en lo
relativo a la protección de la libertad de expresión: el papel del Instituto Federal
de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI); la creación por parte
del Gobierno Federal de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR; y la
despenalización de los delitos contra el honor a nivel federal y en la mayoría
de las entidades federativas.
Seis meses después del referido informe,
se ha dado un importante avance legislativo en lo relativo a la protección de los
representantes de los medios de comunicación. Me refiero a la Ley para la
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobada por
el Senado de la República el pasado 24 de abril. Ayer, mientras escribía esta
columna, la Cámara de Diputados aprobó la citada ley por unanimidad. Por
cierto, en el marco de dicha aprobación se guardó un minuto de silencio en
memoria de Regina Martínez Pérez, corresponsal del semanario “Proceso” en
Xalapa, Veracruz, asesinada cobardemente en el interior de su domicilio, el
pasado 28 de abril.
Este asesinato demuestra que los
periodistas siguen sin recibir la debida protección por parte del Estado,
aparte de constituir una evidencia más de que –en el caso concreto de la
violencia contra los comunicadores– sigue sin adoptarse una política integral
de prevención, protección y procuración de la justicia.
El gremio periodístico ha
reaccionado con justificada indignación por este lamentable hecho, el cual
entristece y agravia a los veracruzanos y a los mexicanos en general. Los periodistas
del país han levantado la voz para exigir a las autoridades competentes una
investigación a fondo, que esclarezca este asesinato y lleve a los responsables
ante la justicia.
Para la CIDH, “el asesinato, las
amenazas y el hostigamiento a comunicadores sociales constituye no sólo una
violación directa de sus derechos a la vida y a la integridad física, sino que
tales hechos atentan contra la libertad de expresión e información del conjunto
de la sociedad, y por tal motivo lanza condenas tan enérgicas cuando se
producen hechos de esta naturaleza”.
Sé bien que cualquier homicidio será
siempre lamentable y digno de la más enérgica condena. Sin embargo, cuando se trata
del asesinato de un comunicador, el caso reviste mayor gravedad, según nos
explica Andrés Cañizales, coautor del libro Libertad
de Expresión, una discusión sobre sus principios, límites e implicaciones:
“Cuando un periodista en el ejercicio de sus funciones es agredido, herido o
asesinado se tiene una víctima humana, individual, pero también es una pérdida
social, pues el conjunto de la sociedad dejará de contar con una fuente
informativa”.
¿Qué buscan los enemigos de la
libertad de expresión al arremeter violentamente contra quienes se dedican a investigar
e informar sobre casos de corrupción política, narcotráfico y crimen organizado?
El objetivo es, sin duda, debilitar el debate público sobre temas que son
claves para la sociedad. Es por ello que esta clase de violencia debe entenderse
no sólo como un atentado al derecho a la vida y a la integridad física del
comunicador, sino también como una violación del derecho a la libertad de
expresión.
Las autoridades de los tres niveles
de gobierno están obligadas a trabajar mucho más en la erradicación de la
impunidad, corrupción y autoritarismo, fenómenos limitantes de la libertad de
expresión. Anabel Fernández García, autora del libro “Los señores del narco”, señala que en lo que va del presente sexenio
México se ha convertido en un “Estado criminal perfecto”, situación que –según
ella– ha provocado que sea más difícil escribir sobre un conflicto que ha
cobrado la vida de 60 mil personas.
Se trata de un problema que va en
aumento y que no es privativo de un estado. El asesinato de Regina Martínez se
suma a una larga lista de atentados en contra de periodistas y comunicadores en
diferentes puntos del territorio nacional.
La sociedad exige a las autoridades
frenar la ola de violencia que azota al país y poner fin a esta historia de
crímenes y atentados que ha cobrado la vida de diversos periodistas que no
hacen otra cosa que cumplir con su deber de informar a la opinión pública. Tenemos
el deber de velar porque este crimen no quede irresuelto, como lamentablemente
han quedado muchos otros.
Twitter: @armayacastro
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