domingo, 26 de febrero de 2012

EL LEGISLATIVO Y EL ESTADO LAICO


 Por Armando Maya Castro

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) admitió el pasado 7 de febrero que “la Iglesia católica ha estado impulsando la reforma [del artículo 24] constitucional”, pero niega que lo esté haciendo “para sacar prerrogativas”. En el mismo sentido, la Arquidiócesis de México, en el editorial del semanario católico Desde la Fe, titulado “México, un país de libertades”, aseguró que no tiene “ningún sustento” afirmar que la Iglesia católica busque a través de dicha modificación nuevos privilegios.
Las reformas constitucionales que diversos jerarcas católicos han propuesto al Legislativo prueban fehacientemente que la Iglesia católica sí busca privilegios: en julio de 2007, el obispo de Acapulco, Felipe Aguirre Franco planteó la reforma del artículo 130 constitucional, a efecto de ampliar la “libertad religiosa” en México y quitar los candados para que se imparta educación religiosa en las escuelas públicas, así como para posibilitar la participación de los clérigos en cargos públicos y de representación popular. Meses después, el presidente de la CEM, Carlos Aguiar Retes, propuso la reforma del artículo 24 constitucional. Pidió sustituir el término de “libertad de culto y creencias” por el de “libertad religiosa”, argumentando sin prueba alguna “que es un concepto más amplio y respetuoso de los derechos humanos”.
Los obispos que aglutina la Conferencia del Episcopado Mexicano han negado que la Iglesia católica intenté enseñar religión en las escuelas públicas. Sin embargo, en la Carta Pastoral que la CEM emitió el 25 de marzo del año 2000, bajo el título: “Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos”, se dice: “Es una obligación del Estado proveer los mecanismos necesarios y gestionar para que, quienes deseen para sus hijos educación religiosa, la puedan obtener con libertad en las escuelas públicas y privadas” (parágrafo 281).
El problema no es que en México haya un clero que exija la suma de los privilegios y favores que la Iglesia católica tenía cuando el Estado mexicano era confesional. El problema es que haya un Legislativo que, olvidando que México se proclamó como un Estado laico hace más de 150 años, sea condescendiente con las exigencias clericales.
Es evidente que el clero católico se acostumbró al poder y a los privilegios que tuvo en aquellos tiempos. Esto explica la actual insatisfacción de la Iglesia católica, misma que se manifiesta no sólo entre los jerarcas mexicanos, sino también entre los miembros del clero católico de las naciones donde esta institución disfrutó alguna vez de una posición de privilegio.
A diferencia del cristianismo de los siglos I y II, “el catolicismo se organiza a partir de la autoridad y del poder”. La búsqueda de los ministros de la Iglesia primitiva se centraba sólo en las cosas espirituales, restándole importancia al poder, a los honores y a las riquezas temporales. Todo cambió en el año 312 d. C., cuando Constantino implementó una política a favor del catolicismo: “ordenó restituir a la Iglesia los bienes que le habían sido confiscados, y se extendió a favor del clero el privilegio de exención de impuestos de que gozaban los sacerdotes paganos. Después, mandó lucir signos cristianos en monedas, medallas y estandartes, que mostraban la vinculación del emperador con el Dios de los cristianos, vínculo que equivalía a una señal de identidad”. Fue así como surgió una Iglesia distinta, en la que los obispos y el clero comenzaron a recibir diversos privilegios legales y múltiples beneficios económicos.
Sobre el caso específico de México, el libro “Las Relaciones Iglesia-Estado durante el Segundo Imperio”, escrito por Patricia Galeana de Valadés, nos permite una comprensión correcta sobre la antigua situación de privilegio que la Iglesia católica tenía antes de la Reforma liberal: “la Iglesia constituyó una especie de Estado dentro de otro, y además, un Estado rico dentro de uno pobre, ya que se ha calculado que las tres cuartas partes de la tierra laborable del país estaban en sus manos”.
La búsqueda de privilegios por parte del clero católico no ha cesado ni cesará. El problema en realidad no es ese, sino que la Cámara de Diputados haya actuado complacientemente con las exigencias del Episcopado, aprobando la reforma del artículo 24 constitucional cuyo dictamen nos advierte que después de la misma se “requerirá” revisar los artículos 3° y el 130 de nuestra Carta Magna. Tengamos presente que la demanda de reforma de estos dos artículos proviene de la jerarquía católica, no el pueblo de México.
El pasado domingo, la Arquidiócesis de México hizo un llamado al Senado de la República para que garantice la “libertad religiosa”. Su obsesión por recuperar el poder político no es lo que preocupa a los mexicanos, sino que la Cámara de Senadores, soslayando el carácter laico del Estado, y el compromiso de todos ellos con la ciudadanía, vaya a satisfacer las demandas del clero y de la derecha en el poder. Esto representaría un golpe mortal a la enseñanza laica y abriría la puerta para imponer educación católica en las escuelas públicas, lo que resultaría discriminatorio y perjudicial para las minorías religiosas del país.

Twitter: @armayacastro

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