Por
Armando Maya Castro
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM)
admitió el pasado 7 de febrero que “la Iglesia católica ha estado impulsando la
reforma [del artículo 24] constitucional”, pero niega que lo esté haciendo
“para sacar prerrogativas”. En el mismo sentido, la Arquidiócesis de México, en
el editorial del semanario católico Desde
la Fe, titulado “México, un país de libertades”, aseguró que no tiene
“ningún sustento” afirmar que la Iglesia católica busque a través de dicha
modificación nuevos privilegios.
Las reformas constitucionales que diversos jerarcas
católicos han propuesto al Legislativo prueban fehacientemente que la Iglesia
católica sí busca privilegios: en julio de 2007, el obispo de Acapulco, Felipe
Aguirre Franco planteó la reforma del artículo 130 constitucional, a efecto de
ampliar la “libertad religiosa” en México y quitar los candados para que se
imparta educación religiosa en las escuelas públicas, así como para posibilitar
la participación de los clérigos en cargos públicos y de representación popular.
Meses después, el presidente de la CEM, Carlos Aguiar Retes, propuso la reforma
del artículo 24 constitucional. Pidió sustituir el término de
“libertad de culto y creencias” por el de “libertad religiosa”, argumentando
sin prueba alguna “que es un concepto más amplio y respetuoso de los derechos
humanos”.
Los obispos que aglutina la Conferencia del
Episcopado Mexicano han negado que la Iglesia católica intenté enseñar religión
en las escuelas públicas. Sin embargo, en la Carta Pastoral que la CEM emitió
el 25 de marzo del año 2000, bajo el título: “Del encuentro con Jesucristo a la
solidaridad con todos”, se dice: “Es una obligación del Estado proveer los
mecanismos necesarios y gestionar para que, quienes deseen para sus hijos
educación religiosa, la puedan obtener con libertad en las escuelas públicas y
privadas” (parágrafo 281).
El problema no es que en México haya un clero que exija
la suma de los privilegios y favores que la Iglesia católica tenía cuando el
Estado mexicano era confesional. El problema es que haya un Legislativo que,
olvidando que México se proclamó como un Estado laico hace más de 150 años, sea
condescendiente con las exigencias clericales.
Es evidente que el clero católico se acostumbró al poder
y a los privilegios que tuvo en aquellos tiempos. Esto explica la actual insatisfacción
de la Iglesia católica, misma que se manifiesta no sólo entre los jerarcas
mexicanos, sino también entre los miembros del clero católico de las naciones donde
esta institución disfrutó alguna vez de una posición de privilegio.
A diferencia del cristianismo de los siglos I y II,
“el catolicismo se organiza a partir de la autoridad y del poder”. La búsqueda
de los ministros de la Iglesia primitiva se centraba sólo en las cosas espirituales,
restándole importancia al poder, a los honores y a las riquezas temporales.
Todo cambió en el año 312 d. C., cuando Constantino implementó una política a
favor del catolicismo: “ordenó restituir a la Iglesia los bienes que le habían
sido confiscados, y se extendió a favor del clero el privilegio de exención de
impuestos de que gozaban los sacerdotes paganos. Después, mandó lucir signos
cristianos en monedas, medallas y estandartes, que mostraban la vinculación del
emperador con el Dios de los cristianos, vínculo que equivalía a una señal de
identidad”. Fue así como surgió una Iglesia distinta, en la que los obispos y
el clero comenzaron a recibir diversos privilegios legales y múltiples
beneficios económicos.
Sobre el caso específico de México, el libro “Las
Relaciones Iglesia-Estado durante el Segundo Imperio”, escrito por Patricia
Galeana de Valadés, nos permite una comprensión correcta sobre la antigua
situación de privilegio que la Iglesia católica tenía antes de la Reforma
liberal: “la Iglesia constituyó una especie de Estado dentro de otro, y además,
un Estado rico dentro de uno pobre, ya que se ha calculado que las tres cuartas
partes de la tierra laborable del país estaban en sus manos”.
La búsqueda de privilegios por
parte del clero católico no ha cesado ni cesará. El problema en
realidad no es ese, sino que la Cámara de Diputados haya actuado complacientemente
con las exigencias del Episcopado, aprobando la reforma del artículo 24
constitucional cuyo dictamen nos advierte que después de la misma se
“requerirá” revisar los artículos 3° y el 130 de nuestra Carta Magna. Tengamos
presente que la demanda de reforma de estos dos artículos proviene de la
jerarquía católica, no el pueblo de México.
El pasado domingo, la
Arquidiócesis de México hizo un llamado al Senado de la República para que
garantice la “libertad religiosa”. Su obsesión por recuperar el poder político no
es lo que preocupa a los mexicanos, sino que la Cámara de Senadores, soslayando
el carácter laico del Estado, y el compromiso de todos ellos con la ciudadanía,
vaya a satisfacer las demandas del clero y de la derecha en el poder. Esto representaría
un golpe mortal a la enseñanza laica y abriría la puerta para imponer educación
católica en las escuelas públicas, lo que resultaría discriminatorio y
perjudicial para las minorías religiosas del país.
Twitter: @armayacastro
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