Por Armando Maya Castro
La Secretaría de
Gobernación acaba de informar que en el presente proceso electoral, las iglesias
deberán promover “entre sus feligreses el derecho al sufragio libre, secreto y
universal”. ¿Es esta la respuesta al reciente exhorto que el pleno de la Cámara
de Diputados hiciera al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, en el
sentido de evitar que las asociaciones o líderes religiosos emitan
declaraciones relacionadas con el proceso electoral?
El llamado a promover
el voto entre los fieles ocasionará que los clérigos de la Iglesia católica,
interesados en llevar al triunfo electoral a determinados candidatos, violen
los artículos 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así como el 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que
prohíben terminantemente a los ministros de culto realizar actividades
proselitistas a favor o en contra de algún candidato, partido o asociación
política alguna.
Desde hace mucho tiempo,
la Iglesia católica ha realizado sutilmente actividades de proselitismo
político. En marzo de 2003, los obispos que aglutina la Conferencia del
Episcopado Mexicano (CEM) publicaron los siguientes documentos con “criterios
orientadores”: “¿Por quién votar? Criterios ante las próximas elecciones” (diócesis
de Jalapa); “Por un voto responsable” (diócesis de Morelos); “Un católico vota
así” (diócesis de Querétaro) y, el principal de ellos, “Votemos con
responsabilidad”, mensaje pastoral de la CEM dirigido al pueblo de México, cuyo
contenido “podía interpretarse como una velada inducción al voto en contra de
algunas posiciones u opciones políticas”. En el parágrafo 14 de dicho documento,
la CEM recuerda a los sacerdotes y a los religiosos que como
pastores están "llamados a ser factores de unidad y de comunión, de
reconciliación y de paz, por lo que no es nuestro papel hablar en favor o en
contra de ningún candidato o partido político en particular; hemos de respetar
la libertad de los fieles laicos en sus opciones políticas, dentro de un
pluralismo de partidos”.
En ese mismo punto, la
Conferencia del Episcopado Mexicano refiere que “su misión”
consiste en “orientar con los principios éticos de la doctrina social cristiana
sobre los derechos y deberes políticos de los fieles laicos, ayudando a formar
una conciencia social”. Esta supuesta misión orientadora evidenciaba que
los obispos y demás clérigos de la Iglesia católica iban a desplegar un trabajo
proselitista a favor del candidato o partido que respondiera mejor a sus
convicciones personales.
Al respecto, Roberto
Blancarte, especialista en los temas de sociología de las religiones y
laicidad, opina: “…un obispo puede tener sus convicciones políticas personales,
pero no debe utilizar el púlpito para avanzarlas, tampoco un legislador
católico, o de cualquier otra religión, puede utilizar su representación para
llevar adelante un proyecto individual o de una asociación religiosa, ni
imponer su visión doctrinal, por encima del interés colectivo”.
La invitación que la Segob
hace a las asociaciones religiosas para que promuevan el voto le cae de perlas
a la Iglesia católica, obsesionada en sacar adelante su propio proyecto de
nación, según lo establece el documento “Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos” -emitido por la CEM en marzo del año 2000-, del que “se
desprendía la necesidad de tener un Estado acorde con esa supuesta identidad
cultural del país”.
A partir de ahora, quedarán
sin sanción las acciones proselitistas como las que en el 2003 realizara el
obispo de Querétaro, Mario de Gasperín, quien prohibió a los católicos de su
diócesis "votar por quien se oponga o niegue el derecho
inalienable de los padres de familia a escoger el tipo de educación que, de
acuerdo con sus convicciones, quieran para sus hijos”.
El episcopado en su
conjunto pretende que el voto de los fieles de la Iglesia católica favorezcan a
los “políticos católicos” que han propuesto aquellas reformas constitucionales que son acordes
con los intereses del clero. O bien, que el sufragio de aquéllos sea a favor
de los políticos que han coadyuvado con su voto a lograr el avance de modificaciones
legislativas como la reforma del artículo 24 constitucional, tan anhelada por una
Iglesia que pretende recuperar los privilegios que tuvo cuando México era un
Estado confesional.
La mayoría de los
mexicanos no creen en la palabra de aquellos obispos que han dicho que la
Iglesia católica se autolimitará y no permitirá que sus sacerdotes inciten a la
feligresía a votar por tal o cual partido o candidato. Mi opinión al respecto
es que la jerarquía católica le tomará la palabra a la Segob, y a partir de
ahora se intensificará la intromisión clerical en el actual proceso electoral.
La Iglesia católica sabe que su presencia en dicho proceso le permitirá
promover y exigir a los líderes políticos un compromiso con su fe, lo “que en
la práctica equivale al compromiso con las disposiciones del Vaticano. La
pregunta obligada es esta: ¿dónde queda entonces el compromiso de estos
políticos con México?
Twitter:
@armayacastro
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