INTOLERANCIA, AUSENCIA DE LIBERTAD RELIGIOSA

Por Armando Maya Castro

Indígenas chiapanecos víctimas de la intolerancia religiosa. EFE/Archivo

En materia de libertad de creencias religiosas y de culto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre otras cosas, que “todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade, y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo…”  (Artículo 24). 

La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LARCP), reglamentaria de las disposiciones de nuestra Carta Magna en materia de asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y culto público, establece que el Estado Mexicano garantiza en favor del individuo, el siguiente derecho: “Tener o adoptar la creencia religiosa que más le agrade y practicar, en forma individual o colectiva, los actos de culto o ritos de su preferencia”. 

A pesar de estos ordenamientos jurídicos, en México prevalece todavía la “cultura” de la intolerancia sobre la libertad de creencias y de culto, como lo demuestra el acoso arbitrario que se ejerce sobre las personas que, haciendo uso de sus libertades y derechos, deciden separarse de la Iglesia mayoritaria para incorporarse a otra institución religiosa.

Para los autores de estos ilícitos, la legislación nacional e internacional que salvaguarda los derechos religiosos del hombre es sólo letra muerta. Con base en lo anterior, podemos asegurar que la libertad religiosa en México no es plena. De serlo, todos podríamos profesar, sin complicación alguna, la creencia religiosa de nuestro agrado. 

La intolerancia ha sido y sigue siendo opuesta a la libertad religiosa; José M. González del Valle acierta cuando dice que “hablar de intolerancia religiosa equivale a hablar de ausencia de libertad religiosa”. Julia Didier va más allá al afirmar que este fenómeno “suscita la inquisición, es decir el arresto, y aun la supresión de las minorías religiosas de un país”.   

Regularmente, las personas e instituciones intolerantes cubren sus doctrinas e ideas con un manto sagrado, procurando que sean intangibles y obligatorias para todos los demás. La violencia que ejercen contra los que divergen de su forma de pensar y creer, aparte de evidenciar su carácter intransigente, los sitúa en el terreno de la ilegalidad.

El pasado 4 de noviembre, el obispo de una diócesis católica que se sitúa en la región más intolerante del país reconoció la elevada tasa de intolerancia religiosa en el estado de Chiapas. En el marco de esas declaraciones, el prelado chiapaneco lamentó que las instituciones de Estado registren únicamente las agresiones que reciben los evangélicos de los católicos, pero no los ataques que éstos reciben de los grupos protestantes. 

Al respecto, es oportuno señalar: todo evento de intolerancia religiosa, independientemente de quien lo practique, deber ser condenado enérgicamente por la sociedad y castigado conforme a la ley. Nadie en su sano juicio puede defender o justificar la violencia religiosa. Sin embargo, tenemos el deber de precisar –con base en los registros oficiales- que los embates de los evangélicos son mínimos comparados con el número de agresiones perpetradas por los católicos fundamentalistas de la región de Los Altos de Chiapas.

A lo largo de la Era cristiana, diversos grupos religiosos han participado en acciones de violencia religiosa. Sobre este punto, Henry H. Halley, autor del Compendio Manual de la Biblia, refiere: “Es cierto que Calvino consintió en la muerte de Servet. Los luteranos alemanes mataron a unos pocos anabaptistas. Eduardo VI de Inglaterra ejecutó en seis años a dos católicos (en los 5 siguientes, María romanista quemó a 282 protestantes). Isabel I ejecutó en 45 años, a 187 romanistas, la mayor parte por complots de insurrección o de asesinato, y no por herejía. En Massachussets, en 1659, los puritanos ahorcaron a 3 cuáqueros, y en 1692 hubo 20 ejecutados como hechiceros. Al protestantismo puede imputárselo algunos cientos de mártires, o cuando más unos pocos miles; pero los muertos por Roma suman incontables millones”.

Las acciones criminales de estas iglesias, independientemente de la cantidad de víctimas, de las razones que hayan tenido y de los métodos que hayan empleado, serán siempre un estigma para quienes los han perpetrado. Manchas así no las tuvo ni las hubo en Iglesia primitiva, quien se caracterizó por practicar la doctrina de amor y perdón de Jesucristo y por imitar el ejemplo inmaculado de este Santo Ser.


Publicado en El Mexicano de Tijuana

http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/editoriales/3/16/editorial/2012/11/12/628709/intolerancia-ausencia-de-libertad-religiosa.aspx

 

EL ESTADO LAICO EN EL ACTUAL SEXENIO

Por Armando Maya Castro

Felipe de Jesús Calderón en el VI Encuentro Mundial de las Familias

El balance del actual sexenio en materia de “libertad religiosa” es positivo para la jerarquía católica, mas no así para las minorías religiosas establecidas en México, cuyos integrantes siguen viviendo en carne propia situaciones de exclusión, discriminación e intolerancia religiosa.

Difiero de quienes piensan que, en materia de libertades fundamentales, una de las buenas cuentas de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, es que “deja en marcha la aprobación de la reforma en materia de libertad religiosa”, modificación cuyo propósito es el desmantelamiento del Estado laico y la cancelación de la educación laica. 

Perdón que insista en lo del dictamen emitido por la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2011, pero es en él donde se evidencia que la intencionalidad de la reforma al artículo 24 constitucional es el otorgamiento de prerrogativas a una Iglesia en particular. La pretensión de imponernos esta reforma ha ocasionado que muchos intelectuales, académicos, asociaciones religiosas y organismos de la sociedad civil hayan protestado exigiendo el rechazo de la misma.

El actual sexenio representó, al igual que la administración foxista, una lamentable transición hacia el pasado conservador. Fox y Calderón –cada quien en su gestión– violaron su investidura presidencial mostrando sumisión ante el papa, jefe de un Estado teocrático. Fox se arrodilló ante Juan Pablo II y besó el anillo de éste; Calderón se inclinó ante Benedicto XVI, y sumisamente recibió de sus manos la comunión. El proceder de ambos mandatarios demostró soberbia, más que ignorancia de la ley, así como un total desprecio al principio histórico de separación del Estado y las Iglesias. 

En enero de 2009, Calderón Hinojosa pisoteó el Estado laico al asistir a la inauguración del “VI Encuentro Mundial de las Familias, México 2009”, evento cien por ciento católico, organizado en todos sus detalles por el Vaticano. Sobre la presencia y discurso de Calderón en dicho evento, Roberto Blancarte, investigador de El Colegio de México, opinó: “El problema de la violación a la laicidad sucede cuando sólo acude a este tipo de eventos y no a los de otras religiones o concepciones filosóficas”. Sobre el proceder del presidente mexicano, la historiadora Laura Campos nos dice que, al calificar a México como “tierra de mártires de la persecución”, “Calderón dejó en claro no sólo sus convicciones religiosas (las cuales trasladó a la esfera pública), sino que dejó entrever la agenda política de su gobierno en materia eclesiástica, en la cual estaría contemplada […] una visión  afín a los intereses de la jerarquía católica…”.

Otro atentado más en ese sentido se produjo en octubre de 2011, fecha en que Calderón intentó borrar de tajo la multiconfesionalidad del pueblo de México, declarando, sin respeto alguno a la diversidad religiosa, que “todos los mexicanos somos guadalupanos, independientemente de la fe y creencias que tengamos”. La declaración del Jefe del Ejecutivo Federal atenta contra los derechos humanos de los mexicanos y violenta el Estado laico, en el marco del cual ninguna autoridad puede imponerle a nadie una identidad confesional.

Estas son algunas evidencias de que el sexenio que está por terminar ha sido pródigo en violaciones al Estado laico. Lo lamentable del caso es que estos atropellos han sido protagonizados no sólo por políticos del PAN, sino también del PRI y PRD. Todos sabemos que el priísta Enrique Peña Nieto, en franco desafío al Estado laico, realizó un viaje al Vaticano acompañado de su novia Angélica Rivera. En esa ocasión, el entonces gobernador del Estado de México regaló un nacimiento y diversas artesanías mexicanas al papa, quien bendijo anticipadamente la boda de la joven pareja. 

En la presente administración tuvo lugar en Jalisco el caso de la “macrolimosna”, el donativo de 30 millones de pesos provenientes del erario que el gobierno estatal entregó a la Arquidiócesis de Guadalajara para la construcción de un santuario cristero. En el mismo lapso, la esposa del gobernador guanajuatense Manuel Oliva realizó un viaje religioso con cargo al erario. 

Contra lo que marca la ley, en marzo pasado hicieron acto de presencia en la misa papal todos los candidatos a la Presidencia de la República. Comparecieron también la mayoría de los senadores y los líderes de las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados, así como los jefes nacionales de los principales partidos políticos. 

Tras la misa papal, algunos de estos políticos declararon, con el ánimo de tranquilizarnos, que México es y seguirá siendo laico. Como prueba de ello, argumentan, el Congreso de la Unión aprobó el proyecto de reforma al artículo 40 constitucional para declarar que, además de representativa, democrática y federal, la República Mexicana es laica. 

Por cierto ayer, mientras terminaba este artículo, me enteré que “el Senado dio fe de que la mayoría de estados aprobaron las reformas al artículo 40 constitucional, por el cual se declara a México como un Estado laico”. Esperemos que nuestros políticos cumplan sus funciones públicas haciendo a un lado su credo religioso; de lo contrario, convertirán este ordenamiento jurídico en letra muerta.

UNA REFORMA PERJUDICIAL

Por Armando Maya Castro

En Jalisco, como en todo México, el pueblo dice: No a la reforma del 24 constitucional

Faltan a la verdad quienes aseguran, sin argumentos sólidos, que la reforma al artículo 24 constitucional, aprobada por el Congreso de la Unión, no pone en riesgo la laicidad del Estado, ni el carácter laico de la educación que se imparte en las escuelas públicas. 

Debe quedar claro, en principio de cuentas, que no se necesita que la citada modificación obligue al Estado a imponer una religión a la totalidad de los mexicanos para que la laicidad estatal resulte afectada. Un análisis imparcial y meticuloso del dictamen de la reforma al artículo 24 constitucional, emitido por la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2011, basta para entender el trasfondo de la reforma y, en consecuencia, lo dañino de la misma.

Los apologistas de la reforma del artículo 24 constitucional nos dicen, con el ánimo de tranquilizarnos, que la minuta que se “analiza y discute” en los congresos estatales ni siquiera menciona la posibilidad de introducir educación religiosa en las escuelas públicas. Veamos por qué a cientos de miles de ciudadanos les preocupa la aprobación de la citada reforma constitucional.

La reforma al artículo 24 constitucional incorpora tres libertades: 1) Libertad de convicciones éticas; 2) Libertad de conciencia; y 3) Libertad de religión. En el caso específico de la primera de éstas, lo preocupante es que sólo se garantiza la libertad de convicciones éticas, pero no las que el Estado pudiera calificar, a través de sus órganos competentes, como convicciones no éticas. 

Foro Cívico México Laico nos ha dicho, con mucha razón, que “la intromisión del Estado en las convicciones de la población, con la pretensión además de calificarlas de “éticas” o de “no éticas”, es una aberrante agresión a la conciencia personal, propia de un Estado confesional o totalitario”.

En un Estado así –a diferencia del Estado democrático– no existe respeto a los derechos humanos ni a las libertades fundamentales; tampoco existe el reconocimiento de que las convicciones religiosas pertenecen al fuero interno de cada persona. El Estado totalitario “sacrifica la libertad de individuos y grupos sin reconocer las bases de la soberanía, negando a sí mismo el carácter de órgano representativo al pueblo y convirtiéndose en valor y poder absoluto”. 

En un Estado de Derecho, nos dice Foro Cívico México Laico, “la conciencia, así como las convicciones y su valoración ética, corresponden a cada persona”. Este organismo apartidista, que nació a partir del 15 de diciembre de 2011, señala que “el establecimiento de una ética oficial implicaría la discriminación o, incluso, la cancelación de las éticas privadas distintas a la oficial”. 

Si bien el Dictamen de las Comisiones del Senado de la República asegura que el artículo 3º constitucional no será modificado, cabe precisar que la reforma de este último precepto es obligada por la siguiente razón: la fracción I del artículo 3º constitucional dispone: “I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa”.

Sin embargo, como con la pretendida reforma al artículo 24 desaparecerá la “libertad de creencias” y en su lugar se consagrará el “derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión”, por congruencia de texto se tendrá que reformar también el artículo 3º constitucional, para ajustarlo al nuevo contenido que se busca estipular en el artículo 24. De no hacerlo –nos dice Foro Cívico México Laico¬– "en el artículo 3º se haría referencia a una libertad que ya no estaría contemplada por el artículo 24: la «libertad de creencias», lo que generaría una incoherencia constitucional". 

Así que, de aprobarse la reforma del artículo 24 constitucional (para plasmar en él la «libertad de religión»), necesariamente se deberá reformar la fracción I del artículo 3º constitucional (para cambiar la «libertad de creencias» del texto actual, por la «libertad de religión» que se contempla en la iniciativa de reforma), pues, de no hacerlo así, se producirá una incoherencia constitucional". 

En toda reforma legal y, con mayor razón en las que son de carácter constitucional, se debe armonizar el texto reformado con las disposiciones previamente existentes, a fin de que el texto normativo en su conjunto no sea contradictorio, ni incoherente. Pues bien, el Dictamen de reforma del artículo 24 constitucional es omiso a este respecto, es decir, no propone la armonización de tal reforma con el contenido del artículo 3º constitucional. 

Los Congresos locales no pueden, bajo ninguna circunstancia, efectuar una reforma que deje abierta la puerta para la reforma del artículo 3° constitucional. La única manera de preservar intacto este artículo es mediante el rechazo categórico a la reforma del artículo 24. De no hacerlo así, las Legislaturas estatales dejarían sin ninguna protección el artículo 3° de nuestra Carta Magna, uno de los pilares de nuestra identidad nacional.

RESPETO A LOS NIÑOS NO CATÓLICOS EN EL DÍA DE MUERTOS

Por Armando Maya Castro

Altares en las escuelas públicas violentan el carácter laico de la educación

En los últimos días, diversos clérigos católicos han hecho público su rechazo al Halloween, una celebración de origen sajón que ha venido ganando terreno sobre la fiesta católica en honor de los muertos. Andrzej Dzega, arzobispo de Szczecin-Kamien (Polonia), la calificó como la “celebración de la cultura de la muerte que, tentando a los niños como una golosina, puede infringirles un gran daño espiritual (…) Es una celebración irresponsable y anti cristiana que expone a los jóvenes a un mundo de oscuridad, demonios y vampiros en nombre de la diversión”.

En nuestro país, Jesús Carlos Cabrero Romero, arzobispo de San Luis Potosí, llamó a la población a retomar el significado real del Día de Muertos, “que no se trata de venerar a la muerte –dijo–, sino de recordar a quienes se nos adelantaron en el camino y gozan de vida eterna”. El prelado potosino criticó de paso al Halloween, que invoca lo destructivo de la vida, le apuesta al sufrimiento y al miedo, “situación que contrasta con la conmemoración de todos los santos y fieles difuntos que es colorida, de respeto, solemnidad y oración…”.

La arquidiócesis de Xalapa, Veracruz, por su parte, hizo un llamado a las iglesias protestantes a no desgastar las fiestas de Día de Muertos con el mismo discurso de todos los años de que se les obliga a celebrarlas y que va en contra de sus creencias, y a los católicos, a preservarla porque es una festividad “netamente mexicana, positiva, que fomenta el gozo, el amor, la unidad y la reconciliación”, expresó José Juan Sánchez Jácome, director de la oficina de Comunicación Social de la mencionada arquidiócesis.

Al respecto, conviene dejar en claro que la Iglesia católica no puede, bajo ninguna circunstancia, coartar la libertad de expresión de los líderes de las iglesias evangélicas que se oponen a que en las escuelas públicas se instalen altares de muertos. Los pastores evangélicos tienen todo el derecho de expresar su desacuerdo con el Día de Muertos, como los clérigos católicos tienen el derecho de hacer pública su postura sobre la celebración del Halloween.

La Iglesia católica califica el Día de Muertos como una celebración “netamente mexicana”, pero no tiene manera de desmentir a los investigadores que han señalado que dichas celebraciones están impregnadas de elementos católicos. En el marco de la imposición del catolicismo en México, los frailes católicos intentaron erradicar las prácticas paganas e idolátricas de nuestros antepasados indígenas. Al no lograrlo, terminaron por hacer concesiones, obteniendo como resultado de dicho sincretismo la fusión de algunas creencias  y ritos católicos con las prácticas mortuorias de los antiguos mexicanos.

¿Dónde queda, pues, el carácter “netamente” mexicano de las fiestas del 1 y 2 de noviembre? Es evidente que dicho carácter no existe, y que la arquidiócesis de Xalapa se aprovecha de que muchos mexicanos han convertido estas celebraciones en una cuestión patriótica, de soberanía cultural, para afirmar algo que históricamente no puede demostrar.

La fiesta de Todos los Santos fue “introducida por el papa Gregorio IV hace más de diez siglos y […] nació de la idea de honrar a los mártires en general, por ser imposible venerarlos en particular”. Esta celebración se amplió hasta dar lugar a la conmemoración de los Fieles Difuntos, “luego de que el alto clero permitiera que todos los muertos católicos, no necesariamente santos, fuesen recordados en una solemne ceremonia religiosa anual” (Eulalio Ferrer, El lenguaje de la inmortalidad: pompas fúnebres, Fondo de Cultura Económica, 2003, p. 142).

Sutilmente, ambas festividades nos han sido presentadas como tradiciones mexicanas y trasladadas bajo ese disfraz a las escuelas públicas, donde se obliga a los niños no católicos a involucrarse en dichas celebraciones a través del montaje y exposición de los altares en honor de los muertos. Ha habido casos lamentables de discriminación, en que algunos de los niños que se han negado a participar en tales actividades han sido exhibidos ante sus compañeros y sancionados en sus calificaciones.

Este proceder violenta abiertamente el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual plantea que la educación que imparte el Estado es laica, es decir exenta de toda orientación religiosa. De acuerdo con este ordenamiento jurídico, el Estado mexicano “no puede teñirse de elementos confesionales, porque entonces deja de ser el representante de una sociedad pluralista”, y se convierte en el representante de una Iglesia en particular.

Deseo destacar, por último, la importancia de este precepto constitucional, amenazado desde hace décadas por quienes desean el retorno de la educación religiosa a las escuelas públicas, que son los mismos que realizan esfuerzos para que se concrete la innecesaria reforma al artículo 24 constitucional. Dejo en claro, asimismo, que mi pretensión no es coartar la libertad religiosa de las personas que se identifican con la celebración católica en honor de los muertos, sino exigir respeto al carácter laico de la educación y, sobre todo, a los derechos humanos de los niños.