Por Armando Maya Castro
El pasado 16 de enero los
medios de comunicación de todo el mundo dieron a conocer los pormenores de la
comparecencia del Vaticano ante la ONU, ante quien tuvo que responder sobre la
manera en que ha afrontado los casos de pederastia clerical en todo el mundo.
Ayer, a unos días de ese
inédito acontecimiento, el Vaticano fue acusado por el Comité de los Derechos
del Niño de violar gravemente la Convención Internacional sobre los Derechos
del Niño, aprobada en 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cabe
recordar que esta Convención es el primer instrumento internacional
jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de derechos humanos:
civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.
Mary Beloff sostiene que dicha Convención es “el marco mínimo de
reconocimiento y respeto a los derechos de los niños en el que deben
inscribirse las prácticas y las políticas de los países que la han
ratificado", entre ellas las del Vaticano, quien suscribió la citada
Convención en 1990. Más tarde, concretamente en el 2001, firmó otros dos
“protocolos opcionales”.
¿Pero en qué consistió
específicamente la acusación que la ONU lanzó contra el Vaticano este miércoles
5 de febrero? Me permito compartir con usted, estimado lector, parte del
informe en que se inculpa al Vaticano: "El Comité está seriamente
preocupado porque la Santa Sede no ha reconocido las dimensiones de los
crímenes cometidos, no ha tomado las medidas necesarias para responder a los
casos de abusos sexuales de niños y para proteger a los niños, y ha adoptado
políticas y prácticas que llevaron a la continuación de los abusos y a la
impunidad de los perpetradores".
Asimismo, el informe fustiga el
“código de silencio” que se adoptó para silenciar a las víctimas inocentes,
privilegiando “sistemáticamente la preservación de la reputación de la Iglesia
y el presunto ofensor sobre la protección de los niños”. Una de las exigencias
de la recomendación de la ONU consiste en “apartar de inmediato de sus
funciones a todos los autores conocidos o sospechosos de abusos sexuales, y
denunciarlos a las autoridades competentes para que los investiguen y los
procesen”. Otro de los requerimientos tiene que ver con la compensación a las
víctimas y el llamado a rendir cuentas no sólo a los curas pederastas, sino
también a los obispos que han encubierto tan monstruosos crímenes.
Tras conocer el informe del
Comité de la ONU para los Derechos del Niño, la sede papal reaccionó
denunciando “distorsiones” en dicho informe: "El documento no ha sido
actualizado, le falta una perspectiva correcta", aseguró Monseñor Silvano
Tomasi.
Esta actitud es lamentable,
como también la postura que asumió durante su primera comparecencia pública
ante Naciones Unidas, donde argumentó que los casos de pederastia son
responsabilidad del sistema judicial de los países en que tuvieron lugar y no
están bajo su control directo.
Aquí en México, el trabajo y
las conclusiones de la ONU fueron reconocidos por Alberto Athié Gallo, impulsor
del Informe Alternativo de México ante el Comité de los Derechos del Niños. El
también ex sacerdote católico señaló que buscarán que un tribunal internacional
le finque la responsabilidad de crimen de Estado a la "Santa Sede".
Comparto la opinión de Athié Gallo en el sentido de que “el análisis del
organismo internacional es "de un valor histórico sin precedente, porque
nunca antes se había podido llamar a cuentas a El Vaticano y decirle lo que se
le dijo".
@armayacastro
No hay comentarios:
Publicar un comentario