martes, 17 de abril de 2012

LOS CONGRESOS LOCALES ANTE UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA


Por Armando Maya Castro

La mayor parte de los seres humanos queremos empezar el día de la mejor manera. Sin embargo, al leer los periódicos o al encender la televisión o la radio, nos enteramos, casi a diario, de sucesos desagradables, es decir, de malas noticias: guerras, asaltos, secuestros, asesinatos, violaciones, ajustes de cuenta, crisis económica, violencia, en fin, todas esas cosas que generan ansiedad y depresión. No conozco a nadie que despierte con el deseo de escuchar noticias dramáticas o cosas tristes, sino todo lo contrario. 

Aunque en los últimos veinte años no hay ningún precedente de rechazo a una reforma constitucional por parte de los Congresos locales, a millones de mexicanos nos gustaría escuchar en días próximos la noticia de que las Legislaturas estatales rechazaron la reforma del artículo 24 constitucional, aprobada “fast track” el 15 de diciembre de 2011 por la Cámara de Diputados, y por el Senado de la República el pasado 28 de marzo. 

Sobre los casos de rechazo a reformas que el Congreso de la Unión ha turnado a las Legislaturas de los estados, Trinidad Espinosa Martínez, catedrático de la Universidad Autónoma de Nayarit, declaró a un medio nayarita que sí existen precedentes de que en más de una ocasión se rechazaron reformas constitucionales, aunque aclaró que ninguno de estos rechazos es reciente. El también abogado constitucionalista mencionó dos ejemplos: 1) “el relativo al voto de la mujer, ya que sólo se aprobó que fuese primero para elecciones municipales, luego para elecciones en los estados, hasta que finalmente en los años 60s, se aprobó que fuera generalizado y universal”; 2) “el de la relección de los servidores públicos de elección, aunque recordó que antes de su prohibición definitiva, se presentó, en 1925, una iniciativa que fue aprobada”. 

En las últimas dos décadas, llevar las iniciativas de reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a las Legislaturas estatales ha sido un asunto de mero trámite. Esta vez, por la enorme trascendencia de la reforma del artículo 24 constitucional para el futuro de nuestras libertades y la convivencia social de los mexicanos, la participación de los Congresos locales debe ser seria y responsable.  Ante estas legislaturas se presenta la oportunidad histórica de dejar de ser esa especie de oficialía de partes que hasta ahora han sido cuando han tenido ante sí la responsabilidad de analizar las reformas aprobadas previamente por los diputados y senadores federales.

Los mexicanos esperamos que las Legislaturas estatales realicen su trabajo pensando en el bienestar social de sus representados. El papel de estos congresos no debe limitarse a cumplir con la formalidad establecida en el artículo 135 constitucional, evadiendo el análisis y debate de los preceptos aprobados por el Congreso federal. Los diputados locales deben recordar que –de acuerdo a lo que establece el artículo 40 de nuestra Carta Magna– los estados de la República son “libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interno”. El pueblo de México espera que todos estos congresos tengan la estatura republicana que les permita ponerle fin al papel al que por mucho tiempo han sido relegados.

En México estamos urgidos de legisladores que no se sientan obligados a votar contra los intereses del pueblo de México; que con altura de miras escuchen a la ciudadanía y encuentren en ella su razón de ser, no en su partido o bancada. Los mexicanos anhelamos esa clase de diputados que legislan racionalmente, rechazando la obediencia ciega y sorda orientada a satisfacer la cúpula partidista, pero pocas veces los intereses de la población; que cuando se trata de un asunto importante para la vida de la nación, hagan buen uso de su voto, sin seguir líneas ni atender consigna alguna.

Confiamos en que los diputados de las Legislaturas estatales habrán de rechazar la reforma del artículo 24 constitucional, pues se trata de una reforma:
  • Que “violenta el Estado laico, puesto que con base en ella se pretende modificar el artículo 3° constitucional que consagra la educación laica en México”. 
  • Que “autoriza al Estado a examinar las convicciones de la población, calificándolas de éticas y no éticas, y sólo protegiendo las primeras”.
  • Que “los mexicanos no hemos solicitado, puesto que hasta la fecha gozamos de libertades religiosas”.
  • Que “sólo pretende otorgar privilegios y no ampliar libertades”.
Estas son las razones principales por las que millones de mexicanos solicitan a los congresos locales que rechacen la reforma del artículo 24 constitucional.

Twitter: @armayacastro

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