Por Armando Maya Castro
La mayor parte de los
seres humanos queremos empezar el día de la mejor manera. Sin embargo, al leer
los periódicos o al encender la televisión o la radio, nos enteramos, casi a
diario, de sucesos desagradables, es decir, de malas noticias: guerras,
asaltos, secuestros, asesinatos, violaciones, ajustes de cuenta, crisis
económica, violencia, en fin, todas esas cosas que generan ansiedad y
depresión. No conozco a nadie que despierte con el deseo de escuchar noticias dramáticas
o cosas tristes, sino todo lo contrario.
Aunque en los últimos
veinte años no hay ningún precedente de rechazo a una reforma constitucional
por parte de los Congresos locales, a millones de mexicanos nos gustaría
escuchar en días próximos la noticia de que las Legislaturas estatales
rechazaron la reforma del artículo 24 constitucional, aprobada “fast track” el
15 de diciembre de 2011 por la Cámara de Diputados, y por el Senado de la
República el pasado 28 de marzo.
Sobre los casos de
rechazo a reformas que el Congreso de la Unión ha turnado a las Legislaturas de
los estados, Trinidad Espinosa Martínez, catedrático de la Universidad Autónoma
de Nayarit, declaró a un medio nayarita que sí existen precedentes de que en
más de una ocasión se rechazaron reformas constitucionales, aunque aclaró que
ninguno de estos rechazos es reciente. El también abogado constitucionalista
mencionó dos ejemplos: 1) “el relativo al voto de la mujer, ya que sólo se
aprobó que fuese primero para elecciones municipales, luego para elecciones en
los estados, hasta que finalmente en los años 60s, se aprobó que fuera generalizado
y universal”; 2) “el de la relección de los servidores públicos de elección,
aunque recordó que antes de su prohibición definitiva, se presentó, en 1925,
una iniciativa que fue aprobada”.
En las últimas dos
décadas, llevar las iniciativas de reformas aprobadas por el Congreso de la
Unión a las Legislaturas estatales ha sido un asunto de mero trámite. Esta vez,
por la enorme trascendencia de la reforma del artículo 24 constitucional para
el futuro de nuestras libertades y la convivencia social de los mexicanos, la
participación de los Congresos locales debe ser seria y responsable. Ante estas legislaturas se presenta la
oportunidad histórica de dejar de ser esa especie de oficialía de partes que
hasta ahora han sido cuando han tenido ante sí la responsabilidad de analizar
las reformas aprobadas previamente por los diputados y senadores federales.
Los mexicanos esperamos
que las Legislaturas estatales realicen su trabajo pensando en el bienestar
social de sus representados. El papel de estos congresos no debe limitarse a
cumplir con la formalidad establecida en el artículo 135 constitucional, evadiendo
el análisis y debate de los preceptos aprobados por el Congreso federal. Los diputados
locales deben recordar que –de acuerdo a lo que establece el artículo 40 de
nuestra Carta Magna– los estados de la República son “libres y soberanos en
todo lo concerniente a su régimen interno”. El pueblo de México espera que
todos estos congresos tengan la estatura republicana que les permita ponerle fin
al papel al que por mucho tiempo han sido relegados.
En México estamos
urgidos de legisladores que no se sientan obligados a votar contra los
intereses del pueblo de México; que con altura de miras escuchen a la
ciudadanía y encuentren en ella su razón de ser, no en su partido o bancada.
Los mexicanos anhelamos esa clase de diputados que legislan racionalmente,
rechazando la obediencia ciega y sorda orientada a satisfacer la cúpula
partidista, pero pocas veces los intereses de la población; que cuando se trata
de un asunto importante para la vida de la nación, hagan buen uso de su voto,
sin seguir líneas ni atender consigna alguna.
Confiamos en que los
diputados de las Legislaturas estatales habrán de rechazar la reforma del
artículo 24 constitucional, pues se trata de una reforma:
- Que “violenta el Estado laico, puesto que con base en ella se pretende modificar el artículo 3° constitucional que consagra la educación laica en México”.
- Que “autoriza al Estado a examinar las convicciones de la población, calificándolas de éticas y no éticas, y sólo protegiendo las primeras”.
- Que “los mexicanos no hemos solicitado, puesto que hasta la fecha gozamos de libertades religiosas”.
- Que “sólo pretende otorgar privilegios y no ampliar libertades”.
Estas son las razones principales
por las que millones de mexicanos solicitan a los congresos locales que
rechacen la reforma del artículo 24 constitucional.
Twitter:
@armayacastro
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