Por Armando Maya Castro
En Chiapas, la
intolerancia religiosa sigue ocasionando severos estragos: no dejan de
producirse expulsiones, quema y destrucción de casas, cortes de agua y energía
eléctrica, amenazas y despojos en agravio de quienes han abandonado la religión
católica. Lamentablemente, estos atropellos a los derechos humanos, perpetrados
por quienes intentan hacer valer sus pretensiones y creencias religiosas sobre
los demás, suelen quedar en la más vergonzosa impunidad.
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| Perseguidos por su fe |
De acuerdo con cifras
dadas a conocer por diversos líderes religiosos, desde el 29 de julio de 1962, hasta
diciembre de 1993, cerca de 34 mil evangélicos habían sido expulsados de sus
comunidades. Un alto porcentaje de estos desplazados se estableció en las áreas
periféricas de San Cristóbal de las Casas, de Teopisca y de Comitán, donde la
situación no ha sido fácil para ellos.
Desde hace varias décadas,
la tendencia de la Iglesia católica en Chiapas –como en muchos otros estados de
la República– es a la baja. En los resultados del Censo de Población y Vivienda
2000, Chiapas apareció como la entidad federativa con menor porcentaje de
católicos (63%) y mayor número de evangélicos (22%). El resto se declaró sin
religión. En el censo más reciente, el del año 2010, sólo el 58 por ciento de
los chiapanecos manifestó ser católico. Según el INEGI, el número de
protestantes se incrementó de un 24 al 27 por ciento. Las anteriores cifras
indican que la intolerancia religiosa desplegada en contra de los evangélicos
de diversos municipios de Los Altos de Chiapas no ha podido frenar el
crecimiento de las minorías religiosas establecidas en esa región.
Aunque el fenómeno de
la intolerancia está presente en diversas comunidades chiapanecas, el municipio
que presenta mayor número de casos de intolerancia es el de San Juan Chamula, el
cual ha sido escenario de una sistemática violación de las garantías individuales
y de los derechos fundamentales. El 90% del total de los expulsados son justamente
de San Juan Chamula, municipio donde a los católicos tradicionalistas les
cuesta demasiado trabajo aceptar que sus semejantes profesen una creencia
religiosa distinta a la de ellos.
La intolerancia
religiosa que se vive en Chiapas afecta seriamente a los niños y adolescentes cuyos
padres son evangélicos; a muchos de ellos se les ha negado el ingreso a las
escuelas primarias y secundarias situadas en esa región, sin que la Secretaría
de Gobernación y las autoridades de ese estado hayan hecho algo para evitarlo. Conociendo
que el propósito de la reforma del artículo 24 constitucional es introducir
educación confesional en las escuelas públicas, lo más seguro es que, de ser
avalada por los congresos locales, los casos de intolerancia y discriminación
religiosa se multiplicarán en esa región, así como en los demás estados de la
República mexicana.
La presencia de la
intolerancia religiosa en las escuelas públicas es un hecho innegable. Aparte
de los niños evangélicos de Chiapas, la padecen también los alumnos cuyos
padres son miembros de la organización religiosa conocida como Los Testigos de
Jehová, quienes han llegado a ser sancionados por su negativa a participar en
los honores a la bandera. Sobre este caso, tenemos que reconocer la intervención de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, gracias a la cual el problema ha disminuido.
México confía en que
las legislaturas estatales tomarán conciencia de que la reforma del artículo 24
constitucional conducirá necesariamente a la modificación del artículo 3° de la
Carta Magna, en donde un elemento central es el carácter laico de la educación,
aspecto que debe preservarse y fortalecerse, si es que queremos que la
convivencia entre mexicanos siga siendo armónica.
Los congresos locales
deben actuar con absoluta responsabilidad y rechazar la reforma del artículo 24
constitucional. De no hacerlo así, estarán permitiendo que la religión se instale
nuevamente en las escuelas públicas y se convierta en un elemento de
polarización que producirá diversos atropellos y terminará incrementando la
deserción escolar, fenómeno que, por otras causas, ha tenido un aumento
significativo en nuestra sociedad. Aprobar dicha reforma significa llevar más
discriminación e intolerancia a las escuelas oficiales. México no quiere eso,
sino el cese de toda manifestación de violencia.
Twitter:
@armayacastro
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