Por Armando Maya Castro
El pasado sábado se cumplieron 63 años de que el presidente Miguel
Alemán Valdés estableciera el 7 de junio como Día de la Libertad de Expresión. De
entonces a la fecha han tenido lugar un sinnúmero de acontecimientos
relacionados con la libertad de expresión, de la que deriva la libertad de
imprenta, es decir la libertad de prensa, garantizada por el artículo 7° de
nuestra Carta Magna.
Respecto a este derecho fundamental, el artículo 19 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, establece: “Todo individuo tiene derecho a
la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión”.
Por su parte, el artículo 6° de la Constitución General de la República establece:
“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los
derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El
derecho a la información será garantizado por el Estado”.
Para Eduardo Andrade Sánchez, la libertad de pensamiento es “una de las
libertades básicas del ser humano y constituyó un punto esencial de la
ideología liberal del siglo XVIII que la plasmó en la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789 en Francia, cuyo
artículo 10 expresaba que ninguno debía ser molestado por sus opiniones, aun
las religiosas, mientras que la manifestación de ellas no perturbara el orden
público establecido".
Como se puede ver, en materia de ordenamientos jurídicos todo parece
estar muy bien en México. ¿Dónde está entonces el problema? En el ejercicio de la
libertad de expresión, que sigue enfrentando un sinnúmero de obstáculos y
restricciones ilegítimas, más allá de las declaraciones mediáticas formuladas
por funcionarios públicos que, ante la primera condena por la falta de libertad
de expresión, salen a reiterar el compromiso del gobierno con la libertad de
expresión. Si lo duda, analice usted lo que declaró en el marco del Día de la
Libertad de Expresión el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong: "La
Secretaría de Gobernación destaca la labor de todos quienes ejercen como
profesión el periodismo y la comunicación, porque su trabajo incide en el
proceso de formación de la opinión pública".
Si la garantía de libertad de expresión dependiera de declaraciones como
las de Osorio Chong, créame, estimado lector, que los profesionales de la
comunicación no tendrían de qué quejarse. Pero si se quejan es porque a la par
de estas declaraciones se producen lamentables ataques a la libertad de
expresión. Ahí está, por ejemplo, el asesinato del periodista guerrerense,
Jorge Torres Palacios, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el pasado 2 de
junio, tres días después de haber sido privado de su libertad por un comando
armado cuando llegaba a su domicilio en la colonia El Coloso, en la zona conurbada
del puerto de Acapulco.
Este caso generó, entre otras, las siguientes reacciones: El 6 de junio,
la delegación de la Unión Europea en México condenó el “vil” asesinato del
comunicador y pidió a las autoridades mexicanas esclarecer los hechos y aplicar
el peso de la ley a los responsables. Ese mismo día, las oficinas en México del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y de
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco) condenaron también el asesinato de Torres Palacios. Irina
Bokova, directora general de este último organismo, pidió investigar el crimen
y juzgar a los culpables, pues, indicó, las autoridades “deben enviar un
mensaje claro a los criminales”, y mostrar que no se puede tolerar el empleo de
la violencia “para intimidar y matar periodistas y acallar el debate en el seno
de la sociedad civil”.
La Unesco, que considera al periodismo como el oxígeno de la democracia,
se ha referido en algunos de sus obras al asesinato de periodistas, calificando
tales acciones como la peor forma de censura. También se ha referido al tema de
la impunidad que rodea estos casos, afirmando que ésta "ocurre cuando no
se investigan los actos de violencia en contra de los periodistas, y los
autores no son llevados ante la justicia" (Libertad de expresión, caja de
herramientas: guía para estudiantes, Unesco, 2013).
Entiendo perfectamente bien que el tema del respeto a la libertad de
expresión involucra a las autoridades de los tres niveles de gobierno, no sólo
a la administración federal. Todos, incluida la sociedad, tenemos el deber de realizar
acciones orientadas a terminar con el manto de impunidad que cubre los crimines
de los enemigos de la libertad de expresión. Dejémonos de declaraciones y
pasemos a las acciones.
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