Por Armando Maya Castro
La llamada santa inquisición, que en su vigencia persiguió y
asesinó a las personas que profesaban una religión distinta a la católica, fue
suprimida dos veces en México: la primera, el 22 de febrero de 1813; la segunda
y definitiva, el 10 de junio de 1820. A pesar de lo anterior y de las leyes que
prohíben terminantemente la discriminación religiosa, este fenómeno social
sigue ocasionando severos estragos en el estado de Chiapas. El pasado 15 de
junio, “los ejidatarios de Nuevo Las Tacitas de Ocosingo, realizaron la
retención ilegal y arbitraria en contra del misionero Remigio Rodríguez, vecino
de Monte Líbano y perteneciente a la Iglesia Presbiteriana”, informó este 19 de
junio NoticiaCristiana.com.
El anterior caso de intolerancia religiosa es uno más de los
muchos que han tenido lugar en Chiapas, donde las autoridades federales y
estatales han sido incapaces de detener los actos de violencia religiosa que se
vienen dando desde el 29 de julio de 1962. De entonces, hasta diciembre de
1993, más de 34 mil evangélicos habían sido expulsados arbitrariamente de sus
comunidades por los católicos tradicionalistas. Un alto porcentaje de estos
desplazados se estableció en las áreas periféricas de San Cristóbal de las
Casas, Teopisca y Comitán, donde la situación ha sido complicada para todos ellos.
En mi opinión, los ataques contra los evangélicos son la
reacción de la Iglesia católica al crecimiento que la comunidad evangélica ha
experimentado en el estado gobernado por Manuel Velasco Coello. Desde hace varias
décadas, la tendencia del romanismo en esa entidad de la República mexicana es
a la baja. Los resultados del Censo de Población y Vivienda del año 2000
revelan esta realidad. Chiapas apareció ese año como la entidad federativa con
menor porcentaje de católicos (63%) y mayor número de evangélicos (22%). El
resto se declaró sin religión. En el censo más reciente –realizado en 2010–,
sólo el 58% de los chiapanecos manifestó ser católico. Según el INEGI, el
número de protestantes se incrementó de un 24 al 27%. Estas cifras revelan que
la intolerancia religiosa desplegada contra quienes decidieron profesar la
religión evangélica en lugar de la católica, no ha logrado frenar el
crecimiento de los evangélicos establecidos en Chiapas.
Aunque este fenómeno tiene presencia en diversas comunidades
chiapanecas, el municipio que presenta mayor número de casos de intolerancia religiosa
es San Juan Chamula, donde se vienen dando, desde hace varias décadas, graves
violaciones a los derechos humanos. El 90% del total de los expulsados son,
justamente, de San Juan Chamula, municipio donde a los católicos
tradicionalistas les cuesta bastante trabajo aceptar que sus semejantes tienen
el derecho a profesar una creencia religiosa distinta a la de ellos.
La confrontación por motivos religiosos que se vive en
Chiapas afecta seriamente a los hijos de padres evangélicos, a muchos de los
cuales se les ha negado el ingreso a los establecimientos de educación básica,
sin que la Segob y las autoridades chiapanecas hayan hecho lo suficiente para
evitarlo. El problema es añejo pero se incrementó en el sexenio de Juan Sabines
Guerrero, quien permitió –junto con Felipe Calderón Hinojosa– el agravamiento
del problema en varias comunidades chiapanecas.
La intolerancia religiosa afecta también a los alumnos cuyos
padres pertenecen a la organización religiosa conocida como Los Testigos de
Jehová, quienes han llegado a ser sancionados por su negativa a participar en
los honores a la bandera. En el caso específico de los problemas de esta
organización se ha dado la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, gracias a la cual el problema ha disminuido.
Uno de los aspectos más preocupantes es la multiplicación de
las violaciones del Estado laico, lo que se traduce, inevitablemente, en la
propagación de los casos de intolerancia religiosa. Antes lo he dicho y esta
vez lo repito: “Para evitar la multiplicación de los casos de intolerancia
religiosa es necesario multiplicar esfuerzos en pro del fortalecimiento del
Estado laico, el cual brinda a todas las iglesias el debido reconocimiento, así
como igualdad ante la ley, obligando a las autoridades de Gobierno a mantener
una postura de imparcialidad hacia las distintas convicciones religiosas y
modos de pensar. México ya tiene suficiente con la violencia causada por la
delincuencia organizada, como para provocar el incremento de la intolerancia
religiosa, una forma de violencia que sólo puede erradicar el Estado laico.
Nuestro deber es trabajar más y mejor en el fortalecimiento de la laicidad,
evitando que ésta sea embestida por los políticos partidarios del Estado
confesional. Tenemos que hacerlo si es que no queremos que la intolerancia
religiosa –que ha lastimado por décadas a estados como Oaxaca y Chiapas– se
extienda a los 32 estados de la República Mexicana”.
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