Por Armando Maya Castro
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| Centro de detención para niños migrantes en Estados Unidos |
Barack
Obama jamás imaginó que en su segundo mandato como presidente de Estados Unidos
iba a enfrentar uno de los problemas más grandes en la historia de la
migración: la oleada de niños migrantes menores de 18 años que saturan los
centros de detención en la frontera sur de esa nación, un fenómeno que ha sido calificado
por algunos como una crisis humanitaria.
De
octubre de 2013 a la fecha, el gobierno de Estados Unidos detuvo a 47 mil niños
sin la documentación requerida y sin la compañía de un adulto, situación que
convierte a estos menores en seres altamente vulnerables. Se trata de un 92%
más que en 2013, anunció el gobierno estadounidense el pasado 17 de junio.
Diversos
analistas han señalado que este titánico problema es consecuencia del
endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, cuyo propósito
principal es sellar su frontera con México para impedir el paso de las drogas y
también de los migrantes. Esta política ha ocasionado que los migrantes que
llevan tiempo viviendo en la Unión Americana decidan permanecer en territorio
estadounidense. Por temor a que se les impida volver, ya no vienen a México, ni
los centroamericanos viajan a sus países, como lo hacían en el pasado; prefieren
mandar por sus familiares, algunos de los cuales son menores de edad.
Aparte
de las precarias condiciones del largo viaje que estos niños emprenden, varios
de ellos niños han sido sometidos a abusos y maltratos por parte de los agentes
fronterizos. Las denuncias revelan que se trata de atropellos constantes y de
diversa naturaleza: aislamiento, discriminación, golpes y abusos sexuales y
verbales.
El
maltrato, crueldad y racismo que estos menores experimentan en suelo
norteamericano merece recibir de parte nuestra la más enérgica condena, como
también es digna de condena la insensibilidad y falta de voluntad de los
gobiernos centroamericanos, quienes han sido incapaces de construir un entorno de
posibilidades y bienestar social que ponga fin a la desigualdad económica y logre
arraigar a sus gobernados –incluidos niños y niñas– en sus países de origen.
Es
reprobable asimismo el proceder indolente de los gobiernos de los países y
estados de la ruta migratoria, en donde hacen falta políticas públicas orientadas
a prevenir, atender y reparar los atropellos a los derechos humanos en agravio
de los menores migrantes. México, que es un país de origen, tránsito y destino
de migrantes, ha desatendido muchos de estos aspectos, permitiendo así que el crimen
organizado e integrantes de diversas corporaciones policiacas se aprovechen
impunemente de los migrantes.
Estados
Unidos, México y las naciones centroamericanas deberían formular políticas
efectivas para ayudar y proteger a los niños migrantes, tal como lo expone el
Artículo 2.1 de la Convención de los Derechos del Niño, el cual estipula: “Los Estados Partes respetarán los derechos
enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño
sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza,
el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los
impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus
padres o de sus representantes legales”.
Estoy consciente que
Estados Unidos no ha ratificado la Convención en cuestión. La firmó en 1995,
pero nunca la ha enviado al Senado para que sea ratificada. Pese a lo anterior,
el vecino país del norte respalda dicho documento, lo que nos permite asegurar
que seguirá trabajando con las naciones de la región para solucionar una crisis
humanitaria que no admite demora.
Twitter: @armayacastro
