Por Armando Maya
Castro
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| El papa y el presidente ecuatoriano Rafael Correa (Foto / ACI Prensa) |
El papa tiene todo el derecho de visitar a los fieles
de su Iglesia en cualquier país del mundo. Es un derecho que tiene no sólo
Jorge Mario Bergoglio, líder máximo del catolicismo, sino también los líderes
de todas las religiones del mundo. El problema no es que se realicen esta clase
de visitas, sino que se utilicen recursos públicos para sufragar las
actividades de las mismas.
Hoy me referiré específicamente a lo que pasa en la
República del Ecuador, un país laico de acuerdo al artículo primero de la Constitución
ecuatoriana, que a la letra dice: “El Ecuador es un Estado constitucional de
derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario,
intercultural, plurinacional y laico”.
La separación definitiva del Estado y de la Iglesia en
ese país sudamericano se produjo en 1895, luego del triunfo de la revolución
liberal. Fue entonces cuando se limitó el ámbito de influencia de la Iglesia romana,
“cuyo poder era percibido como el principal obstáculo para los avances
modernizadores”, señala la escritora Gabriela Dalla Corte.
Ese año se logró, entre otras cosas, el establecimiento
de la educación laica, el manejo de los cementerios por parte del Estado, el establecimiento
del divorcio y la eliminación del diezmo.
Tras este importante avance, vino una lamentable regresión
al ser promulgada la Constitución de 1897, misma que instituyó el catolicismo
como única religión del Estado (Artículo 12). Inmediatamente después del
anterior artículo, que elevaba a rango constitucional el carácter confesional
del Estado, la Carta Magna en cuestión instaba al respeto de las creencias y
manifestaciones religiosas de la ciudadanía (Artículo 13).
Este retroceso fue remediado al ser promulgada la
Constitución Liberal de 1906, en la que se suprime la religión oficial y se
garantiza la libertad de conciencia. El artículo 16 de este documento, al que
tuve acceso mediante la página web de la Asamblea Constituyente de la República
del Ecuador, consignaba que "La enseñanza es libre, sin más restricciones
que las señaladas en las leyes respectivas; pero la enseñanza oficial y la
costeada por las Municipalidades, son esencialmente seglares y laicas”. Este
artículo añade, asimismo, que “Ni el Estado ni las Municipalidades
subvencionarán ni auxiliarán, en forma alguna, otras enseñanzas que no fueren
la oficial y la municipal.”
Lamentablemente, los preparativos para recibir al papa
en el Ecuador rompen con el carácter laico que tiene el Estado ecuatoriano. Y
es que el presidente Rafael Vicente Correa Delgado, quien se identifica con los
sectores más liberales de la Iglesia católica ecuatoriana, emitió el pasado 29
de abril el Decreto 663, en el que declara de interés nacional la visita del
papa Francisco a ese país (Artículo 1). Este precepto presidencial pasa por
encima de la diversidad religiosa existente en ese país, la cual consta en el
siguiente dato: La Dirección de Políticas de regulación para el Libre Ejercicio
de Cultos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, registra
legalmente en Ecuador más de 2.980 grupos religiosos.
El decreto ejecutivo emitido por el presidente Correa,
que crea el Comité Nacional para la visita del romano pontífice, ordena "Disponer
a la Administración Pública Central e Institucional y solicitar de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados que, en el marco de sus competencias,
orienten sus acciones para coadyuvar en la realización efectiva de este evento
internacional" (Artículo 2).
El presidente dispuso en su decreto no sólo la
creación de un comité especial; también ordenó que los gastos de la visita
apostólica los asuma el Estado ecuatoriano: "En caso de que las
actividades de la visita del Papa Francisco demanden gastos en el ámbito de las
competencias de Ministerios o Entidades del Sector Público, estos egresos serán
asumidos con cargo a sus propios presupuestos" (Artículo 5).
El decreto en cuestión, y las acciones que el Estado
realiza con motivo de la visita papal, evidencian que las autoridades
ecuatorianas están procediendo como si Ecuador fuese un Estado confesional. Daniel
Crespo, profesor de Humanidades de la Universidad de Los Hemisferios, señala
que “en la práctica el Ecuador funciona como un Estado confesional”. Este
académico presenta como prueba de sus afirmaciones las siguientes situaciones:
“Desde 1895 hay en Ecuador una Ley de Cultos, pero los juristas aplican el
Concordato con la Iglesia católica como si fuera la Ley de Cultos. Hay
instancias como el Consejo Nacional de Libertad Religiosa, en donde se ha
evidenciado que la laicidad del Estado no se ha verificado, a pesar de haberse
proclamado hace más de un siglo. Los pasaportes diplomáticos sólo eran
concedidos a obispos católicos y no a representantes de otras confesiones…”.
Los anteriores privilegios, y los que por decreto
presidencial se están otorgando a la Iglesia romana con motivo de la visita
papal, prueban fehacientemente el desmantelamiento del Estado laico ecuatoriano,
una situación que coloca a las minorías religiosas en un estado de exclusión e
indefensión, así como en una total desventaja frente a la institución religiosa
que está siendo altamente favorecida por el presidente Rafael Correa.
Twitter: @armayacastro
Publicado el jueves 29 de mayo de 2015 en El Mexicano de Tijuana
