LAS CONVICCIONES EN UN ESTADO LAICO

Por Armando Maya Castro 

¿Compete al Estado establecer una ética oficial y excluir otras concepciones éticas?

El artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza sin ninguna restricción la libertad de creencias o convicciones. La reforma al citado artículo, aprobada el 15 de diciembre de 2011 por la Cámara de Diputados, y el pasado 28 de marzo por el Senado de la República, garantizará también la libertad de convicciones, pero únicamente las éticas; las que no se evalúen como tales quedarán –en caso de aprobarse la reforma– sin ningún tipo de protección constitucional. 

Si la mayoría de los congresos estatales aprueba la reforma del artículo 24 constitucional, el Estado tendrá el derecho de evaluar nuestras convicciones y decidir cuáles son éticas y cuáles no lo son. Un Estado que califica o descalifica las convicciones de los miembros de las diferentes iglesias niega la verdadera libertad religiosa.  

Lo que los mexicanos crean o dejen de creer no es competencia del Estado, sino de cada persona. La postura del Estado ante las distintas manifestaciones religiosas de la población debe ser de respeto y de absoluta neutralidad. Su función no es obstaculizar, orientar ni regular en materia de creencias religiosas; su papel es proteger jurídicamente a las asociaciones en los términos que marca la ley.

Si el gobierno no debe interferir en los asuntos internos de las asociaciones religiosas, mucho menos en el fuero interno de las personas. Otorgarle al Estado facultades para que resuelva a través de sus órganos competentes qué convicciones son éticas y cuáles no lo son, es colocarlo en la misma posición de los Estados totalitarios; esos que son la antítesis de los Estados democráticos, donde el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales es inexistente. 

El Estado totalitario –por no decir autoritario– es aquel que extiende su poder despótico en todas las esferas, incluida la religiosa. En dichos estados, a diferencia de un Estado democrático, no existe libertad religiosa ni el reconocimiento de que las convicciones religiosas pertenecen al fuero interno de cada persona. 

De ahí la importancia de vivir en un Estado laico, donde el respeto a la libertad de conciencia es pleno, y donde los funcionarios públicos asumen el compromiso de vigilar y proteger al individuo contra toda violentación de su espíritu. 

¿Basta la aprobación del artículo 40 constitucional para considerar fuera de peligro la laicidad del Estado mexicano? Algunos piensan que sí, pese a lo que quedó asentado en el dictamen de la reforma del artículo 24, emitido por la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2011. Muchos otros creemos que es incongruente que un Estado que se denomina laico vaya a querer imponernos determinadas convicciones bajo el argumento de que –tras ser valoradas- reúnen las condiciones para ser consideradas éticas, a diferencia de otras. 

El Estado tiene el deber de respetar las diferentes convicciones de la población. Su trabajo no es evaluar ni calificar, sino garantizar la autonomía y libertad de las personas y grupos. Debe garantizar, al mismo tiempo, que éstos convivan en igualdad, sin que determinada religión pretenda imponer sus creencias a las demás religiones y al resto de la sociedad. No hay que olvidar que el reconocimiento de la igualdad de derechos y libertades de los individuos son elementos básicos de un Estado democrático. 

Me permito reproducir uno de los tantos argumentos que Foro Cívico México Laico ha presentado en la mayoría de los congresos estatales: “La intromisión del Estado en las convicciones o creencias de la población, con la pretensión además de calificarlas de «éticas» o de «no éticas», es una aberrante agresión a la conciencia personal, propia de un Estado totalitario. De aprobarse esta reforma, el Estado mexicano ya no sólo determinará lo jurídicamente válido, sino que ahora decidirá, además, lo éticamente válido; en efecto, ya no sólo tendrá el monopolio de lo jurídico, sino también el monopolio de lo ético.

Es una verdadera pena que algunos congresos locales hayan aprobado la reforma del artículo 24 ignorando argumentos tan sólidos como el del párrafo anterior, y que en vez de ello hayan cedido a líneas y/o presiones de quienes están interesados en la aprobación de una reforma orientada a otorgar privilegios, buscando que se modifique no sólo el artículo 24 constitucional, sino también los artículos 3° y 130 de nuestra Carta Magna, garantes de la educación laica y de la separación del Estado y las iglesias, respectivamente. 

Twitter: @armayacastro

VIOLENCIA, CONSECUENCIA DE LA PÉRDIDA DE VALORES

Por Armando Maya Castro

En la actualidad, la violencia se halla presente casi en todas partes. La encontramos en las telenovelas mexicanas y en las extranjeras; en las películas producidas en México, como en aquellas que se producen en otras naciones. En muchas de ellas, la violencia y el terror son modas imperantes imposibles de evitar, nos dice Marcelino Bisbal.

Por desgracia, la violencia ha llegado también a las escuelas, espacios donde el bullying se ha convertido en un verdadero azote y en el terror de innumerables alumnos. El siguiente dato, proporcionado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, describe lo que pasa en nuestras escuelas: en México, tres de cada 10 estudiantes de primaria han sufrido alguna agresión física por parte de un compañero.

La violencia afecta a personajes famosos, cuya celebridad y popularidad es del dominio público, pero también perjudica a personas sencillas, como es el caso de los migrantes en tránsito por México, quienes han sido objeto de ataques violentos en repetidas ocasiones. Estos eventos, hay que decirlo, han sido favorecidos por la corrupción, la complicidad y la impunidad imperantes en el país.

Ni los funcionarios públicos, ni los familiares de éstos escapan a la violencia en la que nos encontramos atrapados. Las acciones del Estado mexicano en contra de las actividades delictivas de los cárteles de la droga, ha ocasionado que estos grupos criminales tomen violentas represalias contra algunos funcionarios públicos y personas dedicadas a la política. Hay quienes piensan que el asesinato de José Eduardo Moreira, hijo del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, pudo haber sido por represalias orquestadas por la delincuencia organizada. 

Es evidente que quienes sufren con mayor severidad los efectos de la violencia y la inseguridad son los ciudadanos comunes y corrientes, los que con su trabajo diario y honesto construyen la grandeza de nuestro país.

Las calles son, con toda seguridad, los sitios donde la violencia genera mayores estragos a través de robos, asaltos, secuestros y asesinatos. La violencia nos persigue y aparece en los cruces viales, topes y semáforos, ocasionando no sólo la perdida de nuestros bienes, sino también enormes daños físicos y sicológicos. Aparece de noche y de día, en parques, callejones y estacionamientos solitarios.

Es triste decirlo, pero la violencia se ha convertido en parte de nuestro diario vivir; nos acostamos y nos despertamos escuchando noticias de asesinatos, secuestros, violaciones, levantones, desapariciones y demás cosas impregnadas por la violencia que se da en nuestro diario acontecer. Con ese tipo de noticias nos acostamos y con ellas nos levantamos. 

Lo verdaderamente grave es que nos hemos acostumbrado tanto a ver ese tipo de noticias que hemos perdido la capacidad de reacción. No la hay, al menos que el asesinado, secuestrado o desaparecido tenga alguna relación de parentesco o cercanía con nosotros.

Esta barbarie va en aumento y parece no tener fin, al menos no lo tendrá en la presente administración. Las autoridades federales nos dicen todos los días que la guerra contra el crimen organizado es para brindarnos seguridad; sin embargo, la desilusión se torna mayúscula entre los mexicanos cuando vemos que los esfuerzos de las autoridades no garantizan debidamente nuestra seguridad.

Permítame, estimado lector, hacer la siguiente reflexión: nos quejamos de la violencia y de la descomposición moral que la genera, que esto debería ser razón suficiente para aborrecer la violencia y erradicarla de nuestro entorno. Pero en vez de ello, se observa con tristeza que la violencia se ha introducido poco a poco en nuestros hogares, perjudicando de diversas maneras a los nuestros. 

Me refiero, desde luego, a la violencia familiar o doméstica, que tiene lugar entre los miembros de una familia, pudiendo ocasionar severos daños físicos y sicológicos a quien la padece. Me refiero también a la violencia de género, esa que es ejercida por quien es o ha sido el compañero sentimental de una mujer, a quien daña física y sicológicamente al intentar someterla o controlarla.

Admitámoslo: la sociedad de nuestro tiempo se halla inmersa en un proceso de progresiva pérdida de valores. Esto puede remediarse únicamente en el hogar, con un trabajo de instrucción responsable por parte de nosotros, los padres de familia. Me refiero, evidentemente, al fomento de valores tales como el respeto, la honestidad, la no violencia, la solidaridad, etcétera. Es tiempo que tomemos la decisión de hacer lo necesario para erradicar de nuestro entorno la violencia en cualquiera de sus manifestaciones.

Twitter: @armayacastro

LOS IMPLICADOS EN EL GENOCIDIO DE RUANDA

Por Armando Maya Castro

El pasado 27 de septiembre, el vocero del Vaticano, Federico Lombardi, negó que la Iglesia católica brinde protección al cura católico Jean-Baptiste Rutihunza, presunto participante en el genocidio de Ruanda, y sobre quien hay una orden de captura internacional.

Federico Lombardi niega lo que algunos medios de comunicación europeos han publicado acerca de Rutihunza, el presbítero –miembro de la etnia hutu– acusado de crímenes contra la humanidad. Un repaso a la historia de Ruanda en la década de los años noventa nos permitirá conocer que, aparte del citado sacerdote, muchos otros clérigos participaron en el genocidio que dejó en esa nación más de un millón de muertos, así como innumerables violaciones a los derechos humanos.

El 6 de abril de 1994, Juvenal Habyarimana y Cyprien Ntaryamira, presidentes de Ruanda y Burundi, respectivamente, perecieron en un sospechoso accidente de aviación. Esto desencadenó una terrible matanza perpetrada por extremistas hutus, pertenecientes a las milicias interawne, quienes culparon a la etnia tutsi del asesinato de ambos mandatarios. “Un pequeño grupo de colaboradores cercanos del presidente asesinado empezó entonces a ejecutar los planes de matanza organizada de civiles tutsis…”.

El 14 de abril de 1999, el arzobispo de Gikongoro (Ruanda), Agustín Misago, fue arrestado en Kigali, luego de que el presidente Pasteur Bizimungu lo acusara de haber participado en el genocidio de 1994. La organización African Rights hizo una acusación similar, afirmando que el canónigo había cometido crímenes contra la humanidad. El fiscal pidió aplicar la pena de muerte a Misago, a quien responsabilizó de negar refugio a los tutsis (enemigos de los hutos, tribu a la que pertenece el arzobispo Misago); de enviar a 30 escolares a la muerte;  de crear un campo de refugiados en Murambi; de colaborar en la masacre de la iglesia de Kibeho, y de haber comprado 100 machetes. 

Para sorpresa de muchos, el 15 de junio del 2000 (un año después de su detención), un veredicto del tribunal de Kigali lo absolvió de todas las acusaciones.  Conviene mencionar que a lo largo de dicho proceso el Vaticano ejerció enorme presión, calificando como calumnioso el cargo de genocidio que pesaba sobre el prelado. Tal fue el apoyo del papa Juan Pablo II, que en el mes de mayo del año 2000, estando Misago todavía preso, le envió un telegrama expresándole su apoyo y confianza. Posteriormente, el clérigo ruandés dijo estar agradecido de que el papa “movilizara” a toda la Iglesia en el mundo para interceder por su libertad. El 8 de septiembre del año 2000, dos meses y medio después de la absolución de Misago, Juan Pablo II le recibió en audiencia. 

La escritora Linda Melvern, en su obra “Un pueblo traicionado: el papel de occidente en el genocidio de Ruanda”, nos aporta importantes datos sobre la participación del clero ruandés en el genocidio: “El apoyo católico al nacionalismo hutu era tan patente que, cuando se produjo el genocidio de 1994, el arzobispo de Kigali, Vicente Nsegiyumva, ocupaba un puesto en el Comité central del partido en el poder y estaba íntimamente ligado al entorno más próximo a «Poder hutu», la asociación que organizó el genocidio”. La autora de este libro es mesurada y aclara: “no todos los miembros de la Iglesia eran tan próximos al régimen, y algunos predicaban en favor de la reconciliación”.

Los clérigos hasta ahora mencionados no fueron los únicos implicados en el genocidio. Entre los procesados por su participación genocida se encuentran dos monjas benedictinas: Consolata Mu-kangango (sor Gertrudis) y Julienne Mukabutera (sor María Kizito), acusadas de haber contribuido en la ejecución de 7 mil tutsis que buscaban refugio en el convento de Sovu.  La participación de estas “religiosas” consistió en llamar “a las milicias para que echaran del lugar a los desesperados tutsis del perímetro del convento. Les dieron gasolina a los milicianos para que quemaran a unos 500 tutsis que se habían refugiado en el estacionamiento del convento” (La Jornada, 9 de junio de 2001).

Actualmente, sor Gertrudis y María Kizito purgan una condena de 15 y 12 años de cárcel, respectivamente. Esta sanción, impuesta por un tribunal de Bélgica, el 8 de junio de 2001, provocó la inmediata reacción de la “Santa Sede”, quien declaró a través de Joaquín Navarro Valls, portavoz del Vaticano, lo siguiente: "El Santo Padre no puede expresar sino una cierta sorpresa al ver cómo la grave responsabilidad de tantas personas y grupos envueltos en este tremendo genocidio en el corazón de África, recae en sólo unas pocas personas".

Por la implicación de algunos miembros del clero y la actitud asumida por la sede papal durante el proceso de éstos, la Iglesia católica en Ruanda es considerada corresponsable de un genocidio que tuvo el propósito de exterminar a la población tutsi. 

@ArmayaCastro

¿QUIÉN DISCRIMINA, EL ESTADO LAICO O EL CONFESIONAL?

Por Armando Maya Castro

El episcopado mexicano, en busca de reformas que le permitan participar en política

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) falta a la verdad cuando califica como “discriminación” las leyes que impiden que los ministros de culto ocupen cargos públicos, tal como acontecía en los tiempos del México colonial, donde hubo obispos que llegaron a ser virreyes.

En aquellos siglos, gracias al Estado confesional, México era un país uniformemente católico, con autoridades e instituciones que favorecían en todo a la Iglesia católica e impedían el establecimiento de otras iglesias en territorio mexicano. El confesionalismo estatal impidió en aquellas centurias el surgimiento y actividad de la disidencia religiosa, misma que era reducida a grupos minoritarios más o menos hostigados. A esto, señores de la CEM, sí le podemos llamar discriminación, intolerancia, atropello a los derechos humanos.

En los tiempos en que México luchaba por su independencia, las cosas siguieron siendo para la Iglesia católica como en el virreinato: todo a su favor. En 1811, Ignacio Rayón redactó un proyecto de Constitución que tituló Elementos Constitucionales, los cuales comenzaban de la siguiente manera: “La religión católica será la única sin tolerancia de ninguna otra”. 

La Constitución de Cádiz, firmada el 19 de marzo de 1812, y jurada ese año también en la Nueva España, siguió proclamando a la católica como religión de Estado, obligando a los diputados a defenderla bajo juramento, “sin admitir otra alguna en el reino”. Esto fue así, pese al enfoque liberal de dicha Constitución. 

José María Morelos y Pavón –declarado hereje y excomulgado por el obispo Manuel Abad y Queipo– otorgó privilegios similares a la Iglesia católica en “Los Sentimientos de la Nación”, manifiesto que repetía la misma exclusividad de la religión católica y la intolerancia de cualquier otra. 

Tras la consumación de la independencia de México, el Plan de Iguala, los Tratados de Córdoba, el Segundo Congreso Mexicano instalado en 1822 y el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, favorecieron en exclusiva a la Iglesia católica, excluyendo a las demás religiones. Ese principio de intolerancia religiosa iba a impregnar a la mayoría de las constituciones mexicanas del siglo XIX.

La primera Constitución, promulgada en 1824 por el Congreso Federal, establecía que la religión católica es la única oficialmente autorizada. Las Siete Leyes Constitucionales (1835-1836), establecían en su artículo primero que la nación mexicana “no protege otra religión que la católica, apostólica, romana, ni tolera el ejercicio de otra alguna”. En las Bases Orgánicas de 1843 se mantuvo de manera esencial la protección a la Iglesia católica y la exclusión de otras confesiones religiosas.

La Constitución de 1857 fue distinta a todas las que había tenido México en las décadas anteriores. No declaraba a la católica como religión de Estado; consagraba, eso sí, “las libertades de enseñanza, trabajo, pensamiento, petición, asociación, comercio e imprenta”. La reacción del clero y del Partido Conservador ante esta Carta Magna no fue de sumisión, sino de insubordinación, con consecuencias muy graves y lamentables para la vida de México: la sangrienta Guerra de Reforma. 

Durante el gobierno de Benito Juárez, se llevó a cabo la necesaria y saludable separación del Estado y la Iglesia. Esto fue posible gracias a las llamadas leyes de desamortización (Ley Juárez, 1855; Ley Lerdo, 1856) y a la Constitución de 1857, así como a las Leyes de Reforma de 1859: separación de la Iglesia y el Estado, proclamación de la libertad de cultos, establecimiento del registro civil, secularización de los cementerios y reducción de los días de festividad religiosa.

Lamentablemente, estas leyes que han sido tan benéficas para la vida de México, han sido calificadas recientemente como discriminatorias por la Conferencia del Episcopado Mexicano, quien afirma que es necesario combatir dicha discriminación a través de organismos como el CONAPRED, quien se encarga de “recibir y resolver las reclamaciones y quejas por presuntos actos discriminatorios cometidos por particulares o por autoridades federales en el ejercicio de sus funciones”.

Es absolutamente falso que un Estado laico, que se caracteriza por brindar un trato igualitario a todas las iglesias, pueda ser discriminatorio. La discriminación se produce únicamente durante la vigencia de un Estado confesional, como ocurrió a lo largo de la Colonia y durante las primeras décadas del México independiente.

La historia muestra que la intromisión de la Iglesia católica en política y en asuntos que son competencia exclusiva del Estado ha sido altamente perjudicial para la vida de los mexicanos. ¿Se imagina usted, estimado lector, el enorme daño que se le haría a México si se eliminan los candados legales que impiden a los ministros de culto ocupar cargos públicos y de representación popular? Eso equivaldría a sepultar por completo el legado laicista de Juárez y los hombres de la Reforma. 

Una pregunta más: ¿Qué pasaría si el Poder Legislativo llevara a cabo las reformas que la Iglesia católica demanda para conseguir que los clérigos puedan ser presidentes, gobernadores, diputados, senadores o líderes políticos? Esto equivaldría a cancelar totalmente el carácter laico del Estado mexicano, en detrimento de la verdadera libertad religiosa. 

La Iglesia católica jamás ha sido partidaria de la laicidad, concepto que la excluye –así como a las demás asociaciones religiosas– del ejercicio del poder político y, en particular, de la enseñanza pública. Por esa razón el claro católico cabildea y presiona en los congresos estatales procurando que se incorpore a la Constitución el término “libertad de religión”  en lugar del término “libertad de creencias y de culto”. 

Esta presión, sin embargo, no sólo es del clero católico mexicano, sino también de Benedicto XVI, quien antes de convertirse en papa arremetió varias veces contra la laicidad a la que definió como la "dictadura del relativismo". 

Si hay clérigos interesados en hacer política partidista, que lo hagan ciñéndose a la ley: deberán separarse formal, material y definitivamente de su ministerio cuando menos cinco años antes de la jornada electoral para poder ser votados para puestos de elección popular, o tres años para desempeñar cargos públicos superiores.

Lo que no puede hacer la clase política mexicana es complacer al clero en sus demandas de poder político y económico. Si lo hacen, no tardaremos en ver a los clérigos católicos inmiscuidos en política y queriendo imponer desde sus cargos públicos sus postulados en materia de fe y moral al resto de la población. Los mexicanos no podemos permitirnos semejante retroceso. 

Twitter: @armayacastro