DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA

Por Armando Maya Castro

Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señaló que la libertad de expresión en México atraviesa por etapa crítica (Foto: El Universal).

En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa. El objetivo: "fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática". 

El Día Mundial de la Libertad de Prensa, que actualmente se celebra en más de cien países del mundo, constituye una de las principales acciones de la UNESCO para generar conciencia sobre la libertad de expresión. Uno de los aspectos importantes de dicha celebración es que brinda a los Estados democráticos la "oportunidad para subrayar los principios fundamentales de la libertad de prensa, evaluar su situación en todo el mundo, defender a los medios frente a los ataques contra su independencia, y para homenajear a aquellos y aquellas periodistas que perdieron la vida en el ejercicio de su profesión", señala la UNESCO en su obra “Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios”.

La libertad de expresión, que supone el derecho de comunicar libremente ideas, opiniones y noticias a través de cualquier medio de difusión, es una de las características de todo régimen democrático. Está prevista en varios instrumentos, entre ellos los siguientes: la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 19), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo 4), la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (artículo 19)…

En nuestro país, donde la libertad de los medios de comunicación ha experimentado un importante declive en los últimos sexenios, se han promulgado diversos textos constitucionales que consagran la libertad de expresión y de prensa: El Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana (1814), el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano (1823), el Acta Constitutiva de la Federación de 1824, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, las Bases y Leyes Constitucionales de la República Mexicana de 1836, las Bases Orgánicas de la República (1843), el Acta Constitutiva y de Reforma (1847), la Constitución Federal de 1857, el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano (1865), y la actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que los regula en sus artículos 6° y 7°. 

Un documento importante en la materia data del época de Benito Juárez, quien logró garantizar la libertad de expresión a través del "Decreto del Gobierno sobre libertad de imprenta", emitido el 2 de febrero de 1861. En dicho documento, el Benemérito de las Américas decreta: “Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos en cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública” (artículo 1°).

Antes del citado documento, que le granjeó a Juárez la antipatía del clero y de los conservadores de su tiempo, encontramos un importante antecedente de la libertad de prensa: el “Decreto del gobierno sobre libertad de imprenta”, mejor conocida como Ley Lafragua, “consistente en que nadie pudiera ser molestado por sus opiniones, prohibiéndose toda censura”. La ley en comento, elaborada por José María Lafragua, entró en vigor el 28 diciembre de 1855, durante el gobierno provisional de Ignacio Comonfort. 

Como la mayoría de las leyes expedidas antes de la Constitución de 1857, la Ley Lafragua protegía a la religión católica al calificar como un abuso de la libertad de prensa el publicar “escritos en que se ataque de un modo directo la religión católica que profesa la nación, entendiéndose comprendidos en este abuso, los escarnios, sátiras, e  invectivas que se dirijan contra la misma religión” (artículo 3°). 

El caso es que durante el periodo presidencial de Benito Juárez mejoraron considerablemente las condiciones para la libertad de expresión, especificadas en la Constitución de 1857. A partir de entonces, se publicaron periódicos de diferentes tendencias políticas e ideológicas, en los que se exponían y defendían las ideas de los grupos, ya fueran conservadores o liberales. 

Hoy, pese a que tenemos leyes que garantizan la libertad de expresión, persisten las amenazas y ataques al libre ejercicio del periodismo, una situación que debe atenderse si queremos consolidar los avances en materia de libertad de expresión. 

El Estado mexicano está obligado a reconocer que no ha cumplido cabalmente su compromiso con la libertad de expresión. Y lo digo porque, al fallarle a los periodistas y a las personas que usan las redes sociales para denunciar atropellos y casos de corrupción, le ha fallado también a los demás mexicanos, quienes tienen el derecho a ser debidamente informados, tal como lo establece el artículo 6° constitucional, el cual establece que “el derecho a la información será garantizado por el Estado”.

Twitter: @armayacastro

EL VALOR DE LA VIDA Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Por Armando Maya Castro

Más allá de la raza, oficio y posición social, la vida de todos los seres humanos es altamente valiosa. Lo es la vida del presidente de una nación, como la del ciudadano más pobre y marginado del país que dicho mandatario gobierna. Tiene el mismo valor la vida de un rico que la de un pobre, la de un letrado que la de un analfabeto, la de un famoso que la de un desconocido.

A pesar del valor e importancia de la vida, debemos admitir que vivimos en una época marcada por la violencia y el desprecio por la vida humana. Así lo demuestran los constantes homicidios, suicidios, secuestros, guerras y torturas que tienen lugar en varias partes del mundo, prácticas que, por su frecuencia, han agotado nuestra capacidad de asombro.

Ahora que toco el tema del valor de la vida, me parece importante señalar que la estima de ésta supera por mucho el valor de los bienes materiales; por eso, cuando se produce un lamentable caso de secuestro, las personas que han pasado por esa dolorosa experiencia han estado dispuestas a dar toda su fortuna con tal de conservar la vida del familiar plagiado.

Es justamente por el valor de la vida, que el homicidio está socialmente condenado en la mayoría de los países del mundo, y en todos ellos existen normas jurídicas orientadas a sancionarlo para evitar su impunidad y su indeseable multiplicación.

A pesar de estas penas y de los esfuerzos de las instituciones públicas para disminuir los ataques contra la vida, los homicidios siguen siendo en México y en muchas otras naciones del mundo, el pan nuestro de cada día. Lo anterior, aparte de ser lamentable, revela que la sociedad de nuestro tiempo vive un acelerado proceso de descomposición social, resultado de una innegable crisis de valores.

Por el valor de la vida de cada persona, las instituciones responsables de la procuración y administración de justicia deben realizar un trabajo eficiente, que responda a las exigencias de justicia de los familiares de las víctimas, procurando que los asesinatos de todas las personas sean debidamente sancionados, y que ninguno de estos casos quede en la impunidad.

Tras esta aclaración, me referiré al asesinato del periodista Francisco Pacheco Beltrán en la ciudad de Taxco, Guerrero, la mañana del pasado lunes 25 de abril. Por su trascendencia, el caso ha sido condenado enérgicamente por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y hasta por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), quien a través de Irina Bokova, su directora general desde 2009, pidió a las autoridades mexicanas investigar este crimen que –dijo– “socava la capacidad de los medios de llevar adelante su trabajo y limita el acceso público a la información”.

Es justamente por lo que dijo la búlgara Bokova, y no porque la vida de un periodista valga más que la de las demás personas asesinadas, que los casos de violencia en perjuicio de los periodistas produce mayor revuelo en redes sociales y medios de comunicación.

Sobre este punto en específico, Andrés Cañizález, en el libro Libertad de expresión: una discusión sobre sus principios, límites e implicaciones, señala: “Cuando un periodista en el ejercicio de sus funciones es agredido, herido o asesinado se tiene una víctima humana, individual, pero también es una pérdida social, pues el conjunto de la sociedad dejará de contar con una fuente informativa". El autor antes mencionado nos recuerda el principio noveno de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual establece que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenazas a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

Deseo señalar, por último, que para la CIDH, los ataques "a comunicadores sociales constituyen no sólo una violación directa de sus derechos a la vida y a la integridad física, sino que tales hechos atentan contra la libertad de expresión e información del conjunto de la sociedad, y por tal motivo lanza condenas tan enérgicas cuando se producen hechos de esta naturaleza". ¿Usted qué opina?

Twitter: @armayacastro

ANTES DE SU PARTIDA, EL GIEI INFORMA

Por Armando Maya Castro

Este domingo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ofreció su segundo informe sobre la investigación de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

Ante el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Cavallaro, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó este domingo su informe final sobre el caso Ayotzinapa. En el documento de 608 páginas, los expertos afirmaron no haber encontrado una sola evidencia para asegurar que en el basurero de Cocula fueron ejecutados e incinerados los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. 

El informe, que señala inconsistencias y omisiones de la Procuraduría General de la República (PGR), ha sido calificado por algunos columnistas mexicanos como “duro” y “demoledor”, en tanto que Amnistía Internacional señala que el informe del GIEI es “una nueva mancha en el atroz historial de derechos humanos del gobierno mexicano”. 

Esto fue lo que declaró sobre el informe en cuestión Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI): “La determinación absoluta del gobierno mexicano de esconder la tragedia de Ayotzinapa debajo de la alfombra parece no tener límites”. Y añadió: “Al negarse a dar seguimiento a todas las posibles líneas de investigación, manipular evidencia, no proteger ni apoyar a las familias de los estudiantes, negar el pedido de extender el mandato del GIEI y no haber estado en la presentación hoy, las autoridades Mexicanas están enviando el peligroso mensaje que cualquiera puede desaparecer en México sin que se haga nada al respecto”. 

A los señalamientos de AI es necesario añadir la severa crítica que lanzó la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), quien vertió su opinión sobre el informe del GIEI a través de su directora ejecutiva, Joy Olson, en los siguientes términos: “Está claro que el gobierno mexicano obstruyó la investigación, a la vez que apostaba por confirmar su propia versión de los hechos, la cual carece de sustento”.

Miles de mexicanos nos preguntamos: ¿qué hará el gobierno de la República luego del informe del GIEI y de las fuertes críticas de las organizaciones antes mencionadas y de otras que se han pronunciado al respecto? ¿Seguirá insistiendo en que ellos no pueden estar equivocados con la llamada “verdad histórica”, de acuerdo con la cual los 43 fueron asesinados e incinerados con el uso de diésel, llantas y madera en el basurero coculense? 

Es evidente que lo anterior no se puede seguir sosteniendo, menos ahora que el GIEI ha señalado que existen pruebas de que las autoridades sembraron evidencias y echaron mano de la tortura para lograr no el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, sino para apuntalar la vapuleada “verdad histórica”, la versión oficial del ex procurador Jesús Murillo Karam, rechazada en varias ocasiones por los familiares de los 43, quienes la han llegado a calificar como la “mentira histórica”.

El problema es que, a pesar de las indagaciones del GIEI, y del informe que resulta de dichas investigaciones, seguimos como al principio: sin saber absolutamente nada del paradero de los normalistas desaparecidos, algo que es absolutamente grave si tomamos en cuenta que esa ha sido una de las principales demandas de los angustiados padres de los normalistas. 

Esto último entristece en gran manera a los expertos del GIEI, uno de los cuales exclamó durante la presentación de su segundo y último informe: “Nos vamos con el peor sabor por no haber cumplido con el principal objetivo: la ubicación de los normalistas desaparecidos”. Ellos se van, mientras que nosotros nos quedamos anhelando conocer qué fue lo que realmente sucedió aquella noche trágica, y dónde están los cuerpos de los normalistas desaparecidos. La única esperanza de conocer toda la verdad nos la proporciona el hecho de que el caso Ayotzinapa, gracias a la ininterrumpida presión de los padres de los 43, continúa abierto. 

Twitter: @armayacastro

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, ¿ALGO QUE CELEBRAR?

Por Armando Maya Castro

La admirable lucha de las mujeres por conseguir la igualdad de derechos y el fin de la discriminación en su contra, ha sido larga y aún no concluye

“El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se celebra en muchos países del mundo. Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su día, pueden contemplar una tradición de no menos de noventa años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo”. Lo anterior se lee en el párrafo primero del artículo “Día Internacional de la Mujer”, publicado en la versión en español del sitio web oficial de la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York.

El Día Internacional de la Mujer se estableció en Dinamarca en 1910. El objetivo: homenajear y reconocer a las mujeres que a  través de los tiempos se han esforzado por alcanzar la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo del género femenino. La primera celebración se efectuó en Alemania, Austria y Suiza y se remonta al 19 de marzo de 1911. En ella participaron más de un millón de mujeres "exigiendo la igualdad con el hombre, derecho al voto, derecho al trabajo, derecho a ocupar cargos públicos, derecho a la formación profesional y en definitiva a no ser discriminadas", escribe David Rodríguez Luján en su libro Las Mujeres, Alemania y el Nazismo.

A pesar de los avances que favorecen la inclusión del género femenino en muchos ámbitos, y de que en 1953 se reconociera en nuestro país el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, la discriminación de género sigue siendo una dolorosa realidad en nuestro tiempo. Miles de mujeres en México siguen sin tener acceso a la justicia en condiciones de equidad. A esta situación debemos agregar los constantes atropellos de sus derechos en el hogar y en los centros de trabajo, donde lamentablemente sigue imperando una mentalidad misógina y machista.

Las cifras indican la urgencia de hacer mucho más a favor de los derechos de las mujeres, si es que queremos acabar de una buena vez con los distintos tipos de violencia que las afectan. Veamos los números del caso Jalisco, para que tengamos una idea de cómo andamos en México materia de violencia de género. El pasado 14 de febrero, una nota publicada en el portal de la Internet del periódico El Informador hizo públicas las siguientes cifras del INEGI en relación al tema que nos ocupa: 44.5% de las mujeres jaliscienses han sido víctimas por parte de sus parejas; una de cada tres fue objeto de violencia en los últimos 12 meses. A estos datos debemos agregar los siguientes: una de cada cuatro mujeres en Jalisco vive con miedo en su propia casa; 12.2% se han visto obligadas a tener relaciones sexuales; 6.1% han sido amenazadas de muerte por sus parejas; 10% han sido encerradas, en pleno siglo XXI, y una de cada tres ha sido humillada en los últimos 12 meses. Respecto a la violencia económica en agravio de las mujeres, los números indican que el 40% de éstas ganan menos que los hombres en Jalisco. El Conapred señala que el embarazo es la principal causa de despido en las mujeres; y, una mayoría de mujeres denuncia el hecho de que los hombres, en el divorcio, no cumplen con sus obligaciones de otorgar recursos económicos para la manutención de la familia.

Este problema tiene presencia y arraigo no sólo en Jalisco, sino en todos los estados de la República Mexicana, en los que es necesario trabajar más y mejor en la cultura de la denuncia, pues el caso contrario favorece la impunidad de los autores de esta irracional violencia. También la favorece el desdén o la falta de una atención adecuada por parte de las autoridades de gobierno.

La dolorosa segregación que enfrentan las mujeres en México nos llevan a preguntarnos: ¿tienen algo que celebrar las mujeres este 8 de marzo? Alguien podría afirmar que sí, tomando en cuenta que hoy por hoy, a diferencia del pasado, los derechos de las mujeres se encuentran plenamente reconocidos en la legislación nacional e internacional. En mi opinión, estos avances se deben celebrar con la debida mesura, advirtiendo a la sociedad y a las instituciones públicas la necesidad de redoblar esfuerzos que nos permitan erradicar de nuestro país los diferentes tipos de violencia en contra de las mujeres, así como los impedimentos para el acceso de todas y cada una de ellas a la justicia.

En lo personal, soy de los que piensan que el Día Internacional de la Mujer no es para que nuestros políticos y gobernantes echen las campanas al vuelo a través de sus discursos, sino para que en el marco de dicha celebración se considere lo que aún se debe hacer para acabar con la opresión, discriminación, explotación  y violencia en agravio de las mujeres.

Twitter: @armayacastro

IMPUNIDAD, CALDO DE CULTIVO PARA LA INTOLERANCIA RELIGIOSA

Por Armando Maya Castro

Los autores de este irracional acto de intolerancia religiosa, aparte de expulsar a los evangélicos de su comunidad, transportaron las pertenencias de éstos a la alcaldía y se marcharon impunes (Foto: Fredy Martín / El Universal).

Todos los años, Amnistía Internacional (AI) publica un informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, en el que presenta un análisis individual de los 160 países y territorios que abarca el estudio de la organización cuyo objetivo es “realizar labores de investigación y emprender acciones para impedir y poner fin a los abusos graves contra los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos” y pedir justicia para aquellos cuyos derechos han sido violados.

El informe más reciente de AI fue publicado el pasado 23 de marzo; en él se analiza el caso México, del que se menciona la persistente “impunidad por violaciones graves de derechos humanos, como la tortura y otros malos tratos, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales”. Sin embargo, el estudio no hace ninguna referencia de la intolerancia religiosa en agravio de la población evangélica establecida en Oaxaca y Chiapas, estados donde las incitaciones a la discriminación y a la violencia contra las minorías religiosas son recurrentes. 

El siguiente es un ejemplo de lo que ocurre en Chiapas, donde las autoridades no han combatido con éxito las incitaciones a la discriminación y a la violencia basadas en el odio religioso, un tema del que nada dijo el papa Francisco en su visita a esa entidad, a pesar de saber que la intolerancia religiosa en los Altos de Chiapas ha arrojado un saldo de más de 40 mil evangélicos expulsados.

Me referiré brevemente a lo que diversos medios de comunicación publicaron el pasado miércoles en relación a un caso de intolerancia religiosa en agravio de nueve familias pertenecientes a la iglesia Nueva Renovación en Cristo, las cuales fueron expulsadas de la comunidad Gabriel Leyva Velázquez a principios de enero del presente año. 

El pasado miércoles, el grupo intolerante, no contento con haber detenido y expulsado arbitrariamente a los evangélicos de su comunidad, transportó en camiones los enseres, baños, trastos, animales y demás pertenencias de algunas de las familias expulsadas. En el acceso de la alcaldía de Las Margaritas, los agresores católicos dejaron tiradas las pertenencias de los evangélicos y se marcharon impunes, dejando sorprendidas a las autoridades, las cuales han declarado en más de una ocasión que en ese municipio no existe intolerancia religiosa.

Vaya desde aquí un llamado a las autoridades del estado de Chiapas y a las de Gobernación, para que abandonen la indiferencia y realicen los esfuerzos pertinentes para lograr que los miembros de la iglesia Nueva Renovación en Cristo regresen a su comunidad con garantías de seguridad, de respeto y de justicia. 

Termino señalando que, desde mi punto de vista, la violencia por motivos de religión se debe, entre otras cosas, al trato que las autoridades le han dado a los innumerables casos de intolerancia religiosa que se han registrado en Chiapas. Si se aplicara la ley, en vez de privilegiar la vía de la conciliación y el diálogo como se ha venido haciendo, los enemigos de la libertad religiosa se lo pensarían dos veces antes de dar rienda suelta a sus impulsos fanáticos. No olvidemos que la impunidad es caldo de cultivo para este y muchos otros males de nuestro tiempo.

Twitter: @armayacastro

http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/s2781.htm 

SPOTLIGHT Y EL LAMENTO DEL VATICANO

Por Armando Maya Castro

'Spotlight': en primera plana y en pocas salas. El anterior fue el título de una nota publicada en el portal del periódico El Universal, el viernes 22 de enero del presente año. La nota refería el poco éxito taquillero del filme que el pasado 28 de febrero se llevó el Óscar a la Mejor película de la 88 edición de los premios que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. 

En Primera plana –como se conoce Spotlight en Hispanoamérica– refleja el trabajo de un grupo de reporteros al interior de The Boston Globe, el periódico estadounidense que mediante varios reportajes destapó, en 2002, el escándalo de pederastia clerical y su encubrimiento por parte del cardenal Bernard Law de la Arquidiócesis de Boston, quien fue obligado a renunciar luego de conocerse que había encubierto a más de 150 sacerdotes pederastas, a quienes trasladaba de una parroquia a otra, en vez de tomar medidas drásticas. 

El poco éxito taquillero que tuvo en México Spotlight tiene que ver con un cambio de actitud por parte de la Iglesia católica respecto a las películas que exhiben su condición. En el caso específico de Spotlight, la Iglesia romana procedió de manera distinta a como lo hizo con El crimen del padre Amaro, una película que intentó censurar, prohibir y boicotear. Como usted recordará, estimado lector, este intento de censura terminó acrecentando el interés de la gente, lo que convirtió a este filme en un fenómeno de taquilla.

En el caso de En primera plana, el Vaticano actuó de manera distinta porque quiso evitar que se repitiera lo ocurrido con la película dirigida por Carlos Carrera y protagonizada por Gael García Bernal. En esta ocasión no hubo ningún intento de censura para frenar en México la exhibición de Spotlight. Por el contrario, el Vaticano ha señalado que la película en cuestión “no es anticatólica”, al tiempo de lamentar que “en la narración no se [dé] espacio a la lucha larga y tenaz que Joseph Ratzinger, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y como papa, emprendió contra la pedofilia en la Iglesia”, señala un artículo publicado el pasado lunes en L’Osservatore Romano.

Al enterarme del lamento del Vaticano no pude evitar preguntarme: ¿de qué lucha nos habla el periódico nacional de la Ciudad del Vaticano? Lo digo porque, desde hace algunos años, las víctimas de abuso sexual presentaron una demanda judicial en contra de Benedicto XVI, acusándolo a él y a otros responsables del Vaticano de “haber tolerado y hacer posible el camuflaje sistemático y extenso de violaciones y crímenes sexuales contra niños en el mundo entero”. 

No dudo que alguien pueda argumentar, en defensa del papa emérito, que las acciones contra éste son injustas, argumentando que fue el único papa que obligó a Marcial Maciel Degollado, fundador de los Legionarios de Cristo, a abandonar sus responsabilidades sacerdotales al “invitarlo” a retirarse a la vida privada, luego de conocer “las acusaciones de varios ex sacerdotes, ex seminaristas y alumnos por abusos sexuales cometidos en su contra cuando eran menores de edad”. 

La realidad de Ratzinger en este particular es que, siendo Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, recibió una carta que contenía la confesión que Juan Manuel Fernández Amenábar hiciera en su lecho de muerte al sacerdote Alberto Athié. En la misiva, Athié informaba al Vaticano –por conducto del obispo Carlos Talavera– los diversos abusos perpetrados por Maciel en agravio del legionario Fernández Amenábar. Al tener conocimiento del caso, Ratzinger se limitó a comentar: “Lamentablemente no podemos abrir el caso del padre Maciel, porque es una persona muy querida por el Santo Padre [Juan Pablo II]; ha ayudado mucho a la Iglesia y lo considero un asunto muy delicado”. 

Desde la congregación a su cargo, Ratzinger pudo haber hecho muchas cosas en defensa de las víctimas inocentes. Sin embargo, prefirió privilegiar el silencio y ocultamiento de clérigos del talante moral de Maciel, uno de los mayores depredadores sexuales de la Iglesia católica en México. Esta situación impidió la aplicación de la ley y fomentó la impunidad clerical, causante de la crisis que hoy por hoy azota a la Iglesia católica.

Twitter: @armayacastro 

A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL PARA LA CERO DISCRIMINACIÓN

Por Armando Maya Castro

Los ancestrales enemigos de la educación laica trabajan con sigilo para lograr el retorno de la instrucción confesional a las escuelas públicas. Lo hacen a pesar de saber que la educación religiosa promueve la polarización social en los establecimientos de educación pública

La discriminación sigue siendo un problema serio en México y el mundo. Duele decirlo, pero en el tiempo actual, muy a pesar de nuestras leyes y de los diversos tratados internacionales de derechos humanos, se sigue afligiendo a miles de seres humanos que son excluidos en función del color de su piel, etnia, nacionalidad, edad, sexo o religión.

Lo digo hoy, 1 de marzo, como lo pude haber dicho cualquier otro día del presente mes o del año en curso. Sin embargo, hoy me parece un magnifico día para decirlo porque hace poco más de dos años, concretamente el 1 de diciembre de 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 1 de marzo Día Internacional para la Cero Discriminación.

El combate contra la discriminación es responsabilidad de todos, no de unos cuantos. Para que esta lucha tenga el éxito esperado, es sumamente importante que los seres humanos comencemos a dejar a un lado las prácticas racistas y las expresiones xenófobas. Pero no sólo eso, sino que unamos esfuerzos en el afán de erradicar de nuestro mundo la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones. 

Los racistas y xenófobos de nuestro tiempo deben quitarse de la cabeza el concepto equivocado de que su raza o color de piel los coloca por encima de las demás personas, dando origen a prejuicios, agresiones, violencia, expulsiones, matanzas, limpieza étnica, exterminio y otros males abominables. 

Aparte de preocuparnos por la violencia racista, punta del iceberg del llamado racismo social, deberíamos ocuparnos también en combatir a fondo este último mal, el cual se manifiesta mediante actitudes discriminatorias ampliamente compartidas por el conjunto de la sociedad; una sociedad que suele condenar con rigor y prontitud los grandes males que genera la discriminación, pero que se niega a abandonar los prejuicios, los estereotipos y las generalizaciones sobre los diferentes.

Si queremos un mundo con cero discriminación, tenemos que comenzar a erradicar de nosotros mismos todo concepto de superioridad, entiéndase aquí una superioridad racial, económica, laboral, intelectual y espiritual, lo que puede provocar resentimientos en las personas y/o grupos que suelen ser afectados por el flagelo de la discriminación. 

Lamentablemente, los grupos que han hecho de la intolerancia y de la discriminación religiosa su modus operandi continúan empecinados en lograr cambios constitucionales que posibiliten el retorno de la instrucción religiosa a los establecimientos de educación pública, evidenciando así su ancestral oposición a la educación laica, un modelo de educación acorde con la realidad plurireligiosa de nuestro querido México.

Estas personas y grupos se niegan a aceptar que México es –desde la segunda mitad del siglo XIX– un país donde el Estado y sus instituciones, por mandato constitucional, no puede impartir educación confesional en las escuelas públicas, más allá de los esfuerzos y acciones de quienes buscan con sigilo el apoyo de otros grupos religiosos en su cruzada contra el carácter laico de la educación.

Antes lo he dicho y hoy lo repito: “el Estado tiene el deber de salvaguardar y fortalecer el Estado laico, sin el cual resultan afectadas nuestras libertades, produciéndose un tránsito peligroso hacia el Estado confesional, lo que representa la pérdida de importantes conquistas sociales que le costaron a México torrentes de sangre”. 

Hoy más que nunca, es necesario permanecer alertas para lograr detectar y denunciar cualquier atentado contra la educación laica, un modelo de educación que ha demostrado ser el único que garantiza el respeto a la diversidad religiosa y a la convivencia armónica entre los educandos.

Twitter: @armayacastro


Publicado el 1 de marzo de 2016 en la edición impresa de el diario El Mexicano de Tijuana