Por Armando Maya Castro
Todos los años, Amnistía Internacional (AI) publica un informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, en el que presenta un análisis individual de los 160 países y territorios que abarca el estudio de la organización cuyo objetivo es “realizar labores de investigación y emprender acciones para impedir y poner fin a los abusos graves contra los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos” y pedir justicia para aquellos cuyos derechos han sido violados.
El informe más reciente de AI fue publicado el pasado 23 de marzo; en él se analiza el caso México, del que se menciona la persistente “impunidad por violaciones graves de derechos humanos, como la tortura y otros malos tratos, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales”. Sin embargo, el estudio no hace ninguna referencia de la intolerancia religiosa en agravio de la población evangélica establecida en Oaxaca y Chiapas, estados donde las incitaciones a la discriminación y a la violencia contra las minorías religiosas son recurrentes.
El siguiente es un ejemplo de lo que ocurre en Chiapas, donde las autoridades no han combatido con éxito las incitaciones a la discriminación y a la violencia basadas en el odio religioso, un tema del que nada dijo el papa Francisco en su visita a esa entidad, a pesar de saber que la intolerancia religiosa en los Altos de Chiapas ha arrojado un saldo de más de 40 mil evangélicos expulsados.
Me referiré brevemente a lo que diversos medios de comunicación publicaron el pasado miércoles en relación a un caso de intolerancia religiosa en agravio de nueve familias pertenecientes a la iglesia Nueva Renovación en Cristo, las cuales fueron expulsadas de la comunidad Gabriel Leyva Velázquez a principios de enero del presente año.
El pasado miércoles, el grupo intolerante, no contento con haber detenido y expulsado arbitrariamente a los evangélicos de su comunidad, transportó en camiones los enseres, baños, trastos, animales y demás pertenencias de algunas de las familias expulsadas. En el acceso de la alcaldía de Las Margaritas, los agresores católicos dejaron tiradas las pertenencias de los evangélicos y se marcharon impunes, dejando sorprendidas a las autoridades, las cuales han declarado en más de una ocasión que en ese municipio no existe intolerancia religiosa.
Vaya desde aquí un llamado a las autoridades del estado de Chiapas y a las de Gobernación, para que abandonen la indiferencia y realicen los esfuerzos pertinentes para lograr que los miembros de la iglesia Nueva Renovación en Cristo regresen a su comunidad con garantías de seguridad, de respeto y de justicia.
Termino señalando que, desde mi punto de vista, la violencia por motivos de religión se debe, entre otras cosas, al trato que las autoridades le han dado a los innumerables casos de intolerancia religiosa que se han registrado en Chiapas. Si se aplicara la ley, en vez de privilegiar la vía de la conciliación y el diálogo como se ha venido haciendo, los enemigos de la libertad religiosa se lo pensarían dos veces antes de dar rienda suelta a sus impulsos fanáticos. No olvidemos que la impunidad es caldo de cultivo para este y muchos otros males de nuestro tiempo.
Twitter: @armayacastro
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