jueves, 23 de abril de 2015

NUEVAS FORMAS DE INTOLERANCIA RELIGIOSA

Por Armando Maya Castro

En la actualidad, los grupos antisectarios, so pretexto de advertir a la sociedad sobre el peligro que representan lo que ellos llaman “sectas”, llevan a cabo una de las formas más despiadadas de intolerancia religiosa.

En todo el mundo han surgido movimientos de esta naturaleza, cuyo modus operandi describe el escritor Pepe Rodríguez, en su obra Adicción a Sectas. Luego de explicarnos cómo todo movimiento social provoca la aparición de contramovimientos, el autor exhibe la injerencia de algunos sectores de la Iglesia católica en dichos grupos: “En el movimiento social antisectario actual se ha producido un peculiar maridaje entre los intereses de familias afectadas por “sectas” –representados desde hace algo más de dos décadas por Pro Juventud/AIS– y los de la Iglesia católica que, viendo amenazada su clientela por el fenómeno creciente e imparable de las “sectas” cristianas, ha potenciado expertos que, salvo honrosas excepciones, no pasan de ser meros predicadores que anatematizan a grupos sin fin basándose en informaciones magnificadas y manipuladas, cuando no totalmente falsas, a fin de poder encajarlas en sus intenciones evangelizadoras”.

El escritor español antes mencionado sostiene enseguida que “no deja de ser una fina ironía el hecho de que entre los antisectarios actualmente más activos –particularmente desde instituciones públicas–, destaquen miembros del catolicismo más ultraconservador y, claro está, del Opus Dei”.

Si un investigador de la estatura de Pepe Rodríguez se atreve a aseverar esto es porque posee pruebas de sus señalamientos. El Opus Dei (Obra de Dios, en latín), fundado por José María Escrivá de Balaguer en 1928, es el movimiento laico católico más importante al interior del catolicismo. Actualmente cuenta con más de 80 mil miembros, muchos de los cuales trabajan “en más de 600 periódicos, revistas y publicaciones científicas distribuidos por todo el mundo”. El dato anterior fue tomado del libro En el nombre de Dios, cuya primera edición tuvo lugar en 1984. Si en aquel tiempo habían irrumpido en 600 medios escritos, puede estar usted seguro que hoy por hoy se encuentran presentes en muchos más medios. Pero, según se desprende de lo aseverado por Pepe Rodríguez, los miembros de esta organización no sólo han infiltrado gente en los medios de información, sino también en los movimientos anticulto.

Los opusdeístas, que actualmente apoyan las acciones intolerantes de los grupos anticulto, han sido calificados como una secta peligrosísima. Esto dice de ellos el grupo católico de oración María Auxiliadora, el cual señala que el fundador del Opus Dei “fue conocido por su carácter irascible y su vulgar personalidad”. Según esta agrupación, Escrivá de Balaguer “poseía una mente enferma y una personalidad codiciosa, vulgar, soberbia y perversa” (https://jonkepa.wordpress.com/…/la-verdad-sobre-el-opus-de…/). Peter Beglar, quien es mencionado en la página web antes mencionada, afirma que “Escrivá estuvo internado como paciente psiquiátrico por cinco meses en un manicomio”. Beglar argumenta que su estancia en el hospital para enfermos mentales tenía el propósito de escapar de la persecución durante la guerra civil. Sin embargo, el mencionado grupo católico descarta que haya permanecido en el manicomio para ponerse a salvo de la pretendida persecución, asegurando que permaneció “en el hospital para tratar su enfermedad mental”.

A pesar de que la igualdad de derechos de las mujeres ha sido reconocida por las leyes y por la Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 16.-1), Escrivá de Balaguer las ha discriminado, afirmando que “deberían ser como una alfombra donde la gente pueda pisar”. 

En la página web del grupo María Auxiliadora se afirma que la intolerancia del Opus Dei hacia los otros credos es ciega. Como ejemplo de la intransigencia opusdeísta señalan que la reina Isabel, cabeza de la Iglesia Anglicana, “es tildada de demonio” (Ibíd).


Si la Iglesia Anglicana —que cuenta con 80 millones de fieles en 165 países del mundo, y que posee una fuerza impresionante en el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Nigeria— ha sido discriminada por el Opus Dei, ¿qué pueden esperar del Opus Dei las minorías religiosas?

Los movimientos anticulto, en los que participan opusdeístas y miembros de otras órdenes religiosas intolerantes, realizan un trabajo que favorece al catolicismo. Así lo demuestra el ataque despiadado a los grupos religiosos cuyo crecimiento y expansión constituye una seria amenaza para los intereses de la Iglesia católica. Estas iglesias y sus dirigentes han estado y seguirán estando en la mira de los grupos anticulto y de algunos opusdeístas. Los medios de comunicación, donde miles de éstos laboran, han sido utilizados en diversas ocasiones para vilipendiar a los dirigentes de las confesiones religiosas minoritarias, cuya limpia trayectoria ha sido atestiguada por la sociedad misma.

Los ataques de estos grupos a las minorías que despectivamente llaman sectas cristianas, no se producen únicamente en España, sino en diferentes partes del mundo, en donde “han perjudicado con sus acusaciones a personas o grupos que nada [tienen] que ver con sus desvaríos inquisitoriales” (Pepe Rodríguez, Adicción a Sectas, Ediciones B, S.A., Barcelona, 2000, pp. 153, 154). Para orquestar sus campañas difamatorias, los grupos anticulto seleccionan a las iglesias de brillante trayectoria, es decir, aquéllas que representan una amenaza para el catolicismo. ¿Qué sigue después? Una serie de calumnias que causa severos daños a la reputación de las personas y de los grupos religiosos que están en su mira. Pero de ello nos ocuparemos posteriormente.

Twitter: @armayacastro

sábado, 18 de abril de 2015

ESPAÑA BUSCA SER UN ESTADO LAICO; MÉXICO RETROCEDE EN LA MATERIA

Por Armando Maya Castro
La apuesta de Pedro Sánchez, secretario del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), es hacer un Estado laico en España. 

A diferencia de México, que constitucionalmente es un Estado laico, España no lo es. Como varios países europeos, España es un Estado aconfesional, que no es lo mismo que un Estado laico, pese a que algunos confunden aconfesional con laico.

Y es que no puede ser laico un país que el 3 de enero de 1979, en la vigencia de la Constitución española de 1978, firmó los acuerdos que sustituyeron el Concordato de 1953 entre España y el Vaticano, orientados a financiar a la Iglesia romana y a impulsar su proselitismo a través de la educación.  

No puede llamarse laica, sino confesional, una nación cuya Carta Magna señala, primero, que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española”, e inmediatamente después cita expresamente el nombre de una religión particular, indicando que esos poderes públicos “mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones” (Artículo 16.3).

La mención de una confesión religiosa específica en el texto constitucional constituye un atentado a la igualdad jurídica de las iglesias, un principio que en cualquier Estado laico, democrático y pluralista tiene plena garantía. Este tratamiento constitucional desigual y discriminatorio, es imposible que se dé en un Estado genuinamente laico. 

Aunque no explicite ningún privilegio para la religión que se cita con nombre y apellidos, la sola mención de la Iglesia Católica en la Constitución concede a esta religión un privilegio implícito que niega a las demás confesiones religiosas. Alguien podría argumentar, en defensa del texto constitucional, que no pueden mencionarse a todas porque son muchas. Si esto es así, los constitucionalistas españoles debieron haber asentado en el texto constitucional que los poderes públicos mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con todas las confesiones religiosas, sin mencionar el nombre de una iglesia. 

Además, todos sabemos que el Estado español, en conformidad con los acuerdos entre España y el Vaticano, proporciona dinero a la Iglesia católica para sus colegios, arregla los edificios religiosos de esta institución religiosa, sufraga el salario de los profesores de religión. Asimismo, tiene privilegios económicos en exenciones de impuestos y recibe terrenos gratis para sus parroquias, entre otros privilegios. 

Por lo anterior, me parece altamente atractiva la propuesta en materia de laicidad de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, secretario del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). La tarde del pasado miércoles, el economista y político español hizo el siguiente anuncio: “Mi apuesta será hacer un Estado laico en España. A todos los niveles, en educación, en materia de impuestos y también sobre las propiedades que tiene la Iglesia Católica”, explicó. 

Sánchez, quien acaba de recibir del expresidente del gobierno español, Felipe González, el apoyo como candidato del PSOE a la presidencia del gobierno, aseguró que, de llegar a la Moncloa, sacará la religión de las escuelas públicas y volverá a recuperar la asignatura de educación para la ciudadanía.
La apuesta de Pedro Sánchez empieza por la escuela, “una educación laica, sin religión en la escuela, pero siempre con respeto a los creyentes”, señaló al abundar sobre el tema, y agregó: “Yo llevo a mis hijas a un colegio público donde les enseñen educación cívica y no religión, un colegio donde se formen ciudadanos y no sotanas”.

Esta propuesta llega en un tiempo en que la Conferencia Episcopal Española ha elaborado un currículo de Religión Católica para primaria, secundaria y bachillerato, con claros contenidos catequéticos, que favorecen los intereses del romanismo en materia educativa. 

Mientras que en España el PSOE y Podemos se pronuncian por un Estado laico, en México se sigue produciendo un preocupante retroceso en materia de laicidad. El mejor ejemplo, la reforma del artículo 24 constitucional, cuyo dictamen contemplaba el desmantelamiento del carácter laico del Estado y de la educación. Por este y otros embates contra el Estado laico, urge sacar de la congeladora la iniciativa Ley General de Laicidad, presentada el 23 de octubre de 2014 en la Cámara de Diputados por el perredista Víctor Raymundo Nájera Medina. Esta propuesta es necesaria para acabar con “los casos de violaciones del Estado laico por diversas autoridades en diversos lugares del país y la ausencia de sanciones, a pesar de la promulgación de la reforma al artículo 40”, que define al Estado mexicano como una República laica. Por bien de México, ojalá que pronto se discuta y apruebe, en los términos en que fue presentada, la Ley General de Laicidad.

Twitter: @armayacastro

Publicado en el diario El Occidental, el sábado 18 de abril de 2015


jueves, 9 de abril de 2015

GENOCIDIO RUANDÉS

Por Armando Maya Castro
Cerca de un millón de personas fueron ejecutadas en el genocidio ruandés 

Al cumplirse 21 años del genocidio de Rwanda, el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, hizo un llamado a la comunidad internacional a "que no se limite a hablar de las atrocidades sin adoptar medidas oportunas para prevenirlas", indicó Radio ONU.

Ese fue, sin lugar a dudas, el propósito de la resolución A/RES/58/234, aprobada por la Asamblea General el 23 de diciembre de 2003, en la que declara el 7 de abril de 2004 Día Internacional de Reflexión sobre el genocidio cometido en Rwanda.

A través de dicha resolución, la Asamblea General “alienta a todos los Estados Miembros, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales competentes, así como a las organizaciones de la sociedad civil, a que observen en Día Internacional con actos y actividades especiales en memoria de las víctimas del genocidio cometido en Rwanda”. Asimismo, “hace un llamamiento a todos los Estados para que actúen de conformidad con la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, a fin de que no vuelvan a repetirse acontecimientos como los ocurridos en Rwanda en 1994”.

Para entender lo que pasó entonces en ese pequeño país de África Central, es importante remontarnos al 6 de abril de ese año. Ese día, los presidentes Juvenal Habyarimana y Cyprien Ntaryamira, de Ruanda y Burundi, respectivamente, perecieron en un “accidente” de aviación que Carla del Ponte narra así en su libro La caza: yo y los criminales de guerra: "Atardecía el 6 de abril de 1994 y el presidente Habyarimana volaba hacia Kigali tras una ronda de negociaciones para poner en práctica los acuerdos del reparto de poder. El piloto francés acababa de maniobrar para la aproximación final cuando alguien lanzó un proyectil tierra-aire que borró el aparato del cielo sin dejar rastro".

Tras el atentado, un grupo de la etnia hutu cercano a Habyarimana comenzó a ejecutar los planes de matanza organizada en agravio de civiles tutsis, a quienes responsabilizaron del doble magnicidio. Las víctimas del genocidio ruandés superaron el millón de personas, la mayoría de la etnia tutsi, aunque también fueron ejecutados miles de hutus moderados.

El actual presidente ruandés, Paul Kagame, ha acusado a Francia de haber tenido un “papel directo en la preparación del genocidio”. También ha responsabilizado a “oficiales belgas y a la Iglesia católica” de instaurar en su país una organización política responsable del odio étnico que desencadenó la matanza en cuestión (Excélsior, 7 de abril de 2014).

Una nota reciente de la agencia noticiosa EFE señala que, este 7 de abril, el mandatario de Rwanda insistió en que “es incomprensible que aquellos que predican la libertad sean aquellos que acogen a genocidas, en alusión a “la corte francesa que recientemente ha absuelto a un conocido genocida”, señaló Kagame.

Respecto a la implicación de algunos miembros del clero católico en el genocidio ruandés, Linda Melvern señala en su libro Un pueblo traicionado: el papel de occidente en el genocidio de Ruanda: “El apoyo católico al nacionalismo hutu era tan patente que, cuando se produjo el genocidio de 1994, el arzobispo de Kigali, Vicente Nsegiyumva, ocupaba un puesto en el Comité central del partido en el poder y estaba íntimamente ligado al entorno más próximo a ‘Poder hutu’, la asociación que organizó el genocidio”. La escritora aclara, con la debida mesura: “no todos los miembros de la Iglesia eran tan próximos al régimen, y algunos predicaban en favor de la reconciliación”.

Entre los procesados por su participación genocida se encuentran el extinto arzobispo Agustín Misago, dos monjas benedictinas: Consolata Mu-kangango (sor Gertrudis) y Julienne Mukabutera (sor María Kizito), acusadas de haber contribuido en la ejecución de 7 mil tutsis que buscaban refugio en el convento de Sovu. La participación de estas “religiosas” consistió en llamar “a las milicias para que echaran del lugar a los desesperados tutsis del perímetro del convento. Les dieron gasolina a los milicianos para que quemaran a unos 500 tutsis que se habían refugiado en el estacionamiento del convento” (La Jornada, 9 de junio de 2001).

Cuando un tribunal belga impuso a sor Gertrudis y María Kizito una condena de 15 y 12 años de cárcel, respectivamente, la sede papal reaccionó inmediatamente: “El Santo Padre no puede expresar sino una cierta sorpresa al ver cómo la grave responsabilidad de tantas personas y grupos envueltos en este tremendo genocidio en el corazón de África, recae en sólo unas pocas personas”, declaró Joaquín Navarro Valls, en ese tiempo portavoz del Vaticano.

Por la implicación de estos clérigos, la Iglesia católica en Ruanda seguirá siendo considerada corresponsable de un genocidio cuyo principal propósito era el extermino de la población tutsi.

Twitter: @armayacastro


Publicado el 9 de abril en el diario El Mexicano

http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/editoriales/3/16/editorial/2015/04/09/843745/en-plan-reflexivo


martes, 7 de abril de 2015

EN LA RUTA HACIA UN ESTADO CONFESIONAL

Por Armando Maya Castro
José Ángel Córdova Villalobos, candidato a la presidencia municipal de León por la Coalición PRI-PVEM-Panal, acudió  a misa de Resurrección el domingo 5 de abril. A diferencia de otros candidatos a alcaldes en el estado de Guanajuato, que acudieron a misa rodeados de sus seguidores, Córdova Villalobos se hizo acompañar sólo de su familia (Foto: Xóchitl  Álvarez / El Universal)

Este domingo comenzó la carrera por los votos con su característico ruido electoral: las promesas de campaña, las propuestas, la guerra sucia de quienes creen que, en nombre del triunfo, todo se vale, la propaganda electoral a lo largo de 60 días en radio y televisión de los candidatos a puestos de elección popular, lo que equivale a un bombardeo de 97 mil horas de propaganda política. ¡Vaya capacidad de resistencia la nuestra!

A esto debemos agregar algo que es altamente preocupante: las violaciones a la Ley Electoral, los irresponsables llamados a no votar y a la abstención (que se castigarán con multa y cárcel, según las reformas político-electorales aprobadas en 2014), y el proceder de los candidatos que decidieron comenzar sus campañas acudiendo a misa en busca de la bendición sacerdotal. Estos políticos y el partido que lanzó como candidato a presidente municipal de Agua Prieta, Sonora a un sacerdote católico, pasan por alto la sana separación entre política y religión, un tema que es vital para detener el proceso de desmantelamiento del Estado laico. 

Aunque hay voces que lo niegan, la lenta erosión de la laicidad estatal no sólo favorece el tan temido retorno del Estado confesional, sino también el retorno de la intolerancia religiosa a nuestro país, un mal que, a pesar de las leyes, sigue teniendo dolorosa presencia en la mayoría de las entidades de la República Mexicana, principalmente en los estados de Chiapas, Hidalgo y Oaxaca.

Nadie desea el retorno de ese tiempo de intolerancia religiosa ni la vuelta de las leyes confesionales que se expidieron durante la vigencia del Estado confesional, las cuales establecían en forma rotunda: "La religión de la Nación española es y será la Católica, Apostólica, Romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra"

Esta es la imperativa declaración de la Constitución Política de la Monarquía Española, mejor conocida como la Constitución de Cádiz, promulgada por las Cortes Generales de España, reunidas extraordinariamente en Cádiz, el 19 de marzo de 1812. En la Nueva España, la Constitución gaditana fue promulgada y jurada el 30 de septiembre de ese año. Todos sus decretos se aplicaron, excepto lo relativo a la libertad de prensa, porque, según los defensores de la Corona, favorecía a los insurgentes en sus intentos independentistas. 

De acuerdo con este texto legal, el catolicismo era la confesión religiosa de los españoles en ambos hemisferios. El rasgo intolerante de la Carta Magna en referencia aparece con el mismo énfasis en las constituciones que en los años posteriores se promulgaron en México, hasta que se expidió la Constitución de 1857, que puso fin a la etapa de las constituciones confesionales e intolerantes del México post independiente. 

Esta Constitución fue desdeñada desde su publicación por el clero católico y por los miembros del Partido Conservador, dedicados a favorecer desde su trinchera los intereses de poder político y económico de la Iglesia romana. Uno de los principales enemigos de esa ley fue el General Félix María Zuloaga, quien promulgó, el 17 de diciembre de 1857, el Plan de Tacubaya, un pronunciamiento político formulado por este militar, así como por Manuel Silíceo,  José María Revilla, Mariano Navarro y Juan José Baz, gobernador del Distrito Federal. 

El artículo primero del Plan de Tacubaya desconocía la primera Carta Magna liberal de México en los siguientes términos: “Desde esta fecha cesará de regir en la República la Constitución de 1857”. 

Tras la promulgación de dicho plan comenzó la Guerra de Reforma, que enfrentó, de 1858 a 1861, a los conservadores y liberales, ocasionando un terrible baño de sangre y la inestabilidad económica de México. Lo único bueno de esos años fueron las Leyes de Reforma, expedidas en el Puerto de Veracruz (1859-1860), en el marco del conflicto en cuestión.

En aquellos años, Benito Juárez y los hombres de la Reforma enarbolaron con admirable valor y ejemplar fuerza la bandera de la legalidad, defendiendo sin titubear los intereses de México. A estos liberales debemos la nacionalización de los bienes del clero, la separación de la Iglesia y el Estado, la exclaustración de monjes y frailes, la secularización del registro civil, cementerios y fiestas públicas, así como la promulgación de la Ley sobre la Libertad de Cultos. 

Todo esto aconteció para bien de México hace poco más de 150 años, lapso que la Iglesia católica ha sabido aprovechar para echar por tierra algunos de los logros juaristas en materia de laicidad y separación Estado-iglesias. Estos esfuerzos han prosperado gracias a la condescendencia de un Poder Legislativo que ha satisfecho las exigencias clericales en materia de reformas constitucionales. Afortunadamente contamos con el artículo 40 constitucional, la “única posibilidad de impedir que México avance en la ruta hacia un Estado confesional”.

Twitter: @armayacastro


Publicado el 7 de abril en el diario El Mexicano



sábado, 28 de marzo de 2015

VISITA DEL PAPA A TURÍN: LA SÍNDONE Y LOS VALDENSES

Por Armando Maya Castro
La llamada Sábana Santa ha sido objeto de polémica por siglos

Francisco será el primer papa de la historia en ingresar a una iglesia valdense; lo hará el próximo 22 de junio en Turín, donde también visitará la llamada "Sábana Santa", un lienzo de lino que mide 436 centímetros de largo por 113 de ancho, y que según la tradición envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret después de la crucifixión.

La prueba del carbono 14, practicada por un grupo de arqueólogos en 1988, prueba que el Manto de Turín no pudo estar en la tumba de Cristo en el siglo I, pues data del medievo, específicamente de entre los siglos XIII y XIV, que fue, justamente, la época en que el negocio de las reliquias estaba en su apogeo.

Javier Martínez-Pinna, en su obra Grandes tesoros ocultos, se refiere a la Síndone, como se conoce también al lienzo, en los siguientes términos: "La polémica que rodea este objeto ha provocado un encendido debate entre aquellos que lo consideran una prueba irrefutable de la existencia y divinidad de Cristo, y los que no ven en ella más que un simple fraude cuya antigüedad no superaría los setecientos años".

El pasado mes de octubre, el investigador y escritor británico, Charles Freeman, aseguró en History Today, una revista londinense especializada en historia, que la Sábana Santa “es falsa sin lugar a dudas”. Para demostrarlo, menciona la datación por radiocarbono ya mencionada, además de señalar que no es posible encontrar mención del manto antes del año 1355, lo que resulta extraño para un artículo de tanta importancia. Freeman sostiene, asimismo, que existen evidencias de que el sudario ha sido alterado a través del tiempo, y que fue utilizado durante rituales en la pascua del medievo: “Es increíble, pero pocos investigadores parecen haberse dado cuenta de que la Síndone era muy distinta en los siglos XVI y XVII al objeto que vemos hoy día”, indicó el historiador. 

A pesar de que la sábana ha sido objeto de polémica por siglos, el papa la venerará en su viaje a Turín, donde también visitará, el 22 de junio, un templo de los valdenses. Para entender por qué se le ha dado tanta importancia a la noticia de que Jorge Mario Bergoglio será el primer pontífice romano en visitarlos, es importante ver quiénes fueron los valdenses. En el pontificado de Alejandro III, un comerciante francés llamado Pedro Valdo (1140-1206) se opuso a la autoridad jerárquica de la Iglesia católica, a las indulgencias, al ayuno y a la invocación de los santos. Estas doctrinas provocaron la animadversión de la Iglesia romana contra ellos, lo que obligó a los valdenses a acudir al papa, "reunido con su concilio en Letrán", al que le "explicaron sus sencillos propósitos", señala José Grau en su obra Catolicismo Romano: Orígenes y Desarrollo. El papa negó a los valdenses lo único que pedían: el derecho a predicar. Tras esta intolerante negativa, los discípulos de Valdo fueron "perseguidos como bestias feroces, entregados a los más horribles suplicios u obligados a dejar Lyon", asevera Mauricio de la Chàtre en su Historia de los Papas y los Reyes.

La violencia contra ellos y la pena de excomunión del papa Lucio III no frenó el trabajo de difusión de los valdenses por toda Europa. Estas persecuciones se prolongaron tanto que, hasta en 1487, Inocencio VIII se ocupaba en organizar una cruzada contra los valdenses del Delfinado y Saboya: “Corred a las armas y pisotead a los herejes como a áspides venenosos”, ordenaba la bula papal. 

No se trata de denigrar a la Iglesia católica, sino de presentar hechos históricos que probablemente el papa reconocerá en su estancia en Turín. Lo digo porque Juan Pablo II hizo algo similar con los husitas, planteando la posibilidad de rehabilitar a Juan Hus, luego de reconocer que fue excesivo el castigo a la hoguera que el Concilio de Constanza le impuso el 6 de julio de 1415. Si no se da tal reconocimiento y Bergoglio se limita a presentar su visita a los valdenses como un gesto auténticamente ecuménico, orientado al diálogo y a la relación fraterna, ahí está la historia, que seguirá denunciando la intolerancia que los católicos desplegaron en el pasado contra los valdenses y otras minorías religiosas.

Publicado en el diario El Occidental, el 28 de marzo de 2015





martes, 24 de marzo de 2015

DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA

Por Armando Maya Castro

Hoy, los argentinos conmemoran  el  Día  Nacional  de  la  Memoria  por  la  Verdad  y  la  Justicia, una conmemoración establecida el 2 de agosto del año 2002. En esa fecha, el Congreso de la Nación Argentina dictó la Ley número 25.633, la cual establece en su artículo primero: “Institúyese el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976″.

Para entender el porqué de esta conmemoración, es importante remontarnos al 24 de marzo de 1976, fecha que inaugura uno de los periodos más sangrientos en la historia de Argentina, con violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos. 

La madrugada de ese día, María Estela Martínez de Perón, conocida popularmente como Isabel Perón, fue depuesta del cargo por un golpe militar encabezado por el general Jorge Rafael Videla, quien se convirtió en presidente de la Junta Militar que disolvió el Congreso, impuso la ley marcial y gobernó por decreto.

Al asumir la Primera Magistratura de la República Argentina, el 30 de marzo de 1976, Videla habló de derechos humanos, los cuales nunca respetó. Esto fue lo que dijo en su discurso de ese día: "Para nosotros, el respeto de los derechos humanos no nace sólo del mandato de la ley ni de las declaraciones internacionales, sino que es la resultante de nuestra cristiana vocación acerca de la preeminente dignidad del hombre como valor fundamental. Es justamente para asegurar la debida protección de los derechos naturales del hombre, que asumimos el pleno ejercicio de la autoridad; no para conculcar la libertad, sino para afirmarla; no para torcer la justicia, sino para imponerla" (Excélsior, 12 de septiembre de 1976, pág. 28 A, citado por Óscar Correas, Acerca de los derechos humanos. Apuntes para un ensayo, México, Ediciones Coyoacán, 2003, p. 119).

Con la instauración de la dictadura, que en un principio buscaba poner fin a la convulsiva etapa que había agitado en las décadas precedentes a ese país sudamericano, la Junta Militar desplegó una estrategia de dominio sobre la población bajo la forma de terrorismo de Estado, pasando por encima de los derechos humanos: suprimió los sindicatos, prohibió los partidos políticos y declaró la guerra a los adversarios políticos del nuevo régimen. 

De 1976 a 1983, la dictadura cometió sistemáticamente crímenes contra la humanidad, además de endeudar y empobrecer al país mediante la aplicación de un modelo económico contrario a los intereses de Argentina. Entre los crímenes cometidos en ese lapso se cuentan secuestros, torturas y fusilamientos en agravio de sus oponentes –o de los sospechosos de serlo–, ejecutando tales prácticas en los centros de detención clandestinos creados para tal fin. No podemos omitir los “vuelos de la muerte”, una práctica siniestra que se empleó para arrojar al Océano y al Río de la Plata a varios desaparecidos vivos.

Ana González Bringas, en el libro El derecho a la memoria, dirigido por Felipe Gómez Isa, menciona una práctica represiva de terror "que consternó más que ningún otro a la opinión pública [argentina], una vez que se dio a conocer: la apropiación de bebés y niños, hijos de detenidos, para luego ser entregados a familias distintas de la originaria, negando su historia y su pasado, cortando sus familiares y reemplazándolos por otros". "El secuestro de niños –añade la autora– no fue sólo un resultado no deseado fruto de la violencia generada hacia los progenitores de los mismos, sino que fue una acción adoptada con premeditación, e incluso definida en una de las directrices de actuación contra la subversión”. 

La pregunta que todos nos hacemos es esta: ¿Qué ha pasado con los autores de estas vejaciones? La respuesta nos la da una nota de la agencia noticiosa AP, difundida en varios periódicos del mundo el pasado 21 de marzo: “En los últimos 9 años se dictaron 136 sentencias, 31 de ellas en firme. En ellas se sentenció a 613 personas, 50 de las cuales fueron absueltas, según el último informe de la Procuraduría de Crímenes de la Humanidad, actualizado al 18 de marzo de este año, cuando falta muy poco para que se cumplan 39 años del golpe de Estado”. 

Videla, el genocida emblema de la dictadura más sangrienta de Argentina, y quien nunca se arrepintió de sus excesos, murió en prisión el 17 de mayo de 2013. Se hallaba allí cumpliendo la pena de condena perpetua por crímenes de lesa humanidad, mismos que cometió de manera reiterada durante su gobierno de facto.

Aunque sobre el tema falta mucho por esclarecer, juzgar y condenar, las sanciones que en los últimos años se han impuesto a los culpables son importantes para evitar que los crímenes en comento queden impunes. Ojalá que estas sanciones sirvan para que los gobernantes de todos los países piensen muy bien sus decisiones de gobierno y eviten violaciones a los derechos humanos como las que tuvieron lugar en los años sesenta y setenta en la República de Argentina y en otros países sudamericanos. 

Twitter: @armayacastro

Publicado el 24 de marzo de 2015 en el diario El Mexicano de la ciudad de Tijuana


viernes, 20 de marzo de 2015

ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUÁREZ

Por Armando Maya Castro
Esta escultura de bronce, representando a Juárez en posición sentado y teniendo en sus manos las Leyes de Reforma, se sitúa en la plaza central de San Pablo Guelatao, Oaxaca. Junto a él, un muro de cantera verde y rosa con una leyenda de la frase juarista que se conoce en todo el mundo: "El respeto al derecho ajeno es la paz" 

Un día como hoy, pero de 1806, nació Benito Juárez García en San Pablo Guelatao, un pueblo de la jurisdicción de Santo Tomás Ixtlán en el estado de Oaxaca, que en ese tiempo “apenas contaba con veinte familias”, como lo escribió el propio Juárez en su libro Apuntes a mis hijos. 

Sus padres, Marcelino Juárez y Brígida García, "indios de la raza primitiva del país", fallecieron cuando el pequeño Benito tenía tres años. Al faltar sus progenitores, él y sus hermanas María Josefa y Rosa quedaron al cuidado de sus abuelos paternos, Pedro Juárez y Justa López, “indios también de la nación zapoteca”, apunta Juárez en su obra autobiográfica antes mencionada. 

A los pocos años, dejaron de existir también los abuelos de Benito, quien se quedó bajo la tutela de su tío Bernardino Juárez. La pobreza en la que éste vivía no le impidió despertar en su sobrino el interés de superación: “aprender el idioma castellano, lograr que los patrones de una casa particular de Oaxaca lo recibieran en ella a cambio de techo, alimento, ropa y el compromiso de enseñarle a leer y escribir el castellano y, como sueño inalcanzable, lo apoyaran a seguir la carrera sacerdotal, por ser el único medio para los indígenas pobres de realizar estudios superiores en el Seminario que funcionaba en esa ciudad”, resume Eduardo Philibert Mendoza en su libro Personajes Notables de la Historia de México 2

Lo que consiguió a partir de entonces es presentado por la historia oficial como un ejemplo de superación personal. Y no podía ser de otra manera si tomamos en cuenta que aquel zapoteco de humilde condición, tras aprender a hablar, leer y escribir en español, cursó estudios hasta recibirse de abogado, logrando ascender y superarse: fue gobernador de Oaxaca, ministro de la Corte de Justicia y presidente de la República. 

Además, el gobierno del Benemérito de las Américas expidió las Leyes de Reforma, a las que Jorge Carpizo define como "la destrucción de las estructuras coloniales y medievales que habían perdurado durante el México independiente; esas leyes son parte del sustento mismo de nuestro constitucionalismo: libertad, igualdad, tolerancia, pluralismo, Estado laico, principio de legalidad y respeto a los derechos de las minorías. Estas leyes son el fundamento de nuestro Estado y la defensa del sistema constitucional" (“Juárez, jurista y defensor de la Constitución”, en Manuel Camacho Solís, Actualidad de Juárez, D.F.: UNAM, 2004, p. 36). 

En el aniversario del natalicio de Benito Juárez es importante mencionar que el mérito de las Leyes de Reforma no es sólo suyo, sino de una pléyade de liberales a la que pertenecieron, entre otros, Melchor Ocampo y Miguel Lerdo de Tejada, encargados de redactar las leyes en cuestión. 

Con las Leyes de Reforma, Juárez y los liberales de su tiempo lograron la nacionalización de los bienes eclesiásticos, la separación entre la Iglesia y el Estado, la exclaustración de monjes y frailes, la secularización del registro civil, de los cementerios y de las fiestas públicas, además de la promulgación de la Ley sobre Libertad de Cultos, publicada el 4 de diciembre de 1860. 

Respecto a la libre expresión, es obligado recordar que en el periodo presidencial de Benito Juárez mejoraron de manera considerable las condiciones para la libertad de expresión, especificadas en la primera Constitución liberal que tuvo México, la de 1857. Gracias a ello, en ese tiempo se publicaron periódicos de diferentes tendencias políticas e ideológicas, en los que se exponían y defendían las ideas de los grupos, ya fueran conservadores o liberales. 

El especialista en temas históricos, José Manuel Villalpando, señala que “Con Juárez México vivió por primera vez una época de plena libertad de expresión, sin cortapisa alguna. No hubo censura, ni periodística ni editorial. Juárez extendió la libertad hasta el campo de la educación: la que impartiera el estado sería laica pero los particulares podían impartirla en cualquier nivel” (José Manuel Villalpando, Benito Juárez: una visión crítica en el bicentenario de su nacimiento, México, Planeta, 2006, pp. 125 y 126). 

Lamentablemente, hoy por hoy el carácter laico del Estado y de la educación se encuentran bajo amenaza, como también se haya en riesgo la libertad de expresión, lo que obliga a los mexicanos de hoy a redoblar esfuerzos para poner a salvo el legado jurista. 

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