CRISIS POR PEDERASTIA CLERICAL

Por Armando Maya Castro

Ratzinger cesó al obispo Marco Antonio Órdenes Fernandez acusado de pederastia

La crisis de la Iglesia católica, provocada en buena medida por los curas pederastas y la protección que éstos han recibido por parte de la jerarquía clerical, sigue afectando seriamente a dicha institución. En México y en algunos países sudamericanos y europeos siguen apareciendo denuncias que involucran no sólo a sacerdotes, sino también a altos dignatarios del romanismo, como es el caso de Marco Antonio Órdenes Fernández, obispo de Iquique, en Chile, quien ha sido cesado recientemente por el papa Benedicto XVI.

El Sínodo de Obispos –que actualmente se celebra en el Vaticano con el propósito de encontrar respuestas a la crisis de fe en el mundo occidental– ha abordado el tema de los abusos sexuales contra menores. El obispo canadiense Brian Joseph Dunn propuso como fórmulas un cambio de mentalidad y de estructuras, así como el establecimiento de oficinas para escuchar a las víctimas y a los familiares de éstas.  

En un discurso no mayor de cinco minutos, Dunn, responsable de la diócesis canadiense de Antigonish, señaló que la crisis de los “curas pederastas” constituye un serio impedimento para la evangelización. Apuntó que esta crisis ofrece una auténtica oportunidad de escucha y común discernimiento para comprender la profundidad del dolor, de la rabia y de la desilusión derivadas del escándalo: “Tal ministerio de escucha –manifestó– podría entrar a formar parte del apostolado de cada diócesis bajo la forma de oficina de meditación, donde las personas puedan desfogar el propio dolor y buscar una idónea reconciliación".

En el mismo sitio donde se desarrolla la actividad sinodal, el pasado jueves 11 de octubre, Francesco Zanardi y Alberto Sala, dirigentes de las organizaciones “El abuso” y “Pequeño Alan”, respectivamente, solicitaron al papa que la Congregación para la Doctrina de la Fe abra los archivos donde se registran los casos de abusos sexuales a menores cometidos por miembros del clero católico.

Ambos dirigentes esperaban ser recibidos por Ratzinger, pero sólo pudieron acceder hasta el Portón de Bronce, corroborando así que la Iglesia católica no tiene voluntad para tomar medidas ni enfrentar el problema de pedofilia. Zanardi, quien fue abusado a la edad de 10 años por el cura Nello Giraudo, en una parroquia de Savona, Italia, declaró en conferencia de prensa lo siguiente: “Los archivos que desde 2001 el cardenal Joseph Ratzinger ha ordenado mandar de todo el mundo a Roma, deben ser entregados a la magistratura para intervenir sobre estos casos y sobre las víctimas, que son nuestra principal preocupación”.

Estas organizaciones esperan que la Congregación para la Doctrina de la Fe atienda su demanda y que en lo sucesivo proceda diferente a como lo hizo cuando estuvo al frente de la misma el entonces cardenal Joseph Ratzinger –ahora papa Benedicto XVI–, quien pudo haber hecho mucho en defensa de las víctimas inocentes, pero se inclinó por privilegiar el ocultamiento de innumerables casos de pederastia, entre ellos los actos criminales del sacerdote mexicano Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo y del movimiento Regnum Christi. 

La mención de Maciel obliga a que hablemos brevemente sobre la renuncia de Álvaro Corcuera a la dirigencia de los Legionarios de Cristo, aparentemente por motivos de salud. Veamos cómo para los conocedores del tema las causas de la renuncia fueron otras: el exsacerdote Alberto Athie declaró a Carmen Aristegui: “Si se tratara realmente de un problema de salud, que pusiera en cuestión su capacidad de servicio, son cosas que se anuncian, no se consultan con los demás…”. Tras calificar a Corcuera como un cómplice de Maciel, Athie dijo a la periodista de Noticias MVS: “Es un caso intolerable el del padre Corcuera, y yo creo que por esa razón, de un deterioro gravísimo de su autoridad moral, que como superior ya no puede seguir al frente de la Legión”.

Bernardo Barranco, sociólogo especialista en religiones, coincide con Athie al afirmar que la renuncia de Corcuera no fue por motivos de salud, agregando que este hecho forma parte de un capítulo más en la crisis de los Legionarios de Cristo, cuyo control queda en manos del cardenal Velasio de Paolis, esto  través del nuevo líder de La Legión, el alemán Sylvester Heereman, explicó Barranco a Grupo Fórmula. 

¿Encontrará el Sínodo de Obispos el remedio a una de las peores crisis de la Iglesia católica? La verdad no lo sabemos. Lo que sí sabemos –y lo saben también los obispos reunidos en el Vaticano– es que es necesario ponerle fin a los casos de pederastia clerical que han perjudicado en gran manera a la Iglesia romana.

LAS CONVICCIONES EN UN ESTADO LAICO

Por Armando Maya Castro 

¿Compete al Estado establecer una ética oficial y excluir otras concepciones éticas?

El artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza sin ninguna restricción la libertad de creencias o convicciones. La reforma al citado artículo, aprobada el 15 de diciembre de 2011 por la Cámara de Diputados, y el pasado 28 de marzo por el Senado de la República, garantizará también la libertad de convicciones, pero únicamente las éticas; las que no se evalúen como tales quedarán –en caso de aprobarse la reforma– sin ningún tipo de protección constitucional. 

Si la mayoría de los congresos estatales aprueba la reforma del artículo 24 constitucional, el Estado tendrá el derecho de evaluar nuestras convicciones y decidir cuáles son éticas y cuáles no lo son. Un Estado que califica o descalifica las convicciones de los miembros de las diferentes iglesias niega la verdadera libertad religiosa.  

Lo que los mexicanos crean o dejen de creer no es competencia del Estado, sino de cada persona. La postura del Estado ante las distintas manifestaciones religiosas de la población debe ser de respeto y de absoluta neutralidad. Su función no es obstaculizar, orientar ni regular en materia de creencias religiosas; su papel es proteger jurídicamente a las asociaciones en los términos que marca la ley.

Si el gobierno no debe interferir en los asuntos internos de las asociaciones religiosas, mucho menos en el fuero interno de las personas. Otorgarle al Estado facultades para que resuelva a través de sus órganos competentes qué convicciones son éticas y cuáles no lo son, es colocarlo en la misma posición de los Estados totalitarios; esos que son la antítesis de los Estados democráticos, donde el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales es inexistente. 

El Estado totalitario –por no decir autoritario– es aquel que extiende su poder despótico en todas las esferas, incluida la religiosa. En dichos estados, a diferencia de un Estado democrático, no existe libertad religiosa ni el reconocimiento de que las convicciones religiosas pertenecen al fuero interno de cada persona. 

De ahí la importancia de vivir en un Estado laico, donde el respeto a la libertad de conciencia es pleno, y donde los funcionarios públicos asumen el compromiso de vigilar y proteger al individuo contra toda violentación de su espíritu. 

¿Basta la aprobación del artículo 40 constitucional para considerar fuera de peligro la laicidad del Estado mexicano? Algunos piensan que sí, pese a lo que quedó asentado en el dictamen de la reforma del artículo 24, emitido por la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2011. Muchos otros creemos que es incongruente que un Estado que se denomina laico vaya a querer imponernos determinadas convicciones bajo el argumento de que –tras ser valoradas- reúnen las condiciones para ser consideradas éticas, a diferencia de otras. 

El Estado tiene el deber de respetar las diferentes convicciones de la población. Su trabajo no es evaluar ni calificar, sino garantizar la autonomía y libertad de las personas y grupos. Debe garantizar, al mismo tiempo, que éstos convivan en igualdad, sin que determinada religión pretenda imponer sus creencias a las demás religiones y al resto de la sociedad. No hay que olvidar que el reconocimiento de la igualdad de derechos y libertades de los individuos son elementos básicos de un Estado democrático. 

Me permito reproducir uno de los tantos argumentos que Foro Cívico México Laico ha presentado en la mayoría de los congresos estatales: “La intromisión del Estado en las convicciones o creencias de la población, con la pretensión además de calificarlas de «éticas» o de «no éticas», es una aberrante agresión a la conciencia personal, propia de un Estado totalitario. De aprobarse esta reforma, el Estado mexicano ya no sólo determinará lo jurídicamente válido, sino que ahora decidirá, además, lo éticamente válido; en efecto, ya no sólo tendrá el monopolio de lo jurídico, sino también el monopolio de lo ético.

Es una verdadera pena que algunos congresos locales hayan aprobado la reforma del artículo 24 ignorando argumentos tan sólidos como el del párrafo anterior, y que en vez de ello hayan cedido a líneas y/o presiones de quienes están interesados en la aprobación de una reforma orientada a otorgar privilegios, buscando que se modifique no sólo el artículo 24 constitucional, sino también los artículos 3° y 130 de nuestra Carta Magna, garantes de la educación laica y de la separación del Estado y las iglesias, respectivamente. 

Twitter: @armayacastro

VIOLENCIA, CONSECUENCIA DE LA PÉRDIDA DE VALORES

Por Armando Maya Castro

En la actualidad, la violencia se halla presente casi en todas partes. La encontramos en las telenovelas mexicanas y en las extranjeras; en las películas producidas en México, como en aquellas que se producen en otras naciones. En muchas de ellas, la violencia y el terror son modas imperantes imposibles de evitar, nos dice Marcelino Bisbal.

Por desgracia, la violencia ha llegado también a las escuelas, espacios donde el bullying se ha convertido en un verdadero azote y en el terror de innumerables alumnos. El siguiente dato, proporcionado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, describe lo que pasa en nuestras escuelas: en México, tres de cada 10 estudiantes de primaria han sufrido alguna agresión física por parte de un compañero.

La violencia afecta a personajes famosos, cuya celebridad y popularidad es del dominio público, pero también perjudica a personas sencillas, como es el caso de los migrantes en tránsito por México, quienes han sido objeto de ataques violentos en repetidas ocasiones. Estos eventos, hay que decirlo, han sido favorecidos por la corrupción, la complicidad y la impunidad imperantes en el país.

Ni los funcionarios públicos, ni los familiares de éstos escapan a la violencia en la que nos encontramos atrapados. Las acciones del Estado mexicano en contra de las actividades delictivas de los cárteles de la droga, ha ocasionado que estos grupos criminales tomen violentas represalias contra algunos funcionarios públicos y personas dedicadas a la política. Hay quienes piensan que el asesinato de José Eduardo Moreira, hijo del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, pudo haber sido por represalias orquestadas por la delincuencia organizada. 

Es evidente que quienes sufren con mayor severidad los efectos de la violencia y la inseguridad son los ciudadanos comunes y corrientes, los que con su trabajo diario y honesto construyen la grandeza de nuestro país.

Las calles son, con toda seguridad, los sitios donde la violencia genera mayores estragos a través de robos, asaltos, secuestros y asesinatos. La violencia nos persigue y aparece en los cruces viales, topes y semáforos, ocasionando no sólo la perdida de nuestros bienes, sino también enormes daños físicos y sicológicos. Aparece de noche y de día, en parques, callejones y estacionamientos solitarios.

Es triste decirlo, pero la violencia se ha convertido en parte de nuestro diario vivir; nos acostamos y nos despertamos escuchando noticias de asesinatos, secuestros, violaciones, levantones, desapariciones y demás cosas impregnadas por la violencia que se da en nuestro diario acontecer. Con ese tipo de noticias nos acostamos y con ellas nos levantamos. 

Lo verdaderamente grave es que nos hemos acostumbrado tanto a ver ese tipo de noticias que hemos perdido la capacidad de reacción. No la hay, al menos que el asesinado, secuestrado o desaparecido tenga alguna relación de parentesco o cercanía con nosotros.

Esta barbarie va en aumento y parece no tener fin, al menos no lo tendrá en la presente administración. Las autoridades federales nos dicen todos los días que la guerra contra el crimen organizado es para brindarnos seguridad; sin embargo, la desilusión se torna mayúscula entre los mexicanos cuando vemos que los esfuerzos de las autoridades no garantizan debidamente nuestra seguridad.

Permítame, estimado lector, hacer la siguiente reflexión: nos quejamos de la violencia y de la descomposición moral que la genera, que esto debería ser razón suficiente para aborrecer la violencia y erradicarla de nuestro entorno. Pero en vez de ello, se observa con tristeza que la violencia se ha introducido poco a poco en nuestros hogares, perjudicando de diversas maneras a los nuestros. 

Me refiero, desde luego, a la violencia familiar o doméstica, que tiene lugar entre los miembros de una familia, pudiendo ocasionar severos daños físicos y sicológicos a quien la padece. Me refiero también a la violencia de género, esa que es ejercida por quien es o ha sido el compañero sentimental de una mujer, a quien daña física y sicológicamente al intentar someterla o controlarla.

Admitámoslo: la sociedad de nuestro tiempo se halla inmersa en un proceso de progresiva pérdida de valores. Esto puede remediarse únicamente en el hogar, con un trabajo de instrucción responsable por parte de nosotros, los padres de familia. Me refiero, evidentemente, al fomento de valores tales como el respeto, la honestidad, la no violencia, la solidaridad, etcétera. Es tiempo que tomemos la decisión de hacer lo necesario para erradicar de nuestro entorno la violencia en cualquiera de sus manifestaciones.

Twitter: @armayacastro

LOS IMPLICADOS EN EL GENOCIDIO DE RUANDA

Por Armando Maya Castro

El pasado 27 de septiembre, el vocero del Vaticano, Federico Lombardi, negó que la Iglesia católica brinde protección al cura católico Jean-Baptiste Rutihunza, presunto participante en el genocidio de Ruanda, y sobre quien hay una orden de captura internacional.

Federico Lombardi niega lo que algunos medios de comunicación europeos han publicado acerca de Rutihunza, el presbítero –miembro de la etnia hutu– acusado de crímenes contra la humanidad. Un repaso a la historia de Ruanda en la década de los años noventa nos permitirá conocer que, aparte del citado sacerdote, muchos otros clérigos participaron en el genocidio que dejó en esa nación más de un millón de muertos, así como innumerables violaciones a los derechos humanos.

El 6 de abril de 1994, Juvenal Habyarimana y Cyprien Ntaryamira, presidentes de Ruanda y Burundi, respectivamente, perecieron en un sospechoso accidente de aviación. Esto desencadenó una terrible matanza perpetrada por extremistas hutus, pertenecientes a las milicias interawne, quienes culparon a la etnia tutsi del asesinato de ambos mandatarios. “Un pequeño grupo de colaboradores cercanos del presidente asesinado empezó entonces a ejecutar los planes de matanza organizada de civiles tutsis…”.

El 14 de abril de 1999, el arzobispo de Gikongoro (Ruanda), Agustín Misago, fue arrestado en Kigali, luego de que el presidente Pasteur Bizimungu lo acusara de haber participado en el genocidio de 1994. La organización African Rights hizo una acusación similar, afirmando que el canónigo había cometido crímenes contra la humanidad. El fiscal pidió aplicar la pena de muerte a Misago, a quien responsabilizó de negar refugio a los tutsis (enemigos de los hutos, tribu a la que pertenece el arzobispo Misago); de enviar a 30 escolares a la muerte;  de crear un campo de refugiados en Murambi; de colaborar en la masacre de la iglesia de Kibeho, y de haber comprado 100 machetes. 

Para sorpresa de muchos, el 15 de junio del 2000 (un año después de su detención), un veredicto del tribunal de Kigali lo absolvió de todas las acusaciones.  Conviene mencionar que a lo largo de dicho proceso el Vaticano ejerció enorme presión, calificando como calumnioso el cargo de genocidio que pesaba sobre el prelado. Tal fue el apoyo del papa Juan Pablo II, que en el mes de mayo del año 2000, estando Misago todavía preso, le envió un telegrama expresándole su apoyo y confianza. Posteriormente, el clérigo ruandés dijo estar agradecido de que el papa “movilizara” a toda la Iglesia en el mundo para interceder por su libertad. El 8 de septiembre del año 2000, dos meses y medio después de la absolución de Misago, Juan Pablo II le recibió en audiencia. 

La escritora Linda Melvern, en su obra “Un pueblo traicionado: el papel de occidente en el genocidio de Ruanda”, nos aporta importantes datos sobre la participación del clero ruandés en el genocidio: “El apoyo católico al nacionalismo hutu era tan patente que, cuando se produjo el genocidio de 1994, el arzobispo de Kigali, Vicente Nsegiyumva, ocupaba un puesto en el Comité central del partido en el poder y estaba íntimamente ligado al entorno más próximo a «Poder hutu», la asociación que organizó el genocidio”. La autora de este libro es mesurada y aclara: “no todos los miembros de la Iglesia eran tan próximos al régimen, y algunos predicaban en favor de la reconciliación”.

Los clérigos hasta ahora mencionados no fueron los únicos implicados en el genocidio. Entre los procesados por su participación genocida se encuentran dos monjas benedictinas: Consolata Mu-kangango (sor Gertrudis) y Julienne Mukabutera (sor María Kizito), acusadas de haber contribuido en la ejecución de 7 mil tutsis que buscaban refugio en el convento de Sovu.  La participación de estas “religiosas” consistió en llamar “a las milicias para que echaran del lugar a los desesperados tutsis del perímetro del convento. Les dieron gasolina a los milicianos para que quemaran a unos 500 tutsis que se habían refugiado en el estacionamiento del convento” (La Jornada, 9 de junio de 2001).

Actualmente, sor Gertrudis y María Kizito purgan una condena de 15 y 12 años de cárcel, respectivamente. Esta sanción, impuesta por un tribunal de Bélgica, el 8 de junio de 2001, provocó la inmediata reacción de la “Santa Sede”, quien declaró a través de Joaquín Navarro Valls, portavoz del Vaticano, lo siguiente: "El Santo Padre no puede expresar sino una cierta sorpresa al ver cómo la grave responsabilidad de tantas personas y grupos envueltos en este tremendo genocidio en el corazón de África, recae en sólo unas pocas personas".

Por la implicación de algunos miembros del clero y la actitud asumida por la sede papal durante el proceso de éstos, la Iglesia católica en Ruanda es considerada corresponsable de un genocidio que tuvo el propósito de exterminar a la población tutsi. 

@ArmayaCastro