CONDECORACIÓN INCOMPRENSIBLE

Por Armando Maya Castro

Desde que Felipe Calderón Hinojosa envió al ejército a realizar labores policíacas generó una tormenta considerable en materia de violaciones a los derechos humanos

 

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España acaba de conceder al expresidente Felipe Calderón Hinojosa la Orden del Mérito Civil, instituida por el rey Alfonso XIII por Real Decreto de 25 de junio de 1926. La condecoración ha sido otorgada, entre otros, al presidente de grupo Inditex, Amancio Ortega; a los emires de Kuwait y Abu Dabi (Sabah Al-Ahmad Al-Jaber y Khalifa Bin Zayed, respectivamente) y a Abdelazis Bouteflika, presidente de Argelia.

El gobierno español decidió condecorar a Calderón pese a que en la administración de éste “se recurrió de forma generalizada a la detención arbitraria, la tortura y los malos tratos para extraer información y confesiones de los detenidos durante los interrogatorios” esto según un informe de Amnistía Internacional.

Desde que Felipe Calderón asumió el cargo como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en diciembre de 2006, le declaró la guerra a los cárteles de la droga, delegando en las fuerzas armadas la lucha contra el crimen organizado, causante de la inseguridad y la violencia que azota a la mayoría de los estados de la República mexicana. 

Con el apoyo de Estados Unidos, el gobierno de Calderón hizo un “despliegue del Ejército como una de sus estrategias clave para combatir el narcotráfico y mejorar la seguridad pública”. Jorge G. Castañeda nos dice que "el envío de un ejército mal preparado a realizar labores policíacas en ciudades y pueblos de México generó una tormenta considerable en materia de violaciones a los derechos humanos".

Los mexicanos fuimos testigos de que en la anterior administración federal los asesinatos y los secuestros fueron en aumento. En el año 2007 fueron asesinados 25 mil 113 personas; en 2008, 28 mil;  en 2009, 31 mil 545; y en 2010, 34 mil 545. En ese periodo aumentaron también los secuestros: de 595 en 2006 a 1 mil 344 en 2011. En 2007, el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) registró 438; en 2008, 907; en 2009, 1 mil 163, y en 2010, 1 mil 220.

La estrategia anticrimen de Calderón fue criticada fuertemente por analistas, columnistas y articulistas, así como por diversos actores políticos y organizaciones de derechos humanos, quienes sostuvieron a lo largo del anterior sexenio que los uniformados carecían de la formación adecuada para atender la seguridad de la ciudadanía. El propio Vicente Fox criticó el plan de lucha contra el narcotráfico implementado por el ex presidente Felipe Calderón.

El 9 de noviembre de 2009, Calderón salió al encuentro de las críticas que persistían en relación con la violación de los derechos humanos de parte de las fuerzas castrenses. Esto declaró el entonces primer mandatario de la nación: “Saben que si los agarramos [a los delincuentes], en primer lugar no los vamos a vejar, como muchas veces dicen. Aquí a cada rato vienen a decir que las violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército, una serie de cantaletas que también ya empiezan a cansar, que no son ciertas, porque se respeta la dignidad de los criminales y se les pone ante un juez y todo".

El error del ex presidente de México fue el de muchos otros gobernantes: no saber escuchar a la gente y aferrarse a una fallida y estéril estrategia, considerada infalible por él y por quienes de manera irresponsable le aconsejaban mantenerla en pie. 

¿Cuáles fueron entonces los logros de la estrategia anticrimen del gobierno anterior? Calderón presumió, mediante spots, la muerte y captura de importantes capos de la droga. Llegó a decir que fueron capturados 22 de los 37 capos más peligrosos de México, algo que a su juicio permitió “desarticular las estructuras logísticas y operativas de muchas de las organizaciones de la delincuencia organizada más peligrosa del país”. Hoy sabemos, por lo que ha señalado el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que la captura de capos propició la fragmentación de grupos criminales en detrimento de la seguridad pública.

La administración de Calderón ha pasado a la historia marcada con la impronta de la violencia, con historias de ejecuciones (83 mil según el Semanario Zeta), daños colaterales, violaciones a los derechos humanos e innumerables casos de crueldad. A lo largo de ese sexenio, los mexicanos experimentamos el miedo y la inseguridad como nunca antes. Calderón conocía perfectamente bien los temores de la población, pero en lugar de remediar la situación se obstinó en decirle a la población que sus decisiones y las acciones del Estado eran correctísimas y que todo se hacía por nuestro bienestar. Por esto, y por muchas otras deficiencias del gobierno calderonista, resulta incomprensible la condecoración del gobierno español.

UN LLAMADO A LA SEGOB

Por Armando Maya Castro

La Secretaría de Gobernación tiene el deber de sancionar conforme a la ley a los funcionarios públicos y a los ministros de culto que han incurrido en flagrantes violaciones al Estado laico (Foto: Noticieros Televisa)

Las recientes violaciones al Estado laico, perpetradas por los gobernadores de los estados de Chihuahua y Veracruz, así como por algunos alcaldes del norte de la República mexicana, han puesto sobre la mesa del debate uno de los grandes pendientes en la agenda nacional: la defensa de la laicidad del Estado mexicano. 

La participación ilegal de estas autoridades en eventos de carácter religioso es un acto inaceptable y de clara violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. La violación del Estado laico en todos estos casos es más que evidente, aunque el gobernador César Duarte y la alcaldesa Margarita Arellanes lo hayan negado ante los representantes de los medios de comunicación. El gobernador chihuahuense violentó la laicidad del Estado mexicano al consagrar su estado al sagrado corazón de Jesús y al doloroso e inmaculado corazón de María, y la alcaldesa regiomontana hizo lo propio al entregar simbólicamente a Jesucristo las llaves de la ciudad de Monterrey. 

¿Y qué hay de las autoridades eclesiásticas que presidieron los actos religiosos en que ocurrieron estos desacatos a la ley? Es evidente que todas ellas violentaron la Constitución General de la República y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Por otra parte, resulta lamentable el desdén de estos ministros de culto a las leyes divinas y al memorable ejemplo de Jesucristo, quien fue claro al enseñar: “Mi reino no es de este mundo”. 

La que más gana con este tipo de acciones es la Iglesia católica, interesada en concretar su proyecto de mayor prioridad: la educación religiosa en las escuelas públicas. Para la concreción de esta empresa, los jerarcas católicos lograron que el Poder Legislativo aprobara la reforma del artículo 24 constitucional, algo que es importante para la realización de sus fines, pero insuficiente para instalar la educación confesional en las escuelas oficiales. Por ello, se han dado a la tarea de convencer a los gobernadores para que consagren sus estados a la virgen y al sagrado corazón de Jesús, aspecto que los jerarcas católicos sabrán aprovechar en beneficio de su iglesia. 

Por ejemplo, si en otros estados de la República llegara a darse un intento de reforma a la constitución local, similar al que en materia de educación religiosa se pretendió hacer en el estado de Puebla, tenga usted la seguridad que la decisión de un gobernador “consagrado” sería a favor de los intereses del clero. 

Es así como los jerarcas católicos se mueven en busca de privilegios y poder para que su religión resulte favorecida por encima de los demás credos. Nuestro deber es recordarle a la Iglesia católica, así como a las autoridades obstinadas en favorecerla, que todas las asociaciones religiosas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de antigüedad, número de adeptos, infraestructura templaria, o cualquier otra condición o circunstancia. 

La reforma del artículo 24 constitucional y los recientes atropellos al Estado laico prueban con absoluta claridad que el intento del clero y de no pocos actores políticos es que volvamos al México confesional, donde la Iglesia católica ejercía un control moral e ideológico completo de toda la enseñanza y de la vida y costumbres de los mexicanos. Al referirse a ese tiempo, el escritor Francisco Martín Moreno señala que la Iglesia romana “monopolizó la educación durante tres siglos y medio, de modo que para 1821, cuando Iturbide llegó al poder, México, con cuatro millones de kilómetros cuadrados, se encontraba sepultado en el analfabetismo con un noventa y ocho por ciento de la población incapaz de saber leer y escribir”. 

El Estado laico, guiado por la búsqueda del bien común, favorece el sano desarrollo de la diversidad religiosa, haciendo posible la convivencia pacífica entre las personas de diferentes credos. Gracias a este régimen jurídico, que ha sido un pilar fundamental para la protección de los derechos humanos, los mexicanos  hemos podido vivir en paz en las últimas siete décadas.

Ahí están los actos violatorios de la ley, ampliamente difundidos y documentados en los medios de comunicación y en las redes sociales; sólo falta la decisión de la instancia federal responsable de “vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas”. Me refiero, evidentemente, a la Secretaría de Gobernación, que tiene también el deber de “vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, especialmente en lo que se refiere a las garantías individuales y dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto”. La sociedad mexicana, que sabe que la impunidad es un mal que daña la confianza del pueblo hacia sus autoridades, exige sanciones para este tipo de infracciones.

NUEVAS EMBESTIDAS AL ESTADO LAICO

Por Armando Maya Castro

La alcaldesa Margarita Arellanes Cervantes, en franco desafío al Estado laico, entregó simbólicamente a Jesucristo las llaves de la ciudad de Monterrey (Imagen: YouTube).

El pasado sábado, Margarita Arellanes Cervantes, alcaldesa de Monterrey, participó en un evento evangélico denominado “Monterrey ora”, organizado por la Alianza de Pastores de Monterrey. Durante el desarrollo del acto, la alcaldesa entregó las llaves de la ciudad a Jesucristo, acción que constituye una violación a los artículos 1°, 24, 40 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 1°, 3°, 25 y 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LARCP).

Ante unas 3 mil personas, la edil regiomontana, católica y de extracción panista, expresó las siguientes palabras: "Reconociendo que la participación humana es indispensable, sabemos que por sí sola no tiene la capacidad de revertir las tinieblas que sólo la luz de la fe de Dios puede desvanecer. Es por eso que hoy estamos aquí reunidos y yo, Margarita Alicia Arellanes Cervantes, entrego la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a nuestro Señor Jesucristo, para que su reino de paz y bendición sea establecido”. 

No lanzaré calificativos contra la alcaldesa blanquiazul, como los que circulan en su contra en las redes sociales, o como aquellos que han utilizados sus adversarios políticos, algunos de los cuales se han atrevido a calificar de patológica su conducta. Me interesa, por encima de todo, insistir en el respeto que merece la Constitución General de la República, esa que las autoridades juraron cumplir y hacer cumplir al tomar posesión de sus cargos.

La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Subsecretaría de Asuntos Religiosos tienen el deber de iniciar un expediente respecto a la participación oficial de Arellanes Cervantes en el referido evento religioso. Esta acción ilegal, realizada en connivencia con un grupo de pastores ansiosos de notoriedad mediática, desafía la histórica separación del Estado y las iglesias, además de atentar contra el principio de libertad religiosa, que consiste en respetar la convicciones religiosas de los demás. 

El temor de millones de mexicanos es que la Segob vaya a actuar en este caso como actuó en el pasado reciente, cuando dejó impunes diversos atropellos al Estado laico. El más sonado de ellos, la “macrolimosna” que el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, entregó a la Arquidiócesis de Guadalajara para la edificación de un templo cristero en el cerro del tesoro, municipio de Tlaquepaque. En aquella ocasión, la Segob dio carpetazo al acuerdo de la Cámara de Diputados relativo a la solicitud que se hizo a la dependencia del Ejecutivo federal para que investigara y determinara la legalidad de un donativo que se hizo con recursos del erario. Gobernación debe poner fin a este tipo de impunidad, sancionando conforme a la ley a los funcionarios que, en franco desacato, han desafiado el Estado laico.

Es preocupante que la Segob no haya hecho nada hasta este momento en relación a los actos en que los gobernadores César Duarte Jáquez, de Chihuahua, y Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, consagraron sus estados al sagrado corazón de Jesús y al doloroso e inmaculado corazón de María. Esta impunidad no le hace ningún bien al Estado laico ni a las libertades que de él emanan, por el contrario las perjudica, ya que alienta a otras autoridades a proceder como lo hicieron los mandatarios antes mencionados. 

Para el analista en asuntos religiosos, Bernardo Barranco Villafán, el epicentro de esta nueva actitud “radica en el propio presidente de la República, que no ha escondido su trayectoria y fervor religioso”. El periodista explicó vía telefónica al diario El País que estos cambios comenzaron a darse con Vicente Fox y el panismo, que lleva en su ideario la doctrina social de la Iglesia católica. Sobre el proceder de los gobernadores y alcaldes que han participado oficialmente en actos religiosos, Barranco Villafán explicó que es Enrique Peña Nieto quien “propicia” dicha actitud desde el Gobierno.

Nadie está coartando la libertad religiosa de los gobernadores que han consagrados sus estados a la virgen. Tampoco cuestionamos la fe de la alcaldesa de Monterrey, ni la de los alcaldes Rodolfo Ambriz Oviedo de Benito Juárez, Nuevo León (PAN), César Garza Villarreal de Guadalupe, Nuevo León (PRI), y Enrique Pelayo Torres de Ensenada, Baja California (PRI), quienes entregaron a Jesucristo las llaves de sus municipios. Cuestionamos que estas autoridades pasen por alto la ley que prohíbe a los funcionarios públicos participar con carácter oficial en actos religiosos (Artículo 25, LARCP).

Las autoridades civiles, pero sobre todo los ministros de culto de las iglesias, deben tener presente que fue Jesucristo quien estableció, con palabras sabias y memorables, la sana separación que debe existir entre la política y la religión: “Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”.

TRAS EL CAMBIO AL 24 CONSTITUCIONAL, ¿QUÉ SIGUE?

Por Armando Maya Castro

Tras la reforma del artículo 24 constitucional, los ciudadanos debemos de cuidar que se preserve inalterable el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza la educación laica en las escuelas públicas

 

¿Qué sigue tras la aprobación de la reforma del artículo 24 constitucional? ¿Qué va a suceder con el Estado laico y con la educación que en el marco del mismo se imparte? ¿Cómo utilizará la Iglesia numéricamente mayoritaria dicha reforma para lograr que en las escuelas públicas se imparta educación religiosa? ¿De qué manera impactará esta reforma en nuestra sociedad actual?

Estas son algunas de las preguntas que se plantean los millones de mexicanos que se opusieron a la reforma del artículo 24 constitucional, por considerar que atenta contra el Estado laico al permitir la intervención de la Iglesia católica en las políticas públicas, la educación oficial y la vida política de México. 

Nuestra generación está obligada a imitar el ejemplo de los mexicanos que fueron testigos del retorno de México al Estado confesional durante la dictadura del General Porfirio Díaz. De 1876 a 1911, las Leyes de Reforma fueron simplemente letra muerta, produciéndose así uno de los primeros atentados contra el legado laicista de Benito Juárez. En ese tiempo, la Iglesia católica volvió a recuperar sus perdidos fueros, a ser señora del país y a imponer sus designios en los asuntos del Estado.

No olvidemos que León XIII, el papa contemporáneo de Porfirio Díaz, abogaba en sus encíclicas “Inmortale Dei” de 1885 y “Libertas” de 1888, por un Estado confesional que profesara la religión católica y diera a ésta un trato preferencial a cualquier otra creencia religiosa. Aunque en México no se satisfizo constitucionalmente la demanda papal, en el diario acontecer se observaba cómo el Estado favorecía a la Iglesia católica por encima de las demás. 

Sin ser México un Estado confesional, las autoridades mexicanas procedían como si lo fuera. El propio Díaz llegó a participar en celebraciones católicas, como aquella en que visitó a la imagen de san Juan de Dios, en Oaxaca, su tierra natal. Algo parecido a lo que sucede actualmente en diversas entidades de la República Mexicana, donde algunos gobernadores, en franca violación al Estado laico, han consagrado sus estados a la virgen y al sagrado corazón de Jesús. El Estado porfiriano le permitió al clero el manejo de numerosos centros educativos, así como el despliegue de una intensa actividad magisterial.

Lo importante es que después de aquellos años, en el marco de la Revolución mexicana, se promulgó nuestra actual Constitución, que contiene disposiciones que ratifican el principio de la separación del Estado y las Iglesias. El investigador David Guerrero Flores afirma que en ese tiempo, Venustiano Carranza “dio a conocer un proyecto que conservaba muchos de los principios liberales de la anterior carta constitucional. Establecía que la enseñanza elemental y superior sería laica y gratuita en las aulas oficiales, de manera que garantizaría el laicismo estatal, al tiempo que las instituciones particulares quedaban en libertad de orientar su visión de la enseñanza”. Estos logros deben atribuirse a una generación de liberales mexicanos, ahora del siglo XX, que tuvieron el mérito de no cruzarse de brazos en el tiempo que el clero, con la complicidad de Porfirio Díaz, recuperó su poder e influencia. 

Después de la aprobación de la reforma del artículo 24 constitucional, las minorías religiosas de México no pueden darse el lujo de permanecer estáticas, menos aun si se conoce la tendencia del Vaticano a discriminar a los grupos religiosos minoritarios, calificados por algunos representantes del papa en México como moscas que hay que aplastar a periodicazos.

Con la aprobación de la reforma nos espera un trabajo que tendrá que ser inteligente y perseverante. Un trabajo de vigilancia, de denuncia, de defensa a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Nuestro deber es trabajar más que nunca para preservar inalterable la fracción I del artículo 3° constitucional, que garantiza el carácter obligatorio, gratuito y laico de la educación. 

No podemos confiar en aquellas voces que nos han asegurado que la reforma del artículo 24 constitucional no afectará el carácter laico de la educación. Nuestro deber es evitar intentos como el que se dio en el Estado de Puebla, donde un diputado de derecha presentó una iniciativa para reformar el artículo 2° de la Constitución local, buscando garantizar a través de la misma la libertad de los padres de familia para que sus hijos reciban educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones personales. Este intento no prosperó porque hubo grupos y personas que alzaron la voz para defender el carácter laico del Estado y de la educación.

Los mexicanos que apreciamos la paz social que hasta ahora disfrutamos, tenemos el deber de evitar que la religión retorne a las escuelas públicas y se convierta en un elemento de polarización, que producirá discriminación y atropellos en agravio de los niños y niñas de México.