martes, 1 de marzo de 2016

A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL PARA LA CERO DISCRIMINACIÓN

Por Armando Maya Castro
Los ancestrales enemigos de la educación laica trabajan con sigilo para lograr el retorno de la instrucción confesional a las escuelas públicas. Lo hacen a pesar de saber que la educación religiosa promueve la polarización social en los establecimientos de educación pública

La discriminación sigue siendo un problema serio en México y el mundo. Duele decirlo, pero en el tiempo actual, muy a pesar de nuestras leyes y de los diversos tratados internacionales de derechos humanos, se sigue afligiendo a miles de seres humanos que son excluidos en función del color de su piel, etnia, nacionalidad, edad, sexo o religión.

Lo digo hoy, 1 de marzo, como lo pude haber dicho cualquier otro día del presente mes o del año en curso. Sin embargo, hoy me parece un magnifico día para decirlo porque hace poco más de dos años, concretamente el 1 de diciembre de 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 1 de marzo Día Internacional para la Cero Discriminación.

El combate contra la discriminación es responsabilidad de todos, no de unos cuantos. Para que esta lucha tenga el éxito esperado, es sumamente importante que los seres humanos comencemos a dejar a un lado las prácticas racistas y las expresiones xenófobas. Pero no sólo eso, sino que unamos esfuerzos en el afán de erradicar de nuestro mundo la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones. 

Los racistas y xenófobos de nuestro tiempo deben quitarse de la cabeza el concepto equivocado de que su raza o color de piel los coloca por encima de las demás personas, dando origen a prejuicios, agresiones, violencia, expulsiones, matanzas, limpieza étnica, exterminio y otros males abominables. 

Aparte de preocuparnos por la violencia racista, punta del iceberg del llamado racismo social, deberíamos ocuparnos también en combatir a fondo este último mal, el cual se manifiesta mediante actitudes discriminatorias ampliamente compartidas por el conjunto de la sociedad; una sociedad que suele condenar con rigor y prontitud los grandes males que genera la discriminación, pero que se niega a abandonar los prejuicios, los estereotipos y las generalizaciones sobre los diferentes.

Si queremos un mundo con cero discriminación, tenemos que comenzar a erradicar de nosotros mismos todo concepto de superioridad, entiéndase aquí una superioridad racial, económica, laboral, intelectual y espiritual, lo que puede provocar resentimientos en las personas y/o grupos que suelen ser afectados por el flagelo de la discriminación. 

Lamentablemente, los grupos que han hecho de la intolerancia y de la discriminación religiosa su modus operandi continúan empecinados en lograr cambios constitucionales que posibiliten el retorno de la instrucción religiosa a los establecimientos de educación pública, evidenciando así su ancestral oposición a la educación laica, un modelo de educación acorde con la realidad plurireligiosa de nuestro querido México.

Estas personas y grupos se niegan a aceptar que México es –desde la segunda mitad del siglo XIX– un país donde el Estado y sus instituciones, por mandato constitucional, no puede impartir educación confesional en las escuelas públicas, más allá de los esfuerzos y acciones de quienes buscan con sigilo el apoyo de otros grupos religiosos en su cruzada contra el carácter laico de la educación.

Antes lo he dicho y hoy lo repito: “el Estado tiene el deber de salvaguardar y fortalecer el Estado laico, sin el cual resultan afectadas nuestras libertades, produciéndose un tránsito peligroso hacia el Estado confesional, lo que representa la pérdida de importantes conquistas sociales que le costaron a México torrentes de sangre”. 

Hoy más que nunca, es necesario permanecer alertas para lograr detectar y denunciar cualquier atentado contra la educación laica, un modelo de educación que ha demostrado ser el único que garantiza el respeto a la diversidad religiosa y a la convivencia armónica entre los educandos.

Twitter: @armayacastro


Publicado el 1 de marzo de 2016 en la edición impresa de el diario El Mexicano de Tijuana



domingo, 28 de febrero de 2016

DESPLANTES CONFESIONALES DURANTE LA VISITA PAPAL

Armando Maya Castro 

Ante los señalamientos de que en la visita del papa Francisco a México se violentó de diversas maneras el Estado laico, la clase política mexicana reacciona, levanta la voz y defiende a los funcionarios públicos que han sido señalados de quebrantar los principios de laicidad y de separación del Estado y las iglesias.

Uno de ellos, luego de calificar de exitosa la visita papal, se atrevió a señalar que durante los días en que Jorge Mario Bergoglio estuvo en territorio mexicano, en ningún momento se rompió ningún principio constitucional relativo a la laicidad. Éste y otros políticos podrán decir lo que quieran, pero los mexicanos que observaron comportamientos confesionales en las autoridades que participaron en éste y otros eventos religiosos, están ciertos de que sí hubo violaciones a las leyes. También lo saben los analistas que han tenido el valor y tino de criticar en sus espacios de análisis periodístico los desplantes confesionales de los actuales infractores del Estado laico.

Me atrevo a asegurar que sí existieron violaciones a la ley por lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, ordenamientos jurídicos que las autoridades estatales deben cumplir y hacer cumplir, tal como protestaron hacerlo cuando asumieron sus cargos públicos.

El artículo 40 constitucional establece: "Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal". La inclusión del adjetivo "laico" a las características del Estado mexicano es reciente. Antes, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público era el único ordenamiento jurídico que hacía referencia explícita al carácter laico del Estado.

No se necesita ser un experto en laicidad para saber que la presencia de diversos funcionarios públicos en la misa que el Papa ofició el pasado 13 febrero en la Basílica de Guadalupe, sí violentó el artículo 25 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, cuyo tercer párrafo dispone: "Las autoridades antes mencionadas no podrán asistir con carácter oficial a ningún acto religioso de culto público, ni a actividad que tenga motivos o propósitos similares". La pregunta obligada es esta: ¿con qué carácter asistieron algunos funcionarios públicos al acto religioso antes mencionado?

La ley es muy clara al respecto: la presencia de cualquier funcionario público en eventos religiosos violenta el principio de laicidad, que es la garantía del Estado para que las asociaciones religiosas puedan ser tratadas sin discriminación por las autoridades e instituciones públicas.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno deben de admitir que el Estado laico es un precepto constitucional digno de ser respetado. Sólo así podremos poner fin al trato preferencial que suele darse a la Iglesia numéricamente mayoritaria, un trato que nos hace ver ante los demás países del mundo como un Estado confesional, en el que tristemente las autoridades de gobierno anteponen sus creencias religiosas a lo que exige su condición de servidores públicos.


Publicado el 27 de febrero en el diario El Occidental


martes, 23 de febrero de 2016

EL ESTADO LAICO EN LA PASADA VISITA PAPAL

Por Armando Maya Castro


Durante la reciente visita del papa a México, varios de nuestros políticos hicieron pública su devoción religiosa, violentando así los ordenamientos jurídicos en materia de Estado laico. El presidente Enrique Peña Nieto, que en el terreno público representa no sólo a los católicos, sino a todos los mexicanos, se atrevió a decirle al papa estas palabras en la ceremonia oficial de bienvenida que tuvo lugar en la sede del Poder Ejecutivo: “Las causas del Papa son también las causas de México”. Y añadió: "En las calles, en los estadios y plazas que visitará, se encontrará con un pueblo generoso y hospitalario; con un pueblo orgullosamente guadalupano. Éste es el México que lo recibe con el corazón y los brazos abiertos”. 

Las palabras que brotaron de los labios de nuestro presidente, aparte de ser excluyentes, hieren los sentimientos de más de 20 millones de personas que en México no se identifican ni con el catolicismo ni con el guadalupanismo. Por ello me atrevo a recordarle a Peña Nieto que él, como presidente de todos los mexicanos, no puede anteponer sus creencias personales a lo que exige su investidura presidencial. Fomentar el culto y devoción a la guadalupana es trabajo de los clérigos católicos, no del Jefe del Ejecutivo Federal, quien tiene el deber de "promover, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad", tal como lo establece el artículo primero constitucional.

La laicidad estatal y la libertad de religión son conquistas históricas que han quedado plasmadas en leyes y decretos que garantizan a los mexicanos el derecho a creen en lo que queramos. Gracias a ese derecho, México es –independientemente de las palabras del Jefe del Ejecutivo Federal– un país religiosamente plural, composición que, por mandato de ley, todo funcionario público tiene el deber de respetar. 

Pero no fue sólo este caso el que violentó al Estado laico en el transcurso de la pasada visita papal. Hay muchos otros casos, acerca de los cuales refiere Fernando González, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en entrevista para Aristegui CNN: “Me pareció una división de la laicidad, toda la clase política, no importa del partido que sea, renunció al Estado laico y eso me parece escandaloso”. Y añadió: “Lo que pasó en este viaje es que se produjo un efecto de trastocamiento radical de lo privado, lo público y lo íntimo. Entonces, digamos, un gobierno priista que había sido de los que más cuestionó a la Iglesia católica en su momento, de pronto le cedió toda una concepción de laicidad, que se convirtió en una laicidad procatólica… un contra sentido”. 

Sobre el mismo tema, la politóloga María Amparo Casar señaló: "El gobierno si vulneró la laicidad, porque el Estado mexicano gastó recursos públicos para esta visita, se dio un privilegio porque no se ha dado un trato igual para el jerarca de otra iglesia, eso para mí es vulnerar el laicismo, y finalmente en el discurso y en las formas presentó dos veces al gabinete" (Radio Fórmula, 16 de febrero).

En un Estado laico como el nuestro, ninguna religión o iglesia debe tener prerrogativas especiales por encima de las demás. Si se privilegia a una religión en particular, se discrimina a las demás y, con ello, se asesta un severo golpe al carácter laico del Estado, poniendo en peligro los derechos fundamentales de los sectores minoritarios de la población.

La clase política mexicana debe terminar de aceptar que el Estado confesional forma parte de un pasado cuyo retorno nadie desea. Lo de hoy es el Estado laico, que puso fin al estado confesional, el cual estuvo vigente a lo largo de los tres siglos de vida colonial, época en la que el catolicismo constituía la única religión admitida, y donde el Estado y la Iglesia colaboraron para mantener el monopolio religioso. Afortunadamente, la Constitución de 1857 puso fin a la confesionalidad del Estado, y las Leyes de Reforma de 1859, incorporadas poco tiempo después a Carta Magna, ofrecieron a los mexicanos un horizonte de mayores libertades, las cuales fueron fortalecidas en nuestra actual Constitución, la de 1917.

Twitter: @armayacastro 



sábado, 19 de diciembre de 2015

¿SON GUADALUPANOS TODOS LOS MEXICANOS?

Por Armando Maya Castro

Guillermo Schulenburg Prado, siendo abad de la basílica, negó la existencia de  Juan Diego y, en consecuencia, la tradición aparicionista



Tiene razón el investigador Roberto Blancarte cuando escribe que "no todos los mexicanos son guadalupanos". También la tiene al criticar la forma en que algunos analistas y medios de comunicación cabecean los resultados de la reciente encuesta sobre guadalupanismo realizada por Parametría, empresa especializada en sondeos, encuestas e investigaciones de campo. 

México no es un país cien por ciento guadalupano, como algunos analistas señalan en sus espacios de opinión. La nuestra tampoco es una nación uniformemente católica, como lo fue durante la vigencia del Estado confesional. ¿Cuál es entonces la actual composición religiosa de México? Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, levantado por el INEGI entre el 31 de mayo y el 25 de junio de ese año, indican que México tiene una gran diversidad religiosa, formada por 8.311 asociaciones religiosas que han solicitado y obtenido de la Secretaría de Gobernación (Segob) su Registro Constitutivo. 

Los datos de la encuesta de Parametría demuestran que el guadalupanismo en México va a la baja. Al respecto, Blancarte señala: "Si en el censo de 2010 hubo 82.7 por ciento de los mexicanos que se adscribieron como católicos, es natural que también haya un porcentaje similar de guadalupanos". 

Sobre este punto en particular, Marcos Gordoa señala que hay católicos guadalupanos y antiguadalupanos; los unos creen en el mito aparicionista, los otros lo cuestionan. En la lista de católicos antiguadalupanos figuran, entre otros, fray Alonso de Montúfar, fray Bernardino de Sahagún, monseñor Eduardo Sánchez Camacho, obispo de Tamaulipas, y monseñor Guillermo Schulenburg Prado, quien por más de 30 años fomentó el culto de la Guadalupana como abad de la Basílica de Guadalupe. 

El 24 de mayo de 1996, en declaraciones hechas a la revista Ixtus, Espíritu y Cultura, Schulenburg cuestionó la existencia histórica de Juan Diego, al que consideraba un símbolo y no un personaje real. En septiembre de 2001, Schulenburg y tres sacerdotes más enviaron una carta al Vaticano exponiendo sus dudas sobre la existencia de Juan Diego. 

¿A qué se debe que, a semejanza de Felipe Calderón Hinojosa, haya voces interesadas en “guadalupanizar” al México plurirreligioso de nuestro tiempo? La respuesta nos la da el propio Roberto Blancarte al referirse a los mexicanos no guadalupanos: “Estamos hablando de más de 20 millones de mexicanos, que suelen ser ignorados por políticos, funcionarios y líderes religiosos, en el afán de seguir identificando a nuestra nación con el guadalupanismo". 

Ignorar a los millones de mexicanos que, en uso de sus libertades, han renunciado al catolicismo y,  en consecuencia, al guadalupanismo, es mucho más grave que negar la composición plurirreligiosa de México. Este empeño intolerante es excluyente y constituye un claro atentado contra los derechos humanos y las libertades fundamentales de los mexicanos no guadalupanos, quienes son libres de elegir la creencia religiosa de su preferencia. 

No hay que olvidar que los medios de comunicación y sus representantes tienen una función y una responsabilidad importantísima dentro de la sociedad: la de formar opiniones, proporcionar información y contribuir al desarrollo de la sociedad. En lo que concierne al tema que nos ocupa, su deber es trabajar en el fortalecimiento de una cultura de respeto hacia lo diferente, evitando privilegiar desde sus campos de acción a una denominación religiosa en detrimento de las demás.




sábado, 14 de noviembre de 2015

PERSISTE LA DISCRIMINACIÓN, A PESAR DE LAS LEYES

Por Armando Maya Castro

Hasta ahora, las leyes no han podido erradicar de nuestro país los casos de discriminación en agravio de las minorías étnicas, raciales y religiosas. Urge acabar con la impunidad mediante medidas más eficientes y la efectiva aplicación de la ley


Vivimos en un mundo de avances en materia de combate a la discriminación y promoción de la igualdad, un mundo donde la mayoría de las naciones tienen leyes orientadas a erradicar la discriminación y los actos racistas, causantes del dolor de las minorías y de innumerables injusticias económicas y sociales. Varios de los países que le han declarado la guerra a la discriminación tienen códigos penales que proscriben estas abominables prácticas.

Como resultado de esa admirable lucha, se han celebrado varios tratados internacionales para combatir las prácticas discriminatorias que siguen siendo, en México y el mundo, la causa del dolor y sufrimiento de miles de personas que pertenecen a las minorías étnicas, culturales y religiosas que son objeto de discriminación. 

Un tratado internacional no tienen rango o jerarquía superior a la ley que nos rige, pero sí es de gran importancia. Eliseo Muro Ruiz, en su libro “Algunos elementos de técnica legislativa”, define al tratado internacional como “el acuerdo de voluntades de dos o más Estados, por medio del cual se crean y/o modifican derechos y obligaciones para los gobiernos". 

Si México ha suscrito la mayoría de los tratados internacionales que se han formulado en materia de igualdad y no discriminación (principios básicos de las normas internacionales de derechos humanos), tiene la obligación de respetarlos a través de sus funcionarios de los tres niveles de gobierno.

La pregunta que muchos mexicanos nos hacemos sobre este tema es la siguiente: ¿por qué persiste la discriminación habiendo tantas leyes que combaten este flagelo, así como el compromiso del Estado mexicano para erradicar de nuestro entorno este mal irracional? Esta pregunta nos la formulamos cada vez que presenciamos, en la calle, comercios, restaurantes, medios de transporte y estadios de futbol, actos de discriminación en agravio de los derechos humanos de las personas que pertenecen a las minorías desfavorecidas. 

Estoy plenamente convencido de que las leyes por sí solas no van a erradicar de nuestro querido México este mal tan arraigado. Se requiere de algo más: respeto a la ley de parte de nosotros, los ciudadanos, y que a las autoridades de gobierno no les tiemble la mano a la hora de aplicar el peso de la ley a quienes discriminan. 

Si seguimos como hasta ahora, seguiremos teniendo leyes buenas, pero de adorno; leyes inoperantes e incapaces de frenar esta indignante forma de violencia en agravio de las minorías religiosas y étnicas, así como de los migrantes y refugiados, de las mujeres de todas las edades, de las personas con discapacidad, etcétera. 

Si seguimos así, el triunfo indiscutible será de la impunidad, no de las leyes ni del combate a la discriminación en cualquiera de sus formas. 


sábado, 7 de noviembre de 2015

EL ACTUAL ROSTRO DE LOS CABOS

Por Armando Maya Castro
A poco más de un año del desastre provocado por el huracán "Odile", Los Cabos luce un rostro diferente. En la labor de reconstrucción del municipio y de auxilio a los damnificados, sobresalieron las acciones del gobierno federal, así como de diversas instituciones, entre ellas la Iglesia La Luz del Mundo (Foto: Sipse.com)

El presidente Enrique Peña Nieto estuvo el pasado 4 de noviembre en Los Cabos, Baja California Sur, donde inauguró el libramiento San José del Cabo-Cabo San Lucas, una obra que beneficiará a miles de turistas, así como a 238 mil personas que viven en Los Cabos, uno de los municipios más visitados debido a su extraordinaria belleza natural. 

Durante la inauguración del libramiento, que mide 12 metros de ancho y 38,7 kilómetros de largo, el Jefe del Ejecutivo Federal recordó en los siguientes términos el paso del huracán “Odile” por la península de Baja California Sur, en septiembre de 2014: “A un año del huracán ‘Odile’ el rostro que tiene Baja California Sur y Los Cabos es muy distinto del que presentaba en aquel entonces y aquí estuvo el gobierno de la República acompañando el esfuerzo de los sudcalifornianos quienes demostraron que ante la fuerza destructiva de la naturaleza estaba también la fuerza constructiva de los sudcalifornianos para superar ese momento adverso”.

Los habitantes de Los Cabos tienen presente la celeridad con que el gobierno de la República respondió a la emergencia provocada por “Odile”, realizando, entre otras, las siguientes acciones: liberó alrededor de 500 millones de pesos para iniciar el programa de reconstrucción, consistente en levantar postes, árboles, estructuras, viviendas y reparar calles, así como llevar despensas y agua a las familias sudcalifornianas afectadas. Asimismo, habilitó 164 refugios para albergar a 30 mil personas; restableció en poco tiempo el suministro de energía eléctrica, colocando 534 torres de alta tensión derribadas por el huracán; implementó un operativo especial, encabezado por la Gendarmería, la Marina, Policía Federal y el Ejército, para evitar el pillaje y saqueo de tiendas y negocios en San José del Cabo y Cabo San Lucas. 

Respondieron también a la emergencia diversas instituciones, entre ellas la benemérita Cruz Roja Mexicana, quien habilitó una cuenta bancaria para donativos, así como el acopio de víveres para apoyar a las personas que perdieron sus pertenencias. 

En el marco de la situación caótica provocada por el multicitado fenómeno natural, la Iglesia La Luz del Mundo se solidarizó con la zona siniestrada. Sobre sus diversas acciones de solidaridad en beneficio de los damnificados, el sitio web del semanario Zeta publicó, el 17 de septiembre de 2014: “...la iglesia La Luz del Mundo en Tijuana, reunió víveres, medicamentos, agua embotellada y otros artículos necesarios que serán destinados para los damnificados de Baja California Sur, quienes sufrieron afectaciones por el paso del huracán ‘Odile’”. En el párrafo final de la nota en cuestión se lee: “Un grupo de ministros de la congregación partieron con rumbo a las ciudades más afectadas por el fenómeno, a fin de llevar la ayuda tanto material como apoyo espiritual”. 

Sobresalió, por encima del trabajo de los ministros que viajaron a Baja California Sur, la labor solidaria y desinteresada del actual apóstol de Jesucristo, hermano Naasón Joaquín García, quien en su estancia en la península sudcaliforniana, en septiembre de 2014, brindó techo, comida, ropa, atención médica y mucho amor a los damnificados, cumpliendo así la encomienda del apóstol Samuel Joaquín Flores, en ese tiempo director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo. 

Todas y cada una de sus acciones dieron a los fieles de esta región la certidumbre de que el hermano Naasón Joaquín es un hombre de sentimientos fuera de serie, como lo ha demostrado a través de las obras que ha realizado a lo largo de los once meses que lleva al frente de la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad La Luz del Mundo. 




viernes, 2 de octubre de 2015

NO A LA DISCRIMINACIÓN RELIGIOSA

Por Armando Maya Castro
Por respeto a la diversidad religiosa, la religión debe estar fuera de las escuelas públicas. Sólo así podrá mantenerse el entorno escolar libre de discriminación religiosa

Oaxaca, la tierra de Don Benito Juárez García, vuelve a ser noticia en materia de discriminación religiosa; esta vez en agravio de un estudiante que profesa el judaísmo, y al que las autoridades de la Secundaria Técnica número 2, ubicada en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, le niegan arbitrariamente el acceso a dicho centro educativo. 

El argumento de los directivos de la escuela antes mencionada, autores de este lamentable acto de discriminación, es que el menor de edad, devoto de la religión judía, usa en su indumentaria el kipá y el tzitzit, dos elementos característicos del judaísmo, que en el caso específico de México, no violentan ninguna de nuestras leyes. 

El atropello en cuestión ya está en manos de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, creada para la defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos y la no discriminación. Este organismo público autónomo del Estado Mexicano, que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, solicitó al Instituto de Educación Pública de Oaxaca la adopción de una medida cautelar o precautoria, a efecto de que se instruya al director de la escuela para que se abstenga de impedir el servicio educativo al agraviado con motivo de sus prácticas religiosas. 

Los directivos de las escuelas, pero principalmente las autoridades educativas de todos los estados de la República Mexicana, tienen el deber de mantener los espacios de educación pública libres de discriminación, un flagelo que niega la igualdad fundamental de todos los seres humanos, proclamada por diversas declaraciones de las Naciones Unidas. Me refiero a la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones, incluida –por supuesto– la religiosa, un problema que crece en la medida en que algunos grupos de poder erosionan paulatinamente el carácter laico de la educación pública. 

Si las autoridades de educación y los directivos de las escuelas lo han olvidado, nosotros, los mexicanos, tenemos el deber recordarles que México es, por mandato constitucional, un Estado laico, y que la educación que éste imparte debe ser laica, es decir libre de dogmatismos y elementos religiosos. 

Tengamos presente, hoy y siempre, que tenemos el deber de preservar intacto el legado laicista de Benito Juárez y los hombres de la Reforma, quienes legislaron para que la educación fuera laica. La ocasión es propicia para recordar una de las grandes creaciones del Benemérito de las Américas: la fundación de la escuela Nacional Preparatoria, que nació con el propósito de suprimir la religión de la educación, y que ésta se fundamentara en los avances de la ciencia. Si logramos preservar este importante legado, evitaremos, al mismo tiempo, que la educación religiosa retorne a las escuelas públicas, donde lleva a cabo una labor nociva, de exclusión y polarización, así como de constantes violaciones a los derechos humanos. 

Por esta razón, tenemos el deber de denunciar mediáticamente, así como ante las instancias correspondientes, todas las expresiones de discriminación en las escuelas oficiales, donde debe permanecer inalterable la educación laica, un modelo de educación que ha demostrado ser el único que garantiza el respeto a la diversidad, así como la convivencia armónica entre los educandos. 

Twitter: @armayacastro

Publicado el 1 de octubre de 2015 en el diario El Mexicano

http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/editoriales/3/16/editorial/2015/10/01/887551/en-plan-reflexivo