Por Armando Maya Castro
El Estado laico mexicano es objeto de diversas violaciones por parte de una clase política que no termina de aceptar que México es un país con diversidad religiosa, en el que, por mandato de ley, no se pueden instalar en los edificios públicos imágenes religiosas del catolicismo.
Y no se puede porque las instituciones públicas de nuestro país son frecuentadas no sólo por miembros de la Iglesia católica, sino por personas que, por profesar otras religiones, no se identifican con las imágenes de la iglesia mayoritaria, quien puede usarlas en sus propios espacios, mas no en los sitios donde convergen personas con distintas creencias religiosas.
Es posible que haya políticos que piensen que la solución salomónica a este tipo de problemas sería la creación de oficinas de gobierno exclusivas para evangélicos, judíos, musulmanes, ateos y demás religiosos, pues, existiendo tales dependencias, no tendrían necesidad de ir a las oficinas donde se exhiben las imágenes católicas, que ahora alternan con las de los héroes que nos dieron patria y libertad.
No necesitamos una solución con alta dosis de discriminación como esta, sino que las autoridades de gobierno se ciñan a los principios constitucionales de laicidad y separación del Estado y las iglesias, los cuales han sido quebrantados por muchos de los funcionarios públicos que juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan.
Cada que se produce una violación contra el Estado laico, como las que actualmente se presentan en Orizaba, Veracruz, y de las que enseguida les contaré, nos vemos en la necesidad de remitirnos al gran legado de Juárez, el estadista que promulgó en Veracruz las Leyes de Reforma (1855-1861), un conjunto de leyes que fueron elevadas a rango constitucional el 25 de septiembre de 1873, durante el régimen de Sebastián Lerdo de Tejada, mediante la Ley de Adiciones y Reformas de 25 septiembre de 1873, postulando, entre otros, el siguiente principio: “El Estado y la Iglesia son independientes entre sí. El congreso no puede dictar leyes, estableciendo o prohibiendo religión alguna” (Artículo 1).
A pesar de este principio histórico, plasmado en el artículo 130 constitucional, y no obstante que el artículo 40 de nuestra Carta Magna define a la República Mexicana como “laica”, las violaciones a la laicidad estatal se han convertido en México en el pan nuestro de cada día.
El caso que hoy preocupa, y por ello me ocupa, es el de Orizaba, un municipio veracruzano que se encuentra “violando el Estado laico y la Constitución mexicana al ceder un espacio público para la realización de actos de culto religioso como la celebración de una misa católica el domingo pasado” denunció Ángel Aburto Valencia, líder evangélico de esa región (El Mundo de Orizaba, 20 de junio de 2017).
El problema va más allá de las misas que se celebran en los inmuebles municipales, ya que el ayuntamiento orizabeño ha introducido imágenes de devoción católica en varios espacios públicos, situación que la próxima semana será llevada a la tribuna del Congreso local, indicó el diputado Rogelio Rodríguez García, quien lamentó el desconocimiento de la ley por parte de las autoridades municipales que cometen estas violaciones.
Libni Zuriel de la Cruz, estudiante de la carrera de Sociología de la Universidad Veracruzana, señala que al alcalde Diez Francos se le ha hecho común violentar las leyes en materia de laicidad, y explica el porqué de su señalamiento: “Fue durante su primera administración (2008-2010) que ‘puso el dedo en la llaga’ al instalar la estatua de San Miguel Arcángel en Los Arcos que limitan las ciudades de Orizaba y Rio Blanco, con cargo al erario público”. En su segunda administración (2014-2017), añade el también defensor del Estado laico, “ha inundado los espacios públicos de Orizaba de monumentos religiosos: la virgen de Guadalupe, en Plaza Bicentenario; la instalación de otra estatua de San Miguel Arcángel, en contra esquina del Palacio de Hierro, frente a la Catedral que lleva su mismo nombre; la instalación de una capilla en el expo parque de Dinosaurios”, entre otros.
Algo debe hacer Gobernación para acabar con la impunidad en materia de laicidad. Lo digo porque, al paso que vamos, a cualquiera de nuestros flamantes diputados se le puede ocurrir un proyecto de ley para autorizar la instalación de imágenes religiosas en espacios públicos, como lo hizo el pasado mes de mayo un legislador de la República de Uruguay, en un lamentable ataque a la laicidad y al espacio público.
El proyecto de ley en cuestión es del diputado uruguayo Pablo Abdala, quien lo presentó luego de “la votación negativa de parte de la Junta Departamental de Montevideo a la instalación de un monumento a la Virgen María en la rambla del Buceo, impulsada por la Iglesia Católica” (Sociedad Uruguaya, 6 de junio de 2017).
Si no queremos que en México suceda algo similar, debemos comenzar a realizar acciones firmes, orientadas a proteger al Estado laico, cuyo desmantelamiento equivaldría a restablecer el Estado confesional y, con él, la indeseable intolerancia religiosa.
Publicado en la edición impresa de El Mexicano de Tijuana, el 22 de junio de 2017
http://ed.el-mexicano.com.mx/impreso/Tijuana/062217/22-06-2017_TIJ_13AA.pdf
http://ed.el-mexicano.com.mx/impreso/Tijuana/062217/22-06-2017_TIJ_13AA.pdf
No hay comentarios:
Publicar un comentario