martes, 26 de julio de 2016

EL CASO SAN JUAN CHAMULA, ¿POLÍTICO O RELIGIOSO?

Por Armando Maya Castro


La sociedad mexicana ya no soporta la inseguridad que nos flagela diariamente, un mal creciente que hoy por hoy ha alcanzado niveles alarmantes en varios estados de la República mexicana.

La ola de violencia es el pan nuestro de cada día, esto a pesar de las continuas recomendaciones que nos proporcionan los medios de comunicación y algunas autoridades de gobierno en el sentido de aprender cómo prevenir y reaccionar ente un posible acto de violencia en nuestro agravio.

Las quejas se escuchan diariamente en redes sociales, en las calles, en el hogar, en los restaurantes y demás sitios de reunión, sobre todo cuando nos enteramos de la saña y brutalidad inauditas con que son ejecutadas algunas de las personas que son devoradas por la ascendente espiral de violencia. Las quejas tienen razón de ser si tomamos en cuenta las cifras preliminares que este lunes diera a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): en lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto han ocurrido un total de 62 mil 926 homicidios.

Se tiene que reconocer, sin embargo, que existen gobiernos estatales que están realizando acciones serias –aunque no tan contundentes– para frenar la violencia, como también hay entidades donde el triunfo de la impunidad es un hecho innegable. Me refiero a esos estados donde se cometen delitos que no se castigan como marca la ley, tal vez porque así conviene a determinados grupos de poder político.

Uno de los casos más recientes es el de San Juan Chamula, un municipio marcado por la violencia religiosa que, desde principios de los años setenta, han desplegado algunos caciques de varios municipios indígenas tzotziles y tzeltales, quienes han venido encarcelando, expropiando y finalmente expulsando a los evangélicos que se niegan a contribuir económicamente para la celebración de las fiestas patronales, señalan los autores del libro Globalización, resistencia y negociación en América Latina.

Lo ocurrido el pasado sábado en la plaza central de San Juan Chamula, donde fue asesinado y rematado con el “tiro de gracia” el presidente municipal Domingo López González, no puede desvincularse de la cuestión religiosa. Y lo digo porque en dicho municipio se localiza el principal foco de intolerancia religiosa en México, un fenómeno que ha producido innumerables atropellos en agravio de la comunidad evangélica de Chiapas. Los números son contundentes: en poco más de cuatro décadas, cerca de 40 mil evangélicos han sido expulsados con lujo de violencia de sus comunidades.

Sobre este lamentable caso de violencia, el analista político Jorge Fernández Menéndez señala en su columna Razones de este lunes: “es un conflicto político donde intervienen distintos actores que cambian de bando con más facilidad que de ropas. Están involucrados priistas, verdes, zapatistas, católicos y evangélicos, y otros grupos que en realidad, más que de ideologías, defienden intereses personales”.  

En más sobre el caso, el citado columnista agrega: “En la zona, como dijimos, operan zapatistas y existe una profunda intolerancia religiosa entre los católicos ultratradicionales de Chamula, otros grupos católicos más cercanos a la diócesis de San Cristóbal y evangelistas, y todos se reparten entre distintos grupos y partidos políticos. En realidad, muchas de estas luchas están basadas en el control de la venta de bebidas alcohólicas (el pox), refrescos y hasta de velas, que se disputan diversos caciques. Las expulsiones de indígenas de la comunidad por motivos religiosos son constantes y en ocasiones sirven, simplemente, para ocultar disputas por tierras” (Excélsior, 25/07/2016).

Los antecedentes de San Juan Chamula en materia de intolerancia religiosa, así como el puntual análisis de Fernández Menéndez, nos llevan a demandar la inmediata intervención de las autoridades federales, para que se lleve a cabo una investigación profunda de los móviles que produjeron los ya mencionados actos de violencia.

Estará usted de acuerdo conmigo, estimado lector, que la investigación del caso debe ser seria y debe estar dirigida a determinar las causas y la totalidad de los responsables intelectuales y materiales de los hechos, a los cuales, por bien de México, debe aplicarse todo el peso de la ley.
Soy de los que piensan que las autoridades de los tres niveles de gobierno están a tiempo de unir esfuerzos para dar respuesta satisfactoria a una ciudadanía harta de la violencia, que demanda, con justa razón, el fin de la grave crisis de violencia por la que atraviesa nuestro país.

Twitter: @armayacastro




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