sábado, 2 de julio de 2016

UN ANIVERSARIO PARA FESTEJAR Y REFLEXIONAR

Por Armando Maya Castro
Declaración de Independencia de los Estados Unidos del Reino Unido (Imagen: El Universal)
El próximo lunes 4 de julio, el país más poderoso y rico del mundo estará de fiesta. Los habitantes de esa nación celebrarán, como cada año, el aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos del Reino Unido, uno de los acontecimientos más importantes en la historia de ese país que, hoy por hoy, tiene más de 316 millones de habitantes.

La Declaración de Independencia Americana, del 4 de julio de 1776, es importante “por la significación que atribuyó a los 'derechos inalienables' del hombre”, y porque –como señalan algunos autores– pondera "la tolerancia religiosa, la libertad individual y el consentimiento de los principios político-jurídicos fundamentales".

Comparto con usted, amable lector, la conclusión de la citada Declaración: "Por tanto, los representantes de los Estados Unidos de América convocados por el Congreso General, tomando como testigo al Juez Supremo del Universo de la rectitud de nuestras intenciones, en nombre y por la autoridad del buen pueblo de estas Colonias, solemnemente hacemos público y declaramos: Que estas colonias unidas son, y deben serlo por derecho, estados libres e independientes que quedan libres de toda lealtad a la Corona Británica y que toda vinculación política entre ellas y el estado de la Gran Bretaña queda y debe quedar totalmente disuelta: y que, como estados libres o independientes tienen pleno poder para hacer la guerra, concertar la paz, concertar alianzas, establecer el comercio y efectuar los actos y providencias a que tienen derecho los estados independientes...".

El anterior documento, redactado por Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y John Adams, enfatiza “una serie de aspectos propios de la ideología democrático-liberal tales como el que los hombres han sido creados iguales y, por lo tanto, tienen una serie de derechos inalienables como son: la vida, la libertad y la felicidad", subraya Carlos Araya Pochet en su obra "Historia de América en perspectiva latinoamericana".

Este autor refiere que "la Declaración de Independencia aceleró la confrontación", porque los británicos se oponían a los intentos independentistas de las 13 colonias. Araya Pochet señala, asimismo, que en 1776 “los funcionarios británicos fueron sustituidos por gobernadores norteamericanos. Sin embargo, como resulta comprensible, Inglaterra no se resignó a perder sus colonias, y los Estados Unidos debieron prepararse para resistir a su poderosa Metrópoli".

Le correspondió a George Washington conducir a las milicias estadounidenses a la victoria en las cercanías de Saratoga (1777), asegurando así la anhelada Independencia. Por su papel director en la emancipación de Estados Unidos, el general Washington goza de gran admiración entre los estadounidenses.

Lamentablemente, la grandeza que Estados Unidos tuvo al nacer como nación independiente ha sido empañada por el racismo contra los negros en varios momentos de su historia, así como por la xenofobia y discriminación de grupos y personas contra hispanos, mexicanos y asiáticos.

Por ello, considero que este aniversario es una buena ocasión para que las autoridades y habitantes de Estados Unidos analicen si su actuación de los últimos años es congruente con los principios de su Declaración de Independencia, que sigue siendo, hasta el día de hoy, uno de los textos más más influyentes de la historia de los últimos siglos.

Yo espero, sinceramente, que la celebración del próximo lunes vaya más allá del aspecto festivo; espero que se le dé importancia también a la parte reflexiva, a fin de que los estadounidenses analicen si políticos con la personalidad y discurso xenófobo de Donald Trump pueden contribuir a que Estados Unidos siga teniendo la grandeza y el renombre que le distinguen desde la Declaración de su Independencia.



Twitter: @armayacastro 

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Publicado en la edición impresa de El Occidental, el 2 de julio de 2016.

jueves, 30 de junio de 2016

RESPETO AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Por Armando Maya Castro

Los testigos de Jehová de San Bartolo Tutotepec, Hidalgo, en un acto de intolerancia religiosa, destruyeron el centro ceremonial otomí "Mayonihka", utilizado por algunos otomíes de esa región para rituales de agradecimiento a la tierra y otras celebraciones religiosas prehispánicas.

Estos religiosos argumentaron que procedieron así porque “no son cristianos” los rituales que se realizan en el mencionado sitio arqueológico, que tiene entre 7 mil y 9 mil años de existencia en la Sierra Madre Oriental del estado de Hidalgo.

Al enterarme de este grave atentado al patrimonio arqueológico, publiqué en mi cuenta de Facebook: “Parece que a los Testigos de Jehová les gustó el modus operandi de la Iglesia católica, quien a través de los franciscanos se dio a la tarea de destruir teocalis y dioses aztecas, todo esto en el marco de la conquista de México. La Iglesia católica ha sido exonerada hasta por algunos historiadores, ¿sucederá lo mismo con los Testigos de Jehová? Habrá que estar atentos al desenlace de este lamentable episodio”.

Esta publicación ocasionó que algunos usuarios de Facebook, en términos respetuosos, me pidieran pruebas de mis dichos sobre la actividad depredadora de los franciscanos durante la Conquista de México. Les respondí, también con respeto, que les contestaría con todo gusto en mi columna de hoy.

El poeta Octavio Paz, al escribir sobre la conquista que llevaron a cabo los españoles y portugueses, sostiene que ésta  “no se parece a la colonización griega o inglesa sino a las cruzadas cristianas y a la guerra santa de los musulmanes. Incluso la ‘sed de oro’ de los conquistadores corresponde a las ideas de botín y de pillaje de los guerreros musulmanes”. El Premio Nobel de Literatura deja en claro que el principio fundador de los conquistadores ingleses “fue la libertad religiosa”, ya que respetaron los cultos nativos y sus templos, mientras que el de los conquistadores hispanos era “la conversión de los nativos sometidos a una ortodoxia y una Iglesia” (Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, Seix Barral, S.A, Barcelona. 1982, p. 28).

Los españoles llegaron a América no para evangelizar, sino para imponer mediante la fuerza su religión, mostrándose intolerantes con los dioses y santuarios de nuestros antepasados. Hernán Cortés y sus soldados actuaron como los cruzados medievales, mediante la fuerza bruta; mientras que los frailes, sin renunciar totalmente a los métodos violentos, realizaron una supuesta labor evangelizadora, la cual consistió en destruir dioses, objetos y lugares de adoración indígena.

El 13 o 14 de mayo de 1524, arribó a suelo mexicano una docena de franciscanos que algunos han llamado los doce apóstoles, comparándolos con los hombres que Dios eligió para el Apostolado, en el siglo I de nuestra era. Traían el encargo papal de “evangelizar” a las comunidades indígenas asentadas en el Valle de Anáhuac, pero no traían los elementos necesarios para llevar a cabo la verdadera evangelización, que consiste en convencer a las almas con el poder del Evangelio.

Fundamento mi anterior afirmación en el siguiente hecho histórico: el 27 de junio de 1529, un franciscano llamado Pedro de Gante, quien llegó a la Nueva España antes que los doce, escribió una carta en la que afirmaba tener necesidad “de un libro que se llama Biblia”. Cuando pidió que le enviaran dicho libro, el misionero franciscano llevaba alrededor de seis años viviendo en México, donde centró sus esfuerzos en destruir de modo sistemático ídolos, lugares y objetos de culto. Está muy claro: sin la Biblia, Pedro de Gante no pudo haber realizado ninguna labor evangelizadora.

La labor de los doce ha sido ensalzada por diversos historiadores, algunos de los cuales los consideran “progenitores de la civilización mexicana”. En mi opinión, estos elogios carecen de fundamento, pues soslayan el colosal daño que el trabajo de estos hombres causó a la brillante civilización prehispánica.

Enrique Semo, en su libro México, un pueblo en la historia, señala: “Para 1525, los sacerdotes cristianos habían iniciado una gigantesca campaña de destrucción de templos e ídolos”. Y agrega: “Miles de códices de valor histórico incalculable fueron quemados o desaparecieron”. Este historiador nos proporciona, asimismo, detalles del arbitrario proceder de los frailes al señalar que usaron con frecuencia los castigos corporales y las amenazas para amedrentar a los indios que actuaban lentamente y a los que se oponían.

Aparte de estas acciones intolerantes contra el patrimonio arqueológico, en 2001 los talibán dinamitaron y destrozaron las imágenes gigantes de Buda, esculpidas en roca entre los siglos III y IV, en el valle de Bamiyán. Los fundamentalistas musulmanes, que consideraban dichas imágenes heréticas con el Islam, provocaron con su fanático proceder la movilización de la ONU, así como la indignación de millones de personas en el mundo.

El mundo espera que las religiones y las personas se conduzcan con absoluto respeto a la diversidad religiosa, así como al patrimonio cultural, recordando la máxima de Benito Juárez, el célebre político liberal mexicano: "Entre los individuos, como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz".

Twitter: @armayacastro

Publicado en la edición impresa de El Mexicano, el 30 de junio de 2016

martes, 28 de junio de 2016

NUEVO ENFRENTAMIENTO ENTRE TURQUÍA Y EL VATICANO

Por Armando Maya Castro

Desde el año 1946, el genocidio es una figura reconocida como delito internacional por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, un organismo que a través de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de las Naciones Unidas "adoptó y sancionó en 1948 la siguiente definición de genocidio: 'cualesquiera de los siguientes actos realizados con la intención de destruir, en su totalidad o en parte, un grupo étnico, racial o religioso, tales como: a) matanza de miembros del grupo; b) lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) sometimiento intencionado del grupo a condiciones de existencia que conlleven necesariamente su destrucción física, total o parcial; d) medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) transferencia forzada de niños del grupo a otro grupo'".  

Bajo la anterior definición, proporcionada por el Diccionario de relaciones interculturales: diversidad y globalización, conviene preguntarnos: ¿es o no genocidio la masacre armenia perpetrada por el imperio otomano entre 1915 y 1923? El papa Francisco insiste en que sí es genocidio, mientras que el viceprimer ministro turco Nurettin Canikli lo niega tajantemente y califica las palabras del máximo líder del catolicismo como “signos desafortunados de la mentalidad de cruzado, que se refleja en el papa como en la actividad del papado”. La molestia de este funcionario turco lo llevó a decir, entre otras cosas, que la declaración papal “no es objetiva y no es consistente con la realidad”.

El papa se defendió al declarar que no utilizó esa palabra “con un ánimo ofensivo, sino de forma objetiva”. Defendió también a Jorge Mario Bergoglio el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, quien señaló: “Si se escucha al papa no se encuentra en sus palabras nada que evoque un espíritu de cruzada. Su deseo es construir puentes en lugar de muros. Su intención es poner los cimientos de la paz y la reconciliación”.

La definición de genocidio para las matanzas de armenios entre 1915 y 1923, ha sido reconocida por diversos documentos históricos. Tanto en Francia como en Alemania, la ley califica de “genocidio” la masacre armenia perpetrada por el imperio otomano. Hasta hace algún tiempo, la historia oficial turca negaba la amplitud de la masacre. Hoy la reconoce, pero niega que los militares otomanos hayan cometido un genocidio, explicando que las muertes de ese tiempo se dieron en el marco de enfrentamientos con militares otomanos, algo que niegan categóricamente Michele Novotni y Randy Petersen, autores del libro Enojado con Dios (Editorial Mundo Hispano), quienes aseveran que los musulmanes en el poder lanzaron un “genocidio metódico”, con el claro propósito de “exterminar a los armenios cristianos".

El actual papa, al saber que hasta 2014 sólo 22 naciones de la tierra reconocían estos dolorosos hechos como un genocidio, pidió a la comunidad internacional reconocer el hecho como un genocidio, provocando en ese año "un diferendo diplomático con Turquía cuando las relaciones entre cristianos y musulmanes atraviesan una época difícil, señaló entonces una nota de la agencia noticiosa Associated Press.

¿Qué fue lo que declaró entonces el papa Francisco? Aquí sus declaraciones: “Es necesario, y de hecho un deber rememorarlo, para honrar su memoria, porque cuando la memoria se desvanece, significa que el mal permite que las heridas se agraven. Ocultar o negar el mal es como permitir que una herida siga sangrando sin vendarla". Hasta aquí las palabras del papa, quien provocó la rápida reacción de la cancillería turca, que pidió a su enviado a la sede papal expresar su malestar por las declaraciones del pontífice romano. El papa justificó su polémica declaración señalando que "el camino de la Iglesia es el de la franqueza", y añadió: "no podemos silenciar lo que hemos visto y escuchado". 

Mientras que el papa y los católicos armenios esperan que algún día se dé el tan esperado reconocimiento del genocidio armenio por parte del Estado turco, la humanidad espera que haya mesura en este tipo de declaraciones públicas.

Por ello insisto en lo que escribí en este mismo espacio periodístico el 14 de abril de 2014: El mundo de hoy no necesita revivir estériles conflictos pasados; necesita paz, y que los seres humanos y las naciones sean capaces de construir a través del diálogo y la negociación una relación armoniosa y de respeto.

Twitter: @armayacastro

Publicado en la edición impresa de El Mexicano de Tijuana, el 28 de junio de 2016

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jueves, 12 de mayo de 2016

UNA CRISIS QUE SE REMONTA A LA EDAD MEDIA

Por Armando Maya Castro

El pasado 11 de abril, el cardenal Norberto Rivera Carrera dijo a los católicos que escuchaban su homilía dominical en la catedral metropolitana: “A nadie le podemos ocultar las crisis y las oscuridades que nuestra Iglesia sufre mientras está en camino…”. 

Las palabras con que el purpurado mexicano reconoció la crisis en que se halla inmersa la Iglesia católica son, sin lugar a dudas, para el análisis, como también lo son las palabras de Benedicto XVI en el sentido de que la Iglesia católica está “marcada por el pecado”.

Estas palabras fueron expresadas por el ahora papa emérito a los obispos de Bélgica reunidos en la sede papal, el 8 de mayo de 2010. Con base en ello, los defensores del catolicismo podrían argumentar, en defensa de su religión, que el alemán Joseph Ratzinger se refería únicamente a la crítica situación de la Iglesia belga, no a la situación general de la Iglesia. 

Lo cierto es que la crisis del catolicismo por los casos de pederastia clerical no es privativa de la iglesia católica belga; abarca otros países, incluido México, donde según cálculos del ex sacerdote Alberto Athié “hay más de mil menores víctimas de abuso sexual de sacerdotes” (La Jornada, sábado 13 de febrero de 2016, p. 10). 

El propio Norberto Rivera ha sido señalado por Athié como “encubridor sistemático de pederastas”. El 5 de febrero de 2015, el ex cura católico declaró a Noticias MVS: “En el caso de México, obviamente el caso más terrible que hemos tenido en la historia es el del cardenal Norberto Rivera, encubridor sistemático de pederastas y además burlándose de las víctimas.” 

Sobre estos dos personajes, el ex sacerdote Athié señaló lo siguiente en la declaración que presentó por escrito a la Corte Superior de California en 2009: “Durante seis años traté de que el cardenal Norberto Rivera Carrera y el cardenal Joseph Ratzinger, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, me escucharan acerca del crimen del abuso sexual y otras formas de manipulación que el padre Marcial Maciel cometió contra Juan Manuel Fernández Amenábar cuando era niño.”

No abundaré en los excesos del fundador de los Legionarios de Cristo y del Regnum Christi, quien es –junto con el sacerdote potosino Eduardo Córdova Bautista¬– uno de los depredadores sexuales más peligrosos en la historia de la Iglesia católica mexicana. Y no lo haré porque sobre este caso específico y sobre los persistentes casos de pederastia clerical ha corrido mucha tinta en la prensa nacional y extranjera. 

Sin embargo, es obligado señalar que la actual crisis del catolicismo, cuya mayor prueba es la pérdida masiva de fieles, no es privativa del tiempo actual. Esta crisis se remonta a la Edad Media, cuando la jerarquía católica comenzó a abandonar sus funciones religiosas para ocuparse de aspectos meramente materiales. 

El problema, evidentemente, no era sólo el alto clero medieval, obstinado en rodearse de lujos y riquezas como los nobles y príncipes de aquella época. El problema eran también los miembros del bajo clero, desprovistos de una preparación que les permitiera desempeñar debidamente sus actividades religiosas. Y como si esto no fuera suficiente, muchos de ellos llevaban una vida totalmente desenfrenada.

Fue justamente en la Edad Media cuando surgió la inquisición, creada por el papado para combatir la herejía, es decir, “aquello que estaba en contra de los artículos de fe” del catolicismo. En ese período histórico se inauguraron también las cruzadas, expediciones militares que, al grito de “Dios lo quiere”, combatieron violentamente a musulmanes, judíos y ortodoxos. 

Sobre estas empresas criminales, Jalil Saab H., en su ensayo México: un experimento, señala: "Las ocho cruzadas dieron como resultado no la expulsión de los infieles de Tierra Santa, sino la muerte de más de 2 millones de europeos, el despoblamiento y empobrecimiento de provincias enteras (en particular, Chipre y Antioquía), el cambio de dueño de grandes extensiones territoriales y el mestizaje en Siria, Líbano y Palestina, donde actualmente puede percibirse, en parte de la población, las características raciales heredadas como producto de las violaciones masivas practicadas por los cruzados franceses, alemanes o ingleses." 

A todo esto deben añadirse las demás vejaciones que esta institución cometió a lo largo del medievo y en otros periodos de la historia, situaciones que, en mi opinión muy personal, han contribuido a forjar la actual crisis del catolicismo. 

Twitter: @armayacastro

martes, 3 de mayo de 2016

DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA

Por Armando Maya Castro
Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señaló que la libertad de expresión en México atraviesa por etapa crítica (Foto: El Universal).

En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa. El objetivo: "fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática". 

El Día Mundial de la Libertad de Prensa, que actualmente se celebra en más de cien países del mundo, constituye una de las principales acciones de la UNESCO para generar conciencia sobre la libertad de expresión. Uno de los aspectos importantes de dicha celebración es que brinda a los Estados democráticos la "oportunidad para subrayar los principios fundamentales de la libertad de prensa, evaluar su situación en todo el mundo, defender a los medios frente a los ataques contra su independencia, y para homenajear a aquellos y aquellas periodistas que perdieron la vida en el ejercicio de su profesión", señala la UNESCO en su obra “Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios”.

La libertad de expresión, que supone el derecho de comunicar libremente ideas, opiniones y noticias a través de cualquier medio de difusión, es una de las características de todo régimen democrático. Está prevista en varios instrumentos, entre ellos los siguientes: la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 19), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo 4), la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (artículo 19)…

En nuestro país, donde la libertad de los medios de comunicación ha experimentado un importante declive en los últimos sexenios, se han promulgado diversos textos constitucionales que consagran la libertad de expresión y de prensa: El Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana (1814), el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano (1823), el Acta Constitutiva de la Federación de 1824, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, las Bases y Leyes Constitucionales de la República Mexicana de 1836, las Bases Orgánicas de la República (1843), el Acta Constitutiva y de Reforma (1847), la Constitución Federal de 1857, el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano (1865), y la actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que los regula en sus artículos 6° y 7°. 

Un documento importante en la materia data del época de Benito Juárez, quien logró garantizar la libertad de expresión a través del "Decreto del Gobierno sobre libertad de imprenta", emitido el 2 de febrero de 1861. En dicho documento, el Benemérito de las Américas decreta: “Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos en cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública” (artículo 1°).

Antes del citado documento, que le granjeó a Juárez la antipatía del clero y de los conservadores de su tiempo, encontramos un importante antecedente de la libertad de prensa: el “Decreto del gobierno sobre libertad de imprenta”, mejor conocida como Ley Lafragua, “consistente en que nadie pudiera ser molestado por sus opiniones, prohibiéndose toda censura”. La ley en comento, elaborada por José María Lafragua, entró en vigor el 28 diciembre de 1855, durante el gobierno provisional de Ignacio Comonfort. 

Como la mayoría de las leyes expedidas antes de la Constitución de 1857, la Ley Lafragua protegía a la religión católica al calificar como un abuso de la libertad de prensa el publicar “escritos en que se ataque de un modo directo la religión católica que profesa la nación, entendiéndose comprendidos en este abuso, los escarnios, sátiras, e  invectivas que se dirijan contra la misma religión” (artículo 3°). 
El caso es que durante el periodo presidencial de Benito Juárez mejoraron considerablemente las condiciones para la libertad de expresión, especificadas en la Constitución de 1857. A partir de entonces, se publicaron periódicos de diferentes tendencias políticas e ideológicas, en los que se exponían y defendían las ideas de los grupos, ya fueran conservadores o liberales. 

Hoy, pese a que tenemos leyes que garantizan la libertad de expresión, persisten las amenazas y ataques al libre ejercicio del periodismo, una situación que debe atenderse si queremos consolidar los avances en materia de libertad de expresión. 

El Estado mexicano está obligado a reconocer que no ha cumplido cabalmente su compromiso con la libertad de expresión. Y lo digo porque, al fallarle a los periodistas y a las personas que usan las redes sociales para denunciar atropellos y casos de corrupción, le ha fallado también a los demás mexicanos, quienes tienen el derecho a ser debidamente informados, tal como lo establece el artículo 6° constitucional, el cual establece que “el derecho a la información será garantizado por el Estado”.

Twitter: @armayacastro

jueves, 28 de abril de 2016

EL VALOR DE LA VIDA Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Por Armando Maya Castro

Más allá de la raza, oficio y posición social, la vida de todos los seres humanos es altamente valiosa. Lo es la vida del presidente de una nación, como la del ciudadano más pobre y marginado del país que dicho mandatario gobierna. Tiene el mismo valor la vida de un rico que la de un pobre, la de un letrado que la de un analfabeto, la de un famoso que la de un desconocido.

A pesar del valor e importancia de la vida, debemos admitir que vivimos en una época marcada por la violencia y el desprecio por la vida humana. Así lo demuestran los constantes homicidios, suicidios, secuestros, guerras y torturas que tienen lugar en varias partes del mundo, prácticas que, por su frecuencia, han agotado nuestra capacidad de asombro.

Ahora que toco el tema del valor de la vida, me parece importante señalar que la estima de ésta supera por mucho el valor de los bienes materiales; por eso, cuando se produce un lamentable caso de secuestro, las personas que han pasado por esa dolorosa experiencia han estado dispuestas a dar toda su fortuna con tal de conservar la vida del familiar plagiado.

Es justamente por el valor de la vida, que el homicidio está socialmente condenado en la mayoría de los países del mundo, y en todos ellos existen normas jurídicas orientadas a sancionarlo para evitar su impunidad y su indeseable multiplicación.

A pesar de estas penas y de los esfuerzos de las instituciones públicas para disminuir los ataques contra la vida, los homicidios siguen siendo en México y en muchas otras naciones del mundo, el pan nuestro de cada día. Lo anterior, aparte de ser lamentable, revela que la sociedad de nuestro tiempo vive un acelerado proceso de descomposición social, resultado de una innegable crisis de valores.

Por el valor de la vida de cada persona, las instituciones responsables de la procuración y administración de justicia deben realizar un trabajo eficiente, que responda a las exigencias de justicia de los familiares de las víctimas, procurando que los asesinatos de todas las personas sean debidamente sancionados, y que ninguno de estos casos quede en la impunidad.

Tras esta aclaración, me referiré al asesinato del periodista Francisco Pacheco Beltrán en la ciudad de Taxco, Guerrero, la mañana del pasado lunes 25 de abril. Por su trascendencia, el caso ha sido condenado enérgicamente por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y hasta por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), quien a través de Irina Bokova, su directora general desde 2009, pidió a las autoridades mexicanas investigar este crimen que –dijo– “socava la capacidad de los medios de llevar adelante su trabajo y limita el acceso público a la información”.

Es justamente por lo que dijo la búlgara Bokova, y no porque la vida de un periodista valga más que la de las demás personas asesinadas, que los casos de violencia en perjuicio de los periodistas produce mayor revuelo en redes sociales y medios de comunicación.

Sobre este punto en específico, Andrés Cañizález, en el libro Libertad de expresión: una discusión sobre sus principios, límites e implicaciones, señala: “Cuando un periodista en el ejercicio de sus funciones es agredido, herido o asesinado se tiene una víctima humana, individual, pero también es una pérdida social, pues el conjunto de la sociedad dejará de contar con una fuente informativa". El autor antes mencionado nos recuerda el principio noveno de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual establece que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenazas a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

Deseo señalar, por último, que para la CIDH, los ataques "a comunicadores sociales constituyen no sólo una violación directa de sus derechos a la vida y a la integridad física, sino que tales hechos atentan contra la libertad de expresión e información del conjunto de la sociedad, y por tal motivo lanza condenas tan enérgicas cuando se producen hechos de esta naturaleza". ¿Usted qué opina?

Twitter: @armayacastro

martes, 26 de abril de 2016

ANTES DE SU PARTIDA, EL GIEI INFORMA

Por Armando Maya Castro
Este domingo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ofreció su segundo informe sobre la investigación de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

Ante el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Cavallaro, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó este domingo su informe final sobre el caso Ayotzinapa. En el documento de 608 páginas, los expertos afirmaron no haber encontrado una sola evidencia para asegurar que en el basurero de Cocula fueron ejecutados e incinerados los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. 

El informe, que señala inconsistencias y omisiones de la Procuraduría General de la República (PGR), ha sido calificado por algunos columnistas mexicanos como “duro” y “demoledor”, en tanto que Amnistía Internacional señala que el informe del GIEI es “una nueva mancha en el atroz historial de derechos humanos del gobierno mexicano”. 

Esto fue lo que declaró sobre el informe en cuestión Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI): “La determinación absoluta del gobierno mexicano de esconder la tragedia de Ayotzinapa debajo de la alfombra parece no tener límites”. Y añadió: “Al negarse a dar seguimiento a todas las posibles líneas de investigación, manipular evidencia, no proteger ni apoyar a las familias de los estudiantes, negar el pedido de extender el mandato del GIEI y no haber estado en la presentación hoy, las autoridades Mexicanas están enviando el peligroso mensaje que cualquiera puede desaparecer en México sin que se haga nada al respecto”. 

A los señalamientos de AI es necesario añadir la severa crítica que lanzó la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), quien vertió su opinión sobre el informe del GIEI a través de su directora ejecutiva, Joy Olson, en los siguientes términos: “Está claro que el gobierno mexicano obstruyó la investigación, a la vez que apostaba por confirmar su propia versión de los hechos, la cual carece de sustento”.

Miles de mexicanos nos preguntamos: ¿qué hará el gobierno de la República luego del informe del GIEI y de las fuertes críticas de las organizaciones antes mencionadas y de otras que se han pronunciado al respecto? ¿Seguirá insistiendo en que ellos no pueden estar equivocados con la llamada “verdad histórica”, de acuerdo con la cual los 43 fueron asesinados e incinerados con el uso de diésel, llantas y madera en el basurero coculense? 

Es evidente que lo anterior no se puede seguir sosteniendo, menos ahora que el GIEI ha señalado que existen pruebas de que las autoridades sembraron evidencias y echaron mano de la tortura para lograr no el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, sino para apuntalar la vapuleada “verdad histórica”, la versión oficial del ex procurador Jesús Murillo Karam, rechazada en varias ocasiones por los familiares de los 43, quienes la han llegado a calificar como la “mentira histórica”.

El problema es que, a pesar de las indagaciones del GIEI, y del informe que resulta de dichas investigaciones, seguimos como al principio: sin saber absolutamente nada del paradero de los normalistas desaparecidos, algo que es absolutamente grave si tomamos en cuenta que esa ha sido una de las principales demandas de los angustiados padres de los normalistas. 

Esto último entristece en gran manera a los expertos del GIEI, uno de los cuales exclamó durante la presentación de su segundo y último informe: “Nos vamos con el peor sabor por no haber cumplido con el principal objetivo: la ubicación de los normalistas desaparecidos”. Ellos se van, mientras que nosotros nos quedamos anhelando conocer qué fue lo que realmente sucedió aquella noche trágica, y dónde están los cuerpos de los normalistas desaparecidos. La única esperanza de conocer toda la verdad nos la proporciona el hecho de que el caso Ayotzinapa, gracias a la ininterrumpida presión de los padres de los 43, continúa abierto. 

Twitter: @armayacastro