Por Armando Maya Castro
Durante la reciente visita del papa a México, varios de nuestros políticos hicieron pública su devoción religiosa, violentando así los ordenamientos jurídicos en materia de Estado laico. El presidente Enrique Peña Nieto, que en el terreno público representa no sólo a los católicos, sino a todos los mexicanos, se atrevió a decirle al papa estas palabras en la ceremonia oficial de bienvenida que tuvo lugar en la sede del Poder Ejecutivo: “Las causas del Papa son también las causas de México”. Y añadió: "En las calles, en los estadios y plazas que visitará, se encontrará con un pueblo generoso y hospitalario; con un pueblo orgullosamente guadalupano. Éste es el México que lo recibe con el corazón y los brazos abiertos”.
Las palabras que brotaron de los labios de nuestro presidente, aparte de ser excluyentes, hieren los sentimientos de más de 20 millones de personas que en México no se identifican ni con el catolicismo ni con el guadalupanismo. Por ello me atrevo a recordarle a Peña Nieto que él, como presidente de todos los mexicanos, no puede anteponer sus creencias personales a lo que exige su investidura presidencial. Fomentar el culto y devoción a la guadalupana es trabajo de los clérigos católicos, no del Jefe del Ejecutivo Federal, quien tiene el deber de "promover, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad", tal como lo establece el artículo primero constitucional.
La laicidad estatal y la libertad de religión son conquistas históricas que han quedado plasmadas en leyes y decretos que garantizan a los mexicanos el derecho a creen en lo que queramos. Gracias a ese derecho, México es –independientemente de las palabras del Jefe del Ejecutivo Federal– un país religiosamente plural, composición que, por mandato de ley, todo funcionario público tiene el deber de respetar.
Pero no fue sólo este caso el que violentó al Estado laico en el transcurso de la pasada visita papal. Hay muchos otros casos, acerca de los cuales refiere Fernando González, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en entrevista para Aristegui CNN: “Me pareció una división de la laicidad, toda la clase política, no importa del partido que sea, renunció al Estado laico y eso me parece escandaloso”. Y añadió: “Lo que pasó en este viaje es que se produjo un efecto de trastocamiento radical de lo privado, lo público y lo íntimo. Entonces, digamos, un gobierno priista que había sido de los que más cuestionó a la Iglesia católica en su momento, de pronto le cedió toda una concepción de laicidad, que se convirtió en una laicidad procatólica… un contra sentido”.
Sobre el mismo tema, la politóloga María Amparo Casar señaló: "El gobierno si vulneró la laicidad, porque el Estado mexicano gastó recursos públicos para esta visita, se dio un privilegio porque no se ha dado un trato igual para el jerarca de otra iglesia, eso para mí es vulnerar el laicismo, y finalmente en el discurso y en las formas presentó dos veces al gabinete" (Radio Fórmula, 16 de febrero).
En un Estado laico como el nuestro, ninguna religión o iglesia debe tener prerrogativas especiales por encima de las demás. Si se privilegia a una religión en particular, se discrimina a las demás y, con ello, se asesta un severo golpe al carácter laico del Estado, poniendo en peligro los derechos fundamentales de los sectores minoritarios de la población.
La clase política mexicana debe terminar de aceptar que el Estado confesional forma parte de un pasado cuyo retorno nadie desea. Lo de hoy es el Estado laico, que puso fin al estado confesional, el cual estuvo vigente a lo largo de los tres siglos de vida colonial, época en la que el catolicismo constituía la única religión admitida, y donde el Estado y la Iglesia colaboraron para mantener el monopolio religioso. Afortunadamente, la Constitución de 1857 puso fin a la confesionalidad del Estado, y las Leyes de Reforma de 1859, incorporadas poco tiempo después a Carta Magna, ofrecieron a los mexicanos un horizonte de mayores libertades, las cuales fueron fortalecidas en nuestra actual Constitución, la de 1917.
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