La
discriminación sigue siendo grave en México, y afecta impunemente a diversos
grupos, principalmente a los niños, de ahí la importancia de eliminar la
impunidad mediante el fortalecimiento del carácter laico del Estado y de la
educación.
Discriminación
religiosa en agravio de menores
A sus cuatro años, Eva Esther
fue obligada por su maestra a colorear la virgen de Guadalupe en un colegio
privado de Tonalá, Jalisco, al que su madre Ana María Covarrubias Razo la
inscribió con confianza luego de saber que dicha institución educativa impartía
educación laica.
El anterior caso es
considerado como un acto de discriminación, pues “la maestra sabía
perfectamente bien que mi hija profesa una religión que por razones bíblicas no
cree ni adora las imágenes del catolicismo, refiere la madre de Eva Esther.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2017), en México el 23.8% de los fieles
de una religión distinta a la preponderante señala que les ha sido negado
alguno de los siguientes derechos: atención médica, servicios en alguna oficina
de gobierno, el ingreso o permanencia en algún establecimiento comercial o
institución financiera, recibir apoyos de programas sociales, la posibilidad de
estudiar o de continuar con sus estudios, la oportunidad de un empleo o de un
ascenso, y el acceso a un crédito de vivienda, préstamo o tarjeta.
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| La ENADIS 2017 muestra que estamos aún lejos de proscribir la discriminación religiosa |
Esta encuesta indica que los
principales problemas de las personas que pertenecen a una religión distinta a
la mayoritaria son la discriminación, el rechazo, la falta de aceptación y la desigualdad.
Actualmente, a diferencia del
México en que tuvo vigencia el Estado confesional, los niños y niñas de nuestro
país asisten a las escuelas públicas para ser instruidos con educación laica,
el modelo de instrucción que intenta proscribir la discriminación religiosa de
los establecimientos oficiales de educación, y que por mandato del artículo 3°
de la Constitución General de la República imparte el Estado mexicano.
Los avances legislativos son
muchos y se traducen en leyes contra la discriminación, así como en tratados
internacionales que intentan suprimir las distintas formas de discriminación y
sus causas, sin haberlo conseguido del todo hasta el momento.
México es un país con mayoría
católica, pero tiene también millones de personas que profesan una religión
distinta al catolicismo, así como cientos de miles que no profesan ninguna
creencia religiosa: ateos, escépticos, libres pensadores, etcétera. Los
derechos de estos últimos están garantizados por la Ley de Asociaciones
Religiosas y Culto Público, que establece en su artículo 2° que el Estado
Mexicano garantiza el derecho a “no profesar creencias religiosas, abstenerse
de practicar actos y ritos religiosos y no pertenecer a una asociación
religiosa”.
El artículo 24 de nuestra
Carta Magna, que fue sometido a finales de 2011 a una reforma innecesaria, con
el propósito de otorgar privilegios a la jerarquía católica, garantiza en favor
de los mexicanos las libertades de convicciones éticas, de conciencia y de
religión.
Sobre la discriminación, Jesús
López Lobato, miembro fundador de Foro Intereclesiástico Mexicano, y experto en
temas de religión y laicidad, considera que actualmente los casos de
discriminación “se han visibilizado”, no propiamente multiplicado. Esto ocurre
porque “la comunidad que sufre el flagelo de la discriminación ya no guarda
silencio, ahora los denuncia”.
Hasta hace unos años, la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Consejo Nacional para Prevenir
La Discriminación (Conapred), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) y la propia Dirección de Asuntos Religiosos de Gobernación, concluían
que la discriminación y la intolerancia religiosa era intermitente y que estaba
focalizada al sur de nuestro país, específicamente en Los Altos de Chiapas.
“Diez años después podemos decir que la discriminación se encuentra presente en
las diez grandes megalópolis que tiene la República Mexicana”, refiere el
activista, quien atribuye la problemática a la falta de respeto pleno a la
diversidad religiosa.
De esta discriminación da fe
la ingeniera bioquímica y profesora mexicana Yoloxóchitl Bustamante Díez, quien
al revisar su historia recuerda en el libro Miradas
a la Discriminación un caso de exclusión en su contra, perpetrado en
la escuela primaria a la que asistió en su infancia:
“Recuerdo a una maestra de la
primaria que siempre indagaba sobre las creencias religiosas de sus
estudiantes, preguntaba quiénes eran católicos, y yo no levantaba la mano,
cuando preguntaban por otra religión, tampoco la levantaba porque nunca he
tenido religión. Entonces, la maestra se enojaba conmigo, al grado de negarme
el permiso de salir del salón de clases para ir al baño. Ahora sé que ése fue
un acto discriminatorio, de exclusión, por no cumplir con las formas de
creencia de la mayoría”.
"Casos como estos
abundan", dice Neftalí Álvarez Pérez de República Laica, una coalición
integrada por organismos civiles, políticos y expertos en temas de laicidad. Y
añade: la discriminación que hoy prevalece en las escuelas públicas,
principalmente durante las celebraciones católicas del Día de Muertos, violenta
la Constitución que dispone que la educación en las escuelas públicas sea laica
y libre de dogmatismos y elementos religiosos.
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| Las celebraciones en honor de los muertos deben quedar fuera de las escuelas públicas, piden padres que ven en ello un acto de discriminación religiosa (Tomado de Tribuna) |
“Los alumnos sufren discriminación
por tener un credo diferente, de tal manera que hasta los maestros violan sus
derechos y libertades fundamentales”. Avergüenzan a los niños y niñas que no pertenecen
al grupo mayoritario y por negarse a
participar en la elaboración de altares en las fiestas de Todos los Santos y
Fieles Difuntos: “les bajan calificaciones, no les entregan los documentos, o
sencillamente los reprueban, y ¿quién ha tenido esa atención en la Secretaría
de Educación Pública para poder sancionar a los maestros que así proceden?, se
pregunta el periodista e investigador.
Este tipo de discriminación ha
sido denunciada a los medios de comunicación por activistas defensores de la
laicidad, pero también por líderes religiosos, entre ellos el pastor de la
Iglesia Luz para las Naciones, Luis Armando González Isas, quien hizo un
llamado a la Secretaría de Educación de Tamaulipas “para que nos ayude a que
los maestros no bajen las calificaciones de los niños que, por razones de fe,
se niegan a participar en la celebración del día de muertos”, publica Radio
UAT.
Para acabar con este tipo de
discriminación en las escuelas del país, la bancada del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM) en el Senado "presentó un punto de acuerdo en el
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las 32
entidades federativas a realizar acciones para evitar que se obligue a alumnos
de escuelas privadas y públicas a participar en actos religiosos”, informó Excelsior
el pasado 6 de noviembre. Se trata de una de las primeras acciones legislativas
que intenta acabar con el problema.
Este tipo de discriminación,
que se comete bajo el argumento de que se trata de actos culturales orientados
a preservar tradiciones prehispánicas, no es la única forma de exclusión contra
los menores en el país. Otras formas de intolerancia contra los niños han
tenido lugar en Chiapas, específicamente en el sexenio de Felipe Calderón
Hinojosa, quien fue informado, al igual que la Secretaría de Gobernación, de la
expulsión de decenas de niños evangélicos de algunas escuelas públicas en esa
entidad del sur de México.
Este acto arbitrario cometido
contra uno de los grupos más vulnerables de la sociedad quedó sin castigo, y
sólo se oyeron llamados del gobierno al diálogo y a la conciliación, cuando lo
que procedía era la aplicación de la ley.
Discriminación religiosa por usos y
costumbres
El 20 de diciembre de 2017, el
diario La Jornada publicó una nota titulada Gobernación da
fin a conflicto de 44 años por intolerancia religiosa en Chiapas. El
anuncio que hizo la dependencia pública encargada de vigilar el cumplimiento de
las disposiciones constitucionales en materia de culto público y asociaciones religiosas
fue desmentido posteriormente por algunos líderes evangélicos, quienes afirman
que las minorías religiosas de la entidad siguen enfrentando innumerables
barreras en el ejercicio de sus derechos.
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| Persiste la intolerancia religiosa en Chiapas (Tomado de Diario de Palenque) |
Uno de ellos es Esdras Alonso
González, pastor de la Iglesia Evangélica “Alas de Águila”, quien hace unos
meses envió un mensaje a Andrés Manuel López Obrador cuando éste ya era
presidente electo, para que a su llegada a la silla presidencial atienda y
resuelva el problema de los desplazados por motivos de religión en el estado de
Chiapas, señala una nota de la agencia Reforma,
publicada por varios diarios de México, entre ellos NoticiasNVI.
El dato anterior indica que la
discriminación contra los evangélicos de los pueblos originarios de Chiapas sigue
arraigada en ese estado del país, afectando no sólo a los menores de edad, sino
a personas de diferentes edades que se niegan a participar en las fiestas
patronales de la Iglesia católica. Recientemente, César Serrano Nucamendi,
catedrático de la Universidad de Chiapas, urgió a las autoridades a poner más
atención a estos casos, “para evitar un nuevo brote como el que se vivió en
años pasados con consecuencias negativas”.
Esta declaración la hace
Serrano Nucamendi por lo que vivió Chiapas en materia de intolerancia y
discriminación religiosa. Fueron tiempos difíciles que el escritor Carlos
Monsiváis describió así cuando aún vivía: “La intolerancia de la Iglesia
católica mexicana recorre toda su historia y hoy todavía tiene sus expresiones
en las posturas despectivas en contra de las sectas, en la persecución
religiosa en Chiapas o la situación que prevalece en San Juan Chamula”.
Neftalí Álvarez explica que la
gente intolerante ha sido azuzada algunas veces por curas católicos, y que su
intransigencia es resultado, en la mayoría de los casos, por la negativa de los
miembros de las minorías religiosas a cooperar con dinero para las fiestas del
catolicismo, lo que ha producido violencia en agravio de los grupos evangélicos:
“despojo de sus bienes, expulsión de sus comunidades, violando así los derechos
humanos de las personas”.
Acerca del tema, Arturo Manuel
Díaz, quien fue director general de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de
Gobernación en la pasada administración federal, señaló hace unos meses que es
un “tema
cultural”, de usos y costumbres, que no se puede resolver fácilmente.
“Quien hace esta declaración parece ignorar que, por encima de los usos y
costumbres de los pueblos originarios de Chiapas, está la Constitución General
de la República”, lamenta Álvarez Pérez.
El investigador trae a la
memoria un evento
de intolerancia religiosa que quedó impune, en agravio de una iglesia
evangélica, acaecido en el municipio de San Felipe del Progreso, Estado de
México:
“En San Marcos, comunidad de
dicho municipio, iban a quemar a 200 bautistas; empezaron por incendiar los
vehículos, alrededor de 10, entre automóviles y camionetas. Al ver la violencia
desplegada por los católicos de la comunidad, los líderes de la Iglesia
Bautista se encerraron para ponerse a salvo. Como los bautistas procedían de
Estados Unidos, traían cámaras de video y empezaron a filmar lo que ocurría.
Uno salió huyendo para dar parte a la autoridad competente en San Felipe del
Progreso. Como periodista presencié la lamentable respuesta del agente del
Ministerio Público, quien dijo a los denunciantes: ‘Es que yo no puedo
intervenir porque son usos y costumbres, y ellos ahí tienen su propia ley’”.
Pero el problema no se
circunscribe a los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Estado de
México y Jalisco, que han sido noticia en las últimas décadas por los casos de
violencia religiosa. El Conapred señala que “entre 2011 y 2017 se recibieron 67
quejas por presuntos actos de discriminación religiosa, de los cuales una
cuarta parte tuvo lugar en el sector público y el resto en el privado. La mayor
parte de los casos se dio en el ámbito laboral, con 28 quejas, y en el
educativo, con 10 querellas. Los principales derechos vulnerados fueron a un
trato digno, a la libertad de conciencia y religión, así como al trabajo.” A
estas cifras habría que añadir los casos que no se denuncian ante el Conapred,
que son muchos por la ausencia de una verdadera cultura de la denuncia, explica
Jesús López Lobato.
Violaciones al Estado laico y su
vinculación con los casos de discriminación
Los artículos 24, 40 y 130 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los
artículos 1, 3, 25 y 29 fracción IX de la Ley de Asociaciones Religiosas y
Culto Público establecen de manera clara y contundente los principios de
laicidad, libertad religiosa y de separación del Estado y las Iglesias.
A pesar de la contundencia de
estos ordenamientos jurídicos, persisten los embates a los principios
constitucionales antes mencionados, así como la impunidad en lo que respecta al
tema, lo que indica que las autoridades mexicanas no se ciñen a las
disposiciones constitucionales en la materia.
Los especialistas afirman que
los casos de discriminación por causas religiosas tienen estrecha vinculación
con las violaciones al Estado laico. Bernardo Barranco Villafán, destaca la
importancia de la laicidad cuando señala que la función de ésta es
“salvaguardar la equidad y rechazar la discriminación religiosa, es decir, debe
amparar el derecho de las minorías religiosas”.
Jesús López Lobato confirma
dicha conexión al hablar sobre los funcionarios públicos que han atropellado
impunemente los principios de laicidad y de separación del Estado y las
Iglesias, a pesar de que, ante la Subsecretaría de Población, Migración y
Asuntos Religiosos, dependiente de la Secretaría de Gobernación, “se han
presentado expedientes conformados por la misma ciudadanía, en donde se aportan
elementos para probar que determinados servidores públicos han violentado el
carácter laico del Estado”.
Pone como ejemplo las
violaciones al Estado laico que cometieron los ex presidentes de México Vicente
Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa; el primero al besar el anillo del papa
Juan Pablo II, y el segundo al expresar que "todos los mexicanos,
independientemente de las creencias y las no creencias, somos guadalupanos”.
Ambos casos fueron archivados
por Gobernación, a pesar de su gravedad y de que la declaración de Calderón
Hinojosa intentaba “guadalupanizar” por decreto a los mexicanos, desconocía las
creencias religiosas de millones de mexicanos, y faltaba a la verdad en cuanto
al porcentaje de guadalupanos en México, como lo demuestra la encuesta
del Gabinete de Comunicación Estratégica, de acuerdo con la cual sólo el 69% de
los mexicanos se consideran devotos de la Guadalupana.
Sin embargo, reconoce López
Lobato que “ha habido un progreso en el fortalecimiento al carácter laico del
Estado”, aunque propone otras vías para que sean sancionados los funcionarios que
utilizan símbolos religiosos en campañas electorales: “Gobernación no tiene
muchos mecanismos como para poder llevar a una sanción concreta; sin embargo,
hacerlo ante los tribunales electorales sí hay implicaciones jurídicas que van
desde la anulación de una candidatura y de la elección, hasta multas al peculio
personal, la suspensión temporal o permanente del servidor público”. Y añade: “creo
que nuestra atención debe apuntar hacia la utilización de los mecanismos con
que cuenta la función pública para fincar responsabilidades administrativas”.
Las acciones que República
Laica ha realizado en defensa del Estado laico, tales como conferencias de
prensa, simposios y foros, Álvarez Pérez las califica como “voces en el
desierto”, pues “no hay ninguna atención por parte de las instancias que tienen
competencia para sancionar a los servidores públicos que violan las leyes del
país y el principio de laicidad”, lamenta.
Sobre la denuncia de República
Laica contra 12 funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno y
dirigentes de partidos políticos por violar el Estado laico, Neftalí Álvarez
explica que la Secretaría de Gobernación “dio carpetazo al asunto”, y que
quedaron en la impunidad las violaciones al Estado laico cometidas por Enrique
Peña Nieto, Miguel Ángel Mancera, César Duarte, Javier Duarte, Eruviel Ávila,
César Garza Villaseñor, Rodolfo Ambriz Oviedo y Margarita Arellanes, entre
otros. La información fue ratificada por Jesús López Lobato de Foro
Intereclesiástico Mexicano, quien afirma que similar impunidad se ha dado con
aquellos ministros de culto que han violentado el Estado laico.
Acciones urgentes para salvaguardar el
Estado laico
Ley
reglamentaria del artículo 40 constitucional: La lucha contra el
flagelo de la discriminación debe continuar, y el éxito de ésta sólo será
posible mediante la elaboración de la ley reglamentaria del artículo 40 de
nuestra Carta Magna, afirman los expertos.
“Es una exigencia
constitucional y una necesidad de convivencia social; creo que la ciudadanía la
requiere, aunque un porcentaje de esa misma ciudadanía no esté consciente de lo
trascendente que es este instrumento jurídico en sus manos, para poder ser
utilizado ante las instancias correspondientes”, refiere Jesús López Lobato.
Al abundar en el tema celebra
que Foro Intereclesiástico Mexicano haya sido parte de los esfuerzos de reforma
al artículo 40 constitucional, a través de la cual se logró constitucionalizar
el carácter laico del Estado, mediante la reforma al artículo 40 constitucional,
publicada el 30 de noviembre de 2012. Añade que existe un proyecto orientado a
la elaboración de la ley reglamentaria, la cual dotaría de contenido lo
referente al Estado laico y establecería límites en la actuación de los
funcionarios públicos, así como sanciones efectivas a los políticos y
religiosos que incurran en atropellos al Estado laico.
Fortalecimiento
de la cultura de denuncia: En este tema, así como en aquellos que se
presentan violaciones a la ley que ameritan sanciones conforme a derecho, se
requiere la participación y el involucramiento de los diversos grupos de la sociedad. Es necesario actuar y no ser indiferentes, pues la
discriminación puede llegar a afectar en cualquier momento incluso a la personas que muestran esa indiferencia cuando saben que las autoridades de gobierno han violentado la Constitución y las leyes que de ella emanan.
De ahí la importancia de desarrollar la cultura
de la denuncia, recurriendo en caso de atropellos a la ley no sólo a la Secretaría de Gobernación, sino a otras instancias que
han demostrado que sí es posible sancionar este tipo de casos, recomienda Jesús
López Lobato.
Tránsito
de la tolerancia a la cultura del respeto: Ante las voces que persisten en pedir tolerancia religiosa, como ocurría en Francia en los siglos XVI y XVII, los expertos insisten en la necesidad de hacer valer nuestros derechos, exigiendo respeto total a las leyes y a las creencias religiosas.
Hoy debemos exigir respeto, ya no tolerancia religiosa, haciendo valer las leyes que garantizan los derechos humanos y las libertades fundamentales: “Las minorías religiosas y las no religiosas no deben conformarse con ser toleradas, deben exigir respeto pleno a su manera de ser, creer y pensar; de ahí la importancia de realizar acciones legislativas que nos permitan avanzar en la materia, a fin de que podamos transitar de la tolerancia a la cultura del respeto pleno”, concluyen.
