Por Armando Maya Castro
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| La Constitución de la Ciudad de México, la primera en la historia de esta ciudad, enfrenta una ola de impugnaciones |
El Senado de la República acaba de informar que presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una controversia constitucional en contra de la Constitución Política de la Ciudad de México, un documento que ha sido impugnado por varias instituciones, entre ellas la Presidencia de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ), así como los partidos Nueva Alianza y Morena.
El Gobierno de la Ciudad de México ha defendido a capa y espada la Constitución capitalina, calificando dicha ley fundamental como “la más progresista e innovadora de Latinoamérica”, así como “un logro de la cooperación política, pero sobre todo, de la participación ciudadana”, señala el portal de Gobierno capitalino.
La impugnación del Senado, que se une a otras siete impugnaciones, no le preocupa demasiado a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, al PRD capitalino y al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, quien ha calificado las controversias constitucionales, las demandas de inconstitucionalidad y los amparos ante la SCJN, como ataques del gobierno federal, soslayando, no sé si a la ligera, que una de las impugnaciones viene de los magistrados del TSJ de la Ciudad de México, por causa de los artículos 35 y 37 de la Constitución que aprobó la Asamblea Constituyente el pasado 15 de febrero.
La Iglesia Católica se lanzó también contra la Constitución capitalina a través del editorial del semanario Desde la Fe, calificándola como “una constitución asesina que no reconoce lo más valioso para cualquier ser humano aun desde el vientre materno, la dignidad de la vida”. Para la Arquidiócesis Primada de México, el documento en cuestión es “ilegítimo, atropellado, recetario de ideologías y de absurdos jurídicos”, aunque esto no es raro en el “modus operandi” de la Iglesia católica, quien ha descalificado en varios momento de la historia de México la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como algunas de las leyes patrias que le impiden recuperar los privilegios que esta institución tuvo en el pasado.
Similar “inconformidad” por su redacción han expresado las iglesias que conforman el Consejo Ecuménico de México, del que forma parte la arquidiócesis primada de México, así como la Eparquía Maronita de Nuestra Señora de los Mártires del Líbano, la Iglesia Católica Ortodoxa del Patriarcado de Antioquia en México, el Sínodo Luterano de México, la Diócesis en México de la Iglesia Ortodoxa en América OCA, la Eparquía Greco Melquita de Nuestra Señora del Paraíso en México, la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, la Iglesia Evangélica Misionera del Pacto Misión DF, y la Iglesia Ortodoxa Griega en México.
Los integrantes del Consejo Ecuménico de México, soslayando el principio de separación del Estado y las iglesias, califican el texto como no equitativo, “ya que la mayoría de los habitantes de la CDMX profesan la fe en Cristo, y los constituyentes dan la impresión de seguir consignas ideológicas y partidistas minoritarias que van en contra del derecho a la vida y de la dignidad humana, al dejar sin protección a aquellos que por sí mismos no pueden defenderse”.
Destacan, asimismo, la inconveniencia de llamar “matrimonio” a las uniones homosexuales, al tiempo de explicar que la remoción de toda discriminación por razón de la orientación sexual no requiere la inserción de un nuevo modelo en la institución matrimonial.
La postura del Consejo Ecuménico de México, del que es miembro fundador el cardenal Norberto Rivera Carrera, califica el matrimonio como "una unión heterosexual basada en la complementariedad de sexos”, y añade que tal unión “es la base para la constitución de una familia”. Sobre la heterosexualidad, afirman que “es un elemento constitutivo esencial del propio concepto de matrimonio", por lo que consideran que "designar a una unión homosexual con el nombre de matrimonio es empobrecedor, y ocasiona confusión, ya que designa con el mismo término a realidades diferentes".
Estas iglesias insisten en el tema, olvidando que en un país como México, donde la Constitución General de la República establece los principios de laicidad y separación del Estado y las iglesias, el matrimonio civil es competencia exclusiva del Estado. Es a él, no a las iglesias, al que le corresponde definir el matrimonio civil. La función de los ministros de culto es trabajar en la preservación del matrimonio religioso tal como lo concibe cada asociación religiosa, haciendo lo que sea necesario para evitar la alteración del mismo.
Concluyo mi columna celebrando el compromiso de la SCJN, el Máximo Tribunal Constitucional del país, cuyo trabajo en materia de revisión de las impugnaciones coadyuvará a que los habitantes de la Ciudad de México tengan la Constitución que se merecen.
Twitter: @armayacastro
http://ed.el-mexicano.com.mx/impreso/Tijuana/031617/16-03-2017_TIJ_14AA.pdf
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