martes, 7 de abril de 2015

EN LA RUTA HACIA UN ESTADO CONFESIONAL

Por Armando Maya Castro
José Ángel Córdova Villalobos, candidato a la presidencia municipal de León por la Coalición PRI-PVEM-Panal, acudió  a misa de Resurrección el domingo 5 de abril. A diferencia de otros candidatos a alcaldes en el estado de Guanajuato, que acudieron a misa rodeados de sus seguidores, Córdova Villalobos se hizo acompañar sólo de su familia (Foto: Xóchitl  Álvarez / El Universal)

Este domingo comenzó la carrera por los votos con su característico ruido electoral: las promesas de campaña, las propuestas, la guerra sucia de quienes creen que, en nombre del triunfo, todo se vale, la propaganda electoral a lo largo de 60 días en radio y televisión de los candidatos a puestos de elección popular, lo que equivale a un bombardeo de 97 mil horas de propaganda política. ¡Vaya capacidad de resistencia la nuestra!

A esto debemos agregar algo que es altamente preocupante: las violaciones a la Ley Electoral, los irresponsables llamados a no votar y a la abstención (que se castigarán con multa y cárcel, según las reformas político-electorales aprobadas en 2014), y el proceder de los candidatos que decidieron comenzar sus campañas acudiendo a misa en busca de la bendición sacerdotal. Estos políticos y el partido que lanzó como candidato a presidente municipal de Agua Prieta, Sonora a un sacerdote católico, pasan por alto la sana separación entre política y religión, un tema que es vital para detener el proceso de desmantelamiento del Estado laico. 

Aunque hay voces que lo niegan, la lenta erosión de la laicidad estatal no sólo favorece el tan temido retorno del Estado confesional, sino también el retorno de la intolerancia religiosa a nuestro país, un mal que, a pesar de las leyes, sigue teniendo dolorosa presencia en la mayoría de las entidades de la República Mexicana, principalmente en los estados de Chiapas, Hidalgo y Oaxaca.

Nadie desea el retorno de ese tiempo de intolerancia religiosa ni la vuelta de las leyes confesionales que se expidieron durante la vigencia del Estado confesional, las cuales establecían en forma rotunda: "La religión de la Nación española es y será la Católica, Apostólica, Romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra"

Esta es la imperativa declaración de la Constitución Política de la Monarquía Española, mejor conocida como la Constitución de Cádiz, promulgada por las Cortes Generales de España, reunidas extraordinariamente en Cádiz, el 19 de marzo de 1812. En la Nueva España, la Constitución gaditana fue promulgada y jurada el 30 de septiembre de ese año. Todos sus decretos se aplicaron, excepto lo relativo a la libertad de prensa, porque, según los defensores de la Corona, favorecía a los insurgentes en sus intentos independentistas. 

De acuerdo con este texto legal, el catolicismo era la confesión religiosa de los españoles en ambos hemisferios. El rasgo intolerante de la Carta Magna en referencia aparece con el mismo énfasis en las constituciones que en los años posteriores se promulgaron en México, hasta que se expidió la Constitución de 1857, que puso fin a la etapa de las constituciones confesionales e intolerantes del México post independiente. 

Esta Constitución fue desdeñada desde su publicación por el clero católico y por los miembros del Partido Conservador, dedicados a favorecer desde su trinchera los intereses de poder político y económico de la Iglesia romana. Uno de los principales enemigos de esa ley fue el General Félix María Zuloaga, quien promulgó, el 17 de diciembre de 1857, el Plan de Tacubaya, un pronunciamiento político formulado por este militar, así como por Manuel Silíceo,  José María Revilla, Mariano Navarro y Juan José Baz, gobernador del Distrito Federal. 

El artículo primero del Plan de Tacubaya desconocía la primera Carta Magna liberal de México en los siguientes términos: “Desde esta fecha cesará de regir en la República la Constitución de 1857”. 

Tras la promulgación de dicho plan comenzó la Guerra de Reforma, que enfrentó, de 1858 a 1861, a los conservadores y liberales, ocasionando un terrible baño de sangre y la inestabilidad económica de México. Lo único bueno de esos años fueron las Leyes de Reforma, expedidas en el Puerto de Veracruz (1859-1860), en el marco del conflicto en cuestión.

En aquellos años, Benito Juárez y los hombres de la Reforma enarbolaron con admirable valor y ejemplar fuerza la bandera de la legalidad, defendiendo sin titubear los intereses de México. A estos liberales debemos la nacionalización de los bienes del clero, la separación de la Iglesia y el Estado, la exclaustración de monjes y frailes, la secularización del registro civil, cementerios y fiestas públicas, así como la promulgación de la Ley sobre la Libertad de Cultos. 

Todo esto aconteció para bien de México hace poco más de 150 años, lapso que la Iglesia católica ha sabido aprovechar para echar por tierra algunos de los logros juaristas en materia de laicidad y separación Estado-iglesias. Estos esfuerzos han prosperado gracias a la condescendencia de un Poder Legislativo que ha satisfecho las exigencias clericales en materia de reformas constitucionales. Afortunadamente contamos con el artículo 40 constitucional, la “única posibilidad de impedir que México avance en la ruta hacia un Estado confesional”.

Twitter: @armayacastro


Publicado el 7 de abril en el diario El Mexicano



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