jueves, 10 de abril de 2014

¿OTRO "MICHOACANAZO"?

Por Armando Maya Castro
El “michoacanazo” es el emblema del fracaso de la política de seguridad pública del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Casos así no deberían repetirse ni quedar en la impunidad

El 26 de mayo de 2009, bajo el argumento de defender la política, el servicio público y los partidos, el entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, ordenó la detención de 35 funcionarios del gobierno de Michoacán –encabezado por el perredista Leonel Godoy–, por presuntos vínculos con el cártel de la Familia Michoacana.

El operativo de fuerzas federales, conocido hasta hoy como el “michoacanazo”, fue dirigido contra 12 presidentes municipales, 8 altos funcionarios del gobierno estatal, 1 juez, 12 policías y 2 ex directores de seguridad pública. La Procuraduría General de la República, recurriendo a la estrategia fácil,  consiguió que un juez arraigara durante 40 días a los involucrados, mientras se profundizaban las investigaciones y mientras terminaban las campañas, señala Ernesto Núñez Albarrán.

Al principio, las pruebas parecían reales y demostraban que estábamos ante el caso de narcopolítica más importante en la historia de México. Nadie imaginaba entonces que se trataba de una maniobra con propósitos eminentemente electorales, en la que se acreditan violaciones a los derechos humanos, a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la presunción de inocencia.

Al referirse a esta acción político electoral, el autor arriba mencionado sostiene: "Meses después se tuvo que liberar a todos los implicados en el "michoacanazo", pues la procuraduría fue incapaz de sostener sus acusaciones. Pero el golpe mediático estaba dado, y Germán [Martínez] lo aprovechó para mantener su disputa con el PRI: 'Les preguntamos si quieren que se paren estos operativos o si lo que quieren son fueros partidistas, pausas electorales, tregua a la delincuencia' desafío en una declaración el 1° de junio"(Ernesto Núñez Albarrán, Crónica de un sexenio fallido, Grijalbo, México, 2012).

Anabel Hernández, en su libro Los señores del narco, calificó el "michoacanazo" de Calderón como un show, "donde la mayoría de las causas se le terminaron cayendo a los fiscales debido a que no generan material probatorio adecuado, y confían en testigos protegidos de dudoso origen, que de alguna manera también comprometen a las autoridades". El caso es lamentable por la manera en que se dio, y porque quedó en la más absoluta impunidad.

Lo que pasa con el priísta Jesús Reyna García, procesado por nexos con el narcotráfico, es diferente al “michoacanazo”, nos dice Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación.  En este caso –afirma– están acreditadas las acciones del gobierno federal, lo que marca una distancia respecto a lo hecho por administraciones pasadas. Esta declaración coincide con lo señalado por Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, en el sentido de que los órganos de seguridad que trabajan en Michoacán hallaron varias evidencias de que el ex secretario del Gobierno de Michoacán tuvo reuniones con líderes de organizaciones criminales. Estará de acuerdo conmigo, estimado lector, que las pruebas que ha reunido la PGR tendrán que ser valoradas debidamente por un juez, respetando en todo momento los principios del debido proceso. 

La pregunta es: ¿qué hará el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto de comprobarse que –aparte de Reyna– hay más funcionarios michoacanos vinculados con el crimen organizado, tal como lo declaró el fundador de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, a MVS Radio? En caso de ser cierto, la ley debe aplicarse con todo rigor y sin distingos, teniendo el cuidado de proceder profesionalmente, no como se procedió en el “michoacanazo” del sexenio pasado, emblema del fracaso de la política de seguridad pública de Felipe Calderón. 

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