jueves, 24 de octubre de 2013

UN ATENTADO MÁS CONTRA LA EDUCACIÓN LAICA



Por Armando Maya Castro 
Por respeto a la diversidad religiosa, la educación pública a cargo del Estado debe seguir siendo laica. Las autoridades de México tienen la obligación de impedir que la educación confesional retorne a las escuelas públicas, como pretende desde hace tiempo la jerarquía católica. El Estado mexicano debe preservar el carácter laico de la educación, impidiendo así que la polarización y la discriminación religiosa se establezcan en las escuelas públicas
En materia de educación, la Iglesia católica no quita el dedo del renglón. El pasado 17 de octubre, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) dio a conocer que la Iglesia católica tiene la intención de participar en los planes educativos de la Secretaría de Educación Pública, buscando así el retorno de la educación religiosa a las escuelas públicas. 

Ni tarda ni perezosa, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) apareció en escena para anunciar la implantación de “talleres de valores” en las escuelas públicas a partir de febrero de 2014. Me queda claro que estos talleres son una maniobra más de la Iglesia católica, quien por más de 150 años ha buscado el retorno de la educación religiosa a las escuelas públicas. 

Desde la conquista española hasta el triunfo del liberalismo, la educación en México estuvo en manos de la Iglesia católica. En aquellos siglos –más de tres– nadie se atrevió a cuestionar el monopolio educativo que ejercía dicha institución; ni siquiera los  líderes insurgentes, quienes enfrentaron a la Corona española, mas no a la Iglesia católica. 

El primer intento por acabar con el dañino monopolio educativo que ejercía esta institución tuvo lugar el 23 de octubre de 1833, fecha en que el presidente Valentín Gómez Farías decretó la libertad de enseñanza, luego de suprimir la Real y Pontificia Universidad de México y de crear la Dirección General de Instrucción Pública, encargada de los establecimientos oficiales de enseñanza en el país.

Lo anterior deja en claro que antes de Benito Juárez y de su obra en pro de México y de nuestras libertades, hombres como Gómez Farías buscaron limitar por medio de las leyes la influencia del clero en México, reducir sus ganancias pecuniarias y allanarle los fueros, privándola de la dirección de la enseñanza.  

En el tiempo de Juárez, el combate al monopolio educativo de la Iglesia católica se dio a través de la creación de una política educativa "en consonancia con las necesidades del nuevo orden social: formar verdaderos ciudadanos para la constitución del nuevo proyecto nacional", afirma Julio César Schara. 

Este autor señala, asimismo, que Juárez, "fiel a la tradición de los primeros liberales, expide en 1867 la Ley Orgánica de Instrucción con la que se organiza la enseñanza laica en todo el territorio nacional, ideal que había sido mencionado en la Carta Magna de 1857”.

Gracias a estos esfuerzos liberales, y a pesar de que durante el porfiriato la Iglesia católica recuperó parte de su antigua influencia en materia educativa, política y económica, la educación laica quedó plasmada en la Constitución General de la República, promulgada  el 5 de febrero de 1917. En el artículo tercero de esta ley quedó establecido: “La enseñanza es libre pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo en la enseñanza primaria, elemental y superior que la que se imparta en los establecimientos particulares… Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto, podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria”.

La publicación de esta Constitución generó diversas reacciones de parte del clero, quien se negaba a aceptar el carácter laico de la educación. La primera de ellas ocurrió el 24 de febrero de 1917. En una publicación de desacuerdo, publicada en el diario El Universal, el Episcopado Mexicano protestó en los siguientes términos: "Ese Código hiere los derechos sacratísimos de la Iglesia católica, de la sociedad mexicana y los individuales de los cristianos; proclama principios contrarios a la verdad enseñada por Jesucristo, la cual forma parte del tesoro de la Iglesia y el mejor patrimonio de la humanidad; y arranca de cuajo los pocos derechos que la Constitución de 1857 [...] reconoce a la Iglesia como sociedad y a los católicos como individuos".

Esa misma protesta se publicó en 1926, durante el mandato de Plutarco Elías Calles, quien buscó la forma de someter a la Iglesia católica a la Carta Magna vigente. Tras la citada publicación "aparecieron nuevas declaraciones del arzobispo José Mora y del Río, donde protestaba contra los artículos de la Constitución que se oponían a sus prácticas religiosas. Más aún, el Arzobispo postuló que iniciarían una campaña contra las leyes injustas y contrarias al derecho natural", afirmando que el Episcopado, clero y católicos no reconocían los artículos 3°, 5°, 27 y 130 de nuestra actual Constitución. 

En aquel tiempo, diversas organizaciones católicas y grupos conservadores apoyaron incondicionalmente a los organizados de la Iglesia romana, promoviendo boicots y campañas de desobediencia civil al Gobierno Federal. Esas campañas desencadenaron la Guerra Cristera, cuya violencia provocó la muerte de decenas de miles de mexicanos, así como el despojo y polarización de miles de familias mexicanas.

La ancestral lucha de la Iglesia católica a favor del retorno de la educación religiosa sigue en pie. Lo anterior quedó de manifiesto durante el proceso de reforma del artículo 24 constitucional, cuyo objetivo principal es el desmantelamiento de la educación laica. ¿Fue la anterior reforma una demanda de la sociedad? Por supuesto que no, como tampoco es una demanda social la impartición de los “talleres de valores” anunciados por la UNPF, una institución que jamás ha representado los intereses y demandas de los padres de familia de México.

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