LOS POLÍTICOS Y EL ESTADO LAICO

Por Armando Maya Castro

Desde la llegada de Vicente Fox a la presidencia de la República, los atropellos al Estado laico se han multiplicado

Hasta hace algún tiempo, los atentados contra el Estado laico eran perpetrados únicamente por los políticos del Partido Acción Nacional, que se ha caracterizado por su animadversión a la laicidad del Estado mexicano. El triunfo electoral de Vicente Fox Quesada, el 2 de julio de 2000, generó temor en millones de mexicanos con relación al tema religioso, porque por primera vez en muchas décadas nuestro país sería gobernado por un presidente declaradamente católico.

Desde el arranque de su campaña presidencial, en septiembre de 1999, Fox se asumió cristero y enarboló el estandarte de la guadalupana. Tiempo después, en busca del voto católico y de la simpatía del clero, entregó a la jerarquía católica un “decálogo” de compromisos “que contemplaba con formulaciones eufemísticas aspectos como la política antiaborto, la educación religiosa, así como el acceso a medios y a instituciones hospitalarias”, sostiene el investigador Edgar González Ruiz.

Aunque prometió respetar el Estado laico, sus excesos religiosos fueron una constante a lo largo de su administración. Contra lo que establece la Constitución y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, el primer día de su mandato acudió a la Basílica de Guadalupe a implorar la ayuda de la guadalupana. En la quinta visita de Juan Pablo II a México besó el anillo de éste, exhibiendo un desprecio absoluto hacia el Estado laico.

Esta historia de atropellos a la Carta Magna se repitió en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, quien tuvo la osadía de declarar guadalupanos a todos los habitantes de México, hiriendo así los sentimientos de más de 18 millones de mexicanos que no se identifican ni con el catolicismo ni con el guadalupanismo. Su fe en la virgen de Guadalupe y su intención de imponer dicho culto al pueblo de México no le favorecieron en su guerra contra el crimen organizado, que dejó un saldo preliminar de 70 mil muertos, según cifras proporcionadas por la Secretaría de Gobernación (Segob).

Calderón creía que los altos índices de violencia en México disminuirían con la visita de Benedicto XVI. Convencido de ello lo invitó hasta en tres ocasiones a nuestro país. La última de estas invitaciones tuvo lugar el 1 de mayo de 2011, en el marco de la visita que el michoacano realizó al Vaticano con motivo de la beatificación de Juan Pablo II. Esta invitación, por los términos en que se efectuó, fue calificada por Adolfo Sánchez Rebolledo como “un desesperado llamado de auxilio, impropio entre jefes de Estado”: “Santo padre, gracias por su invitación, gracias a usted y a la Iglesia. Le traigo una invitación del pueblo mexicano […] Estamos sufriendo por la violencia. Ellos lo necesitan más que nunca, estamos sufriendo. Lo estaremos esperando”.

Esto se volvió tan frecuente y común en los sexenios panistas, que los mexicanos prefirieron guardar silencio en vez de exigir respeto a la Constitución y a las leyes que establecen derechos y obligaciones en materia religiosa. Hoy ya no está el PAN en el poder, pero muchos políticos de nuestro tiempo –panistas, priístas y perredistas– siguen violentando con cinismo el Estado laico. Veamos los hechos.

El 15 de diciembre de 2011, los diputados de los tres principales partidos políticos de México aprobaron la reforma del artículo 24 constitucional, cuya intención es la eliminación del carácter laico en el sistema educativo y en la función pública.

Desde entonces, los antiguos defensores del legado de Benito Juárez han puesto en jaque la laicidad del Estado mexicano. Varios políticos del PRI y del PRD han actuado como procedían en el pasado los políticos de Acción Nacional. Se trata de políticos que defienden discursivamente el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, la laicidad estatal y la educación laica, pero que en los hechos demuestran lo contrario.

La organización República Laica, que prometió denunciar a 12 de ellos ante la Segob, debería de añadir a su lista de infractores al gobernador del estado de Morelos Graco Ramírez, quien acudió esta semana a la toma de posesión de monseñor Ramón Castro Castro como nuevo obispo de Cuernavaca. En el citado evento, al que acudieron el cardenal Norberto Rivera y el nuncio apostólico Christopher Pierre, el mandatario morelense –en abierta violación al Estado laico– dijo ver en el nuevo obispo “un aliado” para salir adelante en temas como la seguridad y la paz.

Por ello, me parece digno de elogio el punto de acuerdo que presentó el diputado federal Andrés Eloy Martínez Rojas ante la Comisión Permanente para exhortar a la Segob a investigar y sancionar a las autoridades estatales y municipales que han transgredido el principio de laicidad del Estado mexicano. Ojalá que esta acción prospere y que la Segob se decida a intervenir en defensa del Estado laico.