Por Armando Maya Castro
Es altamente preocupante la experiencia que viven los migrantes centroamericanos que cruzan por nuestro país en busca del sueño americano |
Todos
los días, en diversas zonas de México, se producen violaciones a los derechos
humanos de los migrantes que, en tránsito por nuestro país, se dirigen hacia
los Estados Unidos en busca del sueño americano. Estos casos han sido
consignados por la mayor parte de los medios de comunicación, así como por
aquellas organizaciones que defienden los derechos de los migrantes.
Por
su posición geográfica, México es un país de tránsito, destino y retorno para
los migrantes centroamericanos. Esta situación se viene dando en nuestro país
desde hace poco más de una centuria. A lo largo de ese tiempo, los migrantes
han sufrido violaciones, maltratos diversos y secuestros. En el pasado sexenio,
la ola de violencia que azotó a los mexicanos se ensañó particularmente con la
población migrante.
La
sociedad mexicana debe unificar esfuerzos si quiere erradicar de su entorno la
discriminación y la xenofobia. Ya es hora de que empecemos a ver a los
extranjeros y migrantes como lo que en realidad son: seres humanos que luchan
fuera de sus países de origen para mandar dinero a su familia y asegurarles así
una mejor calidad de vida.
Lamentablemente,
los esfuerzos en materia de leyes y el combate a este tipo de discriminación no
han logrado disminuir los elevados niveles de discriminación en agravio de los
migrantes. Hace poco más de dos años, Daniel Ponce, director adjunto de
Vinculación y Programas Educativos del Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación en México (CONAPRED), informó que entre 40 y 60 por ciento de la
población mexicana tiene actitudes discriminatorias contra los migrantes, y
cerca del 55% desearía que se aplicarán medidas más enérgicas contra éstos.
El
principio de no discriminación, que es esencial para la protección de los
derechos de los migrantes, figura en todos los instrumentos internacionales
básicos de derechos humanos. El principal de ellos, la Declaración Universal de
los Derechos Humanos (1948), proclama en su artículo 7°: “Todos [los seres
humanos] son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación
que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”.
Los
migrantes pueden, asimismo, exigir su derecho a la no discriminación en virtud
de los siguientes instrumentos: 1). El Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, que garantiza los derechos reconocidos en el citado Pacto
"sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social"; y artículo 26, que
garantiza el “derecho sin discriminación a igual protección de la ley”
(Artículo 2.1). 2). La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación Racial, que prohíbe la discriminación racial basada
en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico (Artículo 1.1). La
Convención sobre los Derechos de los Migrantes que, respecto a los derechos de
los trabajadores migratorios, amplía la prohibición de discriminación a la que
se produce por motivos de convicción, nacionalidad, edad, situación económica o
estado civil.
Existe,
sin embargo, un problema que amerita solución urgente: muchos migrantes que son
víctimas de discriminación en suelo mexicano tienen temor de exigir sus
derechos y denunciar los atropellos en su contra por temor a ser retenidos en
una estación migratoria para luego ser deportados. Esta situación debe obligar
al Estado Mexicano a promover el acceso a servicios federales y locales para
los migrantes, facilitando a todos ellos el acceso a la administración de
justicia, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio.
Esta
discriminación “incluye abusos, violencia, engaños mediante la trata de
personas y amenazas a la integridad física”. Estará de acuerdo conmigo que lo
peor para los migrantes se vivió en la pasada administración, en el transcurso
de la cual la trata de personas y las desapariciones forzadas de migrantes se
incrementaron, particularmente en los estados del sureste mexicano, donde urgen
acciones para combatir este tipo de discriminación.
Si
el Estado mexicano quiere tener autoridad moral para exigir a las autoridades
de Estados Unidos un trato digno y respetuoso hacia nuestros compatriotas en
suelo estadounidense, tiene que comenzar a promover la protección de los migrantes
en tránsito por México, muchos de los cuales han sido secuestrados o han muerto
a manos de grupos criminales. El primer paso lo ha dado el Instituto Nacional
de Migración al crear una Unidad de Inteligencia en coordinación con el CISEN,
que infiltrará agentes entre los migrantes para detectar y desarticular a las
bandas de secuestradores y traficantes de personas. Si esta Unidad trabaja en
el marco del respeto a la persona humana, los resultados no tardarán en llegar.
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