Por Armando Maya Castro
En sus discursos, algunos gobernadores enaltecen al Estado laico y a Benito Juárez, el constructor del mismo, pero en la práctica lo violentan una y otra vez |
En
nuestros días, como a lo largo de la dictadura porfirista, la mayoría de
nuestros políticos destacan la importancia del Estado laico; lo ponderan como
el mejor instrumento jurídico para la defensa de nuestras libertades
fundamentales, pero en la práctica las violaciones al mismo son una constante.
Es
importante recordar que en el siglo XIX, gracias a los esfuerzos de Benito
Juárez, nuestra nación conquistó una serie de libertades, entre las que
sobresalía la libertad de culto, que concibió a la libertad religiosa como un
derecho natural del hombre, “sin más límite que el derecho de terceros y las
exigencias del orden público”.
El
General Porfirio Díaz apoyó en ese tiempo los principios liberales de Juárez y
participó activamente en la Guerra de Reforma, conflicto que ensangrentó al
país por espacio de tres años. La historia cuenta la valiente participación de este
militar de prestigio en la Batalla de Puebla, cuya celebración oficial tuvo
lugar el pasado domingo en la ciudad de Puebla, en donde, por cierto, se
realizó un desfile que incorporó imágenes religiosas en clara violación al
Estado laico.
En
1867, Porfirio Díaz vio frustradas sus aspiraciones a la Presidencia de la
República al ser derrotado en las urnas electorales por Benito Juárez. Cuatro
años después, tras su segunda derrota electoral, encabezó una rebelión militar
que Juárez intentó disolver, pero su muerte, acaecida el 18 de julio de 1872,
impidió que el Benemérito de las Américas lograra someter a los insubordinados.
Al
faltar Juárez, correspondió a Sebastián Lerdo de Tejada —como presidente de la
Suprema Corte— ocupar interinamente la presidencia de la República. Su triunfo
electoral de ese año lo confirmó como presidente de México. Cuatro años
después, en 1876, Lerdo de Tejada fue reelegido para un segundo periodo
presidencial. Sin embargo, en vísperas de su toma de posesión, Porfirio Díaz proclamó
el Plan de Tuxtepec –manifiesto político proclamado el 1 de enero de 1876 en
San Lucas Ojitlán, distrito de Tuxtepec en el estado de Oaxaca–, que desconocía
a Lerdo de Tejada y proclamaba la jefatura militar de Díaz.
Algunos
escritores aseguran que el Plan de Tuxtepec contó con el apoyo económico de la
Iglesia católica. Ma. Stella Oranday Dávila, en su libro Los Truenos de la
Cruz, asevera que “la jerarquía católica apoyó económicamente, aunque de modo
encubierto al alzado de Tuxtepec, esperando una contrapartida obvia: lograr, de
la nueva administración, concesiones que le permitieran recuperar su poderío
económico y político”.
A
esto tenemos que agregar que desde la proclamación del Plan de Nuevo Urecho, que
desconocía a Lerdo de Tejada y excitaba a los mexicanos a tomar las armas en
contra de éste, un importante número de católicos michoacanos (inconformes por
la expulsión de sacerdotes jesuitas por mandato presidencial y por la clausura
de la casa de hermanas de la caridad) resistían a los federales, impidiendo que
éstos hicieran frente con todo su potencial al General Díaz.
Esta
situación favoreció a los partidarios de Díaz que avanzaban hacia la capital en
dos frentes, decididos a destituir al presidente Lerdo de Tejada, cuyo
presidencialismo vivía sus horas más críticas. Don José María Iglesias se había
proclamado Presidente legítimo de México, tras condenar la reelección de Lerdo
de Tejada.
Cuando Díaz asumió la
presidencia de la República, el 23 de noviembre de 1876, los jerarcas católicos
se aprestaron a cobrarle la factura. Al respecto, Pablo G. Macías señala: “Las
Leyes de Reforma y la Constitución de 1857 frenaron repentinamente la avaricia
del clero, pero pocos años después, durante el largo periodo dictatorial de
Porfirio Díaz, el país cae en el letargo de una paz ‘sangrienta’ mantenida con
mano de hierro, y la Iglesia vuelve a recuperar sus perdidos fueros, a ser
dueña y señora del país, y a imponer sus designios en los asuntos del Estado”.
De
nada servían los discursos de Díaz y de sus colaboradores exaltando el legado
de Juárez si durante la dictadura se violaron las Leyes de Reforma una y otra
vez. Lo mismo sucede actualmente con nuestros políticos, quienes se expresan
muy bien del Estado laico pero lo han atropellado mediante reformas
legislativas y acciones como las de los gobernadores de Chihuahua y Veracruz,
quien han olvidado que como funcionarios de un Estado laico tienen el deber de
mantener separadas sus creencias personales de su función pública.
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