viernes, 7 de diciembre de 2012

ANTE TODO, LA DEFENSA DEL ESTADO LAICO



Por Armando Maya Castro 
El temor de la población es que la política eclesial de EPN favorezca a la Iglesia católica en exclusiva



Enrique Peña Nieto es el presidente de todos los mexicanos: católicos, evangélicos, libres pensadores, agnósticos, etcétera. Sus acciones de gobierno deben orientarse a favorecer a todos por igual; a los que votaron por él, a los que sufragaron a favor de otras opciones políticas, así como a quienes han protestado en su contra a lo largo de los últimos meses. El nuevo gobierno debe ser ajeno en absoluto a sentimientos de encono y venganza.

Estoy convencido de que Peña Nieto asume la Presidencia de la República consciente de que representa no sólo a los que están con él, sino a la totalidad de los mexicanos. Su gobierno debe ser a favor de quienes piensan, creen y sienten como él, pero también en pro de los que no comparten sus creencias y opiniones.

En lo que concierne a la cuestión religiosa, algunos analistas han hecho públicos los vínculos y cercanía del presidente de México con la Iglesia católica. Aparte de haber nacido en un entorno de religiosidad católica y de ser practicante de dicha religión, está emparentado con el extinto Maximino Ruiz y Flores, quien se desempeñó como obispo de Chiapas a partir del 24 de octubre de 1913. Su estancia en Chiapas no duró siquiera un año: “apenas se enteró que llegaba el ejército carrancista a Chiapas, se exilió en Guatemala para después ir a la ciudad de México en 1919 y renunciar a su cargo de obispo de Chiapas”. 

Otro obispo que tiene parentesco con Peña Nieto es Arturo Vélez, consagrado obispo de la diócesis de Toluca en abril de 1951. Respecto a éste, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa escribió en su columna “Plaza Pública” lo siguiente: “Se trata de Arturo Vélez Martínez, primo hermano de Alfredo del Mazo Vélez, el primero de ese nombre, que fue gobernador del estado [de México], senador de la República y secretario de Recursos Hidráulicos” (Reforma, 21 de diciembre de 2009).

El temor de millones de mexicanos, integrantes de otras asociaciones religiosas, es que en el transcurso del actual sexenio el clero intente sacarle provecho a cada uno de los aspectos que vinculan al presidente Peña Nieto con la Iglesia católica: su fe, su cercanía, su familia, etcétera. Cualquier condescendencia de Peña Nieto con la Iglesia católica en ese sentido significaría un acto inaceptable y de clara violación a la Constitución General de la República y a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Diversos reportajes realizados por destacados periodistas indican que la jerarquía católica brindó su apoyo al presidente de la República a cambio de que éste la favoreciera suprimiendo el carácter laico de la educación pública, así como aquellas prohibiciones constitucionales que limitan la participación política de los ministros de culto. Satisfacer las demandas de la Iglesia católica en este particular sería pasar por encima de la naturaleza laica del Estado mexicano.

Sería muy lamentable que la política en materia eclesial del nuevo gobierno tenga la intención de favorecer en exclusiva a la jerarquía católica. El Congreso de la Unión, el presidente Peña Nieto y los integrantes de su gabinete deben tener presente que la razón de ser del Estado laico es la de proteger las libertades de las minorías.

Desde hace algún tiempo, México dejó de ser un país predominantemente católico, como lo fue hasta finales del siglo XIX. Actualmente, cerca de 8 mil asociaciones religiosas cuentan con su registro constitutivo ante Gobernación. El Censo de Población y Vivienda 2010 revela que la Iglesia católica sigue siendo en México la religión mayoritaria, pero está claro que en materia de derechos humanos las mayorías no pueden suprimir los derechos de las minorías.

La nueva administración sabe muy bien que ante la Ley todas las iglesias son iguales. Sabe, asimismo, que todo Estado democrático está obligado a garantizar la libertad religiosa de todos sus gobernados, sin ceder a presiones clericales, como ocurre actualmente con el tema de la reforma del artículo 24 constitucional, que busca llevar a buen puerto el proyecto de mayor prioridad para el clero: la reforma educativa, con la que pretende que se le brinde la oportunidad legal de impartir religión católica en las escuelas públicas.

El Estado tiene el deber de salvaguardar y fortalecer Estado laico, sin el cual resultan afectadas nuestras libertades, produciéndose un tránsito peligroso hacia el Estado confesional, lo que se traduce en la pérdida de importantes conquistas sociales que le costaron a México torrentes de sangre. Quiero creer que el Jefe del Ejecutivo Federal se conducirá en los próximos seis años con altura de miras, evitando acciones que terminen de polarizar a la sociedad mexicana.

@armayacastro

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