Por Armando Maya
Castro
Cuando se
teme a alguien es porque a ese alguien le hemos concedido poder sobre nosotros
Hermann
Hesse
Pocos
políticos mexicanos han ejercido sus cargos sin miedo a las amenazas de
excomunión que suele lanzar el clero católico contra los servidores públicos que
se niegan a apoyar sus pretensiones monopólicas. Quienes han ignorado dichas
amenazas, así como las críticas públicas del clero, figuran en la historia como
los grandes hombres y mujeres de México. Un político que gobernó por encima de
estos temores fue Don Benito Juárez, quien se atrevió, con la fuerza de la ley,
a limitar los intereses temporales del clero, sus fueros y privilegios, así
como sus ambiciones mundanas y preponderancia en los negocios públicos.
Actualmente,
algunos políticos, por temor a los ataques de los jerarcas católicos, han
preferido quedar bien con éstos, antes que con la ciudadanía. Mi afirmación se
basa en las recientes declaraciones de Tonatiuh Bravo Padilla, rector del
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), quien habló
así de la razón por la que fue aprobada la reforma del artículo 24
constitucional: “De no haberla aprobado podría haber traído consecuencias de
manifestación de parte de la Iglesia católica principalmente y los partidos
involucrados no quisieron recibir esa andanada de críticas por parte de ese
sector de la Iglesia”.
De
acuerdo con estas declaraciones, la mayoría de los legisladores de las cámaras
legislativas que conforman el Congreso de la Unión aprobaron la citada reforma por
temor a las críticas del clero, no porque estuvieran convencidos de que el
pueblo de México la necesita. Si las cosas son como ha declarado Bravo Padilla,
o si –como sostienen otras voces– aprobaron la reforma por compromisos pactados
previamente con el Vaticano a cambio del apoyo de la Iglesia católica en las
próximas elecciones, el comportamiento de los legisladores federales es indigno
y deja mucho que desear.
Los
mexicanos esperamos que los diputados de los 31 congresos estatales cumplan su
deber con altura de miras, apartándose no únicamente de la dinámica de
distribución de cuotas de partido, sino también de la presión de los grupos de
poder fáctico que, sin lugar a dudas, buscarán la aprobación de una reforma que
favorece en exclusiva a la Iglesia católica. Nadie duda del intenso cabildeo que
han estado realizando el clero y la ultraderecha yunquista en todas las
legislaturas locales para lograr la aprobación de la reforma del artículo 24
constitucional. Sin embargo, confiamos en que los diputados de las legislaturas
estatales habrán de escuchar los argumentos de miles de ciudadanos que pueden
demostrar que la intencionalidad de la reforma es otorgar privilegios a la
Iglesia católica.
Los
mexicanos necesitamos políticos que sean capaces de construir, pero también de
preservar lo que otros construyeron en el pasado. Requerimos funcionarios
públicos que sirvan al pueblo sin timidez, dedicados a favorecer no sólo a un grupo
determinado, sino a la nación entera. Los políticos tímidos e interesados,
decía Thomas Macaulay, “se preocupan mucho más de la seguridad de sus puestos que
de la seguridad de su país". Otros, lamentablemente, se preocupan más de
la seguridad de la Iglesia a la que pertenecen, olvidando que en un Estado
laico como el nuestro, el bienestar y los intereses del pueblo deben estar por
encima de los intereses particulares y de grupo.
Los
congresos estatales deben rechazar la reforma del artículo 24 constitucional
porque los dictámenes de las cámaras
legislativas se contradicen entre sí, lo que es muy preocupante por tratarse de
una reforma constitucional tan importante. ¿Dónde está tal contradicción? Mientras
que el Dictamen de la Cámara de Diputados afirma como propósito de la reforma
del artículo 24 el desmantelamiento del Estado laico, el del Senado de la
República niega tal intención, al decir: “…
el propósito de la reforma del artículo 24 constitucional de ninguna manera
sugiere ni requiere abrir el camino para futuras reformas a los preceptos que
son la base del Estado laico mexicano”. (Cfr. Dictamen de la Cámara de Senadores, p. 9).
Foro Cívico México Laico plantea las siguientes tres
preguntas a los diputados de las legislaturas locales de los 31 estados de la
República Mexicana: “¿Cuál es la real intención
de esta reforma? ¿Procede aprobar una reforma constitucional, respecto de la
cual hay propósitos antagónicos entre
la Cámara de Diputados y la de Senadores? ¿Cuál intencionalidad prevalecerá: la
de los Diputados o la de los Senadores?”
Asimismo, el citado organismo pide a los congresos
estatales requerir “a las Cámaras federales conciliar primero sus dictámenes”,
teniendo presente que “lo que está de por medio con esta reforma constitucional
son los derechos fundamentales y el Estado laico”. Es evidente que la
intencionalidad que al final prevalecerá será la del Dictamen de la Cámara de
Diputados, pues aunque la Cámara de Senadores asegure que el artículo 3° no
será modificado, la reforma de dicho artículo tendrá que hacerse por la razón
que nos da Foro Cívico México Laico: “En efecto, la fracción I del artículo 3º
constitucional dispone: “I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha
educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier
doctrina religiosa”. Pero toda vez que con la reforma del artículo 24 desaparecerá la «libertad de
creencias», y en su lugar se consagrará la «libertad de religión», por congruencia de texto se tendrá que
reformar también el artículo 3º. De no hacerlo, en el artículo 3° se haría
referencia a una libertad que ya no estaría contemplada por el artículo 24: la «libertad de creencias», lo que generará una incoherencia constitucional”.
Por esta razón, la voz de millones de mexicanos se alza a
lo largo y ancho de México para pedir a las legislaturas estatales su
contundente rechazo a la reforma del artículo 24 constitucional.
Twitter: @armayacastro
No hay comentarios:
Publicar un comentario