sábado, 31 de marzo de 2012

LA SALVACIÓN DEL ESTADO LAICO EN MANOS DE LAS LEGISLATURAS ESTATALES


Por Armando Maya Castro

La reforma del artículo 24 constitucional aún no se concreta. Falta la ratificación de los Congresos estatales, algunos de los cuales enviaron exhortos al Senado de la República para que en la votación del pasado 28 de marzo se rechazara la minuta de dictamen relativa a dicha modificación. Recordemos que el proyecto de reforma necesita el aval de 16 legislaturas locales para que pueda ser promulgada por el Ejecutivo Federal y pase a ser una norma constitucional vigente.

Congreso de Nayarit
Por fortuna, el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a las legislaturas de los estados la competencia para aprobar las reformas y adiciones, pudiendo, en sentido contrario, expresar su voto negativo: “La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los estados”. 

Foro Cívico México Laico, en su más reciente desplegado nos dice que los Congresos locales de Jalisco, Nuevo León, Coahuila, Morelos y Colima, así como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, expresaron su rechazo oficial a la reforma del artículo 24 constitucional basando su posición, entre otras razones, en que la citada reforma “otorga privilegios indebidos; no amplía libertades en materia religiosa, sino que faculta los poderes públicos para escudriñar la conciencia y las convicciones de los ciudadanos, convirtiendo así al Estado de Derecho en un Estado confesional”. 

El pueblo de México espera que las demás Legislaturas estatales atiendan la preocupación de la ciudadanía y rechacen la reforma del artículo 24 constitucional, cuya intencionalidad es el otorgamiento de privilegios a la Iglesia católica, en claro perjuicio de las minorías religiosas establecidas en el país. Los mexicanos esperamos que los legisladores de los Congresos estatales privilegien los principios y valores del Estado laico, que tiene como base fundamental el respeto a los derechos humanos, a la pluralidad y a la gobernabilidad democrática.

Alguien podrá argumentar, en defensa de la labor legislativa de los senadores, que el hecho de que el Estado laico haya sido constitucionalizado a través de la reforma del artículo 40 deja a éste libre de amenazas. La laicidad del Estado mexicano sólo podrá estar a salvo cuando se encuentre libre de las imposiciones y del control del poder eclesiástico. La función del Estado laico consiste en proteger las libertades de todos los mexicanos, lo que no ocurrirá si las Legislaturas estatales aprueban una reforma que abre el camino para futuras modificaciones en detrimento del Estado laico, lo que afectará en mayor medida a las minorías religiosas del país. Corresponde a los Congresos estatales evitar que se utilice la libertad religiosa como fundamento de privilegios. Los mexicanos esperamos que estén a la altura de las circunstancias. 

Por otra parte, llaman la atención las declaraciones de Carlos Aguiar Retes, titular de la Conferencia del Episcopado Mexicano, quien el pasado jueves declaró: los obispos del país “no somos gestores de la reforma al artículo 24 constitucional”, descartando que las reformas hayan sido el fruto de algún acuerdo con el Vaticano. Habrá que recordarle a Carlos Aguiar Retes que fue él mismo quien hizo la propuesta de sustituir el término de libertad de culto y creencias por libertad religiosa (La Jornada, 28 de febrero de 2008). Tras ser electo como presidente de la CEM, Aguiar Retes señaló: “Espero que, durante este periodo en el que fui elegido, se puedan hacer los contactos en el Congreso que nos ayuden a llevar a cabo la anhelada reforma en materia religiosa ‘que necesita el país’, para alcanzar así la democracia plena”.

La CEM niega ahora lo que admitió el pasado 7 de febrero a través de un comunicado publicado en su sitio oficial, bajo el título “El poder de la mentira; ofuscación a la verdad”, donde leemos textualmente: “Si bien la Iglesia católica ha estado impulsando esta reforma constitucional, no lo hace para sacar prerrogativas, como algunos lo quieren hacer notar, sino por coherencia a su propia misión”. Estas evidencias son, sin lugar a dudas, inobjetables. 

Como ya se demostró, fue la Conferencia del Episcopado Mexicano la que propuso la reforma que ha llevado a cabo el Senado de la República. Fueron los obispos católicos –con el apoyo de la derecha yunquista en el poder– los que dieron seguimiento a la reforma del artículo 24 constitucional, en la que influyó de manera determinante la visita del papa Benedicto XVI a Guanajuato. Negarlo es ofender la inteligencia de los mexicanos. ¿No cree usted?

Twitter: @armayacastro

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